¿Qué hace falta para resolver crisis de apátridas en República Dominicana?
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¿Qué hace falta para resolver crisis de apátridas en República Dominicana?

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Personas víctimas de una sentencia que las declaró apátridas en República Dominicana se manifiestan en reclamo de la devolución de sus derechos. Crédito: Amnistía Internacional

Personas víctimas de una sentencia que las declaró apátridas en República Dominicana se manifiestan en reclamo de la devolución de sus derechos. Crédito: Amnistía Internacional

MÉXICO, 25 may 2017 (IPS) - El miércoles 23 se cumplieron tres años de que las autoridades de República Dominicana aprobaron una ley para abordar una crisis de apatridia que ha despojado de hecho a miles de personas de la nacionalidad dominicana y, con ella, de toda una serie de derechos humanos.

La crisis estalló en 2013, tras una sentencia de la máxima instancia judicial de República Dominicana que se aplicó con efectos retroactivos a todas las personas nacidas después de 1929 de padres sin documentación.

En la práctica, esto afectó de forma desproporcionada a las personas dominicanas de origen haitiano en una isla, la Hispaniola, que comparten dos países: Haití y República Dominicana.

Esto provocó la mayor crisis de apatridia jamás vista en el continente americano. La apatridia es el concepto jurídico usado para definir la calidad de las personas que no están unidas a ningún Estado por un vínculo de nacionalidad.

Robin Guittard, responsable de campañas de Amnistía Internacional para el Caribe

Robin Guittard, responsable de campañas de Amnistía Internacional para el Caribe

Se trata de una crisis en la que cuatro generaciones de personas fueron borradas legalmente del mapa y convertidas en ciudadanos y ciudadanas fantasmas sin derechos ni futuro, sin poder matricularse en la escuela ni solicitar un empleo normal, y con dificultades para ver a un médico.

Se desencadenó un clamor internacional.

En respuesta, el legislativo Congreso aprobó en 2014 la Ley 169-14, que dividía a las personas en varias categorías.

El grupo A abarcaba a unas 55.000 personas nacidas en República Dominicana cuyo nacimiento se inscribió en el registro civil, a las que no obstante se les había privado de su nacionalidad en aplicación de la sentencia judicial.

Según los datos más recientes disponibles, hasta la fecha, 12.000 de ellas han podido recuperar sus documentos de identidad dominicanos.

Sin embargo, algunos informes indican que se están cancelando las actas de nacimiento originales de algunas de estas personas y que se están trasladando sus casos a otro registro civil, lo que está creando el caos y suscita el temor de posibles prácticas discriminatorias en el futuro.

El grupo B abarca a las personas nacidas en República Dominicana cuyo nacimiento nunca se inscribió. Entre julio de 2014 y febrero de 2015 se puso en marcha un plan, conocido como Plan de Naturalización, para proporcionar a este grupo una vía a la naturalización.

El gobierno afirmó que solo pudieron inscribirse 8.755 personas de un total, según cálculos oficiales, de 53.000 personas que podrían pertenecer a este grupo. En aplicación de la Ley de 2014, tenían que esperar dos años para que se iniciara el proceso de naturalización.

El plazo expirará pronto y aún no sabemos cuántos expedientes se han aprobado ni si continuará el proceso. El proceso de naturalización ordinario vigente exige la presentación de un pasaporte y un certificado de nacimiento del país de origen, y no está claro si se les devolverá la nacionalidad ni de en qué forma se hará.

Huelga decir que las personas apátridas carecen de estos documentos y las autoridades no han ofrecido ninguna solución a esto.

Para  84 por ciento de personas del grupo B que no pudieron inscribirse, la situación es dramática. Muchas de ellas continúan siendo apátridas, lo que significa que no pueden seguir adelante con su vida.

Sus posibilidades de estudiar son limitadas, afrontan enormes obstáculos para acceder a los servicios de salud y no pueden trabajar legalmente ni viajar con libertad dentro y fuera de su país.

En la actualidad no disponen de ninguna vía para recuperar la nacionalidad dominicana.

En 2014, el presidente Danilo Medina mostró valentía y una gran voluntad política al presentar la Ley de Naturalización. Pero el plan no ha servido para resolver completamente esta crisis urgente y no cumplía las obligaciones contraídas por República Dominicana en virtud del derecho internacional.

El año pasado, Medina fue reelegido para un nuevo mandato de cuatro años, lo que ofrece una nueva oportunidad de poner fin a la mayor crisis de apatridia de este continente.

Las autoridades de República Dominicana deben actuar con urgencia y entregar documentos de identidad a todas las personas del grupo A, facilitar de inmediato la devolución de la nacionalidad a las 8.755 personas del grupo B mediante un proceso acelerado, y ofrecer una vía clara y sencilla para recuperar la nacionalidad a las personas que no pudieron beneficiarse del Plan de Naturalización y que fueron identificadas con anterioridad con la ayuda del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados.

También deberían establecer un mecanismo independiente en el que participasen organizaciones dominicanas de derechos humanos encargado de supervisar estos procesos.

Al finalizar este año, el mecanismo debería poder presentar una primera evaluación independiente de las iniciativas que se han puesto en marcha desde 2013 para abordar la crisis de apatridia, incluida la formulación de recomendaciones concretas a las autoridades para devolver la nacionalidad a las personas afectadas y prevenir restricciones arbitrarias del derecho a la nacionalidad en el futuro.

La crisis de apatridia que afecta a República Dominicana desde 2013 ha puesto de manifiesto el enorme impacto de las políticas discriminatorias en la vida y los derechos de las personas.

El país que muchos consideraban antaño un paraíso tropical se ha convertido en hogar de la mayor población apátrida de América.

¿Por qué insisten las autoridades dominicanas en impedir que la juventud del país vaya a la universidad y se integre en la sociedad, y en negar el derecho a recibir la atención médica debida a quienes la necesitan? ¿Por qué insisten en atrapar en una pobreza interminable a personas que ya están excluidas y marginadas, y en impedir que todas las personas apátridas puedan realizarse como personas y contribuir a que su país avance hacia el progreso?

Tres años después de la aprobación de la Ley 169, hacen falta muchas más medidas para resolver la crisis de apatridia que sigue afectando a miles de personas en República Dominicana.

Los líderes políticos y todos los sectores de la sociedad de este país deben estar dispuestos a actuar ya. La hoja de ruta mencionada puede ser el primer paso para poner fin a esta crisis y garantizar los derechos de todas las personas en el país.

Revisado por Estrella Gutiérrez

 


  • Arraya

    En el caso de la República Dominicana, los argumentos que plantea Amnistía Internacional, al considerar que los ciudadanos haitianos en el país están en una situación de apátrida, es totalmente erróneo, carente de base legal nacional e internacional, y lo que expresa Robbin Guittard refleja un mal conocimiento de la historia y de la interpretación legal de las Constituciones de ambos países, que conceden a sus nacionales las prerrogativas de nacionalidad, respectivamente.

    De acuerdo con los textos constitucionales y legales de República Dominicana y Haití, no hay ni puede haber descendientes de dominicanos o descendientes de haitianos que puedan tener la condición de apátrida, en el moderno derecho internacional es imposible por los avances logrados en materia de derechos humanos. Los descendientes de haitianos que nacen en territorio dominicano pueden ante su representante consular reclamar la nacionalidad y la documentación que le corresponde, y los descendientes dominicanos que nacen en territorio haitiano pueden reclamar su documentación de igual forma, como establece la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones Consulares. La pregunta es: ¿Por qué no quiere ser haitianos? De acuerdo a trabajos científicos de antropólogos y sociólogos el 80% de los haitianos rechazan sus propios orígenes y son más racistas que los propios dominicanos. ¿Por qué Haití rechazó ser parte miembro observador de la Unión Africana de Naciones? la República Dominicana actualmente es miembro observador de la Unión Africana que el pasado 25 de mayo, celebró el día mundial de África. No rechazamos los haitianos, hemos colaborado con ellos, lo estamos haciendo y seguiremos en ese mismo trayecto; defendemos Señores, una cuestión de soberanía como lo haría cualquier otro Estado dentro de los derechos fundamentales que le confiere el Derecho Internacional Público a los Estados. ¿Por qué no se cuestiona Amnistía Internacional, sobre qué va a pasar ahora cuando se retire la Minustah del territorio haitiano, como ha decidido la ONU? le recomiendo a esa ONg que trabajen en alternativas y posibilidades para ayudarlos a organizarse y a evitar la corrupción y la violencia que generan en contra de su propio pueblo haitiano.

  • Amnesty Caribbean

    Para más información sobre el analisis legal llevado a cabo por Amnistía Internacional en relación a la situación de apatridia en la República Dominicana le invitamos a leer nuestre informe “Sin papeles no soy nadie. Personas apátridas en la República Dominicana”: https://www.amnesty.org/es/documents/amr27/2755/2015/es/ – En particular le recomendamos leer las páginas 22 y 23 donde hacemos un analisis jurídico explicando por qué los hijos de padres haitianos nacidos en el extranjero no son automaticamente reconocidos como haitianos

    Es solo a partir de 2010 que la Constitución de la República Dominicana indica que los hijos de padres extranjeros indocumendatos nacidos en territorio dominicano no pueden beneficiarse de la nacionalidad dominicana. Norma que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos declaró incompatible con las obligaciones internacional de República Dominicana, y en particular violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo el Estado dominicano se ha negado hasta la fecha de implementar las sentencias de la Corte Interamericana (de 2005 y 2014) en clara violación con sus obligaciones internacionales.

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