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Gobiernos apoyan a Trump en bloquear a migrantes centroamericanos

Salvadoreños detenidos y deportados desde México llegan a la Dirección de Atención del Migrante en la capital de El Salvador, donde son atendidos por funcionarios locales. Por el estigma de que a los deportados se les expulsa por haber cometido delitos, muchos se cubren el rostro al bajar del autobús. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Salvadoreños detenidos y deportados desde México llegan a la Dirección de Atención del Migrante en la capital de El Salvador, donde son atendidos por funcionarios locales. Por el estigma de que a los deportados se les expulsa por haber cometido delitos, muchos se cubren el rostro al bajar del autobús. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

SAN SALVADOR, 29 jun 2017 (IPS) - Viajar sin documentos a Estados Unidos ya no resulta tan atractivo para el salvadoreño Moris Peña, deportado desde ese país en 2014 y que sueña con volver a migrar.

“La situación en Estados Unidos está cada vez más difícil para uno de inmigrante”, dijo a IPS este obrero de la construcción, de 39 años, oriundo de la occidental ciudad de Chalchuapa,  desde donde emprendió el viaje en 2004.

Peña laboró por años en la noroccidental ciudad de Rockville,  en el área de construcción y remodelación de interiores, pero ahora, sin ingresos fijos, lucha, con poco éxito, por abrirse camino en su país natal. Está dispuesto a realizar otra travesía, pero a cualquier otra nación que lo reciba bien.

“No puede ser que para enfrentar un tema tan complejo como el migratorio, el abordaje de  Estados Unidos sea militar”: Francisco Rico.

Las deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos sumaron 6.559 durante el primer cuatrimestre del año, 13 por ciento más que el mismo periodo de 2016, según datos oficiales.

En cambio, los deportados desde México en el periodo enero-abril  cayeron en 99,2 por ciento, para situarse en 4.374, en un hecho que autoridades locales adjudican al “efecto temor” de caer víctimas de la nueva política de Washington contra los migrantes centroamericanos, que lleva a muchos a desistir de emprender el viaje o aplazarlo.

Peña está entre quienes están muy conscientes de que realizar ahora un viaje para ingresar en forma irregular hacia Estados Unidos es mucho más complicado que cuando él lo hizo.

Eso sucede en parte porque con la justificación de perseguir el terrorismo, el tráfico de drogas y el crimen organizado, el gobierno que preside desde enero el magnate republicano Donald Trump está militarizando la frontera con México y frenando el flujo migratorio procedente de América Central con acciones similares de gobiernos del área, denuncian organizaciones civiles.

Mucho del discurso antiinmigrante latinoamericano de Trump se ha quedado vacío hasta ahora, como el muro que ha amenazado construir en la frontera con México.

Cooperación se militariza

Pero, en cambio, sin hacer ruido sí está impulsando acciones militares para detener la movilidad desde la región, dijo a IPS el director del independiente Instituto Salvadoreño para las Migraciones, César Ríos.

“Podemos decir que sí hay un muro militar entre México y Guatemala, y entre esta nación y El Salvador”, para detener a migrantes centroamericanos, acotó.

Ríos sostuvo que ya se han reportado casos de salvadoreños que en su camino por algunas de las rutas que tienen como meta el acceso irregular a Estados Unidos, han sido detenidos y deportados desde Guatemala, algo que no se daba en el pasado.

Eso evidenciaría, añadió, que Guatemala también está apoyando al gobierno de Washington  en ese esfuerzo por contener la migración.

Medios internacionales publicaron en febrero que funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos, tanto del Comando Sur como del Comando Norte, se reunieron con una delegación de México en la ciudad de Tapachula, en el estado sureño de Chiapas, fronteriza con Guatemala, para analizar iniciativas de seguridad.

El encuentro se enfocó en el compromiso de México de asegurar su frontera sur para contener tanto a la delincuencia organizada como a los inmigrantes centroamericanos que tratan de ingresar sin documentos a Estados Unidos.

En abril, durante la Conferencia de Seguridad de Centroamérica,  el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Guatemala, el general Juan Manuel Pérez, anunció acuerdos entre los países del istmo y funcionarios de Defensa estadounidenses para realizar patrullajes aéreos, terrestres y de reconocimiento en la frontera con México, e intercambiar información e inteligencia.

De acuerdo al diario mexicano La Jornada, el cónclave, realizado en la suroccidental isla mexicana de Cozumel y donde Estados Unidos ejerció de coanfitrión,  arrojó también el acuerdo para establecer una base militar en el departamento del Petén, al norte de Guatemala, donde Pérez dijo que se detectó una ruta de inmigrantes indocumentados,

“No puede ser que para enfrentar un tema tan complejo como el migratorio, el abordaje de  Estados Unidos sea militar” y que los países del área secunden la estrategia, subrayó a IPS el director de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones , Francisco Rico.

Agregó que no es casual que los encuentros sobre las políticas de seguridad se hayan celebrado este año en el sur de México, en puntos importantes en el tránsito de inmigrantes.

La Red es un conglomerado de unas 300 organizaciones en 11 países, y representa la voz de la sociedad civil en la Conferencia Regional para la Migración  una instancia intergubernamental para abordar y dar respuestas al fenómeno.

Aproximadamente 3,4 millones de centroamericanos residen en Estados Unidos, lo que representa ocho por ciento de los 43,3 millones de inmigrantes en ese país, según asegura el estadounidense y no gubernamental Migration Policy Institute, con base en cifras del 2015.

La movilidad hacia la potencia del norte se intensificó en la década de los 80, debido a los conflictos militares que azotaban el istmo, principalmente en Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Más tarde los problemas sociales como la delincuencia empujaron nuevamente a cientos de miles de personas a abandonar la región por razones de seguridad.

Con Obama comenzó el cambio

Por su parte, Laura Jean Embree-Lowry, directora de programas del no gubernamental Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (Cispes, en inglés), resaltó que antes del 2014, México no jugaba un papel tan preponderante en la contención de personas en ruta hacia Estados Unidos.

Pero ese enfoque cambió, aseguró, desde que el antecesor de Trump, el demócrata Barack Obama, demandó aquel año al gobierno mexicano incrementar las medidas de seguridad contra el flujo migratorio. Obama duplicó además las deportaciones con respecto a la administración anterior.

Esa estrategia de contención facilita una agudización de casos de violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes, dadas las pésimas credenciales de México en ese tema, denunció.

“En México hay cada vez más retenes y patrullas militares desde la frontera sur hasta el estado de Oaxaca”, destacó, en entrevista telefónica con IPS desde Washington, sede de Cispes.

Destacó que el actual mandatario estadounidense insiste en vincular a los inmigrantes que llegan a través de su frontera sur con la criminalidad. Por ejemplo, este mismo mes, recordó, Trump aseguró que  combatirá a la Mara Salvatrucha, una pandilla originada en Estados Unidos y que deportados desde ese país extendieron por El Salvador y otros países centroamericanos.

“El discurso de Trump busca criminalizar a los inmigrantes y mostrarlos como violadores y pandilleros”, destacó Embree-Lowry .

Las pandillas son, en efecto, una amenaza para las sociedades centroamericanas afectadas, aseguró, pero no para la sociedad estadounidense.

En junio, los gobernantes de los países del llamado Triángulo Norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, se reunieron en Miami con funcionarios de la administración Trump para analizar el tema migratorio y de seguridad.

Las tres naciones son beneficiarias del estadounidense Plan de Alianza para la Prosperidad, del Triángulo Norte, mediante el cual en 2016 se aprobaron fondos por 750 millones de dólares, pero que no manejarán los gobiernos emisores de migrantes y que solo  parcialmente se destinarán a proyectos productivos que los retengan en sus países.

En el marco de la reunión de Miami, 38 representantes del legislativo Congreso estadounidense, enviaron una carta al secretario de Estado, Rex Tillerson, para expresar sus preocupaciones sobre la posibilidad de que Washington profundice su colaboración con la fuerzas de seguridad de México, por el alegado riesgo de que haya más violaciones a los derechos humanos contra inmigrantes.

Mientras, el obrero Moris Peña ya no piensa en Estados Unidos. Ahora sueña con migrar a Catar, país que, según autoridades migratorias locales, abrirá sus puertas a salvadoreños deportados de Estados Unidos y México que no tengan problemas con la ley.

Obtuvo un aporte de 1.500 dólares, que el gobierno otorga a los retornados que se inscriben en un programa de reinserción laboral,  con lo que compró herramientas para trabajar en la construcción.

“A veces salen trabajitos, poco a poco vamos tratando de salir adelante”, dijo.

Editado por Estrella Gutiérrez

 


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