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El referéndum catalán

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Joaquín Roy. Crédito: Cortesía del autor

Joaquín Roy. Crédito: Cortesía del autor

BARCELONA, 27 jul 2017 (IPS) - El 1 de octubre, según los planes del gobierno catalán y la mayoría parlamentaria que disfruta, se ha convocado un referéndum con una pregunta escueta: si quiere que Catalunya sea un estado independiente. Además, se añade otro requisito: “de formato republicano”. Así se distingue de los casos sueco y danés, como ejemplos europeos de Estados independientes, pero con monarquías parlamentarias.

Se acepta la exigencia de los partidos y formaciones independentistas-republicanas de borrar otra de las características del sistema político español. Con este perfil se convirtió en moderadamente cuasifederal con la aparición de las autonomías regionales englobadas en una estructura política parlamentaria bajo la cobertura de una monarquía hereditaria creada por el franquismo.

Según numerosos analistas, se avecina un “choque de trenes” espectacular, con numerosas víctimas y daños colaterales. Según otros observadores (los independentistas, liderados por el propio gobierno catalán), en realidad no habrá tal choque, ya que uno de los trenes evitará al otro que se habrá equivocado de vía.

Según los más optimistas del gobierno español, tampoco el choque se producirá ya que lentamente el suflé del proyecto de referéndum en Catalunya se desintegrará y todo volverá a su normalidad.

Regresará a una variante más del autonomismo que fue la fórmula práctica de resolver el centralismo del régimen franquista (1939-1975) dando una modesta apariencia de asimetría.  Solamente se distinguía entre “regiones” (mayoría de 14) y las llamadas “nacionalidades” históricas (las otras tres: Catalunya, País Vasco y Galicia).

Fue lo que sarcásticamente se llamó el “café para todos”, amigable solución al final de una comida en la que todos los participantes tienen diversas inclinaciones.

La situación catalana actual proviene directamente de la anulación parcial en 2010 de un nuevo  estatuto autonomista, significativamente aprobado cuatro años antes por el Congreso español y el Parlament catalán, reforzado por un referéndum.

En respuesta a un recurso del ahora gobernante Partido Popular (PP), el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 14 artículos sustanciales y dejando sin valor jurídico la mención en el preámbulo  de Catalunya como “nación”. Se inició así un lamentable y cruento enfrentamiento que está dividiendo a la sociedad catalana y ha transformado a España en un triste objeto de estupefacción analítica.

Nadie sabe bien quién es más culpable. Por una parte, sobresale el gobierno español de Mariano Rajoy,  por negarse en redondo a contemplar cualquier negociación que no sea el lento proceso de la reforma constitucional. Por otra, destacan los independentistas catalanes por insistir en un proceso que no ha recibido apenas apoyo alguno internacional (con la excepción de editoriales en diarios como The New York Times).

Nadie en la comunidad internacional quiere verse implicado en una disputa que se considera estrictamente interna.

Los argumentos se centran, por parte del gobierno español, en la insistencia de que la legislación constitucional no reconoce más soberanía que la colectiva de España. Por lo tanto, los territorios, regiones o autonomías no pueden programar una consulta parcial acerca de una posible independencia. Esa prerrogativa pertenece a todos los ciudadanos españoles en bloque, no solamente a los catalanes.

Los independentistas catalanes, por otra parte, consideran que disfrutan de un especial “derecho a decidir”. Este es un término acuñado para aplicar el universal privilegio a “la autodeterminación”, protegido por las Naciones Unidas y el derecho internacional. El problema de ese argumento es que diversas interpretaciones lo han considerado solamente aplicable a casos de colonialismo. Es evidente que ése no es el caso de Catalunya.

Los independentistas catalanes centran su reclamo sobre el contraste entre las contribuciones de Catalunya al conjunto español y los beneficios recibidos. Con menos de 15 por ciento de la población, Catalunya genera más de 20 por ciento del producto interno bruto y 25 por ciento de las exportaciones.

Mientras la mayoría de las autonomías del Estado español no pueden reclamar una historia bien diferenciada y unas costumbres bien perfiladas, el sentimiento “nacional “de Catalunya ha ido en aumento en los últimos años. Mientras hace apenas 25 años el porcentaje de los que se consideraban solamente catalanes no rebasaba 15 por ciento, hoy este sector supera  40 por ciento, y una mayoría notable reclama compartir el sentimiento español y catalán.

En cuanto a la supervivencia de un estado independiente, los responsables del proceso de referéndum aducen que Catalunya seguiría siendo parte de la Unión Europea (UE), cuando la legislación comunitaria solamente permite esa pertenencia al formar parte de un Estado miembro.

Esa categoría solamente pertenece a España, no a sus porciones. Una Catalunya independiente debería ser reconocida por la comunidad internacional, ingresar en las Naciones Unidas, y luego solicitar el acceso en la UE. Sería miembro de la UE cuando todos y cada uno de los estados (28, o 27 sin Gran Bretaña) lo aprobaran.

Los independentistas consideran que los catalanes nunca dejarían de ser europeos. Mientras eso es cierto desde el punto de vista cultural, cesarían de disfrutar del estatuto de ciudadanos de la UE. Serían como los ciudadanos de Noruega o de Moldavia. Catalunya nunca fue miembro de la UE; solamente el Estado español.

Mientras, el Parlament catalán ha aprobado una ley que permitiría la adopción, sin debate, de unas leyes fundamentales (“constitución”) declaratorias de independencia si la mayoría del referéndum fuera simplemente superior a 50 por ciento.

Esta ley va a ser denunciada por el gobierno español al Tribunal Constitucional, con lo cual quedaría automáticamente suspendida. Mientras tanto, el anterior presidente del gobierno catalán, Artur Mas, líder de la antigua Convergencia (ahora Partit Demòcrata Català), fundada por el presidente Jordi Pujol, caído ahora en desgracia por corrupción, ha sido inhabilitado, amenaza que pesa sobre la cabeza del actual gobierno, Carles Puigdemont, del mismo partido.

Según algunas predicciones, si el proceso de referéndum queda suspendido, la convocatoria de nuevas elecciones catalanas sería la salida lógica. Entre las previsiones electorales se baraja el triunfo de Esquerra Republicana, liderada por Oriol Junqueras, coaligada actualmente a los restos de Convergencia. Pero todo es especulación, pendiente del desarrollo del proyecto de referéndum.

Joaquín Roy es catedrático Jean Monnet y director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami. jroy@miami.edu  

 


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