La violencia expulsa a miles de rohinyás de Birmania

Guardias fronterizos de Bangladesh niegan el ingreso a refugiados rohinyás de Birmania en noviembre de 2012. Crédito: Anurup Titu/IPS
Guardias fronterizos de Bangladesh niegan el ingreso a refugiados rohinyás de Birmania en noviembre de 2012. Crédito: Anurup Titu/IPS

El recrudecimiento de la violencia en Myanmar (Birmania) obligó a más de 18.000 rohinyás a huir en menos de una semana, denunció el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El movimiento comenzó cuando el gobierno de ese país de Asia sudoriental lanzó “operaciones de limpieza” tras los ataques contra los puestos de seguridad el 25 de agosto por el grupo armado Ejército de Salvación de Rohinyá Arakán (ARSA), que dejaron casi 110 muertos.

Hay denuncias de que las fuerzas de seguridad quemaron aldeas y lanzaron ataques contra los rohinyás musulmanes.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), unas 18.500 personas cruzaron la frontera con Bangladesh desde el estado de Rakáin, y miles más están atrapados en tierra de nadie entre esos dos países.

También hay relatos de que algunas personas cruzan por el río Nauf, donde los guardias bangladesíes ya han sacado varios cuerpos de unos 20 rohinyás ahogados.

“Condeno totalmente los ataques violentos contra el personal de seguridad, que derivó en la pérdida de muchas vidas y en el desplazamiento de miles de personas”, indicó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, pero subrayó la necesidad de que las fuerzas gubernamentales empleen una respuesta proporcional.

“Por desgracia, nuestros temores se vuelven realidad. Décadas de continuas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, como las muy violentas respuestas de las fuerzas de seguridad a los ataques desde octubre de 2016, casi que contribuyeron a alimentar el extremismo violento, una situación en la que todos pierden”, prosiguió.

En octubre de ese año, el ejército de Birmania realizó operaciones de contrainsurgencia tras los ataques de insurgentes rohinyás contra puestos de control fronterizos, lo que dejó a casi 90.000 personas desplazadas.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que “es muy probable” que los ataques contra civiles rohinyás en esas operaciones constituyan crímenes contra la humanidad.

Algo que las autoridades birmanas han negado en reiteradas oportunidades.

Una larga historia

El gobierno hace tiempo que cuestiona el estatus del pueblo rohinyá como ciudadanos birmanos, les ha restringido el movimiento y los ha excluido de los servicios sociales, dejando a la mayoría sin Estado y empobrecidos.

El alto comisionado para los Derechos Humanos describió a la comunidad rohinyá como una de las más “excluidas, perseguidas y vulnerables del mundo”.

El presidente del Centro de Ginebra para los Derechos Humanos, Hanif Hassan Ali Al Qassim, urgió al gobierno birmano a prevenir las violaciones de derechos humanos contra la población civil en el marco de la actual escalada del conflicto militar.

“Los testimonios perturbadores de rohinyás huyendo de Myanmar confirman las graves violaciones de derechos humanos que se llevan a cabo contra la población civil”, indicó.

“La sociedad mundial no puede hacer la vista gorda a la perturbadora situación en Myanmar. El Centro de Ginebra llama al inmediato cese de la persecución de los rohinyás”, añadió Al Qassim.

Respuesta de la ONU

En respuesta a la violencia en ese país asiático, el Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) mantuvo una discusión a puertas cerradas en la última semana de agosto.

No hubo declaraciones oficiales, pero el embajador británico Matthew Rycroft llamó a todas las partes a desescalar la situación y a mirar el asunto a largo plazo.

Rycroft agregó que el el máximo órgano de seguridad todavía respalda a Aung SAn Suu Kyi, premio Nobel de la Paz y consejera de Estado de Birmania.

“Nos remitimos a ella para fijar el tono correcto y para encontrar los compromisos y la necesaria reducción de la tensión y resolver el conflicto por el bien de todo el pueblo de Birmania”, indicó.

Estalló la violencia tan solo dos días después de la publicación del esperado informe de la Comisión Asesora del Estado de Rakáin sobre la situación en esa región.

“Hay una gran tensión y el riesgo es cada vez más grave. La violencia no traerá soluciones duraderas para el problema del atribulado estado de Rakáin”, indicó el presidente de la comisión Kofi Annan.

“Sin embargo, el status quo no puede continuar”, añadió el ex secretario general de la ONU.[related_articles]

Entre las recomendaciones que figuran en el informe de 63 páginas para el gobierno birmano es que revise la legislación sobre el derecho a la ciudadanía, conceda libertad de movimiento a los rohinyás musulmanes e invierta en el desarrollo socioeconómico del estado de Rakáin.

Annan alertó que la no implementación de las recomendaciones solo alimentará el ciclo de violencia y la radicalización, profundizando la pobreza crónica en ese estado.

Asimismo, Zeid llamó al gobierno de Birmania a seguir las recomendaciones para “atender, en vez de sacrificar las preocupaciones en materia de derechos humanos en el interés de mantener la paz y el orden”.

Apoyo internacional pedido y criticado

El director general de la OIM, William Swing, reclamó más apoyo internacional para los civiles que huyen hacia el vecino Bangladesh.

Ese país ya acoge a unos 500.000 rohinyás desde hace tres décadas, precisó.

Swing pidió a Bangladesh que admita más personas que huyen de la violencia, muchas de las cuales son mujeres, niñas, niños y adultos mayores, o facilite el acceso a las agencias humanitarias para que puedan socorrerlos.

También llamó a las autoridades birmanas del estado de Rakáin a facilitar el trabajo de las agencias humanitarias y a suministrar un acceso irrestricto y así contribuir a estabilizar la situación y reducir el número de personas que huyen del país.

Pero la oficina de Aung San Suu Kyi acusó a las organizaciones internacionales de colaborar con los “terroristas”, lo que hace temer por la seguridad de los trabajadores humanitarios y la continua violencia.

“Estoy extremadamente preocupado de que las acusaciones infundadas contra las organizaciones internacionales pongan en peligro al personal y les sea imposible proveer asistencia fundamental”, subrayó Zeid.

“Ese tipo de declaraciones son irresponsables y solo sirven para aumentar el miedo y fomentar la violencia”, añadió.

Traducido por Verónica Firme

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