Periodistas perseguidos tras crisis en Camerún
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Periodistas perseguidos tras crisis en Camerún

La policía impide el paso a los manifestantes hacia un edificio gubernamental en en Kumba, en la zona Sur-Oeste de Camerún, en el marco de una crisis política en la región angloparlante. Crédito: Mbom Sixtus/IPS.

La policía impide el paso a los manifestantes hacia un edificio gubernamental en en Kumba, en la zona Sur-Oeste de Camerún, en el marco de una crisis política en la región angloparlante. Crédito: Mbom Sixtus/IPS.

YAUNDÉ, 27 sep 2017 (IPS) - “Pasamos demasiado tiempo con miedo de denunciar las injusticias y todo tipo de atrocidades que ocurrían en Camerún pensando que el silencio nos protegería”, explicó el periodista camerunés Elie Smith.

“Si tuviera que volver a hacer lo que hice en Canal 2, lo haría de nuevo. Estoy preparado para cualquier eventualidad”, aseguró.

El periodista dijo a IPS que tuvo que renunciar a la principal cadena privada de televisión tras la intensa presión de las autoridades.

Tim Finian Njua fue atacado brutalmente por hombres desconocidos en Bamenda. Se dio cuenta de que eran agentes de seguridad cuando lo llevaron a Yaundé.

El director general suspendió su programa Tough Talk (Conversación difícil), que él dirigía junto a Divine Ntaryike y Henry Kejang. Según él, el primer ministro, Divine Ntaryike, y el ministro de Justicia, Henry Kejangy, querían que lo despidieran.

A los tres los acusaron de criticar al gobierno, en especial por su enfoque en la cobertura de una protesta de 11 meses concentrada en la parte de habla anglosajona de Camerún. Los manifestantes tomaron medidas de desobediencia civil, manteniendo cerradas las escuelas y los tribunales desde el 21 de noviembre de 2016.

Smith se negó a ir de la ciudad portuaria de Duala a Yaundé para pedirle disculpas al primer ministro por ser demasiado crítico con su gobierno, tras lo que le pidieron que se ajustara al programa llamado Visiones del Mundo y se abstuvieran de debatir sobre política interna.

“El 4 de septiembre, cuando las escuelas debían comenzar en Camerún, las protestas impidieron que ocurriera en la región anglosajona de Camerún. Pero el director general (del canal) le pidió que mintiera al aire y dijera que habían comenzado y así dejar contento al gobierno”, relató.

“Me negué. Ahí nos dimos cuenta de que ya no podíamos trabajar juntos”, dijo a IPS.

A pesar de perder su trabajo, Smith es uno de los pocos periodistas que no fue a prisión en el marco de la mano dura que aplica el gobierno a la prensa desde que estalló la crisis en esa región.

Otros han sido encarcelados y torturados, mientras otros más partieron al exilio. Las fuerzas de seguridad apuntan principalmente contra los periodistas acusados de apoyar o simpatizar con, quienes ellas consideran, terroristas.

¿Periodistas o terroristas?

Camerún fue primero colonizado por Alemania en 1884. Tras su derrota en la Primera Guerra Mundial (1914-1918), Francia y Gran Bretaña compartieron el territorio bajo un mandato de la Liga de las Naciones, que otorgó una quinta parte a Londres.

En 1961, se declaró una federación de dos estados con el mismo estatus tras un referendo, cuya realización es cuestionada hasta hoy.

Los ciudadanos del exterritorio británico que desde hace años se quejan de marginación y de falta de control sobre sus bienes, se sublevaron en octubre de 2016, pero divididos en dos bandos: unos reclamando retornar a la federación y otros a favor de la independencia total.

Aunque las dos partes coincidían en la insignificante representación de cameruneses de habla inglesa en el gobierno y de la desigualdad que llevó al empobrecimiento de su región y de su población, así como el sometimiento de su patrimonio educativo y cultural.

Por lo menos 13 personas murieron de un disparo desde el estallido de la crisis.

Y rige una controvertida ley sobre la eliminación de actos de terrorismo, promulgada en diciembre de 2014, que se usa para procesar a las personas detenidas en el marco de las protestas.

Los periodistas detenidos por informar sobre la situación también son procesados según esa norma, que prohíbe las reuniones públicas, las protestas callejeras o toda acción que el gobierno considere perturbadora de la paz.

Tim Finian Njua, uno de los ocho reporteros detenidos, señaló que le resulta difícil adaptarse tras seis meses en la cárcel.

Njua, editor del diario Life Time, fue liberado de la prisión de Kondengui, en Yaundé, junto con Atia Tilarious y otros periodistas, además de cerca de 50 manifestantes, tras beneficiarse de la clemencia presidencial en agosto.

Njua dijo a IPS que fue atacado brutalmente por hombres desconocidos en  Bamenda. Se dio cuenta de que eran agentes de seguridad cuando lo llevaron a Yaundé.

“Dijeron que nuestro diario informó sobre un incidente que podría provocar o agravar la revuelta. Me acusaron de actos de terrorismo, insurrección, secesión y propagación de información falsa”, detalló.

Atia Tilarious, detenido por realizar un debate en televisión sobre el levantamiento, fue liberado, pero regresó a Kondengui, pero esta vez con Amos Fofung, un colega del diario The Guardian Post.

“Me soltaron seis meses después. Me dijeron que el fiscal enviaba sus disculpas por mantenerme detenido sin cargos ni pruebas”, declaró. “Salí y me fui a Buea. Me hizo más audaz. Sigo siendo objetivo”, aseguró Fofung.

Regulador tendencioso

Antes de la represión contra los periodistas, el Consejo de Comunicación Nacional emitió una alerta dirigida a los profesionales de la prensa, prohibiendo de forma tácita los debates sobre la posibilidad de restaurar la federación.

La decisión del consejo precedió al discurso del presidente Paul Biya, que convirtió el tema en tabú, pero los medios en francés continuaron con el debate, mientras los de inglés se callaron.

“Sabes que no somos iguales. Hay cosas que Le Messager o Le Jour pueden informar sin problemas, pero que implicaría una sanción para The Guardian Post o The Sun”, dijo un editor que pidió reserva de su identidad.

“La población no lo entiende y por eso hay personas criticándonos en las redes sociales, y diciendo que nos acobardamos”, acotó.

Las sanciones que el consejo, criticado por ponerse del lado de las autoridades y figuras influyentes, impuso el 22 de este mes, llevaron a la suspensión de 20 órganos de prensa, editores y periodistas por un período de uno a seis meses.

La mayoría fueron veredictos dictados a raíz de denuncias de funcionarios como el ministro de Bosques o de figuras como el jugador de fútbol y multimillonario Samuel Eto’o Fils.

Diez años de cárcel por informar sobre terrorismo

El corresponsal camerunés para el servicio en hausa de la cadena internacional de radio francesa RFI, Ahmed Aba, cumple una pena de 10 años de cárcel tras haber sido hallado culpable por un tribunal militar de Yaundé de “lavar dinero del terrorismo” y de “no denunciar el terrorismo”.

Su abogado Clement Nakong apeló el veredicto, conocido este año tras dos de detención preventiva.

Aba aseguró a IPS en la prisión de Yaundé que es inocente y que espera que lo liberen tras la apelación. Lo acusaron de trabajar para la organización terrorista Boko Haram, con sede en Nigeria.

Pero el resultado de esa instancia es incierto, pues el gobierno considera que  RFI apoya a los terroristas, como declaró sin rodeos un portavoz. El comienzo de la apelación estaba previsto para mediados de agosto, pero el nombre de Aba fue retirado de la lista.

Colegas y organizaciones locales e internacionales abogan por su liberación. Incluso fue uno de los ganadores del Premio Internacional a la Libertad de Prensa, otorgado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York.

“Cuando igualas periodismo a terrorismo, se crea un ambiente en el que habrá menos periodistas dispuestos a informar sobre asuntos delicados por temor a las represalias”, reza una declaración de la directora de programa de CPJ África, Angela Quintal.

“Camerún debe enmendar sus leyes y dejar de someter periodistas, que son población civil, a la justicia militar”, subrayó.

Además de detener periodistas, escribió Quintal en un informe divulgado el 20 de este mes, las autoridades prohibieron medios de prensa considerados simpatizantes de los manifestantes anglófonos, cortó Internet en zonas en conflicto e impidió la presencia de observadores externos, incluidos los del CPJ, interesados en evaluar la situación, dando largas al proceso de visa.

Traducido por Verónica Firme

 


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