Los jóvenes guatemaltecos pueden ejercer su derecho a no migrar
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Los jóvenes guatemaltecos pueden ejercer su derecho a no migrar

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Carmen Patricia Acajá, la única mujer entre un grupo de 15 jóvenes, que estudian un curso de instalación eléctrica en vivienda, en San Juan de la Laguna, un municipio del suroeste de Guatemala. Crédito: OIM Guatemala

Carmen Patricia Acajá, la única mujer entre un grupo de 15 jóvenes que estudian un curso de instalación eléctrica en vivienda, en San Juan de la Laguna, un municipio del suroeste de Guatemala. Crédito: OIM Guatemala

GUATEMALA, 10 oct 2017 (IPS) - Carmen Patricia Acajá es una estudiante de 15 años y vive en San Juan la Laguna, a unos 200 kilómetros al occidente de la Ciudad de Guatemala. Este municipio se caracteriza por el bajo índice de inseguridad ciudadana, los cerros que le rodean, la presencia de turistas y su población maya tz’utujil. 

La localidad se ubica en el  lado suroccidental del lago de Atitlán, n el departamento de Sololá, en el suroeste de Guatemala.

Muchos de sus amigos, vecinos y algunos familiares lejanos han migrado a otros países en búsqueda para mejorar sus situaciones económicas, ella afirma que su futuro está en el lugar que le vio nacer, aunque no descarta viajar para conocer otros países. Es muy importante hacerlo de forma segura.

Entre sus compañeros y compañeras de escuela conversan sobre la posibilidad de viajar a otro lugar para estudiar o para trabajar ayudar económicamente a sus familias. Generalmente piensan que el trayecto hacia Estados Unidos y México es muy inseguro y peligroso, pero que si otros lo lograron ellos también podrán.

Actualmente es una de las beneficiarias del Centro de Formación Quédate, de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, que ofrece oportunidades de formación técnica a adolescentes y jóvenes migrantes no acompañados retornados y a quienes tienen familiares viviendo en otros países.

Este tipo de iniciativas son importantes entre los grupos más jóvenes indígenas pues el altiplano guatemalteco (Chimaltenango, Sololá, Quiché, Huehuetenango y Totonicapán) es una de las áreas con los mayores índices de expulsión de niños, niñas y adolescentes que migran no acompañados y de forma irregular.

El Centro funciona en el municipio de Santa María Visitación, también en Sololá, pero debido a la alta demanda utiliza un espacio en esa localidad para desarrollar el curso de instalación eléctrica en viviendas. Esto debido a que, hasta hace unos años, el municipio no contaba con introducción de energía eléctrica.

Patricia es la única mujer en un grupo de 15 jóvenes que reciben esta clase. “Me llamó mucho la atención porque no es un oficio tradicional y existen muchas viviendas en donde solo residen mujeres; ellas tendrán más confianza si contratan a una mujer electricista para hacer los trabajos de instalación”.

Aunque hay esfuerzos significativos en la zona para que más niñas asistan a la escuela y logren una mayor permanencia, aún hay rezagos en las oportunidades de acceso y en la calidad, y es por eso que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha decidido fortalecer iniciativas estatales existentes que se desarrollan en el área.

“Por el momento no está en mis planes viajar a otro país, es importante que nos preparemos lo mejor posible, de esa manera tendremos capacidad de responder en puestos de trabajo en cualquier parte del mundo”, aseguró la estudiante.

Patricia hace referencia al derecho de las personas a “circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado”, el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Esta garantía también está establecida en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de las Personas, en el artículo 8, Derecho de residencia y de tránsito: “Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad.

La OIM ha trabajado en Sololá desde el 2015 a través de distintos proyectos que promueven los espacios de formación gratuitos para niños, niñas y adolescentes retornados que migraron no acompañados.

Hasta el momento se han beneficiado unas 500 personas con cursos como turismo comunitario, inglés, bisutería, computación, nuevas tecnologías de la comunicación, redes sociales y radio comunitaria, entre otras.

El involucramiento de las familias ha sido fundamental en los cambios de actitud de las y los adolescentes respecto a la migración irregular. Los procesos formativos deben ser integrales, pues de esa manera la OIM y sus socios gubernamentales logran que el tema sea discutido desde el seno de las familias y que la juventud tenga un rol protagónico en ese debate.

La población beneficiaria ahora tiene un conocimiento de las diversas oportunidades de profesionalización que les ofrece la región, la importancia de permanecer en la escuela y cómo pueden canalizar sus aptitudes a favor del desarrollo de sus comunidades; también tienen una mayor concienciación de los peligros que implica la migración irregular.

Las clases son impartidas por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, que trabaja coordinadamente con la Secretaría.

Tienen, además, el acompañamiento de la OIM a través de su proyecto Retorno y Reintegración en el Triángulo Norte de Centroamérica, que cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO

Revisado por Estrella Gutiérrez

 


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