Derecho al aborto llega a calles latinoamericanas pese a sus políticos
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Derecho al aborto llega a calles latinoamericanas pese a sus políticos

Una manifestante en Buenos Aires porta una camiseta con la consigna: “mi cuerpo, mis derechos”, uno de los lemas de la llamada ola verde, el color del movimiento a favor de la legalización del aborto, que comienza a extenderse por otros países de América Latina. Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS

Una manifestante en Buenos Aires porta una camiseta con la consigna: “mi cuerpo, mis derechos”, uno de los lemas de la llamada ola verde, el color del movimiento a favor de la legalización del aborto, que comienza a extenderse por otros países de América Latina. Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS

BUENOS AIRES, 20 ago 2018 (IPS) - El rechazo del Senado argentino al proyecto de la despenalización del aborto no frenó un movimiento latinoamericano, que ya está en las calles y se expande de forma cada vez más articulada entre las organizaciones de mujeres, dentro de la región con leyes y políticas más restrictivas contra el derecho a decidir de las gestantes.

Aprobado en Argentina por su Cámara de Diputados y posteriormente rechazada por apenas 38 votos contra 31 el 9 de agosto, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina y la histórica movilización social que lo acompañó en las calles era una esperanza para otros países de la región.

El Instituto Guttmacher estima que entre el 2010 y el 2014 ocurrieron anualmente unos 6,5 millones de abortos inducidos en América Latina y el Caribe, un aumento respecto a los 4,4 millones practicados entre 1990 y 1994.

En ese mismo periodo, la región tuvo la tasa de embarazos no planeados más alta del mundo: unos 14 millones no deseados de los cuales 46 por ciento terminan en aborto, según destaca el Instituto que promueve los derechos reproductivos de las mujeres, según los principios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“En realidad la que perdió es la política,  porque aquí mientras la sociedad toda discutió, habló y se sumó a la ola verde (el color adoptado por quienes promueven la legalización del aborto), la mayoría de los partidos políticos no se inmutó”, dijo a IPS la  médica y feminista Mabel Bianco, presidenta de la argentina Fundación para Estudio e Investigación de la mujer (FEIM).

“Creo que si bien influirá un poco menos que si se aprobaba la ley , igual el impacto de la marea verde y la repercusión que ha tenido en los países se va a notar y va a influir en lograr búsquedas de leyes , incluso va a reactivar las alianzas con parlamentarias y periodistas. Vamos a tener frutos seguro en varios países”, anticipó.

En Argentina está permitido el aborto solo en caso de violación sexual o de riesgo de vida o salud de la mujer y penado con hasta cuatro años de cárcel para las mujeres en otros casos.

Solo en Cuba, Guyana y Guyana Francesa y Uruguay el aborto es plenamente legal, al igual que en la autónoma capital de México, mientras que en el resto solo esta despenalizado en restrictivos supuestos terapéuticos parecidos a los argentinos.

Bianco lo atribuye “al peso” de la mayoritaria Iglesia Católica en la región y “ahora a las nuevas iglesias evangélicas que están logrando penetrar en amplias capas de la población, especialmente los más pobres”

“Nos preocupa porque esos grupos se infiltran en los partidos políticos y luego cuando entran a los parlamentos arman bancadas y rigen las decisiones como está ocurriendo en Brasil”, sostuvo.

Por eso para esta destacada feminista latinoamericana,  el próximo paso Argentina y otros países de la región es “avanzar en una campaña por un Estado Laico”.

Dos mujeres prenden velas ante el monumento a la Constitución, en la capital de El Salvador, durante una manifestación de protesta por la condena a una joven mujer a 30 años de cárcel, acusada de haberse practicado un aborto. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Dos mujeres prenden velas ante el monumento a la Constitución, en la capital de El Salvador, durante una manifestación de protesta por la condena a una joven mujer a 30 años de cárcel, acusada de haberse practicado un aborto. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

“Ganamos la batalla. Perdimos esta etapa pero es un espacio para recomponernos y volver con fuerza para ganar”, sintetizó la presidenta de FEIM, organización que junto a otras  impulsará en Argentina la nueva presentación de la ley de despenalización en el próximo período legislativo.

Paralelalmente continuarán luchando para despenalizar el aborto en el vetusto Código Penal y para conseguir que las leyes vigentes de salud sexual y reproductiva y de educación sexual integral se apliquen, después que “todos, en el parlamento,  se llenaron la boca diciendo que estaban de acuerdo”.

Países con prohibición absoluta

El debate también crece en otros países de la región como República Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua y Suriname,  donde la interrupción inducida del embarazo está prohibida en cualquier circunstancia.

Más draconiano aún es el caso de El Salvador, donde una mujer puede ser condenada hasta 50 años por “homicidio agravado”, si se practica un aborto, en un país gobernado por la izquierda desde 2009, igual que sucede en otros con prohibición absoluta.

“En ese sentido, si una mujer enfrenta un embarazo que pone en riesgo su vida, si una mujer ha enfrentado violencia sexual, si una niña de 10 años incluso enfrenta violación sexual y queda embarazada, las mujeres no tienen alternativa en este país”, dijo desde San Salvador  la activista salvadoreña por el derecho a decidir de las mujeres Sara García.

“Las únicas alternativas para las mujeres son la cárcel, o la muerte o una afectación a su salud”, remarcó a IPS la integrante de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico de El Salvador.

García remarcó que en el país centroamericano “la penalización absoluta del aborto, la criminalización, afecta a un perfil, a un grupo específico de mujeres, es decir las mujeres jóvenes, las mujeres que viven en situación de pobreza, las mujeres con baja escolaridad, las mujeres que están enfrentándose al sistema público de salud, estas son las mujeres que enfrentan las mayores consecuencias de una ley tan restrictiva”.

Según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, entre 2000 y 2014, fueron 147 las mujeres  procesadas por delitos relacionados con el aborto, de las cuales 49 fueron acusadas: 23 por aborto y 26 por asesinato. En 2018, hay 24 mujeres en prisión por alegado delito de aborto inducido, pese a que algunas de ellas insistieron que su caso fue de una interrupción espontaneo de su embarazo.

Pero tras un intenso debate de organizaciones feministas y académicas, esta situación puede cambiar.

“Nosotras hemos elevado el debate, hay una propuesta de ley que busca la despenalización del aborto por cuatro causales en la Asamblea Legislativa, mientras que otro proyecto busca la despenalización del aborto en dos causales”, explicó García.

“Sabemos que hay un debate que esta parcializado,  que enfrentamos dogmatismos y fundamentalismos. Pero, sin embargo, sabemos que la conciencia social y la conciencia ciudadana es lo que hace que en nuestro país a pesar de todo esto ya no se pueda retroceder”, destacó.

En ese sentido,  según García, la ola en las calles de los pañuelos verdes “ha significado fuerza y esperanza” para las activistas de esos mismos derechos en El Salvador y el resto de la región.

Mientras en la Asamblea Legislativa salvadoreña hay debates “de pena (vergüenza) ajena”, sin fundamento científico o de derechos humanos, originados “en prejuicios”, “sabemos que en las calles, en la academia, en las organizaciones hay otro nivel de comprensión”, afirmó la activista.

“Si bien hay grupos fundamentalistas, también hay otros que trabajan por una sociedad donde se respeten los derechos sexuales y derechos reproductivos”, subrayó.

“La marea verde influye en toda la región latinoamericana y caribeña, nos da más fuerza y nos dice, esta es una lucha en donde estamos todas y el aborto va a ser ley en toda América Latina y el Caribe”, concluyó García.

El imparable movimiento verde

En Venezuela, con otro gobierno que se afilia a la izquierda desde 1999, el Código Penal  prohíbe el aborto, excepto en caso de riesgo de vida de la madre, y establece penas de seis meses a dos años a quien lo practique.

Pero en junio de este año varias organizaciones feministas adeptas al gobierno solicitaron ante la  oficialista Asamblea Nacional Constituyente que se modifique el artículo 76 de la Constitución de 1999, que protege la vida “desde la concepción”.

También solicitaron la inclusión de un capítulo de derechos sexuales y reproductivos en la Constitución, explicó Taroa Zúñiga, de la Red de Información por el Aborto Seguro, que recibe 43 llamadas diarias de mujeres que decidieron abortar.

La activista venezolana dijo a IPS desde Caracas que pese a la derrota en el Senado argentino, lo que representa el movimiento verde se ha fortalecido en la región.

“Básicamente entender que el derecho al aborto puede volverse un movimiento masivo ha sido muy potente y revitalizante. Es sin duda un movimiento imparable en América Latina”, concluyó.

Edición: Estrella Gutiérrez

 


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