La represión aleja, por ahora, solución política de la crisis en Venezuela
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La represión aleja, por ahora, solución política de la crisis en Venezuela

Un joven herido por una bala durante las protestas en Santa Elena de Uairén, es transportado en una motocicleta por otros jóvenes, durante las protestas después que se impidió el sábado 23 el ingreso de ayuda de alimentos y medicinas desde la cercana frontera de Brasil, a más de 1.260 kilómetros al sureste de Caracas. Crédito: Cortesía de pobladores de Santa Elena de Uairén

Un joven herido por una bala durante las protestas en Santa Elena de Uairén, es transportado en una motocicleta por otros jóvenes, durante las protestas después que se impidió el sábado 23 el ingreso de ayuda de alimentos y medicinas desde la cercana frontera de Brasil, a más de 1.260 kilómetros al sureste de Caracas. Crédito: Cortesía de pobladores de Santa Elena de Uairén

CARACAS, 26 feb 2019 (IPS) - La violenta represión que impidió traspasar las fronteras de Venezuela con ayuda en alimentos y medicinas, con un saldo preliminar de cuatro muertos y 58 heridos de bala, aleja soluciones a la mayor crisis política que se vive en América Latina, aunque en su búsqueda 10 países del hemisferio aumentan la presión y a la vez descartan el uso de la fuerza.

Pero para Estados Unidos “todas las opciones están sobre la mesa”, incluida el uso de la fuerza militar, según dijo el presidente Donald Trump y recordó su vicepresidente, Mike Pence, a los 10 gobiernos del Grupo de Lima reunidos el lunes 25  en Bogotá para tratar el tema de Venezuela.

Los vecinos de Venezuela “no quieren guerra pero siguen batallando por una solución política que implique la salida (del poder) del presidente Nicolás Maduro. Al reprimirse el ingreso de camiones con ayuda humanitaria se tiene una excusa para incrementar la presión política, económica y diplomática sobre el régimen”, dijo Carlos Romero, profesor de postgrado en ciencias políticas en dos universidades públicas de Caracas.

La ayuda internacional acantonada en zonas limítrofes de Colombia, Brasil y la vecina isla holandesa de Curazao consistió en unos cientos de toneladas de insumos médicos, algunos medicamentos para emergencias y suplementos alimenticios que el líder opositor Juan Guaidó ordenó pasar a través de la frontera el  día 23.

Venezuela, de 32 millones de habitantes, de los que más de tres millones han emigrado en los últimos cinco años según fuentes de las Naciones Unidas, padece una crisis económica y social marcada por una hiperinflación que se mide en millones por ciento anual,  así como el colapso de su sistema público de salud y el desplome de otros servicios públicos esenciales.

Cifras de un estudio de las tres principales universidades de Caracas indican –a falta de cifras oficiales desde hace al menos tres años- que la pobreza afecta a 80 por ciento de la población, en lo que marca una caída de 56 por ciento del producto interno bruto en los últimos cinco años.

El gobierno de Maduro militarizó y cerró las fronteras al considerar la operación de ingreso un pretexto para una intervención militar extranjera, la cual impulsaría la oposición reunida en torno a Guaidó, presidente del parlamento que asumió la titularidad interina del Ejecutivo el 23 de enero.

Dos camiones que avanzaron unos pocos metros en uno de los puentes de la frontera con Colombia, a unos 860 kilómetros de Caracas, se incendiaron al repeler guardias venezolanos a jóvenes que avanzaban junto a los vehículos, mientras en las vecinas ciudades de Ureña y San Antonio uniformados y civiles armados dispersaban a tiros conatos de marchas opositoras para tratar de recibir la ayuda.

En el extremo sudoriental del país, asiento del pueblo pemón, cientos de indígenas trataron desde el día 22 de bloquear el acceso de militares destinados a impedir el ingreso de vehículos con ayuda procedente de Brasil.

Dos presidentes para una crisis

La crisis venezolana se aceleró después que el 10 de enero Nicolás Maduro asumió un segundo mandato de seis años, reivindicando su victoria en una elección del 20 de mayo de 2018. Pero esos comicios fueron convocados a destiempo, por una Asamblea Nacional Constituyente integrada solo por oficialistas, con la mayoría de partidos de oposición ilegalizados, varios de sus principales líderes presos o inhabilitados, y un árbitro electoral controlado por el gobernante Partido Socialista Unidos de Venezuela.
La oposición desconoció la elección y el resultado, y lo mismo hicieron Estados Unidos, Canadá, una docena de gobiernos de América Latina y el Caribe, la Unión Europea y algunos otros países. De allí nace la exigencia de una nueva elección presidencial “libre, transparente y creíble”.
La Asamblea Nacional, parlamento de mayoría opositora elegido en 2015 y único poder fuera del control de Maduro, aplicó por analogía una norma constitucional según la cual está vacante la presidencia al no haber una elección válida, Maduro es “usurpador” y debe ocupar el cargo provisionalmente el presidente del parlamento.
Juan Guaidó, a quien le había tocado por turno ostentar ese ese cargo desde el 5 de enero, asumió esa responsabilidad ante una marcha multitudinaria en Caracas el 23 de enero, y desde entonces le han reconocido más de 50 gobiernos, principalmente de América y Europa, además de otros como Japón.

Los militares se abrieron paso a tiro limpio, según denunciaron dirigentes indígenas, con el resultado comprobado de cuatro muertos y otros 25 heridos de bala, informó Alfredo Romero, director de la organización humanitaria Foro Penal.

Grupos indígenas lograron retener durante más de 24 horas a varios oficiales que comandaban a los militares, pero luego “unos 70 vehículos, entre ellos autobuses llenos de uniformados, los liberaron a su paso hacia Santa Elena de Uairén”, relataron a IPS vecinos de esa ciudad próxima al límite con Brasil, a 1.260 kilómetros de Caracas.

Responsables indígenas se ocultan en el campo y en Santa Elena opera un toque de queda de facto, según los mismos vecinos, que brindaron a IPS muy duros testimonios en videos y fotografías sobre lo ocurrido allí, mientras la dirección opositora y los medios estaban concentrados en los sucesos de la frontera con Colombia.

Dirigentes opositores han denunciado el asesinato de al menos 15 personas en la zona y el Foro Penal registró nueve casos de desaparecidos desde el sabado 23.

En Ureña y San Antonio, suroeste fronterizo con Colombia, más de 20 personas resultaron heridas de bala, disparadas por uniformados o civiles armados que cubrían sus rostros con pasamontañas, según reportes de periodistas en la zona. También fueron reprimidas en el interior del país varias demostraciones opositoras en respaldo al ingreso de la ayuda internacional.

Mientras tanto, al menos 326 militares y policías venezolanos, entre ellos varios oficiales de rango medio, han desertado desde el día 23 y huido principalmente a Colombia.

Los militares fueron objeto de un nuevo llamado desde el Grupo de Lima (ad-hoc, esta vez integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y la Venezuela-Guaidó), y de Estados Unidos, para que dejen de respaldar a Maduro y reconozcan y obedezcan como su comandante a Guaidó.

El Grupo asentó que “la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza”.

Esa renuncia por ahora al empleo de la fuerza “contraría a gente radical de la oposición venezolana que está desesperada al no encontrar una rápida salida”, observó Romero en su diálogo con IPS.

La apelación a la fuerza “ha ganado terreno, por el atrincheramiento del gobierno, cerrado a toda vía alternativa que implique ceder poder,  en una especie de lucha existencial”, dijo a IPS Luis Salamanca, también docente de posgrado en ciencias políticas en la Universidad Central.

Destacó una frase de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, horas después de los violento sucesos en las fronteras, en el sentido de que la determinación del gobierno “es una pequeña parte de lo que estamos dispuestos a hacer”.

Washington incrementó el bloqueo financiero y de activos sobre el Estado venezolano, así como medidas sobre visas y bienes de sus autoridades, en tanto el Grupo de Lima decidió aumentar las denuncias internacionales y el cerco diplomático y político sobre Maduro.

Romero advirtió sin embargo que en la aceleración de la crisis en lo que va de 2019 “no ha funcionado ningún elemento de moderación: murieron al nacer la iniciativa de equilibrio entre México y Uruguay, el grupo de contacto de la Unión Europea y algunos países americanos, así como la insinuación del papa Francisco para mediar si lo solicitaban las partes”.

Mientras el gobierno se atrinchera, la oposición venezolana “está obligada a imaginar y desarrollar acciones que mantengan viva la esperanza de la gente, para que no cunda el desánimo después de que no se logró el objetivo de que ingresaran camiones con la ayuda”, señaló a IPS el experto en opinión pública  Félix Seijas,  director de la firma encuestadora Delphos.

Los especialistas consultados coincidieron en que la oposición dirigida por Guaidó erró al plantear el ingreso “sí o sí” de la ayuda el día 23 como una suerte de batalla decisiva, cuando lo que puede darle frutos es insistir en que su llamado a “restablecer la democracia” es un proceso con muchos pasos.

Salamanca subrayó que “el gobierno parece firme, pero con cada hora que pasa se mueven nuevas piezas, y existe una corriente subterránea que va desmoronando la bases en las que se sustenta. La deserción de militares es una señal muy llamativa a ese respecto”.

Por ahora,  la cúpula que dirige la Fuerza Armada Bolivariana se exhibe completamente leal a Maduro.

Mientras, en el escenario internacional, Estados Unidos, el país con la mayor capacidad de presión en el hemisferio, solicitó una nueva reunión sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esta vez con respaldo del Grupo de Lima, que calificó la crisis en el país petrolero como “una amenaza sin precedentes a la seguridad, la paz, la libertad y la prosperidad en toda la región”.

Edición: Estrella Gutiérrez

 

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