Leyes antiaborto castigan sin clemencia a mujeres centroamericanas
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Leyes antiaborto castigan sin clemencia a mujeres centroamericanas

Evelyn Hernández, de 21 años, en el centro con camisa rosada, es vitoreada a la salida del juzgado de la ciudad de Cojutepeque, luego de ser absuelta y quedar libre tras una condena a 30 años en 2017 por la interrupción involuntaria de su embarazo. Esa sentencia fue anulada después por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó un nuevo juicio. La joven pasó casi tres años en prisión y aún permanecen 16 mujeres presas en El Salvador por casos de aborto o complicaciones obstétricas. Crédito: Francisco Campos/IPS

Evelyn Hernández, de 21 años, en el centro con camisa rosada, es vitoreada a la salida del juzgado de la ciudad de Cojutepeque, luego de ser absuelta y quedar libre tras una condena a 30 años en 2017 por la interrupción involuntaria de su embarazo. Esa sentencia fue anulada después por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó un nuevo juicio. La joven pasó casi tres años en prisión y aún permanecen 16 mujeres presas en El Salvador por casos de aborto o complicaciones obstétricas. Crédito: Francisco Campos/IPS

SAN SALVADOR, 28 ago 2019 (IPS) - En buena parte de América Central, una región donde prevalecen draconianas leyes contra el aborto, las posibilidades de cambios en esa legislación no solo son escasas sino que en algunas naciones la situación podría deteriorarse aún más.

La fuerte influencia de grupos políticos y económicos conservadores, conectados con el enorme peso que tiene la Iglesia católica y los credos evangélicos en las decisiones de Estado, junto con patrones culturales machistas, son algunas de las razones que explican que tres de los seis países centroamericanos tengan rigurosas leyes antiaborto, coincidieron activistas a favor de los derechos de las mujeres que consultó IPS.

“Las organizaciones de mujeres no tenemos esa fuerza, los recursos ni el poder político para poder enfrentar toda esta avanzada. Lo hacemos, y nos enfrentamos, pero es una avanzada muy fuerte”, explicó desde Tegucigalpa la hondureña Regina Fonseca, del Centro de Derechos de Mujeres.

En Centroamérica, con 48 millones de habitantes, tres de sus seis países –El Salvador, Honduras y Nicaragua- poseen códigos penales que criminalizan con cárcel a las mujeres que ejercen su derecho a interrumpir su embarazo o incluso las que sufren abortos espontáneos por emergencias obstétricas.

Eso implica que practicarse un aborto es ilegal aun en los casos de violaciones, incestos o cuando la madre corre riesgo de muerte, entre otras causas.

En tanto, Guatemala permite una excepción, la de preservar la salud de la mujer, aunque Fonseca advirtió que esa nación podría enfrentar un retroceso si sigue ganando terreno la arremetida de lo que consideró grupos ultraconservadores del país.

Esos grupos, añadió, estarían vinculados con el presidente electo, Alejandro Giammatei, el ganador de las elecciones del pasado 11 de agosto.

“Ojalá que Guatemala no caiga en la desgracia de retroceder”, subrayó.

Pero de todos los países del área, es El Salvador, particularmente, el que ha acaparado en los últimos años los titulares de la prensa internacional, y la atención de grupos de derechos humanos, porque la justicia salvadoreña no vacila en encarcelar hasta por 30 años a mujeres por casos de abortos.

Si bien Honduras y Nicaragua poseen también leyes igualmente estrictas, El Salvador es el único de los tres que ha encarcelado a mujeres por interrumpir el embarazo, incluso en casos en que no responde una decisión voluntaria.

“Por suerte no tenemos esas penas tan vergonzosas como las tiene El Salvador”, explicó Fonseca.

Agregó que si bien en Honduras 47 mujeres han sido procesadas judicialmente por abortos en los últimos tres años, ellas han recibido medidas sustitutivas de la cárcel, algo que permite la legislación cuando las penas son menores, seis años en el caso de abortos.

Esas medidas incluyen pagos de multas, trabajos comunitarios y presentarse al juzgado respectivo periódicamente para firmar un documento que de fe de que no se han ido del país.

Mientras en El Salvador, las mujeres, generalmente jóvenes, rurales, pobres, con poca educación, prácticamente ven truncadas sus vidas y sus aspiraciones, una vez enfrentan una situación como esa.

El último y resonante caso ha sido el de Evelyn Hernández, una joven de 21 años que permaneció en prisión por casi tres años, purgando una pena de 30 años, y que el 19 de agosto fue dejada en libertad por un tribunal de la ciudad de Cojutepeque, a 40 kilómetros al este de San Salvador, en el central departamento de Cuscatlán.

Hernández, cuyo embarazo fue fruto de una violación, fue condenada en 2017 por lo que ella siempre defendió que había sido una pérdida espontánea del feto.

Pero luego de que la  defensa interpusiera recursos de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, esa instancia anuló la sentencia y se ordenó realizar un nuevo juicio, gracias a la cual recuperó ahora su libertad.

Los acusadores “no pudieron probar que ella actuó con dolo, con intención de matar a la criatura, y uno de los principios es que ante la duda, prevalece el derecho de la persona imputada”, dijo a IPS Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.

La legislación salvadoreña establece, desde 1999, que las personas son reconocidas como tales desde la concepción.

La recién liberada Hernández, se convirtió en el más reciente triunfo de colectivos feministas locales cuyas abogadas defienden casos de mujeres en prisión por abortos o complicaciones obstétricas.

Con ella, son 42 mujeres las que han sido liberadas en los últimos años.

Esas organizaciones pugnan también por modificaciones en el código penal para flexibilizar las leyes y permitir casos excepcionales, como violaciones, cuando corre peligro la vida de la mujer o en malformaciones fetales que le impedirán vivir fuera del útero.

Sin embargo, la lucha por esos cambios parece ir cuesta arriba, a juzgar por la desfavorable correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, que desde el 2016 no ha analizado un proyecto de ley, promovido por colectivos de defensa de los derechos de las mujeres, que plantean la despenalización del aborto en esas excepciones.

“En este momento la correlación política en la Asamblea apuntaría a que es muy difícil lograr consenso parlamentario que apruebe la reforma de la ley”, subrayó Herrera a IPS.

Sin embargo, añadió que no ve imposible de lograrlo a mediano plazo.

Aún quedan en las cárceles salvadoreñas unas 16 mujeres, 15 purgando penas de 30 años, y una, de 35, informó.

También el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en inglés), pidió en 2017 al gobierno salvadoreño “agilizar la aprobación del proyecto de ley de despenalización del aborto”.

Por casi dos décadas, agregó el organismo de las Naciones Unidas, El Salvador ha criminalizado el aborto en todos los casos, imponiendo penas desproporcionadas a las mujeres y al personal médico.

En efecto, los médicos y enfermeras de los centros de salud y hospitales se ven presionados a denunciar a mujeres que llegan con casos de aborto, pues de lo contrario pueden ser considerados cómplices.

La prohibición absoluta, acotó, ha resultado en el encarcelamiento injusto de innumerables mujeres que han sufrido complicaciones en sus embarazos y terminan siendo juzgadas por el delito de homicidio, y condenadas hasta por 40 años de prisión.

Por su parte, Fonseca explicó que en su país, Honduras,  se perdió una oportunidad de oro de cambiar la legislación en 2017, cuando los diputados tuvieron la posibilidad de establecer algunas excepciones en la discusión de las reformas al código penal.

Sin embargo, y aunque la mayoría de ellos estuvieron de acuerdo con los cambios planteados por la organizaciones de mujeres, al final votaron en contra, dijo.

De modo que, ahora esos tres países centroamericanos conforman la exigua lista mundial donde se prohíbe el aborto en todas sus formas, y que dentro de América Latina también incluye a República Dominicana.

Pero no siempre fue así.

El Salvador, para el caso, modificó su legislación en 1998 para que el aborto fuera penalizado en todas sus formas. Antes de eso se permitía la interrupción del embarazo por  algunas causas terapéuticas.

También en Nicaragua, el aborto terapéutico estuvo despenalizado desde 1893 y hasta 2006, cuando una alianza del desde un año después gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional con grupos de derecha estableció un pacto político-religioso con la cúpula católica para prohibir el aborto en forma absoluta.

En contracorriente de sus vecinos, Costa Rica y Panamá mantienen reducidas causales terapéuticas en que se permite el aborto voluntario, y en los dos países hay movimientos para ampliar esas excepciones.

Edición: Estrella Gutierrez

 


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