Los incendios que devastan la Amazonia, principalmente en Bolivia y Brasil, pudieron encararse con el Tratado de Cooperación Amazónica, pero ese cuarentón acuerdo de los ocho países de la cuenca para proteger el bioma que actúa como gran regulador del clima del planeta fue dejado en el olvido.
Ese pacto de 1978 “se erigió como un mecanismo de protección colectiva de la Amazonía, para concebir y coordinar las políticas de los gobiernos, aun cuando no fuese un ente operativo”, señaló a IPS Arnoldo José Gabaldón, quien estrenó el primer Ministerio de Ambiente establecido en América Latina, el de Venezuela en 1976.
Los ocho Estados firmantes que comparten la cuenca amazónica – Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela-, se comprometieron a “realizar esfuerzos y acciones conjuntas para promover el desarrollo, la preservación ambiental y utilización racional de los recursos naturales de la región”.
Para enfatizar “la protección, conservación y gestión sustentable de los bosques y de la biodiversidad” en la vasta región, los ocho se asumieron desde 1995 como intergubernamental Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), con una secretaría en Brasilia cuya titular desde enero es la boliviana Alexandra Moreira López.
Pero el desdén por el tratado se exhibió con los incendios que siguieron a las intensas deforestaciones de los años 2002-2004, las sequías de 2005 y 2010 y, nuevamente, la proliferación de focos de fuego en 2019, sobre todo agosto, cuando acapararon la atención mundial.
Entre el 1 y el 27 de agosto, el brasileño Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales observó 42.719 puntos de fuego en en el territorio amazónico de su país, que representa más de 60 por ciento del total del bioma.
Esa cadena de fuegos fue 128 por ciento más que en el mismo período de 2018, mientras que en Bolivia las llamas consumieron 2,1 millones de hectáreas.
Parecía servida la mesa para actuar con base en el tratado amazónico y la cancillería venezolana solicitó una reunión ministerial del pacto, pero en cambio los presidentes Iván Duque, de Colombia, y Martín Vizcarra, de Perú, organizaron una cumbre ad-hoc para este viernes 6 en Leticia, en la triple frontera de Brasil, Colombia y Perú.
Venezuela, que enzarzada en las polémicas entre gobiernos de izquierdas y de derechas en la región había apelado al tratado, fue excluida de la cita, a la que acuden los presidente Duque, Vizcarra, el ecuatoriano Lenín Moreno, el boliviano Evo Morales y los vicepresidentes de Brasil y Suriname, Hamilton Mourao y Michael Ashwin Adhin.
“La decisión de no utilizar la OTCA parece ser política”, dijo a IPS, desde Washington, Lisa Viscidi, directora del programa de Energía y Cambio Climático en la organización Diálogo Interamericano.
Ello porque “una de las partes, el gobierno de (el presidente) Nicolás Maduro en Venezuela intentó invocar a la Organización en respuesta a los incendios. Sin embargo, los miembros del Grupo de Lima (gobiernos de la región y Canadá que desconocen a Maduro) rechazaron este llamado y se convocó a la reunión de Leticia exceptuando a Caracas”, señaló Viscidi.
Duque justificó la reunión de Leticia porque “el Tratado de Cooperación Amazónica se quedó corto y la OTCA no ha tenido suficiente liderazgo a nivel presidencial para una protección armónica, confiable y basada en indicadores” de la Amazonia.
Su ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Trujillo adelantó que se producirá una declaración “que contendrá el pacto de Leticia por la Amazonia” e incluirá una “convocatoria global” para su conservación.
La secretaría de la OTCA reconoció en un comunicado en agosto que aún gestionaba financiamiento para “desarrollar y fortalecer” sus programas de “monitoreo de la degradación y recuperación forestal” en la Amazonía, así como para “la planificación para la gestión del riesgo de incendios forestales”.
Igualmente para “el uso de tecnologías para alertas tempranas” y fortalecer “la gestión de información como base para la planificación de la prevención, control y combate de incendios forestales”, entre otros aspectos que preceden la acción física contra los incendios.
“La acción física para controlar los incendios en una superficie de esa envergadura -la Amazonía cubre 7,8 millones de kilómetros cuadrados- es una cuestión sumamente compleja”, señaló Gabaldón. “Ninguno de nuestros países, individualmente, está realmente preparado ni tiene los recursos que se necesitan ante esta dura prueba”, agregó.
Sin embargo, dijo Gabaldón, “la defensa de la Amazonia ante la deforestación y los incendios forestales es una política que los países de la región no pueden soslayar”, como tampoco que “ya tenemos una gran abundancia de organismos internacionales”, lo que coloca una interrogante sobre la capacidad de acción de otro, nuevo, como el naciente pacto de Leticia.
Recientemente en la región quedó prácticamente desmantelada la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), tras el reemplazo de gobiernos de izquierda o centroizquierda por otros de signo opuesto, e igualmente, a propósito de la crisis venezolana y su repercusión hemisférica, se semiparalizó la novel Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).
En el caso de la Amazonía, “la intensidad de los problemas asociados al cambio climático deja poco margen para no cooperar escudándose en razones de soberanía”, afirmó Gabaldón.
El exministro (1976-1979), quien también fue uno de los coordinadores de la posición común de los países amazónicos en la Cumbre de la Tierra de 1992, recordó que negociar el Tratado de Cooperación, hace cuatro décadas, “fue difícil ante la cautela en cuestiones de soberanía que mostraban los gobiernos militares que entonces había en América del Sur, y los problemas ambientales eran menos considerados que hoy día”.
Finalmente, vista la fuerte politización del debate sobre los incendios, Gabaldón advirtió contra quienes “se rasgan las vestiduras, como en Venezuela”, pues “mientras se critica y denuncia la devastación de la Amazonía en otros países, en este se comete un crimen ecológico, social e institucional en la Guayana (sureste) a partir del llamado Arco Minero del Orinoco”.
Ese Arco es un territorio de 112.000 kilómetros cuadrados, donde el gobierno auspicia la explotación de oro y otros minerales. En todo el sur venezolano, hábitat de pueblos indígenas, incluso en áreas donde la minería está expresa y legalmente prohibida, se ha documentado la presencia de centenares de explotaciones mineras que destrozan y contaminan bosques y ríos.
Edición: Estrella Gutiérrez
