Grupos armados en Colombia se aprovechan de la covid-19
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Grupos armados en Colombia se aprovechan de la covid-19

Grupos armados en Colombia continúan asesinando líderes sociales y convierten el confinamiento para evitar la propagación del coronavirus en una oportunidad para ganar territorio, denunció este viernes 24 la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El asesinato de líderes sociales y ex guerrilleros, con centenares de víctimas desde 2016, ha continuado en Colombia durante la cuarentena con la que se busca detener al coronavirus, según la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Foto: Indepaz

GINEBRA, 24 abr 2020 (IPS) - Grupos armados en Colombia continúan asesinando líderes sociales y convierten el confinamiento para evitar la propagación del coronavirus en una oportunidad para ganar territorio, denunció este viernes 24 la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Solo en el suroccidental departamento del Cauca al menos 13 defensores de derechos humanos han sido asesinados en lo que va de año, y los grupos armados y criminales aprovechan las restricciones impuestas por la covid-19 para expandir su presencia y control territorial, indicó la oficina en una declaración.

El miércoles 22 fue asesinado el líder social Hugo Giraldo en la ciudad de Santander de Quilichao, en Cauca, y tres días antes Mario Chilhueso, Teodomiro Sotelo y Andrés Cacimanca, lo que indica que continúan los crímenes contra indígenas, líderes sociales y agricultores, se indicó.

La pandemia, “así como las restricciones impuestas por el gobierno y por las propias comunidades para evitar la propagación del virus parecen haber agravado una situación ya violenta y volátil”, dijo Rupert Colville, portavoz de la oficina que dirige la expresidenta chilena Michelle Bachelet, con sede en Ginebra.

Además de informes sobre “lo que parecen ser asesinatos selectivos de defensores de derechos humanos y líderes sociales”, la oficina recibe reportes diarios de amenazas de muerte y hostigamiento contra la población local, incluidos los agricultores, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, dijo el portavoz.

En algunas zonas se han intensificado los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados y criminales que luchan por controlar las economías ilícitas, incluso en los territorios indígenas, destacó el reporte.

Los civiles quedan atrapados en esos enfrentamientos y la oficina dio cuenta de que recientemente un niño indígena murió en Toribio y comunidades enteras debieron desplazarse en las zonas rurales de Argelia y El Tambo, todas en Cauca.

También la oenegé de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció desde Washington que “en varias zonas de Colombia los grupos armados aún ejercen un control draconiano sobre la población, y algunos amenazan con sanciones brutales para hacer cumplir medidas contra la propagación del coronavirus”.

Alegó que la guerrilla Ejército de Liberación Nacional difundió en el norteño departamento de Bolívar un panfleto “en el que anunciaban que se sentían forzados a dar bajas humanas con fines de preservar vidas, debido a que según ellos la población no ha acatado las órdenes de prevención en contra de la covid-19”.

También en la población de Tumaco, en el suroccidental departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, una disidencia de las pacificadas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) impone a su gusto un toque de queda para forzar a la población a observar una cuarentena social frente a la pandemia, dijo HRW.

La oficina de derechos humanos de la ONU indicó que también le preocupan los ataques contra ex combatientes de las FARC, pues según la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, 36 de esos ex guerrilleros fueron asesinados solo en Cauca desde que se firmó el acuerdo de paz en noviembre de 2016.

Según el colombiano Instituto de Estudios del Desarrollo y la Paz, desde que se inició la cuarentena el 25 de marzo fueron asesinados 15 líderes sociales en el país, totalizando 82 en lo que va de año, y se suman a los 800 fallecidos entre 2016 y 2019.

Colville llamó “a todos los involucrados en esta violencia para detener los combates, en línea con el llamado del secretario general de las Naciones Unidas a un alto el fuego global, para que las medidas destinadas a prevenir la propagación de la covid-19 puedan implementarse adecuadamente”.

En particular “hacemos un llamamiento al gobierno para que haga investigaciones exhaustivas, rápidas, independientes e imparciales sobre todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos. Todas las víctimas y sus familias tienen derecho a la justicia, a la verdad y a reparaciones”, concluyó Colville.

A-E/HM

 


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