ONU denuncia escalada de violencia en cárceles de América Latina
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ONU denuncia escalada de violencia en cárceles de América Latina

Incidentes “extremadamente violentos”, con decenas de reclusos fallecidos, se registraron desde marzo en cárceles de varios países de América Latina y la situación puede agravarse al avanzar la pandemia covid-19, expuso este martes 5 la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El gobierno de El Salvador divulgó en redes sociales imágenes de una requisa a presos en una cárcel, para mostrar el rigor que aplica a los pandilleros detenidos. La ONU considera que puede tratarse de tratos crueles que además arriesgan una propagación del nuevo coronavirus. Foto: Presidencia El Salvador

GINEBRA, 5 may 2020 (IPS) - Incidentes “extremadamente violentos”, con decenas de reclusos fallecidos, se registraron desde marzo en cárceles de varios países de América Latina y la situación puede agravarse al avanzar la pandemia covid-19, expuso este martes 5 la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El más reciente “sucedió el 1 de mayo, en la penitenciaría de Los Llanos en Venezuela, donde, según los informes, una revuelta de prisioneros causó la pérdida de la vida de 47 reclusos”, dijo el portavoz de la oficina, Rupert Colville, en su sede en Ginebra.

Cuatro días antes, el 27 de abril, una revuelta estalló en la prisión Miguel Castro Castro en Perú, dejando nueve reclusos muertos, y el 21 de marzo 23 internos murieron después de que las fuerzas de seguridad reprimieron disturbios en la prisión La Modelo de Colombia.

Otros incidentes, incluidos intentos de fuga, se registraron en centros de detención de Argentina, Brasil, Colombia, México y también en Estados Unidos, dijo el portavoz.

Agregó que “problemas estructurales preexistentes, como el hacinamiento crónico y las condiciones antihigiénicas, junto con la falta de acceso adecuado a la atención médica, han permitido la rápida propagación de covid-19 en muchas instalaciones”.

En varios países, “el creciente temor al contagio y la falta de servicios básicos, como la provisión regular de alimentos debido a la prohibición de las visitas familiares, han desencadenado protestas y disturbios”.

La escala y gravedad de los incidentes “parecen indicar que, en algunos casos, los Estados no han tomado las medidas apropiadas para prevenir la violencia en los centros de detención, y que los agentes estatales pueden haber cometido violaciones del uso de la fuerza para intentar recuperar el control de estos centros”.

El uso de la fuerza debe cumplir preceptos de legalidad y proporcionalidad, y “los Estados tienen el deber de proteger la salud y el bienestar físico y mental de los presos, según lo establecido en las reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de los reclusos” conocidas como Reglas Mandela.

Agregó Colville que en El Salvador “recientemente se impusieron medidas de seguridad extremadamente severas en las cárceles, lo que podría equivaler a un trato cruel, inhumano o degradante, y exacerbar condiciones de higiene ya precarias”.

La oenegé humanitaria Human Rights Watch (HRW) denunció el 29 de abril que el presidente salvadoreño Nayib Bukele “ordenó el encierro en celdas hacinadas, insalubres y sin luz a miembros de pandillas que se encuentran detenidos”.

También, que Bukele “autorizó el uso de la fuerza letal por las fuerzas de seguridad para defensa propia o de la vida de los salvadoreños, sin mencionar que, según el derecho del país e internacional, ésta constituye una medida de último recurso”.

Bukele, según la denuncia de HRW, declaró emergencia máxima en los penales, ordenó “encierro absoluto” de los pandilleros detenidos y colocó a presos de pandillas rivales a compartir las mismas celdas, “lo que agrava el riesgo de violencia y motines”.

La presidencia de El Salvador además divulgó en las redes sociales imágenes de presos amontonados en el suelo, semidesnudos y sin guardar distancia u otras medidas preventivas ante el coronavirus, mientras la policía requisaba sus celdas.

La oficina de la alta comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, pidió  que los Estados investiguen los hechos de violencia de manera rápida, imparcial y exhaustiva.

También pidió evitar una mayor propagación del virus, garantizando condiciones sanitarias, acceso a pruebas y atención médica para los reclusos, así como pruebas y equipos de protección personal para el personal de custodia de las prisiones.

En el contexto de la pandemia “es urgente reducir el uso de la detención preventiva, una medida que siempre debe ser excepcional”, dijo la oficina, al tiempo que saludó las excarcelaciones hechas por algunos Estados de las personas detenidas que por razones de salud, embarazo o discapacidad son más vulnerables a la covid-19. 

A-E/HM

 

 


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