Víctimas de violencia sexual en conflicto armado de Perú siguen sin justicia
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Víctimas de violencia sexual en conflicto armado de Perú siguen sin justicia

Una manifestación artística por las calles de Lima, en demanda de justicia para las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado en Perú. Ha sido una de las muchas movilizaciones promovidas por Demus, una organización feminista que apoya jurídica y sicológicamente a mujeres campesinas e indígenas que fueron violadas sistemáticamente por militares en las localidades de Manta y Vilca, en una remota zona altoandina. Foto: Mariela Jara/IPS

Una manifestación artística por las calles de Lima, en demanda de justicia para las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado en Perú. Ha sido una de las muchas movilizaciones promovidas por Demus, una organización feminista que apoya jurídica y sicológicamente a mujeres campesinas e indígenas que fueron violadas sistemáticamente por militares en las localidades de Manta y Vilca, en una remota zona altoandina. Foto: Mariela Jara/IPS

LIMA, 1 jun 2020 (IPS) - Eran adolescentes cuando fueron víctimas de reiterada violencia sexual en dos remotos poblados de las altiplanicies andinas, durante el conflicto armado interno que vivió Perú entre 1980 y 2000. Más de tres décadas después, siguen a la espera de justicia y sobreviven con hondas secuelas en su salud mental.

“La impunidad de la violación sexual no solo naturaliza la tolerancia a la violencia contra las mujeres, sino que en este caso añade más frustración y ansiedad a las víctimas”, sostuvo Adriana Fernández, sicóloga del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), la institución que les acompaña en lo jurídico y lo sicológico.

Fernández se refiere a MAB, MAE y TAB, las iniciales de tres campesinas originarias de las localidades rurales de Manta, situada a 3727 metros sobre el nivel del mar, y Vilca, a 3275,  en la región centro andina de Huancavelica, una de las más pobres del país y con mayor población quechua.

“Lo que nos ha ocurrido a nosotras parece que ya es pasado, que no les importa; porque somos campesinas quechuablantes no nos hacen caso. Esas personas, los militares, nos han hecho daño. Nosotras éramos indefensas. Yo quiero que ellos reconozcan su delito y digan que nunca más van a volver a hacer”: MAB.

En estas dos zonas se instalaron en 1984 bases militares contrasubversivas donde se cometieron graves violaciones de derechos humanos, según lo documentó exhaustivamente la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVR), que operó en el país entre 2001 y 2003.

Entre la población civil afectada estuvieron niñas y adolescentes violentadas sexualmente en forma sistemática por efectivos militares, hecho sobre el que algunas hablaron por primera vez 20 años después ante la CVR, creada tras la caída del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), quien ahora cumple condena por corrupción y violación a los derechos humanos.

“Ellas siguen esperando una justicia y reparación integral que no llega. Se encuentran en un permanente estado de ansiedad e incertidumbre que les impide reorganizar sus proyectos de vida, están encadenadas a lo que experimentaron cuando eran menores de edad”, explicó Fernández a IPS, al graficar el daño en su salud mental.

MAB, MAE y TAB son parte de las mujeres que sufrieron la violencia sexual perpetrada por el Estado en su estrategia contra los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

Casi 7000 casos de violencia sexual, la mayoría violaciones, contra mujeres fueron registrados oficialmente. La CVR consideró que estas agresiones contra las mujeres eran crímenes de lesa humanidad, por su forma y sistematización, lo que da cuenta  del impacto de género del conflicto armado interno peruano.

Este conflicto que afectó de modo distinto a mujeres y hombres, es considerado en el informe final de la CVR como el episodio de mayor violencia en el Perú republicano, causante de 69 280 decesos.

Huancavelica es una de las cinco regiones donde se concentró el gran porcentaje de muertes y desapariciones, en que la mayoría de las víctimas civiles eran de población campesina y quechuahablante o, en menor medida, de otra lengua originaria, mientras que los agresores fueron casi todos militares y policías.

Clamor que persiste

Aunque los hechos traumáticos ocurrieron a mitad de la década de los 80, el tiempo transcurrido no ha extinguido el clamor por justicia de estas tres mujeres, que con otras seis víctimas son las demandantes en el caso Manta y Vilca.

Por el contrario, es un anhelo que de concretarse contribuiría a sus procesos de sanación. A través de la sicóloga de Demus, las tres víctimas que asiste expresaron su dolor por la indolencia del Estado y sus demandas de no impunidad, en un texto al que tuvo acceso especial IPS.

Una de las 25 audiencias de 2019 del segundo juicio oral sobre el caso Manta y Vilca, realizada el 25 de octubre de ese año en una Sala de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios. De espaldas, la fiscal María Eugenia Carrasco (I) y la abogada de Demus, Cynthia Silva. Más a la derecha, un militar imputado y su abogado. Foto: Mariela Jara/IPS

Una de las 25 audiencias de 2019 del segundo juicio oral sobre el caso Manta y Vilca, realizada el 25 de octubre de ese año en una Sala de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios. De espaldas, la fiscal María Eugenia Carrasco (I) y la abogada de Demus, Cynthia Silva. Más a la derecha, un militar imputado y su abogado. Foto: Mariela Jara/IPS

“Lo que nos ha ocurrido a nosotras parece que ya es pasado, que no les importa; porque somos campesinas quechuablantes no nos hacen caso. Esas personas, los militares, nos han hecho daño. Nosotras éramos indefensas. Yo quiero que ellos reconozcan su delito y digan que nunca más van a volver a hacer”, manifiesta MAB.

Ellas no solo vivieron la violación cuando tenían entre 13 y 16 años, también tuvieron embarazos no deseados producto del vejamen en dos de los casos, debiendo asumir una maternidad forzada, fruto de una agresión sistemática.

Además, su condición de víctimas no fue reconocida en sus propios entornos y por el contrario recibieron el rechazo social, provocando en ellas vergüenza y temor.

Justicia real y simbólica

Mariel Távara, acompañó durante unos años el proceso de MAB, MAE y TAB como parte del equipo sicojurídico de Demus. Ella destacó a IPS la importancia de que las políticas de salud mental comunitaria atiendan las secuelas del conflicto armado interno y que el caso de Manta y Vilca contribuya a revisar las causas de la violencia.

“Hay un sentido común que sostiene la violencia sexual y es que sometiendo a las mujeres se podía someter a la comunidad; es una idea patriarcal y machista que hoy debemos seguir enfrentando porque con guerra o sin guerra el patriarcado genera condiciones para la violencia contra las mujeres”, indicó.

También manifestó que una sentencia justa ayudaría a las víctimas, a la comunidad y a la sociedad. La sanción a los culpables, dijo, es reconocer que el Estado les hizo daño y que ellas todo este tiempo han estado diciendo la verdad.

“Una sentencia que rompa con la impunidad será poderosa: será justicia real para ellas y simbólica para mujeres como yo, para mi sobrina, para todas las mujeres y la sociedad”, concluyó.

Solo una permaneció en su comunidad, mientras las otras dos viven en poblaciones cercanas a Lima, tienen parejas y lograron recomponer su relación con los hijos fruto de la violación, que al darse en un contexto de pobreza, militarización y discriminación como mujeres y quechuas, las obligó a convivir con heridas que la falta de reparación y justicia mantiene abiertas.

Una de ellas pasó 20 años teniendo que dejar la luz o el televisor prendidos cada noche, por el miedo que la inundaba y que no la dejaba apenas dormir, en uno de los ejemplos cotidianos de las secuelas con que sobreviven.

Un juicio que no acaba

Fue la propia CVR la que abrió el proceso de Manta y Velica al confirmar un patrón de violación sistemática y considerar el caso un ejemplo de los crímenes de género protagonizados por las fuerzas del Estado durante el conflicto.

En 2003 comenzó la investigación de la fiscalía (acusación pública) en Huancavelica y solo después de muchas luchas de Demus y otras organizaciones de derechos humanos se logró en 2016 llevar por primera vez a juicio oral a 13 exmilitares por delitos de violencia sexual durante el conflicto.´

El proceso, considerado emblemático por su significado de reparación y justicia, acoge a nueve mujeres. Las otras seis son defendidas por el también no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL).

Uno de los muchos problemas para abrirse el juicio oral fue que las víctimas solo conocían a los entonces soldados por sus apodos y el Ministerio de Defensa se resistió durante años a dar a la fiscalía la identidad de quienes integraban las bases militares en aquellas localidades.

Pero diversas irregularidades en el proceso, en perjuicio de las víctimas, determinaron la anulación de ese primer juicio oral y el inicio de uno nuevo en marzo de 2019, ambos en la Primera Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado, con sede en Lima.

Estas salas especializadas de la Corte Superior de Justicia procesan en Perú demandas penales contra operadores públicos por casos criminales o de corrupción.

“Ellas han sido maltratadas permanentemente en el proceso judicial, pese a ello son conscientes de que su testimonio es potente y están dispuestas a testificar públicamente, lo que habla de su fortaleza y sororidad con otras mujeres porque desean justicia para que no se repita lo que ellas vivieron”, reveló Fernández.

El 13 de marzo estaba programada una nueva audiencia, sin embargo no se concretó debido a las medidas impuestas por el gobierno para contener la propagación de la covid-19, que incluyeron el confinamiento y la parálisis de actividades consideradas no esenciales, entre ellas las del Poder Judicial.

Mientras tanto el tiempo transcurre aumentando la angustia de las víctimas.

“No quiero morir sin tener justicia. Le pido al presidente del poder judicial que se apresuren en el juicio y que crea en nosotras porque estamos diciendo la verdad”, exige MAE, en su declaración  a través de la sicóloga Fernández.

El apremio es cada vez mayor.

“Ya estamos viejas y enfermas, queremos que ya termine. Queremos que nos reconozcan que desde niñas indefensas hemos sufrido ante personas que eran de las fuerzas armadas. Por el atropello que hemos tenido no hemos podido hacer bien nuestras vidas”, reclama TAB.

Fernández explica que existen en ellas una afectación psicológica palpable, una ansiedad permanente, y que necesitan del estado la reparación de creer en lo que dicen. Esta impunidad, subraya, las mantiene en un limbo, como estar atrapadas en un proceso judicial que no acaba y les impide cerrar y hacer un propósito de vida.

 

Ed: EG

 


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