Los 18 ambientalistas asesinados en México en 2019
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Los 18 ambientalistas asesinados en México en 2019

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Una de las manifestaciones por derechos ambientales que se repiten en México. En 2019 murieron en el país por defender esos derechos al menos 18 activistas. Foto: Pie de Pagina

Una de las manifestaciones por derechos ambientales que se repiten en México. En 2019 murieron en el país por defender esos derechos al menos 18 activistas. Foto: Pie de Pagina

MÉXICO, 6 ago 2020 (IPS) - Las cifras son dolorosamente claras: en México defender el medio ambiente es una actividad de alto riesgo, especialmente para los activistas indígenas. La organización Global Witness acaba de publicar su nuevo informe sobre asesinatos de defensores ambientales, y en su conteo registra a dieciocho activistas mexicanos asesinados en 2019. Más de la mitad de los defensores muertos pertenecían a algún pueblo originario.

La mitad del total se concentró en el sur del país (en Chiapas, Oaxaca y Tabasco). Si la cifra parece escandalosa, sépase que la cosa es peor aún: esto es necesariamente un muestreo, porque en un país con los niveles de violencia de México es imposible llevar una cuenta real de muertos y tener claro por qué murieron.

Seguramente, esas dieciocho personas que murieron en 2019 defendiendo a la Tierra son apenas la punta del iceberg.

El autor, Eugenio Fernández Vázquez

El autor, Eugenio Fernández Vázquez

En algunos de los casos está muy claro el móvil del crimen. La mitad de ellos dieron la vida defendiendo el territorio de sus pueblos, comunidades y ciudades frente a mineras, megaproyectos y otras amenazas.

Algunos otros, sin embargo, ilustran la intersección de los distintos retos ambientales, y cómo la defensa de la biodiversidad toca intereses de muy distintos sectores. Es el caso, por ejemplo, de José Luis Álvarez Flores, “el tío Guato”, que murió en Tabasco en junio de 2019.

El tío Guato se dedicaba a la defensa de los monos saraguatos, los aulladores de la selva. Según reportes de prensa, la amenaza más seria contra su vida se dio tras sus protestas por la desaparición de uno de los cauces que alimentan el río Usumacinta, supuestamente a manos de un grupo que extrae arena en la región.

El asesinato ocurrió poco después de que Álvarez Flores alzara la voz, y el móvil es difícil de clasificar: ¿fue por su oposición a la minería, por la defensa del agua, por proteger a los saraguatos? La defensa del medio ambiente toca todas esas aristas, y provoca a todos esos enemigos.

La lista hace también cada vez más evidentes los vínculos de las ciudades y de la creciente urbanización e industrialización del país con los crímenes ambientales y con la violencia en contra de los defensores.

Uno de los ambientalistas muertos el año pasado, por ejemplo, era un activista en favor del reciclaje, Paul Vizcarra, que también defendía los derechos de las familias de pepenadores de Cuernavaca, Morelos. Su lucha era por un mejor manejo de los desechos que se producen en cada vez mayor cantidad, en esas cada vez mayores urbes mexicanas.

También en Morelos dio la vida Samir Flores, que se oponía a la termoeléctrica de Huexca, que se construye ahora en su estado -y que se aprobó, tal cual, sobre su cadáver-, y que deberá dotar de energía a las nuevas industrias del oriente de Morelos y del occidente de Puebla.

Sin esa instalación eléctrica, la imposición en la región y el auge de ese modelo de desarrollo que da la espalda al campo y sonríe a la maquinaría sería casi imposible.

La pregunta sigue siendo cuántos activistas tienen que dar la vida antes de que el país todo -gobierno y sociedad, ambos- se tomen en serio el drama que se vive en las regiones de México que todavía no han sido depredadas, en las que las selvas y bosques siguen floreciendo, pero no tienen más defensor que las comunidades locales.

Lo terrible del caso es que parece que pasará mucho tiempo y que mucha más gente tendrá que dar la vida, sin ninguna garantía de éxito.

Es urgente no solamente reconstruir las instituciones de aplicación de justicia común, como la Fiscalía General de la República o las fiscalías estadales. Mientras no se fortalezca también, por ejemplo, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la defensa de los recursos naturales recaerá solamente en la sociedad, y los defensores seguirán expuestos de flanco a flanco ante los criminales.

Y no, no toca “a una sociedad vigilante” impedir los ecocidios de actores públicos y privados, como ha dicho el secretario Toledo. Le toca a las autoridades hacer valer la ley y defender a los luchadores sociales.

Este artículo fue publicado originalmente por Pie de Página.

RV: EG

 


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