Mayor y más larga protesta de agricultores, ¿un punto de quiebre en India?

Los agricultores de manzanas de Cachemira empaquetan sus cosechas para enviarlas a un mandi, mercado mayoristas regulado. Según la política, las transacciones al por mayor entre agricultores y comerciantes deben realizarse en un mandi, que se han convertido en centros de corrupción generalizada donde un pequeño grupo de agentes monopoliza las transacciones. Foto: Stella Paul/ IPS
Los agricultores de manzanas de Cachemira empaquetan sus cosechas para enviarlas a un mandi, mercado mayoristas regulado. Según la política, las transacciones al por mayor entre agricultores y comerciantes deben realizarse en un mandi, que se han convertido en centros de corrupción generalizada donde un pequeño grupo de agentes monopoliza las transacciones. Foto: Stella Paul/ IPS

“Esta carretera es mi casa ahora y decidirá mi futuro”, dice Sukhvinder Singh, un agricultor de 27 años del distrito de Moga, en el estado de Punjab, quien forma parte de los cientos de miles de productores que desde noviembre se concentran en Singhu, una localidad de la periferia de Nueva Delhi, para exigir la derogación de las tres nuevas leyes agrícolas.

Desde que llegó al lugar vive en una tienda de campaña que comparte con otros cinco compañeros agricultores manifestantes. La voz de Singh engaña al frio de la noche cantando con voz cálida y fuerte. “Es como pasar otra noche en el campo, cuidando mis cultivos de trigo”, dice a IPS desde el campamento.

Actualmente se estima que hay 300 000 agricultores manifestándose en Singhu, que se ha convertido en una ciudad de tiendas de campaña contra la política agrícola promercado del primer ministro Narendra Modi, quien a juicio de los manifestantes apoya a las grandes corporaciones.

Aunque movilizados por 32 grupos diferentes, los agricultores están unificados en su demanda: una derogación total de las tres polémicas leyes, aprobadas por el parlamento en septiembre:

  • la Ley de Comercio de Productos Agrícolas y Comercio (Promoción y Facilitación),
  • el Acuerdo de Agricultores (Empoderamiento y Protección) sobre Garantía de Precio y Ley de Servicios Agrícolas, y
  • la Ley de Commodities (productos transables) Esenciales (Enmienda).

Protestas de agricultores: Arrebato de años de ira

La protesta de los agricultores en las afueras de Nueva Delhi comenzó el 26 de noviembre y es un movimiento cuya irrupción se ha estado gestando durante años.

Según los expertos en alimentos y fincas productivas, los precios inciertos y erráticos, la falta de acceso al mercado, los bajos rendimientos, las pérdidas recurrentes y la carga de la deuda han sido parte de la vida de un agricultor promedio en todo el país durante mucho tiempo, incluido el estado de Punjab, en el norte de India.

Mientras que una parte de los expertos piensa que el Estado debe aceptar la responsabilidad por el bienestar de los agricultores y compensarlos por sus pérdidas, la otra parte cree que el gobierno debería simplemente adoptar y promover una política de libre mercado con intervenciones y regulaciones mínimas sobre el mercado agrícola.

Las intervenciones del gobierno han incluido, hasta ahora, Precios Mínimos de Apoyo (MSP, en inglés), un sistema en el que los 28 estados indios anunciaron MSP para 22 cultivos antes de sus temporadas de siembra.

Esto también incluyó la adquisición de granos y legumbres de los agricultores por parte del gobierno para ejecutar su distribución subsidiada de alimentos a los pobres (sistema PDS), la regulación del comercio mayorista con los agricultores, el control de las existencias con los comerciantes y el control de las exportaciones e importaciones.

Sin embargo, las nuevas políticas agrícolas se han alineado con los defensores de la política de libre mercado y han adoptado exactamente lo contrario de lo que quieren los agricultores: aplicación estricta de los MSP y una mayor intervención del gobierno en las compras y el comercio mayorista.

“Los agricultores indios han estado protestando durante años, pero el país no se dio cuenta” cuenta a IPS la activista y experta en producción agrícola Kavitha Kuruganti, de la Alianza para la Agricultura Sostenible y Holística, una red nacional de organizaciones que trabajan por la alimentación y los agricultores.

Por ejemplo, explica, “en los últimos años, hemos visto a los productores de leche vertiendo cubos de leche en las calles y los productores de verduras aplastando sus productos frescos con excavadoras, todo en una forma de protestar por los precios volátiles y erráticos que los obligaron a sufrir enormes pérdidas».

“Pero cada vez la protesta terminaba con una promesa verbal del gobierno o con un papel que decía que se examinarían sus quejas”, señala Kuruganti.

Lo que quieren los agricultores frente a lo que se les ofrece

En India, desde 2003 la compra al por mayor de productos agrícolas a los agricultores está regulada por la Ley del Comité de Comercialización de Productos Agrícolas (APMC, en inglés).

Según esta norma, las transacciones al por mayor entre agricultores y comerciantes deben realizarse en un mandi, una especie de regulado mercado mayorista. Los productos bajo el escrutinio público brindaban un nivel de protección contra el engaño en cuanto a pesos, medidas y precios. Hay cientos de mandis de este tipo en todo el país, que están gobernados por un organismo con una autoridad electa, establecida por la APMC.

Sin embargo, con el tiempo, estos basamentos del mercado se han convertido en centros de corrupción generalizada donde un pequeño grupo de agentes de ventas ha tomado el control e influido en los funcionarios de la APMC con su poder económico y vínculos con los principales partidos políticos.

Incapaces de hacer frente a estos fijadores de precios, los agricultores no han tenido otra opción que seguirles el juego y soportar las pérdidas.

El gobierno reconoce la cartelización y, como solución, está permitiendo canales alternativos, como los mercados de gestión privada, que pueden competir con los mandis regulados de la APMC por los productos agrícolas.

Además, los agricultores podrán vender directamente a los consumidores. Los grandes compradores, como las empresas dedicadas al procesamiento de alimentos, la venta minorista a gran escala o las exportaciones, también pueden pasar por alto los mercados mayoristas y comprar directamente a los agricultores.

Estas ideas fueron recomendadas por primera vez por la Comisión Swaminathan, un comité de expertos encargado por el gobierno en 2004 para encontrar soluciones a los problemas que enfrentan los agricultores.

Sin embargo, la Comisión Swaminathan también recomendó MSP más altos y regulaciones de protección para los agricultores mientras realizaban agricultura por contrato para grandes comerciantes privados.

Pero las nuevas leyes no incluyen ninguna de estas recomendaciones.

Los agricultores ahora temen que, dado que los MSP ya no son obligatorios, se verán obligados a aceptar cualquier precio que ofrezcan las grandes empresas.

Los productores agrícolas también argumentan que ni siquiera pueden transportar sus productos al mercado más cercano sin incurrir en pérdidas. Y se preguntan cómo pueden llegar y vender en mercados lejanos.

Sandhya Mohite, una pequeña cultivadora de algodón en la región de Yavatmal, en el estado de Maharashtra. El algodón es uno de los cultivos en los que ha funcionado el sistema de Precios Mínimos de Apoyo, pero ahora, según las nuevas leyes agrícolas del país, ya no se garantizará a los agricultores un precio mínimo en los productos, lo que ha llevado a algunos en ese estado al suicidio. Foto: Stella Paul /IPS
Sandhya Mohite, una pequeña cultivadora de algodón en la región de Yavatmal, en el estado de Maharashtra. El algodón es uno de los cultivos en los que ha funcionado el sistema de Precios Mínimos de Apoyo, pero ahora, según las nuevas leyes agrícolas del país, ya no se garantizará a los agricultores un precio mínimo en los productos, lo que ha llevado a algunos en ese estado al suicidio. Foto: Stella Paul /IPS

El susto ante el gran jugador

En diciembre de 2020, dentro de las acciones de la protesta que fue alcanzando paulatina fuerza, los agricultores de Punjab derribaron cientos de torres móviles pertenecientes a Reliance Jio Infocomm, la red de telefonía celular más grande de India.

Los manifestantes atacaron la red después de que se rumoró que grandes corporaciones como Reliance Industries, junto con el grupo Adani, entrarían en el negocio de la agricultura comercial, lo que podría sacar a los agricultores independientes de sus medios de vida.

Después de que más de 1500 torres de telecomunicaciones de Jio fueran dañadas, la empresa finalmente se acercó a un tribunal para demandar los ataques y también aclaró en un comunicado que no tenía planes comerciales agrícolas. Pero el miedo persiste.

Harmandeep Singh, un agricultor de Tarn Tarn, también de Punjab, dijo a IPS: “Hoy dicen que no hay planes. Pero mañana puede cambiar. Estas empresas son tan ricas que pueden comprar cualquier cantidad de terreno y sacarnos del negocio. ¿Quién los detendrá?

Sin embargo, el ingreso de las grandes corporaciones en la agricultura ocurrió mucho antes de que llegara al poder un gobierno Modi, que se considera especialmente favorable a las corporaciones, dijo a IPS Subramaniam Kannaiyan, secretario general del Comité de Coordinación de Movimientos Agrícolas del Sur de la India (SICCFM).

“En 2011, el entonces gobierno del partido de Congreso había permitido el 100 por ciento de inversión extranjera en varios sectores de la agricultura, por lo que las corporaciones ya llevan mucho tiempo ahí”, recordó.

De hecho, acotó, “desde que nos unimos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), la apertura de los mercados se ha vuelto inevitable.

Pero, subrayó, “debe haber un equilibrio y formas de apoyar y proteger a los pequeños agricultores locales y, para eso, la APMC debe desempeñar un papel más importante, no ser eliminado”, dijo Kannaiyan, quien también es miembro del movimiento mundial de pequeños agricultores, La Vía Campesina.

Rechazo a terceros

El 12 de enero, la Corte Suprema de India formó un comité de cuatro integrantes para abrir un diálogo entre el gobierno y los agricultores a fin de resolver las protestas por las leyes agrícolas. Pero los agricultores se apresuraron a rechazar el comité y se negaron a formar parte de él por considerarlo una iniciativa, para comenzar, innecesaria.

“Cuando ya hay un diálogo en curso entre el gobierno y los agricultores que protestan, no hay absolutamente ninguna necesidad de que la Corte Suprema asuma un papel mediador dado que ni el gobierno ni los líderes sindicales se han acercado a la Corte Suprema y le han dicho ‘por favor resuelva esto’ para que esa instancia decida intervenir”, dijo Kuruganti, de la Alianza de Agricultura Sostenible.

Hasta ahora, ha habido 11 rondas de diálogos que se centran no solo en cuestiones “tecno-legales”, sino también en direcciones e implicaciones políticas, «áreas en las que la Corte Suprema no tiene ningún papel que desempeñar», dijo Kuruganti, explicando por qué los agricultores no ven ningún mérito en unirse a ese comité de la Corte.

La activista y experta integra la delegación de 41 miembros de los agricultores que dialoga con el gobierno para promover una salida a la crisis.

“El problema actual es que, excepto en Punjab y Haryana, no existe un gran sindicato de agricultores en ningún otro lugar de este país”, sostuvo Kannaiyan de SICCFM.

“Es por eso que un movimiento de esta magnitud solo puede ser liderado por agricultores de esos estados. Pero los apoyamos firmemente en solidaridad”, indicó.

Cada vez más decididos

A fines de enero, los manifestantes mostraron su fuerza con una concentración de tractores  de 100 kilómetros de largo.

El gobierno trató de prevenir la manifestación obteniendo una orden judicial en contra de la movilización y algunos estados también prohibieron la venta de combustible a los tractores, pero esto no logró disuadir a los agricultores que estaban decididos a realizar ese “mitin de tractores” como muestra de fuerza.

Muchos de esos conductores de tractore prometieron regresar a sus hogares solo después de que se hayan derogado las tres leyes agrícolas.

En otra movilización  surgida desde el campamento, el 28 de enero miles de agricultores marcharon hacia el histórico Fuerte Rojo de Nueva Delhi.

Hubo enfrentamientos entre la policía y un pequeño número de manifestantes, pero en su mayoría la protesta fue pacífica, aunque finalmente la policía dispersó a la multitud con gases lacrimógenos y un manifestante murió después de que un tractor volcara y cayera sobre él.

“El gobierno está tratando de mostrar al mundo que ha hecho un gran trabajo construyendo armas. Ahora queremos decirle al mundo que un país no se hace grande fabricando armas sino respetando a sus agricultores y restaurando su línea de vida económica, la agricultura que no está teniendo lugar en este momento”, dijo a IPS la agricultora Mandeep Kaur, que explota un pequeño terreno en Ludhiana, en Punjab.

Ella ha viajado varias veces a Singhu durante los últimos dos meses para participar en la protesta nacional.

El 22 de enero, después de la undécima ronda de discusiones, el gobierno ofreció retrasar la implementación de las leyes agrícolas de 12 a 18 meses, lo que les da a los agricultores tiempo adicional para prepararse para el futuro.

Sin embargo, como los agricultores se negaron a conformarse con algo menos que una derogación total de la legislación, el gobierno se negó a anunciar fechas para seguir las conversaciones.

A raíz del impasse, algunos agricultores demandan gobierno que no lo convierta la crisis en “una muestra de ego”, mientras la movilización y la protesta se mantienen.

“Aceptar las demandas de los agricultores y derogar las leyes agrícolas no debe verse como una victoria de los agricultores o la pérdida del gobierno; debería verse como una victoria de la democracia”, sentenció Kuruganthi.

Muchos agricultores que no se han sumado a la protesta, apoyan a los manifestantes con diferentes medidas, como sucede en los estados Maharashtra, Madhya Pradesh, Assam, Kerala y Telangana.

Kuruganthi aseguró a IPS que “el movimiento de protesta continuará pacíficamente”, pese a medidas contra los manifestantes, como la supensión de internet en Singhu y otras localidades cercanas durante el último fin de semana de enero, bajo la explicación oficial de «prevenir disturbios».

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