Polémico tratamiento para ‘revertir’ abortos tiene entusiastas en América Latina
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Polémico tratamiento para ‘revertir’ abortos tiene entusiastas en América Latina

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Ilustración: Inge Snip

Ilustración: Inge Snip

MONTEVIDEO, 25 mar 2021 (IPS) - “Yo nunca hice esto, pero sé que funciona”, dijo una activista antiaborto uruguaya al ofrecer a la reportera encubierta de openDemocracy un ‘tratamiento’ que se difunde como capaz de ‘revertir’ abortos farmacológicos.

Nuestra reportera se puso en contacto con el servicio de asistencia telefónica de 24 horas de ‘reversión de la píldora abortiva’ (APR o abortion pill reversal, en inglés), que opera desde Estados Unidos el grupo cristiano ultraconservador Heartbeat International. Esa hotline la conectó con la activista en Uruguay.

En un lapso de dos días, la reportera terminó vinculada con una segunda activista y con una médica que la urgieron a seguir este ‘tratamiento’ – no reconocido ni aprobado por ninguna autoridad médica uruguaya.

La APR consiste en administrar grandes dosis de la hormona progesterona a una mujer que tomó la primera de las dos píldoras (mifepristona) que se emplean para un aborto farmacológico. “Yo te la puedo llevar ahora adonde me digas”, le dijo una de estas mujeres.

La progesterona no es peligrosa en sí misma. Pero especialistas de salud han advertido contra su uso con estos fines, pues consideran que la APR es una práctica “no comprobada” y “peligrosa para la salud de las mujeres”. Un experimento que se realizaba en 2019 en Estados Unidos terminó de forma abrupta cuando algunas participantes fueron hospitalizadas con hemorragias intensas.

También dudan de su eficacia pues, explican, buena parte de los abortos médicos no se llevan a cabo si no se toma la segunda píldora abortiva (misoprostol).

Sin embargo, algunos estados de Estados Unidos con gobiernos conservadores (Arkansas, Idaho, Kentucky, Nebraska, North Dakota, Oklahoma y Tennessee) exigen por ley al personal médico informar a las mujeres que existe la ‘reversión de la píldora abortiva’ – y una nueva investigación de openDemocracy revela cómo esto se está propagando por el mundo.

México y Uruguay

Reporteras encubiertas que llamaron a la hotline de Heartbeat International fueron conectadas con médicos, médicas y activistas locales dispuestas a suministrar este ‘tratamiento’ en cuatro continentes, incluyendo América Latina, donde el acceso al aborto ha sido largamente restringido.

Defensoras de los derechos de las mujeres en Uruguay y México dijeron a openDemocracy que no habían oído hablar de la ‘reversión de la píldora abortiva’, que tampoco ha sido reportada por medios locales. Sin embargo, nuestra investigación revela que Heartbeat tiene vínculos con personal de la medicina en ambos países.

En México (donde el aborto está regulado por los estados), nuestra periodista encubierta fue derivada a un médico que le envió por correo electrónico una receta de progesterona escrita a mano. “Tómalo ahorita, lo más pronto que lo consigas”, le recomendó.

En la receta figuran el número de licencia médica y la dirección del médico en Ciudad de México, donde el aborto es legal en las primeras 12 semanas de embarazo. El doctor ofreció asimismo ayuda si nuestra reportera no tenía dinero para comprar el fármaco.

Uruguay es una de las pocas excepciones en la región en materia de aborto: este es legal hasta la semana 12 y hasta la 14 en caso de violación. Los abortos médicos, que consisten en la toma de dos medicamentos en unos pocos días, están indicados en plazos similares.

Nuestra reportera, que se hizo pasar por una mujer joven, sin pareja y desempleada con un embarazo de 10 semanas, se puso en contacto con la red de APR de Heartbeat a través de su chat en línea.

Le pidieron que firmara un formulario de consentimiento en el que accedía a declarar que entendía que este ‘tratamiento’ era “un uso no indicado de la progesterona” y liberaba a Heartbeat de “cualquier reclamo, sin importar su tipo y naturaleza”. También añadía que ella debía buscar asistencia médica de emergencia si presentaba dolores, fiebre o sangrado intenso.

Luego, una activista antiaborto de Uruguay la llamó por teléfono y le dijo: “Lo que vas a hacer ahora es tomar progesterona cuanto antes. La comprás en la farmacia, no necesitás receta”.

Cuando la reportera preguntó por el costo del medicamento, la activista contestó: “No tenés que comprar nada”. Entonces la vinculó a otra persona que le ofreció las píldoras de progesterona en forma gratuita. “¿Dónde vivís? Yo te las puedo llevar ahora adonde me digas”, dijo esta segunda mujer.

Una médica uruguaya, que es endocrinóloga, también telefoneó a nuestra reportera. La instó a anotar las instrucciones de las dosis que debía tomar y le ofreció una cita para una ecografía al día siguiente.

La APR “no es una práctica estandarizada”, admitió esta médica, pero “hay estudios de que con altas dosis de progesterona en varios casos se logra revertir la acción de la mifepristona”, aseguró.

La doctora desestimó las dudas sobre posibles riesgos de salud, afirmando que “si hay algo que no tenés que tener es miedo” y agregó: “Tenés que tomarla cuanto antes. La tomas y no va a pasar nada”.

Luego de que nuestra reportera dijera que necesitaba tiempo para decidirse, recibió repetidas llamadas de las dos activistas y la médica.

“Claramente, tu corazón te está pidiendo a gritos que hagas algo, que trates de revertir un proceso que si no te apuras no va a tener vuelta atrás, pero que TODAVÍA estás a tiempo”, le escribió una de las mujeres en uno de dos correos electrónicos que le envió, además de las llamadas telefónicas.

“Un alerta muy preocupante”

Mariana Piastri, ginecóloga y vocal de la comisión directiva de la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay, dijo a openDemocracy que “presionar a una mujer tanto para que interrumpa el embarazo como para que no lo interrumpa es violentar los derechos de las mujeres, y es una práctica que claramente se desaconseja” a los profesionales de la salud.

La progesterona es de uso amplio en ginecología, explicó, pero “como intento de contrarrestar la mifepristona, los estudios que hay son de muy baja calidad y no permiten hacer conclusiones. No es una indicación que esté autorizada ni por la estadounidense FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) ni por ningún otro organismo”.

Lilián Abracinskas, fundadora y directora de la ONG Mujer y Salud Uruguay, dijo no haber oído de casos de “tratamientos de reversión” en este país y calificó los hallazgos de openDemocracy de “alerta muy preocupante”.

El Ministerio de Salud Pública de Uruguay no contestó nuestro pedido de comentarios. Tampoco lo hicieron las autoridades regulatorias de México.

El año pasado, openDemocracy expuso cómo grupos afiliados a Heartbeat, conocidos como ‘centros de embarazos en crisis’, suministraban a mujeres vulnerables de todo el mundo, también en América Latina, desinformación sobre sus derechos y su salud.

Una reportera de openDemocracy llamó a la hotline de APR desde Ecuador. Las operadoras no pudieron conectarla con ningún médico o médica en ese país, pero le enviaron por correo electrónico el formulario de consentimiento y las instrucciones con las dosis de progesterona.

En Chile a otra periodista la conectaron con una matrona local, quien le dijo: “En mi vida he visto solo un [caso] que revirtieron” un aborto con progesterona. Pero añadió que no había “ningún” efecto adverso y dijo que “no se pierde nada” con intentarlo, pese a la falta de evidencia concluyente sobre su efectividad.

Sin embargo, el médico chileno que la partera recomendó para que expidiera la receta no fue alentador. “No hay ningún medicamento en el mundo que revierta el efecto [de la mifepristona]”, dijo. “Es falso”.

Heartbeat International respondió así a las preguntas de openDemocracy: “La reversión de la píldora abortiva es una aplicación de vanguardia de un tratamiento usado durante décadas para prevenir abortos espontáneos y nacimientos prematuros, de eficacia comprobada y autorizado por la FDA”.

“Más de 2000 mujeres consiguieron frenar un aborto y salvar a sus hijos mediante la intervención vital de la APR”, agregó Heartbeat.

Contribuyeron a este artículo Stephania Corpi (México), Paulette Desormeaux (Chile) y Elizabeth Wright (Ecuador)

Este artículo lo publicó originalmente openDemocracy. IPS lo redistribuye por un acuerdo especial con la publicación. 

RV: EG

 


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