Finalmente, el 24 de febrero, el Eurogrupo dio su conformidad a los compromisos y reformas propuestos por el gobierno de Atenas a cambio de prolongar el plan vigente de ayuda a Grecia.
La corrupción política e institucional, lo indican las encuestas, se ha convertido en la principal preocupación de los españoles, después del desempleo y los dramáticos efectos sociales de la crisis económica.
La desmesura domina crecientemente las actitudes y opiniones políticas en España y con frecuencia, como si se tratase de un gen nacional, aparece en los comportamientos sociales.
La nacionalización de Bankia -el cuarto banco español- y su matriz BFA ha levantado la polémica y destapado el fracaso de la reforma financiera decretada por el gobierno de Mariano Rajoy el pasado 3 de febrero. La insuficiencia de la reforma y la desconfianza de los inversores, así como las exigencias del Banco Central Europeo (BCE) y de la Unión Europea (UE), han obligado al gobierno a decidir, el 11 de mayo, una nueva reforma destinada a dar credibilidad y solvencia, definitivamente, al sistema financiero nacional.
El gobierno presidido por Mariano Rajoy desde el 21 de diciembre parece que quisiera demostrar mediante un frenético ejercicio del poder, a falta de resultados tangibles e inmediatos, capacidad y decisión. Sin embargo, la realidad es que seguimos inmersos en una crisis que se agrava, que sabemos cómo ha empezado pero no cuándo ni cómo concluirá.
El gobernante Partido Popular da constantes muestras de dominar la estrategia de comunicación y llevar la iniciativa. En la oposición al gobierno anterior convenció a una mayoría de electores de que el problema era el presidente Rodríguez Zapatero y de que si su candidato Rajoy llegaba al poder comenzaría el fin de la crisis. Era el cambio como taumatúrgico bálsamo de Fierabrás. Fue una siembra de expectativas sin apenas concreción o incluso prometiendo lo que no se podía cumplir.