"Los casos de matrimonio temprano pueden aumentar en contextos de inseguridad y con crisis humanitaria", ONU Mujeres. Crédito: Cortesía, Naciones Unidas.

Por Nayema Nusrat
NACIONES UNIDAS, Jan 3 2020 (IPS)

“En este momento, no quiero casarme. Tengo toda la vida por delante y un sueño por cumplir”, le dijo a sus padres una adolescente de 14 años en Bangladesh.

En la actualidad, 12 millones de niñas contraen matrimonio cada año antes de cumplir los 18 y 650 millones de mujeres se casaron antes de esa edad, según un informe publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en junio de 2019. Una realidad que busca revertir la meta tres del quinto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que procura erradicar el matrimonio infantil para 2030.

La evidencia muestra que el matrimonio precoz no se limita a grupos particulares ni se vincula con normas culturales específicas, sino que es una combinación de factores estructurales y socioculturales, explicó a IPS el asesor y coordinador de Prevención de Prácticas Culturales Nocivas de Unicef, Nankali Maksud.

“Incluye pobreza, falta de oportunidades económicas y educativas, expectativas sociales, discriminación contra niñas y mujeres y roles de género restringidos, creencias sobre la protección de las niñas y falta de conciencia y de acceso a alternativas”, precisó.

“En muchos contextos, las niñas se consideran una carga para la economía del hogar, y el matrimonio infantil aparece como la mejor opción dentro de un menú con pocas alternativas”, añadió.

Esta práctica también permite “aliviar la carga de la familia y preservar su honor a la vez que ofrece protección a las niñas”, acotó.

“La evidencia sugiere que cuando se eliminan las causas estructurales y socioculturales, la práctica disminuye y se logra poner fin”, añadió.

Por su parte, una portavoz de ONU Mujeres dijo a IPS que los casos de matrimonio temprano pueden aumentar en contextos de inseguridad y con crisis humanitaria.

“Por ejemplo, la prevalencia del matrimonio infantil en Medio Oriente y el norte de África se acerca al promedio mundial con una de cada cinco jóvenes casadas antes de los 18 años. Es un avance con respecto a los últimos 25 años, pero la disminución parece haberse estancado”, indicó.

Sin embargo, en algunas zonas en conflicto, “como en Siria y Yemen, el avance se revirtió de forma sustancial porque el conflicto suele producir mecanismos de adaptación negativos, en particular en situaciones económicas difíciles y que pueden aumentar el matrimonio infantil”, apuntó.

Asia meridional es la región donde más disminuyó eesta práctica, pasando de casi 50 por ciento a 30 por ciento, lo que en gran parte obedece a los avances de India.

“La proporción de mujeres casadas siendo menores de edad disminuyó 15 por ciento, representando una cada cuatro a una cada cinco niñas en la pasada década”, indicó Maksud.

En África, “los datos muestran avances. Por ejemplo, en Etiopía, que supo ser uno de los cinco países con mayor número de matrimonio infantil de África subsahariana, la prevalencia cayó una tercera parte en los últimos 10 años”, agregó.

Los países con gran prevalencia de esta práctica nociva deben priorizar sus responsabilidad para alcanzar el ODS 5.3 para 2030.

“Con una correcta inversión y un avance acelerado, es posible alcanzar la meta”, opinó Maksud.

«La prevalencia del matrimonio infantil en Medio Oriente y el norte de África se acerca al promedio mundial con una de cada cinco jóvenes casadas antes de los 18 años.», ONU Mujeres. Crédito: Cortesía, Naciones Unidas.

En cambio, Heather Barr, de la organización Human Rights Watch (HRW), con sede en Londres, dijo a IPS que es poco probable que se erradique el matrimonio temprano para 2030.

“La meta ya contribuyó notoriamente a reducir el matrimonio infantil y lo seguirá haciendo. Pero falta mucho, y muchos países siguen tolerándolo, de forma legal o ilegal”, explicó.

La portavoz de ONU Mujeres dijo a IPS que a pesar de los avances significativos de la última década, ninguna región parece estar cercar de eliminar el matrimonio precoz para 2030.

“Se necesita una aceleración sustantiva porque la disminución actual es insuficiente”, remarcó.

“Si no se acelera la reducción con respecto a 1990, llevará un siglo eliminar el matrimonio precoz, y más de 150 millones de niñas más estarán casadas en 2030”, observó.

“Y aún con la disminución registrada en la última década, llevará 50 años terminar con el matrimonio infantil. El avance debe acelerarse de forma significativa”, insistió.

Igualdad de género

Según ONU Mujeres, “el mayor desafío sigue siendo la falta de un enfoque transformador en materia de género. La evidencia muestra que no basta con demorar la edad del matrimonio”.

“La equidad de género debe promoverse de forma holística, como subrayar la capacidad de agencia de niñas y mujeres, atendiendo las dinámicas de poder heredades, en los matrimonios y la sociedad, cambiando actitudes, normas y comportamientos vinculados a los roles de género”, explicó.

“Nuestra investigación en muchos países nos ha convencido de que la principal causa del matrimonio infantil es simplemente la desigualdad de género”, coincidió Barr, de HRW.

La portavoz de ONU Mujeres también mencionó otros factores. “Hay un cambio en los matrimonios que muestran que el casamiento entre pares, la cohabitación y el embarazo adolescente, que terminan en matrimonios, coexiste con la creencia tradicional del matrimonio infantil o forzado”, explicó.

“Un enfoque de género adecuado requiere que reconozcamos que el matrimonio temprano y los voluntarios también constituyen prácticas dañinas dado el desproporcionado impacto que tiene en niñas, y las barreras que atentan contra sus oportunidades económicas y educativas”, añadió.

Es fundamental incluir el empoderamiento económico en las intervenciones educativas que responden al matrimonio infantil.

La pobreza no es el único factor responsable, pero sigue siendo clave en el matrimonio infantil, temprano y forzado, que afecta de forma desproporcionada a niñas y jóvenes y que sigue siendo una práctica totalmente asociada a los roles de género.

“Para impulsar a niñas y jóvenes a usar su voz, tomar sus propias decisiones y ejercer su capacidad de agencia, es fundamental garantizar todo un sistema y enfoque que contemple el ciclo de vida de las jóvenes mediante la promoción de sus habilidades y la protección social de niñas y jóvenes que podrían ser víctimas del matrimonio infantil, temprano o forzado”, puntualizó.

Unicef concluyó que hay una gran correlación entre el tiempo que las niñas permanecen en la escuela y una mayor reducción del matrimonio precoz.

“Y para las adolescentes, la evidencia que surge indica que la educación secundaria es mucho más beneficiosa para poner fin al matrimonio infantil que solo la primaria”.

Se estima que habría 14 por ciento de matrimonios menos si todas las niñas tuvieran solo educación primaria, comparado con 64 por ciento menos que se lograría si terminarán también la secundaria.

“Y no basta solo con estar escolarizada, la evidencia muestra que la calidad de la educación tiene consecuencias importantes. A las adolescentes que les va mal en la escuela, no aprenden bien y quedan rezagadas, los padres terminan por sacarlas y obligarlas a casarse”.

Según Maksud es posible lograr el ODS 5.3 para 2030 si se toman ciertas medidas como “mejorar el acceso de las niñas a la educación, y en particular a la secundaria, aumentar la inversión estatal en programas de protección de adolescentes, así como un fuerte mensaje público sobre la ilegalidad del matrimonio infantil y sus perjuicios”.

El artículo Matrimonio infantil difícil de erradicar para 2030 fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Un hombre recolecta envases vacíos de bebidas en las arenas de la playa, en el Consejo Popular de Guanabo, en el capitalino municipio Habana del Este, La Habana, Cuba.29 de octubre de 2019. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Jan 3 2020 (IPS)

De entre un amasijo de basuras sobre la arena en la playa de Guanabo, el reciclador Antonio Fernández saca latas y botellas de plástico que guarda en un saco para luego venderlas y obtener otros ingresos, además de su trabajo como custodio en esta capital cubana.

“Esta situación es un problema de despreocupación de las personas que vienen y, en vez de disfrutar, lo que hacen es empañar el entorno”, dijo Fernández a IPS.

En solo dos horas de caminata por esta playa icónica del litoral habanero, el trabajador recopiló un saco de desechos, que reúne en su casa para vender en promedio 20 kilogramos por semana.

Mientras lava sus manos en agua empozada en la arena, Fernández relacionó el deterioro de este recurso natural, que es público en Cuba, con la basura que lo contamina, aunque hay otros factores que atentan contra su conservación en este país caribeño donde el turismo constituye un sector estratégico de la economía.

“Antiguamente, todo era distinto, la gente se comportaba de una forma diferente. Eso se controla con educación y el cumplimiento de la ley”, comparó Fernández, que vive en un reparto del municipio Habana del Este, donde se ubican 26 kilómetros de costas arenosas en las que se bañan la población capitalina y la visitante.

Por un cóctel de causas como la acción humana, malos manejos, escasos o ningún mantenimiento y el cambio climático, el archipiélago cubano padece de erosión costera y pierde cada año entre uno y dos metros de línea costera, con 430 metros del tipo arenosas, que requieren de costosas inversiones para su conservación o para restaurar las dunas.

Fuentes científicas indican que poco más de 80 por ciento de las playas cubanas presentan procesos de erosión.

Incluso en 2017 arrancó un programa estatal y nacional de recuperación de playas arenosas hasta 2030, que incluye el saneamiento y la rehabilitación de dunas y la reconstrucción de pasarelas, y que prioriza balnearios internacionales como Varadero, los cayos de la costa norte y de Holguín, en el oriente cubano.

Un grupo de personas camina por una pasarela construida con el fin de proteger la duna de arena en el Consejo Popular de Guanabo, en el capitalino municipio Habana del Este, La Habana, Cuba.29 de octubre de 2019. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Hasta ahora la mayor inversión conocida en ese sentido es el barco Mario Oliva Pérez, que dispone de una máquina con gran capacidad de dragado y de extracción de arena mar adentro para restaurar las dunas, donde viven numerosas especies y las que constituyen una barrera de protección de la vida tierra adentro.

Pero aún esas acciones no llegan a los balnearios de menor explotación turística, incluso algunas playas sufren tal deterioro que su restauración se posterga.

“Nuestro objetivo es llegar a rehabilitar la zona de Guanabo, que es una playa que tanto la población quiere y solicita que se estudie”, dijo Yesenia Ibañez, jefa de la Unidad de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en La Habana, en diálogo con IPS.

Compuesto por las playas de Bacuranao, Tarará, Mégano, Santa María del Mar, Boca Ciega, Guanabo, Veneciana, Brisas del Mar y Rincón de Guanabo, el litoral este de La Habana resguarda esta riqueza natural, a diferencia de la costa oeste, que se caracteriza por arrecifes y escasas acumulaciones de arena.

La especialista reveló que, por el gran deterioro de Guanabo, se tuvo que dividir en dos tramos para su estudio. La primera investigación culminará en 2020, y ese mismo año comenzará la segunda etapa, “que lleva estudio por tierra y por mar porque afloraron construcciones tras el paso de los eventos meteorológicos que han ocurrido”.

Pagados por fondos públicos, los estudios solicitados por la unidad hasta el momento cubren 6.500 metros del litoral arenoso de 26 kilómetros, lo que representa 25 por ciento. “Estos resultados se entregarán en un futuro a la entidad que se responsabilice de rehabilitar la playa”, detalló Ibañez, quien espera que sea al gobierno local.

Estas zonas forman parte de los 262 asentamientos costeros de Cuba, en los que viven 193.000 personas, las que requieren de algún tipo de medidas de adaptación frente al cambio climático, algunas de ellas radicales como la reubicación. En la capital, se identifica la demolición de edificaciones y obras de protección y rehabilitación costera.

El batir de las olas arrulla un deteriorado edificio que acoge a 10 familias en el asentamiento de Guanabo. “Los cimientos que quedan sobre la arena están en el aire… el mar ha recuperado terreno, erosionando toda esa área… debajo cabe una persona”, indicó el jubilado Lázaro Leyva, quien vive en uno de los apartamentos.

Ruinas de una vivienda construida a orillas de la playa, en el Consejo Popular de Guanabo, en el capitalino municipio Habana del Este, La Habana, Cuba.29 de octubre de 2019. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Hay un proyecto de recuperar la costa y demoler todo lo que está aquí, incluido este edificio, pero parece que demora”, indicó Leyva, que lamenta tener que evacuarse frente a amenazas de eventos meteorológicos. Junto al edificio, queda el piso y los cimientos de una construcción que sí fue demolida.

El paisaje de Guanabo contrasta con los tramos en Santa María del Mar y Boca Ciega, donde la unidad ambiental mantiene desde 2011 un proyecto de recuperación.

“En todo el sector se mantiene la duna conformada en su momento, con sus pasarelas”, explicó Solveig Rodríguez, especialista de la delegación habanera del ramo de medio ambiente. “Damos mantenimiento dos veces en el año, sobre mayo y noviembre”, apuntó sobre la iniciativa.

Altas dunas pobladas de vegetación coronan los 1.063 metros que suman los dos sectores recuperados en Santa María del Mar, frente al hotel Tropicoco, y este de Boca Ciega, adonde acuden los huéspedes del hotel Itabo. Pasarelas de madera permiten el acceso de bañistas, y las señales, muchas de ellas dañadas, prohíben la contaminación de la playa.

Un hombre camina cerca de un cartel que dice “Protejamos las playas”, en el Consejo Popular de Guanabo, en el capitalino municipio Habana del Este, La Habana, Cuba.29 de octubre de 2019. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Luego del impacto del huracán Irma en 2017 en el litoral habanero, fue evidente el efecto protector de las dunas en los tramos recuperados. “No hubo penetración del mar, ni traslado de arena hacia la calle y las casas”, recordó Rodríguez.

Entre una calle y la duna en Boca Ciega, se ubica la casa de la trabajadora del hogar Hilda Rosa Reyes. “Esto nos protege… antes por cualquier cosa se nos llenaba la calle y hasta el patio de arena, teníamos que sacar con palas todo eso y reparar los muros y la cerca”, contrastó, aunque acotó que persiste el problema de los desechos en la zona.

Hasta ahora el Decreto Ley 212 sobre la Gestión de la Zona Costera, en vigor desde 2000, fija normas, pero observadores y hasta autoridades identifican debilidades en el cumplimiento de esta y otras leyes en favor del medio ambiente en la isla caribeña de 11,2 millones de habitantes.

Cuba participa además del proyecto regional “Impacto del cambio climático en las costas arenosas del Caribe: alternativas para su control”, que desde 2017 coordina la Asociación de Estados del Caribe para proteger este recurso natural clave en un área que depende del turismo y sufre eventos meteorológicos extremos.

El artículo Cuba arriesga el tesoro de sus playas arenosas fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

En la emisora de radio en Selibabi, Mauritania. Crédito: Vincent Tremeau/Banco Mundial.

Por Corresponsales de IPS
SELIBABI, Mauritania, Jan 2 2020 (IPS)

No quise casar a mi hija por una simple razón: quiero que se empodere”, explicó Lemeima mint El Hadrami, de 49 años. “No quiero que pase las mismas dificultades que pasé cuando era joven”, añadió, al contar que la obligaron a contraer matrimonio cuando tenía tan solo 13 años.

Y como suele suceder cuando la esposa es menor de edad, El Hadrami quedó embarazada en la adolescencia y la obligaron a abandonar la escuela. Tuvo dos embarazos complicados de los que tuvo dos hijas, y luego su esposo las abandonó.

“Entonces la gente no sabía que el matrimonio infantil daña la salud de las niñas. Era una práctica común”, reflexionó. El Hadrami es originaria de esta localidad de Selibabi, en el sur de Mauritania, donde 37 por ciento de las menores de edad ya están casadas para cuando cumplen 18 años.

Para terminar con el matrimonio precoz en Mauritania y otros países del Sahel, donde las niñas se casan con 16 años en promedio, requiere de un cambio de las normas sociales no escritas que rigen la práctica. Eso requiere que los líderes religiosos y comunitarios se involucren en muchos asuntos relacionados con la discriminación de género y formen parte del esfuerzo para poner fin a la violencia basada en género.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) trabaja con sus socios para generar conciencia sobre la cascada de perjuicios que conlleva el matrimonio temprano, desde el abandono escolar a los elevados riesgos para la salud materna y la pobreza en la que terminan ellas y sus familias a largo plazo.

“Una niña inmadura no puede gestar un niño porque ella misma es una niña, cuyo cuerpo no está listo para hacerse cargo de un bebé”, explicó Telmidy, imán de la mezquita de Kuba, en Selibabi. Muchas adolescentes de la comunidad murieron por esa razón, añadió.

El Hadrami (centro) con sus dos hijas y su hermana. Crédito: Vincent Tremeau/Banco Mundial

Telmidy es uno de los 200 líderes comunitarios y religiosos movilizados en Mauritania en el marco del proyecto para el Empoderamiento de las mujeres y el Dividendo Demográfico en el Sahel (SWEDD, en inglés), una colaboración entre el UNFPA y otros socios, para generar conciencia sobre que el matrimonio precoz es “haram”, es decir que está prohibido por el islam.

“El matrimonio precoz es un asunto complejo y lo encaramos de forma tal de respetar el islam”, explicó. “El islam protege la dignidad de hombres y mujeres”, acotó.

Telmidy y otros imanes quieren ser agentes de cambio. “Discutimos y compartimos nuestro conocimiento sobre el islam y nuestra experiencia puerta a puerta o durante la plegaria de los viernes, y la gente comienza a comprender y responder”, destacó.

El proyecto SWEDD, que cuenta con fondos del Banco Mundial, incluye a Benin, Burkina Faso, Chad, Costa de Marfil, Mali, Mauritania y Níger, y recibe apoyo técnico del UNFPA.

Además de trabajar con líderes religiosos, el proyecto difunde mensajes sobre el empoderamiento de mujeres y niñas a través de un programa de radio popular.

“Me sentí muy conmovida por los mensajes de la radio”, señaló El Hadrami.

“No quiero que mi hija atraviese las mismas dificultades que yo. Quiero que avance lo más posible en sus estudios y que tenga un buen trabajo que le permita tener un estándar de vida decente. Podría ser ministra, médica o partera”, añadió.

Los mensajes de la radio funcionan de forma combinada con los esfuerzos de sensibilización basados en la fe.

El imán Telmidy genera conciencia en Mauritania sobre los peligros del matrimonio infantil para las niñas. Crédito: Vincent Tremeau/Banco Mundial.

“Las recomendaciones y las pautas difundidas por la radio son muy importantes, en especial porque cuentan con el respaldo de las creencias religiosas”, explicó Telmidy. “La gente escucha la radio para mantenerse informada”, acotó.

Los imanes han llegado a unas 370.000 personas en la zona rural de Mauritania, lo que ha incluido capacitaciones sobre los peligros del matrimonio precoz.

El UNFPA también ayuda a la red nacional de eruditos islámicos a formarse sobre cuestiones de salud sexual y reproductiva, lo que además de cuestiones relacionadas al matrimonio precoz incluye los beneficios de espaciar los embarazos y la importancia de poner fin a la violencia basada en género y la mutilación genital femenina.

“El islam es una religión que respeta los derechos humanos. Por lo tanto, toda acción que perjudique la salud mental o física está prohibida”, explicó Hademine Saleck Ely, imán de la Mezquita Central de la localidad de Nouakchott.

“Pero algunas personas están casadas con las prácticas tradicionales y no entienden los peligros de esas costumbres”, apuntó.

Telmidy señaló que adquirir conocimientos es obligatorio para los musulmanes. “El Corán señala que un padre tiene la responsabilidad de educar a sus hijas y protegerlas, y que debe postergar el matrimonio hasta que tengan 18 años. También debe permitirles ganarse la vida, es su derecho”, puntualizó.

“Debemos asumir nuestras responsabilidades y cumplir con nuestra misión para compartir nuestro conocimiento con la comunidad”, añadió.

Este artículo  fue publicado originalmente por www.worldbank.org.

El artículo Imanes de Mauritania usan la radio contra el matrimonio precoz fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Durante un acto público en La Habana, una estudiante de educación primaria sostiene un cartel donde se lee: “Los niños cubanos estamos contra el bloqueo”, en alusión a las nuevas sanciones económicas y financieras impuestas por la administración estadounidense de Donald Trump a Cuba este año. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg
LA HABANA, Dec 23 2019 (IPS)

El año que despide Cuba comenzó con un tornado que recordó a los habaneros la destrucción que causaría el paso de un huracán por la capital, transcurrió bajo un recrudecido embargo estadounidense y termina con un tímido crecimiento económico de apenas 0,5 por ciento.

El dato brindado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) se incluye en el Balance Preliminar 2019 del organismo, según el cual la región crece apenas 0,1 por ciento en promedio y las proyecciones para 2020 se mantendrán en torno al 1,3 por ciento.

Al confirmar el bajo crecimiento de la economía, durante una reunión de trabajo previa a la última sesión anual de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), el 20 y 21 de diciembre, las autoridades cubanas culparon al fortalecimiento del embargo estadounidense y otros factores adversos.

“Los crecimientos en medio de esta situación son más meritorios”, comentó, no obstante, el presidente Miguel Díaz-Canel, para quien “cuando se ha vivido un año tan tenso, en el cual pese a las amenazas y limitaciones se han derrotado los planes del imperio, crece la confianza, el optimismo, la seguridad, la decisión y el compromiso”.

Las tensiones económicas se agudizaron tras la reducción en 2016 del aporte petrolero de Venezuela, principal abastecedor energético de Cuba y cuya economía cierra 2019 con una contracción de – 25,5 por ciento, seguido de Nicaragua (-5,3 por ciento), según la Cepal.

Cuba terminó 2018 con un crecimiento de apenas 1,2 por ciento y comenzó el nuevo año con fuertes tensiones financieras por la reducción de los ingresos previstos debido a la caída en las exportaciones, el turismo y la producción azucarera.

Esos pobres resultados obligaron a reducir las importaciones, lo cual se tradujo en desabastecimiento alimenticio y escasez de medicamentos, que al finalizar 2019 aún se manifiesta en ofertas inestables y reducidas en las llamadas tiendas recaudadoras de divisa. Sin embargo, se mantuvo la canasta básica a precios subsidiados por el Estado.

Un aumento salarial decretado en julio benefició a más de dos millones de trabajadores y pensionados del sector presupuestado, que abarca los tribunales, educación y salud pública, órganos de gobierno, medios de comunicación, cultura y deporte, entre otros. El salario mínimo que era equivalente a nueve dólares, aumentó a 16 dólares.

Durante el año, Washington acrecentó sus medidas financieras y comerciales para impedir ingresos monetarios y el traslado hacia la isla caribeña del petróleo importado. Con medidas de ahorro y reducción obligada de combustible en el sector público, el gobierno logró evitar los temidos apagones programado en el sector residencial.

El listado de medidas estadounidenses incluye la activación desde el 2 de mayo del título III de la ley de embargo Helms-Burton que confiere a ciudadanos estadounidenses,  incluidos aquellos de origen cubano nacionalizados, el derecho de enjuiciar a quienes estén “traficando” con propiedades confiscadas en los años 60.

Integrantes de la brigada médica cubana que prestaba servicios de salud en Bolivia entonan las notas del himno nacional de Cuba después de su llegada al aeropuerto internacional José Martí, en La Habana, el 16 de noviembre. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Reducción a solo 1 000 dólares trimestrales de las remesas familiares desde Estados Unidos, prohibición de los vuelos hacia provincias cubanas de aerolíneas estadounidenses, cancelación de permisos de viaje a la isla caribeña en barcos de recreo y de pasajeros, incluidos los cruceros.

Entre los grandes perdedores figura el turismo, principal fuentes de recursos monetarios del país, que espera recibir al cierre del año unos 4,3 millones de visitantes, 700 000 menos que los proyectados.

También el sector vinculado al trabajo por cuenta propia (privado) – taxistas, restaurantes, hospedajes-, sufrió el impacto de la agresividad estadounidense.

El plan es “afectar, aún más, la calidad de vida de la población, su progreso y hasta sus esperanzas, con el objetivo de herir a la familia cubana en su cotidianidad, en sus necesidades básicas, y paralelamente acusar al gobierno cubano de ineficacia. Buscan el estallido social”, había alertado en julio el gobernante cubano.

La campaña estadounidense contra la exportación de servicios médicos y el retorno de gobiernos neoconservadores en países latinoamericanos privó a Cuba de los importantes recursos financieros que recababa en algunos de ellos.

En noviembre de 2018, La Habana retiró de Brasil sus más de 8 500 profesionales de la medicina que integraban el programa Mais Médicos.

El gobierno cubano acusó al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro de mantener una posición “hostil, irrespetuosa y ofensiva” hacia esos profesionales que laboraban en regiones pobres y remotas del gigante sudamericano, mediante un acuerdo vigente desde 2013.

Ecuador decidió en noviembre concluir, alegando razones económicas, seis convenios de cooperación científica y asistencia técnica, establecidos con Cuba desde 2009.

En ese lapso, 3 565 profesionales cubanos que laboraron en esa nación sudamericana realizaron 212 360 intervenciones quirúrgicas, asistieron 3 548 partos y aplicaron más de 100 000 vacunas.

En un reciente artículo publicado por el portal oficial Cubadebate, el exministro de Economía José Luis Rodríguez calculó que los servicios médicos aportaron a Cuba “un estimado de 11 543 millones de dólares como promedio anual” entre 2011 y 2015.

Diputados participan en la sesión de clausura de la IX legislatura de La Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), en la que votaron el texto final de la nueva Constitución de Cuba, en diciembre de 2018. La nueva ley fundamental entró en vigor en abril de este año. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Esta nación insular caribeña también ofrece servicios gratuitos mediante el llamado Programa Integral de Salud, destinado a 27 países con menos recursos como Haití, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Etiopía, Congo, Tanzania y Zimbabwe, entre otros.

Por razones de seguridad, Cuba dispuso el 15 de noviembre el retiro desde Bolivia, de su contingente de más de 700 colaboradores, en su mayoría médicos, tras la crisis institucional que forzó la renuncia del presidente Evo Morales. Desde 2006, cuando Morales llegó al poder, 17 684 profesionales de la salud laboraron en ese país.

En el plano internacional, el presidente Díaz-Canel recibió en marzo la visita del príncipe Carlos de Gales heredero de la corona británica y su esposa, la duquesa de Cornualles, y en noviembre a los reyes de España, Felipe VI y Letizia, en el primer viaje oficial a Cuba de un monarca español.

Durante su estancia, Felipe VI y Letizia asistieron junto a Díaz-Canel a la firma de un Acuerdo para el Marco de Asociación País Cuba España 2019-2022, en materia de cooperación internacional para el desarrollo. España figura entre los tres primeros socios de comerciales de Cuba, junto a China y Venezuela.

Alrededor de 300 empresas españolas tienen presencia en la isla, y en el sector turístico las firmas españolas dominan el mercado, con más de 70 por ciento de la industria hotelera a cargo de corporaciones como Meliá, Iberostar y Barceló, amenazadas con sanciones por Washington.

Entre los objetivos de viaje institucional de la corona figuró el respaldo a las empresas españolas con inversiones en Cuba.

A mediados de octubre, el entonces ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, actual alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, dejó el mensaje de que el bloque comunitario trabajará para impedir la aplicación extraterritorial de la Helms Burton.

Entre 35 y 37 por ciento del intercambio comercial cubano se realiza con la UE, cuyas exportaciones a este país entre enero y septiembre de 2019 ascendieron a 1 570 millones de euros (1 739 millones de dólares), con un crecimiento del 3,12 por ciento en relación con similar período del año anterior.

En materia climática, al llegar el fin de la temporada ciclónica, que se extiende desde junio a noviembre, no pocos habaneros se congratularon de un año sin huracanes, sobre todo ante el recuerdo del tornado que el 27 de enero dejó una estela de destrucción en su trayectoria de unos 20 kilómetros por cinco municipios densamente poblados de la capital.

El huracán Irma que del 8 al 10 de septiembre de 2017 impactó varias provincias cubanas, ocasionó la muerte de 10 personas y perjuicios materiales estimados oficialmente en 13 000 millones de dólares, un gasto que aún gravita sobre la economía cubana.

Edición: Estrella Gutiérrez

El artículo Cuba deja atrás otro año tenso para su economía fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

El presidente Jair Bolsonaro en uno de sus casi diarios contactos con los periodistas. El gobernante brasileño vive en guerra con la prensa, mientras 43 por ciento de los encuestados dijo este mes que no confía nunca en lo dice, mientras un estudio constató que en 346 días realizó al menos 542 declaraciones falsas o distorsionadas. Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Dec 23 2019 (IPS)

El año 2019, el primero con Jair Bolsonaro al frente, Brasil termina con señales de que la economía se recupera de seis años de crisis. La buena noticia genera, entre sus opositores, el temor de que el presidente de extrema derecha se sienta fortalecido para intensificar sus atropellos.

Su gobierno, iniciado el 1 de enero, acumuló traumas en casi todas las áreas,  especialmente en la ambiental.

Empezó por su bautismo de fango. El 25 de enero se rompió un dique minero del grupo minero Vale en Brumadinho, un municipio de 40 000 habitantes en el estado de Minas Gerais, en el sudeste de Brasil.

La presa tenía 12,7 millones de metros cúbicos de desechos de mineral de hierro que al desbordarse ocasionaron la muerte a 270 personas y al Rio Paraopeba, que tuvo 335 kilómetros de  su cauce contaminados por fango y metales pesados.

Al nuevo gobierno no le toca ninguna responsabilidad en la peor tragedia nacional, en términos de víctimas humanas. La minería es conocida por sus daños. Tres años antes la ruptura de otra presa de escorias, en Mariana, a 120 kilómetros de Brumadinho, había ocasionado la muerte de otras 19 personas y más de 500 kilómetros del Rio Doce.

Pero era un aviso de lo que vendría y un castigo para un presidente que prometía abolir inspecciones ambientales y su “industria de multas” y que intentó eliminar el Ministerio de Medio Ambiente.

Desistió de la idea no por escuchar las presiones de los ambientalistas, sino las de los exportadores agrícolas, sus aliados, que están sujetos a las exigencias ambientales que crecen en muchos países importadores.

El ambientalismo, un enemigo

De todos modos nombró a un ministro, Ricardo Salles, más dedicado a desmantelar el sistema de protección ambiental brasileño y a entrabar las negociaciones internacionales sobre el clima, como hizo durante la COP25 (Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas para el cambio climático), en Madrid del 2 al 15 de diciembre, que a ejercer sus funciones originales.

Echó a perder el Fondo Amazonia que contaba con donaciones de Noruega y Alemania para proyectos de conservación y desarrollo sustentable. Sus requerimientos y críticas inexplicadas llevaron los donantes a suspender los aportes que ya habían superado 1 200 millones de dólares desde la creación del fondo en 2008.

Salles se dedicó además a reducir su ministerio. De los 120 cargos de jefes y directores de los distintos organismos ministeriales, 25 quedaron sin titular este año. Dos departamentos que se ocupaban del cambio climático fueron eliminados.

Ricardo Salles, el ministro de Medio Ambiente encargado de ejecutar la política antiambientalista del presidente Jair Bolsonaro, durante una comparecencia ante una comisión de la Cámara de Diputados. Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil

El Servicio Forestal fue transferido al Ministerio de Agricultura, pese al evidente conflicto de intereses, ya que los sectores agrícolas son los mayores responsables de la deforestación en el país. También la agencia reguladora de aguas pasó a otra cartera.

Brasil sufrió otro desastre ambiental este año, el derrame de petróleo que desde el 30 de agosto contamina centenares de playas y manglares de la región del Nordeste brasileño, en oleadas de manchas de un crudo pastoso, que se dispersaron a lo largo de más de 2 000 kilómetros de litoral.

Tampoco se puede acusar al gobierno de provocar esa tragedia de origen aún desconocida. Pero sufrió muchas críticas por su reacción tardía e ineficaz, en parte por haber abolido comisiones encargadas de accidentes marítimos.

La mayor parte de la limpieza de las playas lo hicieron voluntarios, sin equipos de protección, favorecidos por el hecho de que el petróleo llegó en trozos grasientos de una densidad que permite la recolección a mano.

Pero el tercero gran desastre ambiental del año, que si se puede atribuirse al gobierno de Bolsonaro, fueron los incendios en la Amazonia, que proliferaron entre  julio y septiembre y alarmaron el  mundo.

Resultó difícil negar que esa quema forestal, en extensión e intensidad que ya no se veía desde la década pasada, responde a estímulos del actual gobierno, que condena el “chiitismo (radicalismo) ambientalista” y apoya la invasión de tierras amazónicas por la ganadería, con que aventureros buscan más el adueñarse de tierras públicas que producir leche o carne.

Bolsonaro y sus ministros atacan regularmente las tierras reservadas a los indígenas, las que mejor resisten la deforestación, y las áreas de conservación. Defienden actividades mineras y la extracción maderera en esas áreas, en general ilegales.

En ese episodio se destacó otro vicio oficial que traumatiza la nación. Bolsonaro acusó a las organizaciones no gubernamentales (ONG) de “estar por detrás de los incendios”, contrariando el amplio reconocimiento de la contribución del tercer sector a la defensa de la naturaleza en Brasil.

También dijo el 29 de noviembre que Leonardo Di Caprio dona fondos a una ONG para “prender fuego en la Amazonia”. El actor estadounidense, conocido por su ecologismo, se limitó a desmentirlo educadamente.

La credibilidad presidencial a la fuga

Bolsonaro miente siempre, según 43 por ciento de los 2 948 entrevistados de una encuesta hecha por el Instituto Datafolha el 6 y 7 de diciembre. Ellos contestaron “nunca” a la pregunta si confían en las declaraciones del presidente.

Otro 37 por ciento dijo confiar “a veces” y solo 19 por ciento afirmó hacerlo “siempre”.

Damares Alves, ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, es pastora de una iglesia evangélica y aporta el pensamiento ultraconservador religioso al gobierno de Brasil. Cuando asumió se declaró “terriblemente cristiana» y es uno de los miembros más populares del gabinete brasileño, pese a las burlas por algunas de sus anacrónicas afirmaciones. Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A esa percepción contribuye el que el presidente viva en guerra permanente con los medios de comunicación. Amenazó excluir el diario Folha de São Paulo, el diario de mayor circulación, de la prensa a la que está suscrita la Presidencia y de no renovar la concesión a la emisora de televisión Globo, la de mayor audiencia nacional, por noticias que afectan su reputación y la de sus tres hijos legisladores.

Las informaciones más adversas mencionan «funcionarios fantasmas» que la familia contrató para sus equipos oficiales pagados con el erario público. El presidente lo habría hecho con al menos dos mujeres y el diario O Globo hizo una lista de 102 parientes que los cuatro contrataron desde 1990.

El hijo mayor, el senador Flavio Bolsonaro, enfrenta una investigación policial por corrupción y lavado de dinero por la sospecha de que contrató decenas de personas cuyos sueldos eran divididos con él cuando era diputado del estado de Río de Janeiro.

Pero aunque sean mentirosas, las afirmaciones presidenciales tienen consecuencias. En noviembre la policía de Santarém, en la Amazonia Oriental, detuvo cuatro voluntarios de combate a incendios en Santarém, acusados de incendiar bosques. Fueron liberados tres días después, ante la falta de pruebas y la inconsistencia de la acusación.

A Brasil lo rige el gobierno de la mentira, es una opinión que se va generalizando ante la frecuencia de sus informaciones y acusaciones falsas.

“En 346 días como presidente, Bolsonaro hizo 542 declaraciones falsas o distorsionadas”, divulgó el 13 de diciembre la agencia de verificación Aos fatos (A los hechos), creada por un grupo de periodistas que se mantiene con contribuciones personales y la cooperación con medios de comunicación y variados proyectos.

Más enfrentamientos

Otros sectores del gobierno también protagonizan procesos traumáticos. El ministro de Educación, Abraham Weintraub, está en guerra con estudiantes y profesores desde que asumió el cargo en abril, cuando impuso un duro recorte presupuestario a las universidades.

Luego acusó las universidades públicas de dedicarse a “desórdenes”, de sembrar marihuana y producir drogas en sus laboratorios, en lugar de dedicarse al estudio, a través de las redes sociales de las que es un gran usuario, al igual que Bolsonaro.

Los nuevos jefes culturales también declararon la guerra a su sector. Uno odia los artistas más conocidos, otro consideró el rock “cosa del diablo”, otro, impedido de tomar posesión por la Justicia, dijo que los negros viven mejor en Brasil que en África, gracias a la esclavitud.

El Estado dejó de ser laico este año, con una orientación netamente evangélica. “Dios por encima de todos” es la consigna del gobierno. La ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Damares Alves, evangélica se autodefine como “terriblemente cristiana”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, defiende la civilización cristiana y tiene declarada la guerra a la amenaza “comunista” y al “globalismo” que incluye tanto a las Naciones Unidas como el marxismo vestido, a su juicio, de “políticamente correcto, ideología de género, obsesión climática y el antinacionalismo”.

La economía no está exenta de esas batallas, pero sus datos oficiales indican una recuperación. En el tercer trimestre de 2019 creció 1,2 por ciento sobre igual período de 2018. El Banco Central prevé esa misma tasa para el año y 2,2 por ciento en 2020.

Aumentó el consumo y la confianza de empresarios, tras meses de frustración por la demora en la reforma del sistema de pensiones, solo aprobada el 23 de octubre, y la barahúnda gubernamental, que se puede agravar con el soporte del éxito económico.

Edición: Estrella Gutiérrez

El artículo Traumas políticos y ambientales y aliento económico en primer año de Bolsonaro fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

El papa Francisco, durante su participación en una actividad de la ONU en Roma. Crédito: ONU

Por Corresponsal Fao
NACIONES UNIDAS, Dec 20 2019 (IPS)

Una experta en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aplaudió la decisión del papa Francisco de abolir la política de secreto que mantenía la iglesia Católica en casos de abuso sexual infantil, pero agregó que ahora el Vaticano debe garantizar que se haga justicia.

“Este movimiento positivo del papa, que reconoce la magnitud de la crisis, significa que las víctimas ya no tendrán que vivir en la desesperación de que estos crímenes pasen desapercibidos e impunes”, dijo Maud de Boer-Buquicchio, relatora especial de la ONU sobre la venta y la explotación sexual de niños.

La relatora considera que, con este movimiento, “se ha abierto el camino hacia la responsabilidad civil y penal por estos abusos”.

“Sin embargo”, añade, “es solo un primer paso”.

El Vaticano ahora “debería tomar todas las medidas necesarias para garantizar investigaciones rápidas, exhaustivas y públicas que estén sujetas al escrutinio público y el enjuiciamiento de los presuntos autores, además de pedirinformes obligatorios a todos los clérigos y hacer que el personal denuncie estos actos atroces».

Tolerancia cero contra los abusos

«La iglesia Católica también debe hacer cumplir las políticas de tolerancia cero sobre el abuso sexual infantil en todas las instituciones bajo su supervisión, asegurándose de despedir de inmediato a aquellos que hayan abusado de niños», apuntó la experta.

La relatora especial señaló que, a pesar de varios casos históricos, las denuncias de abuso sexual de niños por parte de miembros del clero católico continúan siendo denunciadas y son «profundamente preocupantes».

Añadió que todas las víctimas merecen reparación y rehabilitación, dado el alcance del daño sufrido y el impacto en sus vidas y en sus comunidades.

«Durante décadas, el flagelo del abuso contra los niños ha sido completamente ignorado, negado o renombrado como un pecado que podría ser absuelto si se busca el perdón», dijo, y agregó que la Iglesia debe proporcionar a las víctimas los medios para acceder a asesoramiento y apoyo social con carácter de urgencia.

Un delito que debería importarle a todos

“Los gobiernos nacionales deberían complementar estos esfuerzos con educación pública y servicios sociales. De hecho, todos los Estados deben garantizar que han asumido plenamente su función de proteger a los niños de tales abusos graves de derechos humanos”, expresó la experta.

La relatora consideró  que hay que agradecer a las víctimas por tener la valentía de hablar sobre este tema devastador, pero afirmó que la carga de abordar ese mal no debería recaer solo en ellas.

“El mundo está esperando que los Estados y la Iglesia cumplan con su deber de poner fin a este flagelo. Las acciones deben seguir a las palabras”, dijo.

Maud de Boer-Buquicchio concluyó que a raíz del trigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y el período previo al vigésimo aniversario del Protocolo Facultativo de esa Convención sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil el próximo año, es crucial que la iglesia Católica cumpla con sus responsabilidades en todos los niveles de su jerarquía.

Este artículo fue publicado originalmente por Noticias ONU.

RV: EG

El artículo ONU pide a Vaticano garantías de justicia para víctimas de abusos sexuales fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Negociadores del nuevo tratado trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México, firman este mes el ahora llamado T-MEC, en Ciudad de México, el 10 de diciembre. Crédito: Captura de IPS de Youtube

Por Amanda Maxwell
WASHINGTON, Dec 20 2019 (IPS)

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual desafortunadamente no aborda el cambio climático ni incluye criterios ambientales básicos para proteger el medio ambiente.

Con la aprobación, se ha perdido una oportunidad crítica para abordar la crisis climática global y detener la exportación de empresas contaminantes que amenazan la salud y bienestar de nuestras comunidades.

Una y otra vez, NRDC y otros grupos ambientales han pedido a la administración de Donald Trump y a la Cámara que aseguren que criterios ambientales fundamentales, incluyendo abordar el cambio climático, sean incluidos en el nuevo TLCAN – ahora el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La autora, Amanda Maxwell

Siempre hemos dicho que el mayor desafío del sigo XXI—el cambio climático—debe abordarse en acuerdos comerciales modernos (aquí, aquí, aquí, aquí, y aquí).

Y no somos los únicos que creemos que esto es importante. Una encuesta nueva realizada por Data for Progress encontró que la mayoría de los votantes en Estados Unidos cree que los acuerdos comerciales deberían abordar el cambio climático, incluido  83 por ciento de los demócratas, y los votantes independientes por un margen de 12 puntos. Como señaló el New York Times en su editorial que, de una manera tibia, respaldó al T-MEC, este acuerdo es «otra oportunidad perdida para construir la cooperación internacional necesaria para limitar el cambio climático».

Congresistas demócratas también han expresado la necesidad de vincular el clima al comercio durante el año pasado:

• 110 demócratas en la Cámara, en una carta de septiembre a la administración: “el nuevo TLCAN debe incluir estándares climáticos vinculantesy estar emparejado con una decisión de que Estados Unidos permanezca en el Acuerdo Climático de París.»
• La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi: “Cualquier cambio en el TLCAN debe poner a las familias trabajadoras de Estados Unidos en primer lugar y reconocer la conexión fundamental entre el comercio y el ”
• El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer: “El acuerdo también debe aumentar los salarios y debe reconocer que el cambio climáticoes una grave amenaza para la economía de nuestros países, la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos.”
• El representante Earl Blumenauer, presidente del Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara: “Lamentablemente, pero previsiblemente, no aborda los efectos del cambio climático, la falla más evidente para el futuro del comercio y el futuro del planeta.”
• Todos los demócratas en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, en una carta de abril al presidente Trump: “También estamos decepcionados de que el capítulo sobre el medio ambiente carezca de disposiciones aparentes dirigidas a disminuir los efectos del cambio climático”.

¿Cuál es la conexión entre comercio y cambio climático? Los acuerdos comerciales buscan incrementar el comercio entre países, y hasta ahora, han sido diseñados para aumentar la producción de bienes y servicios, así como el transporte de esos mismos bienes y servicios.

Si no se controlan, estas actividades refuerzan la dependencia de los combustibles fósiles que emiten los gases de efecto invernadero (GEI) que calientan nuestro planeta, aumentan la intensidad y frecuencia de huracanes, sequías y otras catástrofes, que a su vez afectan nuestra salud, seguridad, alimentos y agua.

Pero no tiene qué ser así. De hecho, se pueden diseñar acuerdos comerciales para ayudar a reducir las emisiones de GEI.

Al exigir a los socios comerciales que cumplan sus compromisos con el Acuerdo Climático de París, o que adopten algún otro tipo de normas climáticas vinculantes, los acuerdos comerciales pueden fortalecer y aún mejorar la cooperación internacional en materia climática.

La urgencia y la escala de la crisis climática global requiere un pensamiento creativo y colaboración entre países, y los acuerdos comerciales proporcionan una oportunidad para que eso ocurra.

Lo mismo sucede con otros temas ambientales, como la contaminación, la fiscalización de las regulaciones ambientales y la responsabilidad corporativa.

Desde su inicio, el TLCAN ha alentado a las empresas a mover sus instalaciones contaminantes a países con controles ambientales menos estrictos, es decir, a México. Como resultado, las comunidades han sufrido por el aumento en la contaminación del aire, la tierra y el agua, y los impactos en la salud que acompañan a esta contaminación.

Los proponentes de la T-MEC han promocionado sus logros ambientales. Aunque hay algunas mejoras modestas en las preocupaciones ambientales en comparación con el TLCAN original, estas están lejos de ser suficientemente fuertes para alcanzar el nivel de urgencia y la escala necesaria para abordar la crisis climática global y otros problemas ambientales internacionales.

Lamentablemente, el T-MEC todavía ofrece caminos para que las corporaciones continúen contaminando el aire, el agua y la tierra en las comunidades entre los tres países sin ser responsables.

Los ambientalistas no son los únicos que se preocupan. La misma encuesta de Data for Progress que mencionamos anteriormente encontró que la mayoría de los votantes en los EE.UU. en todo el espectro político apoyan los límites vinculantes a la contaminación y la creación de una agencia independiente para hacer cumplir las condiciones ambientales.

El TLCAN ha tenido impactos que se extienden mucho más allá de Estados Unidos, México y Canadá; se convirtió en el modelo para una gran cantidad de otros acuerdos comerciales que Washington firmó con otros países durante los últimos 25 años.

El T-MEC probablemente será la nueva base para futuros acuerdos, como lo que la administración busca firmar con Gran Bretaña después del Brexit. Por eso es tan importante obtener los detalles correctos, ahora.

El TLCAN original ciertamente necesitaba ser actualizado.

Desafortunadamente, el apresurado proceso de la administración Trump limitó las negociaciones y las mejoras ambientales necesarias. Dado su fracaso para abordar el cambio climático y los problemas ambientales más críticos de nuestro tiempo, el resultado del T-MEC es, trágicamente, un acuerdo que no protegerá a nuestras comunidades, nuestra agua, nuestro aire o nuestro planeta.

Los futuros acuerdos comerciales tienen que ser más fuertes.

RV: EG

El artículo Nuevo TLCAN es una oportunidad perdida para el cambio climático fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Por Isabel Mateos y Mariana Recamier
TAPACHULA, México, Dec 20 2019 (IPS)

Abou lleva más de un mes durmiendo en una casa de campaña afuera de la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, una ciudad del sur de México. Su lengua materna es el pulaar, su piel es negra y –a sus 33 años– carga un historial de lucha en defensa de su identidad en su tierra natal: Mauritania.

Mauritania fue el último país africano en abolir la esclavitud. Se trata de una nación que se independizó de Francia en 1960, y sufrió un golpe de Estado en 2008.

La huella del proceso de colonización, los conflicto políticos y la estratificación social provocan que Mauritania sea uno de los países más pobres del mundo: está en el lugar 159 de 188 naciones en el índice de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Ahora, los mauritanos forman parte de los nuevos flujos migratorios que están llegando a la frontera sur de México.

Abou tiene la historia de su país marcada en su propia biografía. El joven dejó su casa porque era perseguido por protestar en contra de la discriminación institucional y la esclavitud.

Su vida cambió a partir de 2011, cuando asegura que el gobierno de su país comenzó a decidir quién era mauritano y quién no. Las autoridades organizaron un censo para sistematizar documentos de identidad nacional, trámite que algunas organizaciones en defensa de las personas negras temían pudiera conducir a expulsiones arbitrarias de ciudadanos.

“Cuando fuimos a la oficina a registrarnos, nos pidieron como requisito ser capaces de leer el Corán y hablar árabe, porque si no puedes hablarlo eres considerado un extranjero”, dice Abou mientras escribe en una libreta, que su idioma materno es el pulaar.

El pulaar es el idioma de los fulani, un pueblo que se encuentra abajo en la estructura social de Mauritania. La mayor parte de la población en ese país africano son bereberes o amazigh, grupos étnicos con creencias musulmanas y piel clara.

En la zona sur del territorio de Mauritania se localizan las poblaciones de origen subsahariano y piel negra como los wólofs, los mandés y los fulanis como Abou. Después hubo un mestizaje entre los dos grupos del que nacieron los haratines.

“Las personas migran por la pobreza que es consecuencia de la política colonial francesa y la estratificación racial y de clase. Las personas negras son sometidas por una estructura esclavista o son los que menos acceso al empleo tienen y eso los obliga a migrar”, explica Luis Alonso Zamora Villalobos, académico mexicano experto en África.

Ante esta realidad discriminatoria, cientos de mauritanos negros marcharon en septiembre de 2011, para denunciar que el censo que estaba realizando el gobierno era racista, porque pedía más requisitos a las personas negras para que demostraran su derecho a la ciudadanía.

“Fuimos a ver al representante de nuestro departamento para decirle que no estábamos de acuerdo con esta discriminación, pero no éramos nadie en la ciudad, nos arrestaron y nos llevaron a la estación de policía”, narra Abou.

Los manifestantes que no fueron detenidos se enfrentaron con la policía. Uno de los vecinos de Abou fue asesinado el 27 de septiembre de 2011, después de que las fuerzas de seguridad dispararon durante una protesta pacífica convocada en la ciudad de Maghama por Touche pas à ma nationalité, una organización creada para combatir la discriminación contra los mauritanos negros.

El nombre del joven asesinado era Lamine Mangane, tenía 17 años. Otras personas menores de edad también resultaron heridas durante la misma manifestación, entre ellos un niño que solo tenía 9 años.

Abou recuerda que después de la muerte de Lamine, el jefe del departamento de Maghama decidió crear un acuerdo para tratar de contener la inconformidad social, y para eso les pidió a los ancianos de la ciudad aconsejar a los jóvenes detener las manifestaciones.

Dos semanas después, Biram Dah Abeid, el líder de la Iniciativa para el Resurgimiento del Movimiento Abolicionista (IRA), fue a la ciudad de Abou. Su discurso fue tan potente que lo convenció de sumarse a las filas de esta organización.

IRA es una organización que desde 2008 protesta contra la esclavitud en Mauritania. El grupo utiliza como sus estrategias de protesta sentadas frente al ministerio de justicia nacional,  huelgas de hambre y marchas por ciudades y pueblos alrededor del país para prohibir la justificación religiosa de la esclavitud en el país.

“Fue a la casa de la familia de la víctima y les presentó sus condolencias. Dio un discurso en el que se posicionó en contra del Estado y dijo que lucharía en contra de la esclavitud y el racismo institucional. Ese discurso me convenció. Luego fue mi primo que era miembro del movimiento, me empujó a unirme. Así fue como me hice parte de IRA”.

Mauritania esclava

En 1981 Mauritania declaró la esclavitud como un práctica ilegal y así se convirtió en el último país del mundo en hacerlo, no obstante, hasta 2007 el gobierno promulgó una ley para penar las prácticas esclavistas.

“Es muy común todavía encontrar poblaciones que se encuentran en condiciones de esclavitud y normalmente pertenecen a la categoría social de los haratin”, dice el especialista mexicano Zamora Villalobos.

Más de 90 mil personas en Mauritania son esclavas, según el Global Slavery Index. Uno de cada dos haratines  vive en condiciones de esclavitud: es obligado a trabajar en granjas o casas particulares sin la posibilidad de obtener libertad, educación o salario, de acuerdo con la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO, en inglés).

El académico comenta que la esclavitud existe en África desde el principio de la historia del continente, pero es distinta que en México porque en América Latina se concibe desde el punto de vista mercantilista, como ocurrió del siglo XV hasta el XIX con la trata de esclavos.

En África, una persona llega a la esclavitud cuando es capturado en conflictos armados, después de un desastre natural, una deuda, pero mantenía su estatus social, privilegios e incluso títulos nobiliarios.

Zamora Villalobos agrega que algunos grupos de poder en Mauritania creen que las organizaciones antiesclavistas como IRA están en contra de su cultura. “El gobierno actual está muy islamizado y ve las campañas antiesclavistas como una injerencia extranjera que quieren cambiar sus prácticas culturales”, asegura el especialista.

Abou ya luchaba contra la esclavitud, cuando el 29 de febrero de 2016 organizó junto con otros integrantes de IRA, protestas en contra de la detención del líder de la organización, quien estaba enfermo, en prisión y no podía ver a su doctor.

Las personas detenidas se dieron cuenta que ya tenían el nombre de los integrantes de IRA, y una estrategia para perseguirlos. Ahí estaba el nombre del primo de Abou, quien era vicepresidente del movimiento en ese tiempo.

La familia de Abou le aconsejó al joven dejar el país, ir a Senegal y esconderse ahí para no ser atrapado por la policía. Estuvo en territorio senegalí dos meses, regresó a Mauritania solo para obtener una visa y dejar el continente.

“La policía tenía mi nombre ya en febrero, dejé Mauritania en junio. Le pedí a un amigo del aeropuerto un favor para volar a Sao Paulo, Brasil. Cuando llegué ahí decidí quedarme por dos años antes de decidir venir y quedarme en México”.

Abou dice que luego dejó Sao Paulo porque la policía también lo perseguía en esta ciudad, pero por otras razones. El joven de Mauritania vendía ropa, pero los agentes no lo permitían y le quitaban su mercancía, lo que no le permitía desarrollar cierta estabilidad económica.

Es por eso que Abou decidió comenzar su camino a México, desde Brasil. Tomó un autobús hacia Perú, contrató un agente de migración para poder salir del país. Cuenta que lo más difícil del camino fue lograr cruzar a pie la jungla, en la frontera de Colombia y Panamá.

Él y otros migrantes caminaron durante seis días desde Capurganá, un pueblo en la costa caribeña de Colombia, hasta territorio panameño. Abou recuerda que vio serpientes en el día, se enfrentaba con los mosquitos en la noche. Pero lo peor fue la pérdida de su amigo Fabrice, a quien dejó atrás entre el follaje de la selva.

En Panamá su estancia fue breve: 25 días, antes de viajar a Costa Rica, un país que Abou califica como hermoso. Lo trataron de una forma benévola y lo motivaron para continuar con su viaje, incluso le dieron la oportunidad de acceder al sistema de salud pública.

Estuvo en suelo costarricense solo unas horas, después llegó a Nicaragua, donde él y sus compañeros de viaje tuvieron que pagar 150 dólares para salir del territorio y poder entrar a Honduras, país al que llegaron un viernes. Tuvieron que esperar hasta el lunes para que abrieran las oficinas del instituto migratorio. Ahí Abou le tomaron fotografías y las huellas digitales, para permitirles continuar su viaje.

Después llegó Guatemala, donde la policía los detenía de forma continua. En cada encuentro con agentes tenía que pagar casi 40 dólares para continuar, no obstante, la mayoría de problemas no los enfrentó hasta su llega a México.

Cinco dólares le costó el último tramo antes de conocer México. Pidió que los balseros de Guatemala lo ayudaran a cruzar el Suchiate en las pequeñas embarcaciones hechas con tablas y llantas, para llegar a Ciudad Hidalgo, Chiapas. Luego tomó un autobús pequeño para llegar a Tapachula, la ciudad donde se encuentra atrapado.

En México 

Abou no entregó dinero a las autoridades migratorias en Tapachula, pero -asegura- 37 migrantes mauritanos que ahora se encuentran en la ciudad, pagaron 110 dólares para entrar a la estación migratoria Siglo XXI, que administra el Instituto Nacional de Migración (INM) en esta ciudad del estado de Chiapas.

También tuvo la suerte de estar tres días en México sin ser detenido, pero luego llegaron los agentes migratorios y los llevaron a la estación migratoria, donde estuvo detenido siete días.

Antes de salir de la estación Siglo XXI, los funcionarios de migración le dieron a Abou un documento en español y le pidieron que lo entregara en la Oficina de Regulación Migratoria que se encuentra en el fraccionamiento.

Abou llevó el documento redactado en un idioma que no entendía, al lugar que le indicaron, pero las personas que trabajan en el lugar lo rechazaron argumentando que su nombre y edad no eran correctos.

En ese momento, Abou recordó su pasado de protestas y decidió unirse al resto de migrantes africanos que no pueden salir de Chiapas porque el Instituto Nacional de Migración no permite que avancen hacia el norte del país desde el 7 de junio de este año.

En esa fecha, el gobierno de México y el de Estados Unidos llegaron a un acuerdo que deja en suspenso la aplicación de aranceles a productos mexicanos y compromete al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a registrar y controlar las entradas de migrantes, así como a desplegar a la Guardia Nacional por la frontera sur del país.

“Nosotros estamos atrapados aquí en Tapachula porque el presidente Donald Trump no entiende que la gente que está aquí no son personas que estaban en la calle en sus países. Somos personas educadas, con diferentes aptitudes, dejamos nuestros países por diferentes problemas, políticos, sociales, económicos, situaciones muy diferente”, denuncia Abou.

Más de cuatro mil personas que provienen de 16 países africanos se encuentran en esta ciudad chiapaneca, de acuerdo con un comunicado de la Asamblea de Migrantes Africanos y Africanas en Tapachula, organización política creada a partir de los problemas migratorios de quienes atravesaron el océano Atlántico para llegar a México.

“Varios inmigrantes provenientes de África decidimos hacer una protesta en esta misma ciudad. Fuimos a la estación migratoria y nos quedamos ahí, comemos ahí, hacemos todo ahí”, describe Abou.

Los africanos acampan a unos metros de la estación migratoria. Familias de hasta cuatro integrantes viven en casas de campaña al alcance del calor, la lluvia y enfermedades como el dengue.

“El problema es que teníamos la asistencia de nuestras familias, solían enviarnos dinero para ayudarnos con el proceso y los trámites correspondientes, pero mientras más pasa el tiempo, son menos capaces de hacerlo”, dice Abou.

El sueño de Abou es ir a Estados Unidos. No conoce a ningún mauritano que viva allá, pero desde que era niño imaginaba que se graduaba en una escuela estadounidenses y trabaja en la tierra que promete libertad, al contrario de su país.

Este artículo fue publicado originalmente en Pie de Página, un sitio digital de la mexicana red de Periodistas de A Pie.

RV: EG

El artículo El camino hasta México desde el último país en abolir la esclavitud fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Crédito: OIT

Por Corresponsal Fao
GINEBRA, Dec 19 2019 (IPS)

En América Central, la proporción de empresas propiedad de mujeres aumentó casi 60 por ciento (de 13,9 a 24,5 por ciento) entre 1991 y 2018, reveló un nuevo informe de la Organización Internaional del Trabajo (OIT).

Estudios de caso en Costa Rica, El Salvador, México (el norteño y fronterizo estado de Chihuahua) y Panamá muestran que, en promedio, las mujeres son propietarias de 22,3 por ciento de las empresas de Costa Rica, de 29 por ciento de El Salvador, de 15,3 por ciento de las de Chihuahua (México) y de 22,4 por ciento de las de Panamá.

Los factores que impulsan a muchas mujeres a establecer su propia empresa son las precarias condiciones económicas, la falta de perspectivas de desarrollo profesional en las empresas y la ausencia de oportunidades de empleos bien remunerados.

El informe, Las mujeres en la gestión empresarial en América Central, publicado por la Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT (ACT/EMP), señala que el grado de éxito de las mujeres como propietarias de empresas y como empleadoras puede ser determinado por el tamaño de la empresa, los sectores económicos en los que operan, su nivel de educación y su experiencia profesional.

Los estudios de caso también muestran que las mujeres emprendedoras tenían un nivel de educación más alto que los hombres en Costa Rica, México (Chihuahua) y Panamá, y tenían niveles similares en El Salvador.

No obstante, en los cuatro casos, el nivel de beneficios medios de las empresas dirigidas por mujeres era menor que aquellas dirigidas por hombres.

Por ejemplo, en Panamá los beneficios medios mensuales de los trabajadores por cuenta propia y de los empleadores^*  son superiores en 78 por ciento y 40 por ciento, respectivamente, a los de las mujeres.

La diferencia en los beneficios entre los emprendedores hombres y mujeres es más aguda a medida que se asciende en la distribución de los ingresos.

Entre los que se encuentran en el nivel de ingresos 10 por ciento superior (percentiles 90-100), las mujeres ganan en promedio 663 dólares menos que los hombres.

El estudio de caso de Costa Rica constató que mientras más experiencia adquieren las mujeres en la administración de una empresa, mejores resultados obtienen.

Los datos muestra que, si bien en el caso de las empresas emergentes (hasta nueve años de funcionamiento) son más rentables cuando están dirigidas por hombres, este no es el caso de las empresas asentadas administradas por mujeres con un mayor nivel de instrucción.

Estas empresas pueden ser tan o más rentables que las dirigidas por los hombres.

“Mejorar el acceso de las mujeres a la financiación o un costo de capital asequible gracias al desarrollo de servicios bancarios dirigidos a las mujeres es un paso decisivo para apoyar sus iniciativas y permitirles ser más exitosas cuando sus empresas crecen”, declaró Deborah France-Massin, directora de la Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT.

El informe pone de manifiesto la necesidad de políticas integrales dirigidas a incentivar la iniciativa empresarial de las mujeres, basadas en oportunidades para que las empresas sean exitosas, en vez que en una estrategia básica de supervivencia.

Mejorar la calidad, la cobertura y el acceso a la educación, así como el desarrollo de competencias podría aumentar de manera significativa la probabilidad de que las mujeres sean empleadoras exitosas.

El informe define “empleadores” a los trabajadores que trabajan por su cuenta y han contratado a uno o más empleados. Mientras, los “trabajadores por cuenta propia” también tienen un empleo definido como independiente pero no tienen ningún empleado que trabaje para ellos.

Este artículo fue publicado originalmente por OIT América Latina.

RV: EG

El artículo América Central registra marcado aumento de mujeres empresarias fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.