IPS Agencia de Noticias http://www.ipsnoticias.net Periodismo y comunicación para el cambio global Sat, 29 Apr 2017 23:27:38 +0000 es-ES hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.1.17 El amor-odio de las familias rurales cubanas por el fogón a leña http://www.ipsnoticias.net/2017/04/el-amor-odio-de-las-familias-rurales-cubanas-por-el-fogon-a-lena/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-amor-odio-de-las-familias-rurales-cubanas-por-el-fogon-a-lena http://www.ipsnoticias.net/2017/04/el-amor-odio-de-las-familias-rurales-cubanas-por-el-fogon-a-lena/#comments Sat, 29 Apr 2017 18:27:08 +0000 Ivet Gonzalez http://www.ipsnoticias.net/?p=134605 Isabel Laurencio y Dagoberto Herrera junto a su fogón a leña construido en el patio de su casa en la comunidad Blanquizal de la Güira, en el municipio de Yateras, dentro de la oriental provincia de Guantánamo, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Isabel Laurencio y Dagoberto Herrera junto a su fogón a leña construido en el patio de su casa en la comunidad Blanquizal de la Güira, en el municipio de Yateras, dentro de la oriental provincia de Guantánamo, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
YATERAS, Cuba, Apr 29 2017 (IPS)

Las flores del jardín regalan una humilde belleza a la casa de Isabel Laurencio y Dagoberto Herrera, rodeada por una cerca y con paredes, puertas y ventanas de madera roída por la lluvia y el inclemente sol en  Blanquizal de la Güira, en el oriente de Cuba.

“Cualquiera por aquí tiene un fogón a leña en su casa, es una tradición y una necesidad”, dijo Laurencio, una jubilada de 65 años, mientras atraviesa la sala, el comedor y la cocina, donde dispone de varios equipos eléctricos como hornilla, olla a presión y arrocera.

En un patio escoltado por la falda árida de una montaña, la mujer dispone de un enorme fogón a leña bajo un techo ligero soportado por rústicas columnas de troncos. Laurencio aseguró a IPS que lo enciende “casi todos los días” para calentar el agua del baño y cocinar granos y tubérculos, además de cuando realiza “comidas de festejos”.

Visto por algunas personas como un signo de subdesarrollo y precariedad, este tipo de cocinas siguen vivas en muchos hogares rurales de todo el país, en especial en la provincia de Guantánamo, adonde pertenece el caserío Blanquizal y que registra más de 30 por ciento de las 100.000 familias cubanas que aún usan leña para cocinar sus alimentos.

Familias rurales y especialistas consultados por IPS recomiendan analizar este problema desde la realidad de comunidades campesinas, la salud y el uso eficiente de fuentes renovables de energía.

Laurencio echa leña en la hornilla y deja un hueco en el centro donde coloca un pedazo de papel apretujado y lo moja en petróleo. Prende la lumbre y atiza el fuego abanicando con un cartón. Sube una columna de humo y se forman grandes llamaradas sobre las que la mujer pone un recipiente con agua.

“Es más rápido que la hornilla eléctrica y, después que está encendido, acepta todo tipo de leña… hasta una rama verde”, indicó esta jubilada mientras se aprestaba a colar café a la manera tradicional, pasando agua hirviendo por un colador de tela repleto del grano molido.

“También (el fogón a leña) es más incómodo y una de las causas del edema pulmonar que sufrí”, apuntó Laurencio, casada desde hace 45 años con Herrera, de 73 años y también jubilado. En Blanquizal, parte del municipio montañoso de Yateras, la pareja tuvo tres hijos que ya viven de manera independiente.

Sentado en un banco, Herrera bebe una abundante taza de café oscuro y azucarado. “Yo mismo hice el fogón… Primero preparé un cuadro de madera y lo rellené con piedras y tierra. Encima coloqué una cajuela con la hornilla de metal. Busqué la manera de que fuera más eficiente y menos peligroso”, contó.

Las autoridades “han acomodado un poco a los campesinos pero sube mucho la cuenta si usamos solo electricidad”, opinó este hombre que aún realiza “uno que otro trabajo en el campo”.

El servicio eléctrico es subsidiado aunque se elevan las tarifas en los altos consumos y son poco afrontables en un país donde el salario estatal promedio ronda los 23 dólares mensuales.

El amor odio de las familias rurales cubanas por el fogón a leña

Unas 100.000 familias, mayormente rurales, usan aún leña para cocinar alimentos y otros usos domésticos, en fogones como en este donde hierve agua, en el hogar de Isabel Laurencio y Dagoberto Herrera, en Blanquizal de la Güira, en el oriente de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Esta pareja de Blanquizal evidencia las deudas en el acceso de muchas familias rurales a fuentes de energía para cocinar de manera sostenible, eficiente y saludable.

“En Guantánamo no existe la posibilidad real de llevar otro tipo de energía al monte diferente de la biomasa”, valoró Ángel Almarales, director del estatal Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el Desarrollo Sostenible (Catedes), sobre la provincia de 514.909 habitantes, grandes zonas montañosas y la única región semiárida del país.

“No podemos instalar biogás en todos los lugares, por ejemplo en las montañas y la franja semiárida, donde no están todas las condiciones”, explicó. “Es muy difícil transformar la energía solar en calor para cocinar porque hay muchas pérdidas en el camino”, amplió a IPS en la ciudad de Guantánamo, la capital provincial y sede de Catedes.

“La opción más a la mano es la explotación eficiente de la biomasa”, afirmó Almarales, al frente del centro pionero en la instalación y monitoreo de tecnologías con energías renovables, para seleccionar las técnicamente posibles, económicamente viables y humanamente justas.

La institución científica y de servicios técnicos, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), realizó en 2002 en Guantánamo la única investigación sobre consumo y flujo de combustibles forestales.

“Se debe cambiar el dispositivo de cocción de alimentos”, sostuvo el experto. “Hoy el fogón que más se usa en el monte es el famoso tres piedras”, informó sobre la tecnología básica, ineficiente y contaminante de colocar tres piedras y entre ellas la hoguera de leña.

Catedes señala que el uso de cocinas ineficientes y en espacios poco ventilados afecta la salud de toda la familia y subraya a las mujeres como las más dañadas porque ellas tienen a cargo casi exclusivo las tareas del hogar en una sociedad machista. Incluso este mal uso es causa de deforestación en este país del Caribe insular.

“Las cocinas eficientes son muy rústicas, sencillas de hacer y elevan 10 veces la eficiencia”, resaltó Almarales. “Además, se deben educar a las familias en el uso de la leña, con qué humedad emplearla y cómo trocearla. Eso tendría un enorme impacto económico, en salud y ambiental”, sostuvo.

David López, un operario de una fábrica estatal en el pueblo de Consejo Popular Pablo Noriega, a 45 kilómetros al suroeste de la capital cubana, fabricó en su patio un fogón eficiente a partir de una rueda de camión que rodeó con un aro de metal inoxidable y le colocó una chimenea.

“Con poca leña se cocina bastante y rápido. Como le puse un colector y una chimenea alta, sale poco humo”, contó este obrero, de 47 años, que además cría animales para el autoconsumo familiar. “La leña la utilizo solo para cocinar el alimento de los cerdos, porque en la casa cocinamos con electricidad”, apuntó.

Su vecino, Félix Gómez, otro obrero de 62 años, también recolecta leña por los alrededores para elaborar alimento animal. “Resulta muy caro usar electricidad para esto”, dijo el trabajador, que vive solo con su esposa. Indicó que la panadería estatal de su localidad usa leña.

Cubasolar, una red digital que promueve las fuentes renovables de energía, observa que existe un número considerable de fogones a leña en comedores obreros, empresas estatales y centros educacionales del país.

La organización no gubernamental propone la incorporación de cocinas eficientes a partir de aserrín, cáscaras de arroz y café, y otros combustibles sólidos triturados que hoy se desaprovechan.

Según el último censo de población y viviendas, de 2012, de los 3.732.851 hogares con residentes permanentes 70 por ciento empleaba la electricidad como principal energía para cocinar, 17 por ciento gas licuado o manufacturado y cinco por ciento kerosén, petróleo o alcohol.

Además, siete por ciento, equivalente a 244.870 familias, usa carbón, leña u otro como su fuente principal de energía.

Cuba presenta un panorama energético complejo por la reducción de los envíos de crudo de Venezuela a causa del hundimiento económico interno del que ha sido su principal aliado en lo que va de siglo. De estos envíos, depende la mitad de la generación eléctrica en la isla caribeña.

Editado por Estrella Gutiérrez

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Canciller argentina defiende a Almagro y desmiente a Venezuela http://www.ipsnoticias.net/2017/04/canciller-argentina-defiende-a-almagro-y-desmiente-a-venezuela/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=canciller-argentina-defiende-a-almagro-y-desmiente-a-venezuela http://www.ipsnoticias.net/2017/04/canciller-argentina-defiende-a-almagro-y-desmiente-a-venezuela/#comments Fri, 28 Apr 2017 23:35:07 +0000 Daniel Gutman http://www.ipsnoticias.net/?p=134602 La ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Susana Malcorra (primera a la izquierda), durante la reunión del Consejo Permanente de la OEA, el miércoles 26, en Washington. Crédito: OEA

La ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Susana Malcorra (primera a la izquierda), durante la reunión del Consejo Permanente de la OEA, el miércoles 26, en Washington. Crédito: OEA

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Apr 28 2017 (IPS)

El gobierno argentino negó enfáticamente que  su canciller, Susana Malcorra, le haya ofrecido el  año pasado un acuerdo a Venezuela para realizar una estrategia en conjunto en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de desplazar al secretario general, el uruguayo Luis Almagro.

Así, desmintió este viernes 28 lo que había afirmado el día anterior la canciller venezolana, Delcy Rodríguez.

Malcorra prefirió guardar silencio luego de  las declaraciones de su colega venezolana y tampoco hubo ningún pronunciamiento público sobre el tema.

Pero un estrecho colaborador de la ministra de Relaciones Exteriores de la administración de Mauricio Macri dijo a IPS: “Eso es una locura y de ninguna manera sucedió”.

La cancillería argentina evitó difundir un comunicado oficial, en busca de bajarle el perfil a la controversia.

“No lo salimos a contestar porque no vale la pena, pero ante la consulta puntual lo desmentimos rotundamente. Eso no pasó”, explicó la fuente.

Rodríguez había afirmado que “el año pasado, siendo Argentina presidente del Consejo Permanente (de la OEA), su canciller me propuso una negociación: que el tema de Venezuela lo llevara Argentina, para cortarle la cabeza a Almagro. Y nosotros le dijimos que no; que no entramos en negociaciones de los intereses ni de los derechos de Venezuela”.

La canciller realizó estas declaraciones en Caracas, durante la conferencia de prensa en la que anunció que Venezuela inicia el proceso para retirarse de la OEA, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro.

Según dijo Rodríguez, es justamente la salida de la OEA el hecho que ahora posibilita que haga públicas situaciones que venía callando.

“Me permito estos chismes porque, como ya no estamos en la Organización, puedo comentar muchos aspectos que han ocurrido en la misma”, explicó.

“Ahora me siento mucho más libre; puedo decir cositas sobre la OEA”, agregó.

Ese mismo día, la canciller Malcorra estaba en Washington, como parte de la comitiva que acompañó al presidente Macri en su visita oficial a Estados Unidos, durante la cual fue recibido en la Casa Blanca el jueves 27 por su par Donald Trump, con quien se intercambiaron gestos de amistad y entendimiento.

Luego de almorzar con Trump, Macri tuvo palabras duras hacia el gobierno de Maduro, ante un auditorio repleto en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en inglés), una organización que reúne a figuras académicas y corporativas del poder establecido de la potencia del Norte.

“Creo que en Venezuela no se tiene ningún respeto por los derechos humanos: eso no es una democracia. No se está respetando la independencia del Congreso, así que tenemos que seguir exigiendo elecciones y la liberación de los prisioneros”, dijo el presidente argentino, en un señalamiento que fue ovacionado por los presentes.

Ya desde la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, en diciembre de 2015, Macri buscó identificar a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), quien hoy es su principal adversaria política, con la “Revolución Bolivariana” de Caracas y agitó el fantasma de que Argentina se encaminaba a tener los mismos problemas económicos y sociales que hoy padece Venezuela si no cambiaba de rumbo.

Por su lado, Maduro tampoco se ha inhibido de cuestionar duramente a Macri, a quien ha calificado  de “ladrón” y de “bandido”.

Macri “gobierna para él y su familia, mientras arremete contra el pueblo”, dijo el presidente venezolano en febrero.

La canciller Malcorra participó el miércoles 26 en Washington en una reunión del Consejo Permanente de la OEA en la que se acordó convocar a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, para considerar la situación política y social en Venezuela.

Esa decisión provocó el anuncio de Caracas de que Venezuela se convertiría en el primer país de abandonar voluntariamente el organismo interamericano, lo que se oficializó este viernes 28 con una carta oficial suscrita por Maduro, según lo dicho por la canciller Rodríguez.

“El presidente Macri ha tomado una posición respecto de Venezuela hace mucho tiempo. Nada de lo que estamos haciendo se vincula, como fue sugerido, con esta visita a Estados Unidos. Esta es la visión de la Argentina, que ha sufrido cosas similares a las que hoy sufre Venezuela”, dijo Malcorra.

“Es una responsabilidad colectiva que tenemos todos nosotros: responder a una situación que la propia Venezuela considera grave. Una situación que tiene un impacto hacia adentro pero que empieza a tener, con un número significativo de venezolanos partiendo, migrando, un claro impacto sobre países vecinos y de la región”, agregó.

Malcorra aseguró que la decisión de convocar a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores no fue una iniciativa de Almagro, sino que “partió de un número significativo de estados miembro, como quedó comprobado con el resultado final de la votación”.

Venezuela ha rechazado estas iniciativas como una pretensión de “injerencia” sobre asuntos internos. Al anunciar la decisión de retirarse la OEA, el presidente Maduro acusó a la organización regional de “intervencionismo” y personalizó el desacuerdo en el secretario general, cuando clamó: “La OEA pa’l carajo; Luis Almagro pa’l carajo”.

Almagro, por su lado, calificó a Maduro de “dictador” y se reclamó “presión regional” para que su gobierno caiga.

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América Latina afronta ardua ruta hacia cumplimiento de los ODS http://www.ipsnoticias.net/2017/04/america-latina-afronta-ardua-ruta-hacia-cumplimiento-de-los-ods/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=america-latina-afronta-ardua-ruta-hacia-cumplimiento-de-los-ods http://www.ipsnoticias.net/2017/04/america-latina-afronta-ardua-ruta-hacia-cumplimiento-de-los-ods/#comments Fri, 28 Apr 2017 18:59:30 +0000 Emilio Godoy http://www.ipsnoticias.net/?p=134598 Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal (al centro), presidió las deliberaciones del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, realizado del 26 al 28 de abril en la sede de la Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores de México, en la capital del país. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal (al centro), presidió las deliberaciones del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, realizado del 26 al 28 de abril en la sede de la Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores de México, en la capital del país. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
MÉXICO, Apr 28 2017 (IPS)

Presupuesto adecuado, cooperación internacional, participación local, generación de datos confiables y monitoreo social son los mayores desafíos que América Latina y el Caribe enfrenta hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Esos retos se hicieron patentes durante el primer Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el gobierno mexicano, que tuvo lugar en esta capital entre el  miércoles 26 y el viernes 28 de abril.

“Hay un ligero repunte de la pobreza, lo cual es preocupante. Necesitamos más compromiso de los gobiernos de actuar frente a la nueva agenda para lograr una mejor distribución del ingreso. La desigualdad es un tema que debe ser prioritario”, dijo Addys Then, directora ejecutiva de la no gubernamental Alianza ONG de República Dominicana, una red de asociaciones sin fines de lucro."La nueva economía política pone en riesgo los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La agenda es necesaria para reducir la brecha entre los ganadores y perdedores (de la globalización) y para hacerse cargo de un mundo cada vez más desigual. Se necesita financiamiento, tecnología, comercio y rendición de cuentas": Alicia Bárcena.

Then, integrante también de la mesa de articulación de organizaciones de la sociedad civil en América Latina, asistió a este primer Foro regional sobre los ODS, que congregó a 789 delegados gubernamentales, de la sociedad civil, la academia y de organismos multilaterales.

En la declaración final, los 33 gobiernos presentes subrayaron el avance de la región en la aplicación de loa ODS mediante exámenes voluntarios, mejores prácticas e identificación de retos;  llamaron a la ONU a diseñar mecanismos de transparencia sobre el avance del desarrollo sostenible, resaltaron el enfoque de género, saludaron la participación multisectorial, aunque no aludieron al empleo decente ni derechos reproductivos.

El Foro se enfocó en la exposición de los avances del cumplimiento en la región de los 17 ODS, adoptados por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 2015, como mecanismos para alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Hasta ahora, ese progreso se ha manifestados sobre todo hasta en la creación de grupos parlamentarios abocados al tema, instancias gubernamentales y definición de metas e indicadores que reflejen el cumplimiento de los objetivos y sus metas.

Durante el Foro, los gobiernos aludieron a 36 puntos distintos, como combate a la pobreza y la desigualdad, construir sistemas de indicadores, enfrentar el cambio climático y encauzar el progreso tecnológico, dentro un temario ambicioso que por sí mismo enseña el tamaño de los retos por delante.

A lo largo de los tres días, al menos 11 naciones expusieron su situación frente a esa agenda, sin evidenciar aún avances sustantivos.

América Latina y el Caribe enfrenta una desaceleración económica que ha retrotraído la evolución lograda en varios temas  relevantes, como el combate a la pobreza, mejoramiento del ingreso e indicadores materno-infantiles, luego de una década de expansión económica apuntalada por altas cotizaciones de materias primas y repunte del intercambio comercial internacional.

Los 17 ODS se refieren a temas como la disminución de la pobreza y  hambre cero, la igualdad de género, el acceso a la salud y la educación de calidad, lucha contra el cambio climático, desarrollo económico, ecosistemas saludables, el derecho a la energía asequible y no contaminante o participación de la sociedad civil, entre otros.

Los objetivos constan de 231 indicadores asignados para las 169 metas específicas.

“La nueva economía política pone en riesgo los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La agenda es necesaria para reducir la brecha entre los ganadores y perdedores (de la globalización) y para hacerse cargo de un mundo cada vez más desigual. Se necesita financiamiento, tecnología, comercio y rendición de cuentas”, advirtió la mexicana Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, durante los debates.

Para la alta funcionaria internacional, sin una reforma fiscal la Agenda 2030 se quedará en “retórica”.

América Latina afronta ardua ruta hacia cumplimiento de los ODS

Delegados de los gobiernos latinoamericanos y caribeños, durante el primer Foro regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en Ciudad de México, entre el 26 y el 28 de abril, organizado por la Cepal. Crédito: Emilio Godoy/IPS

La Cepal estima  que la región necesita invertir entre tres billones (millones de millones) y 14 billones de dólares para alcanzar los ODS, de los cuales los más demandantes son infraestructura, ambiente y energía.

“Tenemos que aprobar políticas públicas para atender los Objetivos de Desarrollo Sostenible más allá de que nos restrinja una crisis económica. Tenemos que tener prioridades claves para reducir la pobreza, la desigualdad y la contaminación”, declaró a IPS el responsable del área de ambiente y empleo de la no gubernamental Confederación de Sindicatos de las Américas, el brasileño Daniel Angelim.

Ese colectivo ha elegido el trabajo decente, el género y la lucha contra la pobreza y la desigualdad como prioritarios. Para ello, diseña metas para cotejarlas con el desempeño de los Estados en un proyecto piloto que iniciará en Argentina, Brasil, Chile y Colombia.

El estado de los ODS será también el foco del Foro Político de Alto Nivel, la plataforma de Naciones Unidas para el seguimiento y la revisión de los avances de la Agenda 2030, del 10 al 19 de julio en Nueva York.

En esa cita, 44 Estados, 11 de ellos latinoamericanos,  presentarán sus exámenes voluntarios sobre los ODS. En 2016, 22 naciones, Colombia y México entre ellas, entregaron  sus evaluaciones voluntarias.

La mayoría de países de la región cuenta con consejos nacionales para la Agenda 2030, pero solo un puñado ha creado foros parlamentarios ad hoc y ha estipulado líneas base e indicadores para cumplir con los ODS.

De los 231 indicadores de los objetivos, solo 21 por ciento están y operativos y 22 por ciento podrían activarse con información ya existente. El 57 por ciento restante no se genera, pues hay pocos datos disponibles, o bien no se cuenta con ellos.

En Argentina “hay avances en temas vinculados al desarrollo económico e infraestructura. Se ha encajado el plan nacional en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y no al revés. Pero no vemos mucha implicación del gobierno y los sectores sociales y sí de los empresarios. El reto es no privatizar los objetivos, tenemos resquemor sobre eso”, señaló a IPS la dirigente gremial Marita González. 

Ella es la coordinadora del equipo multidisciplinario sobre trabajo decente de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la argentina Confederación General del Trabajo, uno de los mayores sindicatos argentinos, que seleccionó 10 de los 17 objetivos, con 75 indicadores a monitorear.

La  internacional Red Sindical de Cooperación al Desarrollo, con sede en Bruselas, creó una plataforma de seguimiento a los ODS para evaluar el cumplimiento de los Estados.

Esas iniciativas muestran la intención de la sociedad civil de seguir de cerca el alcance de los ODS, para fortificar la rendición de cuentas y la transparencia de los Estados y para evitar la repetición de la historia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de los primeros 15 años del siglo, que carecieron de mecanismos de evaluación.

Por ello, las organizaciones esperan que el Foro de la Cepal se institucionalice y se definan mecanismos de participación y vinculación en ese marco.

“Queremos la creación de un foro de sociedad civil reconocido por la Cepal para tener una voz y poder hacer un seguimiento más informado. Debe emanar una ruta de acción para ver cómo los plazos nacionales se aceleran y encontramos esa vinculación que pedimos”, planteó Then en su diálogo con IPS.

Mientras, Angelim consideró que “hay retraso” en el monitoreo de los ODS, González demandó un mecanismo consultivo para la aplicación del ODS 17 sobre alianzas con la sociedad civil, con quien “el gobierno argentino no tiene interlocución, lo está incumpliendo”.

Editado por Estrella Gutiérrez

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Periodistas de IPS muertos en el cumplimiento de su deber http://www.ipsnoticias.net/2017/04/periodistas-de-ips-muertos-en-el-cumplimiento-de-su-deber/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=periodistas-de-ips-muertos-en-el-cumplimiento-de-su-deber http://www.ipsnoticias.net/2017/04/periodistas-de-ips-muertos-en-el-cumplimiento-de-su-deber/#comments Fri, 28 Apr 2017 17:56:43 +0000 Thalif Deen http://www.ipsnoticias.net/?p=134595 Periodista de IPS en Sri Lanka, Richard de Zoysa, fue secuestrado por un “escuadrón de la muerte” a los 30 años, torturado y asesinado en febrero de 1990.

Periodista de IPS en Sri Lanka, Richard de Zoysa, fue secuestrado por un “escuadrón de la muerte” a los 30 años, torturado y asesinado en febrero de 1990.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Apr 28 2017 (IPS)

En un mundo políticamente peligroso para el periodismo, los profesionales del sector se han convertido en una especie en extinción, una realidad que no es ajena a IPS.

Los números son escalofriantes, unos 1.236 profesionales fueron asesinados desde 1992, según el Comité para la Protección de los periodistas (CPJ), con sede en Nueva York.

Solo en 2016, murieron 48 periodistas, y en estos primeros meses de 2017, ya van ocho. Los “países donde más mueren” son Siria, Iraq, Yemen, Afganistán, Libia y México, donde las organizaciones de noticias internacionales registraron el mayor número de víctimas."Si su asesinato no era suficiente para silenciarlo, entonces la censura tendría que hacer lo suyo”: Kanya D'Almeida.

IPS, una agencia de noticias dedicada a los países en desarrollo desde hace más de 53 años, ha sufrido tanto a manos de regímenes autoritarios como en contextos de guerra, en los cuales sus periodistas han sido detenidos, torturados y hasta asesinados, ya sea en Asia, África, Medio Oriente o América Latina.

Para las familias, la tragedia ha sido doblemente devastadora porque el o los asesinos nunca fueron encontrados, procesados ni condenados por la justicia de sus respectivos países y, en algunos casos, ni siquiera pudieron recuperar sus cuerpos.

Uno de los ejemplos más impactantes es el caso de Richard de Zoysa, jefe de la oficina de IPS en Sri Lanka, quien fuera secuestrado por un “escuadrón de la muerte” a los 30 años, torturado, asesinado y lanzado desde un helicóptero al océano. El mar devolvió su cuerpo hinchado en Colombo.

En un artículo de febrero de 2013, “Morir por informar en Sri Lanka”, la editora de IPS para Asia, Kanya D’Almeida, recuerda que si bien Sri Lanka conoció un período conocido como “reino del terror”, con dos grupos insurgentes en el sur y el norte, en los años 90 y durante el cual hubo muchas víctimas, “nadie se esperó que una de ellas fuera Richard de Zoysa”.

Él era “descendiente de dos poderosas familias, estrella del teatro srilankés en inglés, conocido comunicador y jefe de la oficina en Colombo de la agencia IPS. Sus artículos sobre Sri Lanka en los años 80 le granjearon reputación a nivel local e internacional”, indicó.

El horrendo delito, ocurrido en febrero de 1990, sigue impune después de 27 años.

En 2006, Alla Hassan, corresponsal de IPS en Iraq, murió de un disparo cuando se dirigía al trabajo en una zona de guerra, donde los asesinatos eran comunes en un área prácticamente sin Estado de derecho.

Y en Argentina, a mediados de la década de los años 70, dos periodistas de IPS, Luis Guagnini y Roberto Carri, fueron secuestrados al finalizar su jornada laboral en las oficinas de la agencia en Buenos Aires y sus cuerpos nunca fueron recuperados.

Juan Gelman, entonces director de la oficina de IPS América Latina, que estuvo en Buenos Aires entre 1974 y 1977, recuerda que, como era usual en esa época, el secuestro se atribuyó a grupos paramilitares, como la conocida Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), a la que se le atribuyen los asesinatos de unos 2.000 sindicalistas, estudiantes e intelectuales de izquierda.

En “Periodistas que pusieron al mundo al revés”, que relata la historia de IPS, Gelman recuerda que los números de esa época son sorprendentes, refiriéndose a los 30.000 desaparecidos, un término que implica el secuestro de ciudadanos desarmados, su tortura y asesinato y finalmente la desaparición de sus cuerpos.

“A principios de 1975, la Triple A tenía a IPS en la mira, y las dificultades para conseguir información se multiplicaban”, añade Gelman. En una demostración de solidaridad, el entonces director general de la agencia, Roberto Savio, trasladó la oficina de IPS América Latina a Roma.

En el caso De Zoysa, lo asesinaron en la víspera de su traslado a Lisboa, donde ocuparía el cargo de jefe de la oficina de IPS para Europa.

“Al tercer día de que seis hombres armados (a uno de los cuales su madre identificó como un funcionario policial de alto rango) lo obligaron a subirse a un jeep vistiendo nada más que su “sarong” (especie de falda que en muchos lugares de Asia usan tanto mujeres como hombres), un pescador encontró flotando un cuerpo en la costa de Moratuwa, un suburbio del sur de Colombo”, recuerda D’Almeida.

En 1990, la noticia de la muerte de De Zoysa desató una indignación pública que superó a la convocada por las alrededor de 40.000 muertes de la década infame del “reino del terror”, apunta.

“Pocos días después del funeral, los medios recibieron una directiva del gobierno: no más menciones de Richard de Zoysa, ni en la prensa escrita ni a través de fotografías ni en la radio. Si su asesinato no era suficiente para silenciarlo, entonces la censura tendría que hacer lo suyo”, añadió D’Almeida.

Su último despacho desde Colombo fue: “Sri Lanka: cerca de un Apocalipsis de derechos humanos”

A fines de los años 90, IPS le entregó en su oficina de la Organización de las Naciones Unidas de Nueva York, el Premio Internacional al Logro por su excelencia periodística y su cobertura sobre el asesinato de estudiantes a manos de escuadrones de la muerte en Sri Lanka, de forma póstuma.

Pero el representante permanente de Sri Lanka recibió instrucciones del ministro de Relaciones Exteriores de rechazar la invitación y boicotear la ceremonia, a pesar de que concurrieron unos 100 diplomáticos a la ceremonia.

Al ser consultada por la situación de la libertad de prensa en Sri Lanka tras el asesinato de De Soysa y de Lasantha Wickrematunge, jefe de redacción del Sunday Leader en enero de 2009, Sinha Ratnatunga, del Sri Lanka Sunday Times, dijo a IPS que el peligro es comparar el ambiente actual con lo que fue, en vez de hacerlo con lo que debiera ser.

Durante el “reino del terror” hubo cuantiosas acusaciones contra editores por difamación, seguidas de censuras a las noticias militares, y las nuevas normas contra el terrorismo que se promulgaron tuvieron consecuencias en la prensa, recordó Ratnatunga, expresidente del gremio de periodistas.

“Los periodistas que criticaban al ejército fueron blanco de ataques, algunos asesinados y otros secuestrados y torturados. La guerrilla del LTTE (los insurgentes Tigres para la Liberación de la Patria Tamil Ealam) fueron igual de despiadados con sus detractores”, apuntó.

El gobierno que en 2015 reemplazó al régimen anterior prometió el cielo y la tierra a la prensa, pero poco después de asumir, perdió la paciencia y comenzó una política de “ellos” y “nosotros”, y el autodenominado Gobierno de Unidad Nacional, en el que participan los dos grandes partidos, se volvió víctima de su propia intriga.

Los medios estatales respaldaban de la boca para afuera al gobierno de unidad, pero por dentro había una puja entre los partidarios del presidente y los del primer ministro. Aparte, los medios de comunicación siguieron creciendo en Sri Lanka: la prensa mantuvo su influencia, surgieron nuevas publicaciones, todo salpimentado con las redes social, que suelen impedir que los hechos se interpongan frente a un buen chisme, opinó Ratnatunga.

Para controlar el “monstruo”, el gobierno regula las frecuencias según sus preferencias y busca crear una comisión de estándares para su funcionamiento.

Los medios srilankeses viven tiempos interesantes, sintetizó Ratnatunga.

Traducido por Verónica Firme

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Multilateralismo, clave para potenciar Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible http://www.ipsnoticias.net/2017/04/multilateralismo-clave-para-potenciar-agenda-2030-para-desarrollo-sostenible/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=multilateralismo-clave-para-potenciar-agenda-2030-para-desarrollo-sostenible http://www.ipsnoticias.net/2017/04/multilateralismo-clave-para-potenciar-agenda-2030-para-desarrollo-sostenible/#comments Thu, 27 Apr 2017 23:27:03 +0000 alicia-barcena http://www.ipsnoticias.net/?p=134591 Alicia Bárcena, durante una de sus participaciones en el primer Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, en Ciudad de México. Crédito: Cepal

Alicia Bárcena, durante una de sus participaciones en el primer Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, en Ciudad de México. Crédito: Cepal

Por Alicia Bárcena
MÉXICO, Apr 27 2017 (IPS)

El cierre del año pasado y el inicio del actual llevan impresa la huella de cambios muy significativos y enormes incertidumbres, aunque también registran algunos avances notables y grandes oportunidades tanto a nivel global como para América Latina y el Caribe.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos (ODS), aprobados en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, representan una importante hoja de ruta hacia la construcción de un nuevo y ambicioso consenso de la comunidad internacional en torno a la necesidad de mayor cooperación para corregir asimetrías y sentar las bases de un sistema multilateral abierto, sostenible y estable.

La Agenda 2030, civilizatoria, universal e indivisible, pone en el centro la dignidad e igualdad de las personas y por lo tanto requiere la más amplia participación de todos los actores, incluyendo los Estados, la sociedad civil y el sector privado.

El actual contexto, marcado por el debilitamiento del multilateralismo, el retorno del proteccionismo y el ascenso de movimientos políticos extremistas, merma los avances de dicho consenso global, presenta un grave desafío para la economía mundial y pone en riesgo  el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En nuestra región enfrentamos un escenario complejo de menor crecimiento económico, con avances notables como el proceso de paz en Colombia, y también grandes incertidumbres en el futuro político y económico de la región, en un año de elecciones y antesala de comicios claves.

La coyuntura económica desfavorable y los bajos niveles de inversión que impactan en la productividad y limitan el cambio estructural necesario para avanzar hacia un nuevo estilo de desarrollo amenazan los logros sociales alcanzados por los países de nuestra región en las últimas décadas, en particular la reducción de la pobreza y de la desigualdad.

Esto es preocupante ya que hoy en día la pobreza aún afecta a 175 millones de latinoamericanos y caribeños, 75 millones de los cuales encaran cotidianamente la indigencia.

Por ello resulta apremiante que la agenda civilizatoria para la igualdad que entraña la Agenda 2030 tenga identidad y domicilio en América Latina y el Caribe. Que desde nuestra historia y condiciones, desde nuestra rica diversidad y esperanzas compartidas le demos rostro nuestro, instituciones nuestras, le imprimamos las urgencias que nuestra realidad reclama.

La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) ha enfatizado que no solo en lo social se juega lo social y que el manejo macroeconómico y las políticas industriales, de innovación y tecnológicas son cruciales para resolver los problemas sociales.

Tampoco la productividad y el cambio estructural se juegan solo en el campo económico. De hecho, la inversión social aumenta la productividad y genera externalidades positivas en todo el sistema, mientras que su falta acarrea costos y pérdidas de ingresos.

En la dimensión ambiental, los países de la región deben orientar sus esfuerzos por elevar la inversión y fortalecer las capacidades tecnológicas en los países en desarrollo, con el objetivo de desacoplar el crecimiento del producto interno bruto del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes a través de un gran impulso ambiental.

En este contexto, los países de nuestra región, comprendiendo la urgencia de los desafíos que enfrentan en esta coyuntura y la necesidad de potenciar la voz de la región en los foros globales sobre desarrollo sostenible, crearon el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible que busca propiciar, a través del intercambio de experiencias, buenas prácticas y aprendizajes compartidos, la colaboración entre pares e impulsar una implementación íntegra, coherente y más eficiente de la Agenda 2030.

El Foro, que celebra su primera reunión del miércoles 26 al viernes 28 de abril en Ciudad de México, es un mecanismo anual que pone en marcha una nueva metodología de participación multi-actor y sus resultados serán una contribución regional al Foro Político de Alto Nivel, que sesiona cada mes de julio en Nueva York.

Este Foro proporciona un espacio en el que los países de la región pueden reflexionar sobre cuáles van a ser sus estrategias y prioridades de desarrollo a mediano y largo plazo, fortaleciendo asimismo la integración regional como una herramienta esencial para enfrentar los desafíos del contexto global.

Hoy más que nunca debe ser promovida y ampliada la cooperación y la integración sobre bases multilaterales. La Agenda 2030 y los ODS son universales no sólo en el sentido de que buscan incluir a todos los países y de que su cumplimento sólo hace sentido si es pensado a escala planetaria. Lo son también porque los esfuerzos nacionales pueden ser potenciados o severamente comprometidos si no hay cooperación global y regional.

Revisado por Estrella Gutiérrez

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Defensa de viejos derechos reaviva protagonismo sindical en Brasil http://www.ipsnoticias.net/2017/04/defensa-de-viejos-derechos-reaviva-protagonismo-sindical-en-brasil/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=defensa-de-viejos-derechos-reaviva-protagonismo-sindical-en-brasil http://www.ipsnoticias.net/2017/04/defensa-de-viejos-derechos-reaviva-protagonismo-sindical-en-brasil/#comments Thu, 27 Apr 2017 21:59:45 +0000 Mario Osava http://www.ipsnoticias.net/?p=134585 Conductores de autobuses durante una asamblea el miércoles 26 de abril para adherir a la huelga general convocada por nueve centrales sindicales para el viernes 28 en todo Brasil. El sector de transportes acordó paralizar autobuses, metros, aviones, trenes y puertos. Crédito: UGT

Conductores de autobuses durante una asamblea el miércoles 26 de abril para adherir a la huelga general convocada por nueve centrales sindicales para el viernes 28 en todo Brasil. El sector de transportes acordó paralizar autobuses, metros, aviones, trenes y puertos. Crédito: UGT

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Apr 27 2017 (IPS)

La desfavorable coyuntura, con una prolongada recesión económica y un gobierno decidido a demoler fortificaciones laborales, empujó al sindicalismo de Brasil a un protagonismo político perdido en casi todo el mundo.

La huelga general de este viernes 28, por primera vez convocada por las nueve centrales sindicales juntas, le da cuerpo a la resistencia contra las reformas “neoliberales” promovidas por Michel Temer, vicepresidente elevado a la presidencia en mayo de 2016, cuando Dilma Rousseff salió del poder por un proceso de destitución que culminó en agosto.

“Vocea la insatisfacción de la sociedad en general, no solo de los trabajadores”, destacó José Dari Krein, profesor e investigador del Centro de Estudios Sindicales y Economía del Trabajo de la Universidad Estadal de Campinas.

La huelga amplia las protestas ocurridas en todo Brasil el 15 de marzo contra la reforma previsional y laboral, que “tuvieron poca repercusión, pero constituyeron la mayor movilización de trabajadores desde 1989, indicando una recuperación de fuerza sindical ante reformas absolutamente impopulares”, acotó a IPS.

Recientes encuestas registraron que entre 72 y 93 por ciento de los entrevistados en contra de medidas que retardan jubilaciones y reducen sus remuneraciones. Se trata de una enmienda constitucional que debe ser votada en la Cámara de Diputados en las próximas semanas y luego en el Senado.

La propuesta principal es fijar en 65 años para hombres y 62 años para las mujeres como edad mínima para la jubilación. Se suman restricciones a otros beneficios, como pensiones y jubilaciones especiales, como las de profesores y policías.

Es indispensable, según el sector gobernante y economistas en general, para evitar un déficit explosivo en el sistema previsional y el colapso de las finanzas públicas, ante el acelerado envejecimiento de la población brasileña.

Otro objeto de batalla es un proyecto de ley ordinaria, ya aprobada por los diputados el miércoles 26 de abril, que altera la legislación laboral con el objetivo general de reducir los costos del trabajo.

Las reglas están aún basadas mayormente en la Consolidación de las Leyes del Trabajo,  vigente desde 1943, y no son compatibles con la realidad actual, con tecnologías que modificaron profundamente las relaciones laborales, como las de la comunicación, arguyen en el gobierno y entre legisladores que aprobaron los cambios.

No se extingue ningún derecho, solo se está flexibilizando la aplicación de las leyes, de manera de fomentar la generación de empleos, reducir distorsiones y riesgos para los empleadores, ha sostenido el relator del proyecto en la Cámara de Diputados, Rogerio Marinho, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña.

Pero la propuesta aprobada por 296 diputados y rechazada por 177, que ahora solo depende del respaldo de una mayoría de los 81 senadores, altera cerca de 200 disposiciones legales, desarticulando todo el sistema que rige las relaciones entre capital y trabajo.

Defensa de viejos derechos reaviva protagonismo sindical en Brasil

Diputados de oposición protestan con pancartas en la sesión donde su cámara aprobó el proyecto de ley que altera la legislación laboral brasileña, priorizando negociaciones directas entre empleados y patrones, dificultando el acceso a la Justicia del Trabajo y las actividades sindicales. Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Los acuerdos negociados entre patrones y empleados tendrán prevalencia sobre las leyes, excluyendo algunos derechos, como salario mínimo, vacaciones, aguinaldos y un fondo individual que se acumula con el tiempo de empleo.

Ese cambio fortalece la función sindical, defienden analistas, pero le quita a los trabajadores la protección legal, necesaria donde los sindicatos son débiles, como ocurre en la mayor parte del país.

Además las condiciones actuales de Brasil, en aguda recesión hace más de dos años y con 14,2 millones de desempleados según datos oficiales revelados este viernes 28, no favorecen el lado del trabajador en las negociaciones, y el futuro suena cada día menos favorable, con la desaparición de empleos formales y estables, especialmente en la industria.

“La reforma laboral desmantela la protección a los derechos, cambiando contratos, liberando la tercerización, el trabajo intermitente o temporal y dificultando el acceso a la Justicia del Trabajo”, protestó a IPS  la secretaria de Relaciones de Trabajo de la Central Única de Trabajadores (CUT), Maria das Graças Costa.

Recurrir a los tribunales podrá costar caro a los empleados, al tener que pagar los costos del proceso y de abogados, hasta ahora gratis.

Perdería sentido un aparato de 24 Tribunales Regionales del Trabajo, con cerca de 3.600 jueces, que reciben más de tres millones de demandas al año, casi todas de empleados o despedidos. Una exageración, pero a veces la única defensa de trabajadores ante el poder del capital.

Un golpe, mortal para muchos sindicatos, será el fin del llamado “impuesto sindical”. Esa contribución anual, equivalente a un día del salario, era hasta ahora obligatoria y pasará a ser voluntaria, si como se espera la ley es aprobada en el Senado. Se espera un bajón en sus ingresos.

Representan hoy cerca de 1.100 millones de dólares anuales cobrados a todos los asalariados, que financian a los 11.326 sindicatos de trabajadores y 5.186 gremios patronales existentes en Brasil, según datos del Ministerio del Trabajo.

Esa fuente alimenta la proliferación de sindicatos, muchos de los cuales se transforma en un puro negocio de supuestos líderes que se eternizan en su dirección sin esfuerzo por representar a sus afiliados.

La posición de la CUT es fundamental porque es  la mayor central sindical del país, con 3,9 millones de afiliados, equivalentes a 30,4 por ciento del total de trabajadores sindicalizados: 17,76 millones.

Esta Central siempre se opuso al impuesto, que reconoce ser un factor de estafas. Pero ante la posibilidad de quiebra generalizada, propone una contribución negociada, aprobada en asambleas de los sindicatos, es decir una decisión colectiva, no individual como establece la propuesta oficial, informó Costa.

“El movimiento sindical reconoce la necesidad de reformas laborales y previsionales, pero no esas que nacen de una visión neoliberal extremada”, señaló Clemente Ganz, director técnico del Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos.

“Los conflictos aumentarán y serán más agresivos”, vaticinó, ante la “inmovilización de la Justicia del Trabajo y su reemplazo por protección de las empresas”, dijo a IPS.

La huelga general es parte de ese camino, con el resurgimiento del sindicalismo de combate, de grandes movilizaciones nacionales, que estuvieron ausentes en las últimas décadas.

“No hubo ataques a los derechos, sino un ambiente de protección al trabajo, con aumentos del salario mínimo, reconocimiento del trabajo doméstico, formalización de millones de empleos”, recordó Ganz para explicar la poca visibilidad de las actividades sindicales en los últimos 15 años.

Pero “el sindicalismo no estaba adormecido”, durante los gobiernos del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), entre 2003 y 2016, “hicimos la mayor campaña salarial del mundo, con varias marchas a Brasilia con más de 50.000 personas”, matizó Costa.

Los triunfos se concretaron en alza del salario mínimo, el programa de vivienda popular, apoyo a la agricultura familiar y empoderamiento de las mujeres. Se podía negociar con el gobierno, aclaró. “Ahora cambió, se quiere destruir una legislación consolidada en más de 70 años, sin negociar”, justificó.

En la década de 1990 fue al revés, “un período desfavorable”, con privatizaciones, muchos despidos y represión contra los trabajadores, provocando cierta desmovilización, recordó Krein.

Ahora con la desindustrialización precoz de Brasil, reducción y dispersión de los obreros industriales, aumento de empleos precarios y “flexibilizaciones” legales en desmedro de los trabajadores, el sindicalismo enfrenta graves desafíos.

Pero las amenazas le propiciaron una oportunidad de nuevo protagonismo y unificación.

La huelga es una manifestación no solo de sindicatos o trabajadores, sino de toda la sociedad en busca de soluciones colectivas, “de solidaridad y compañerismo”, y no individuales como proponen el gobierno y el parlamento, definió João Carlos Gonçalves, secretario general de Fuerza Sindical, segunda mayor central brasileña.

Editado por Estrella Gutiérrez

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Mujeres indígenas encabezan la defensa del ambiente http://www.ipsnoticias.net/2017/04/mujeres-indigenas-encabezan-la-defensa-del-ambiente/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mujeres-indigenas-encabezan-la-defensa-del-ambiente http://www.ipsnoticias.net/2017/04/mujeres-indigenas-encabezan-la-defensa-del-ambiente/#comments Thu, 27 Apr 2017 18:43:48 +0000 Tharanga Yakupitiyage http://www.ipsnoticias.net/?p=134581 Mujeres regresan del bosque con canastas llenas de corteza de árbol, que recogieron con mucho trabajo, y estiércol seco. La comunidad bhumia practica una silvicultura sostenible. Crédito: Manipadma Jena/IPS.

Mujeres regresan del bosque con canastas llenas de corteza de árbol, que recogieron con mucho trabajo, y estiércol seco. La comunidad bhumia practica una silvicultura sostenible. Crédito: Manipadma Jena/IPS.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Apr 27 2017 (IPS)

Las mujeres indígenas son las que sufren los primeros y los peores efectos del cambio climático, y también las que encabezan los esfuerzos para proteger el ambiente.

Un foro organizado por la Red de Acción de Mujeres para la Tierra y el Clima (Wecan, en inglés) reunió a indígenas de todo el mundo para discutir los efectos del cambio climático en sus comunidades y en sus respectivas actividades laborales hacia las soluciones sostenibles.

“Este foro está bastante enfocado a las comunidades que están al frente de la lucha contra el cambio climático. Quisiéramos tomarnos el tiempo para visibilizar el liderazgo de las mujeres y sus llamados a la acción”, indicó la directora ejecutiva de Wecan, Orielle Lake.

Las indígenas “trazan una línea roja para proteger y defender a la madre tierra, a todas las especies y a la red misma de la vida”, añadió.

Entre las participantes del foro estaba la directora ejecutiva de la Red de Información Indígena, Lucy Mulenkei, que trabaja con comunidades indígenas en Kenia en cuestiones de desarrollo sostenible.

Las indígenas keniatas soportan la carga de las consecuencias del cambio climático, observó. “Experimentamos muchas sequías prolongadas, un trabajo más que recae sobre las mujeres, pues encontrar agua se convierte en un problema porque hay que ir más lejos.”

En febrero, el gobierno keniata declaró emergencia nacional por la sequía, lo que significa que duplicó el número de personas que viven con inseguridad alimentaria, aumentó el grado de malnutrición a niveles de emergencia y dejó a millones de personas sin acceso al agua potable.

Pero debido al cambio climático, el país también experimenta fuertes lluvias, lo que generó inundaciones, que perjudicaron a las comunidades indígenas, indicó Mulenkei.

Los extremos climáticos son en gran medida el resultado del uso de combustibles fósiles, cuya quema emite gases de efecto invernadero que contribuyen al recalentamiento global. Estados Unidos es responsable de casi 20 por ciento de las emisiones contaminantes, lo que lo convierte en uno de los que más gases libera a la atmósfera.

A pesar de estar a unos 12.900 kilómetros de Kenia, Mulenki recordó a IPS que “cualquier cosa que hagas muy lejos, nos impacta a nosotros aquí”.

La industria de los combustibles fósiles también impacta a las comunidades indígenas de Estados Unidos con sus megaproyectos de infraestructura.

“No te imaginas todo lo que cambió con la llegada del petróleo”, indicó Kandi Mossett, responsable de Energía Extrema y Campaña de Transición Justa de la organización Red Ambiental Indígena, refiriéndose al descubrimiento de petróleo en la formación de Bakken, en Dakota del Norte.

“El aire se envenena, el agua se destruye”, subrayó.

Mossett es una de las indígenas que encabezan el movimiento contra el oleoducto Dakota Access, que concentró la atención internacional en 2016, cuando miles de manifestantes fueron violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad.

Las comunidades indígenas son un blanco desproporcionado de esos proyectos. “No ve un pozo de fracturación en Hollywood ni en el jardín de la Casa Blanca. Lo ve en poblaciones de bajos ingresos y de minorías”, ejemplificó.

Mossett subrayó la importancia del consentimiento previo para la aprobación de esos proyectos de desarrollo, como está previsto en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ni el gobierno ni la empresa respetaron esa norma en el caso del Dakota Access.

“La consulta no equivale al consentimiento”, precisó a los presentes.

Las comunidades indígenas tienen que hacer frente a problemas similares a medida que la economía y las compañías realizan la transición hacia las energías renovables.

En Kenia, las comunidades indígenas son testigo de la construcción de proyectos de energía renovable sobre sus tierras y sin su consentimiento, como las iniciativas Ngong Hills y Kipeto en territorio masai.

“Me siento desatendida, me siento marginada, me siento aislada”, confesó Mulenkei a IPS, respecto de la falta de consentimiento y consultas con los pueblos indígenas por la realización de los proyectos de infraestructura. Estos serán beneficiosos solo si están abiertos a la participación, añadió.

Los pueblos indígenas a veces soportan violaciones más extremas con el crecimiento de la economía verde, como el desplazamiento de las comunidades masai, tras la expansión de la producción de energía geotérmica.

En Honduras, la indígena defensora del ambiente Berta Cáceres fue asesinada en su casa en marzo de 2016 por oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica.

Un informe del Centro de Recursos Empresariales y de Derechos Humanos señaló que cinco de cada 50 empresas dedicadas al desarrollo de energías renovables dicen estar comprometidas con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Mossett y Mulenkei coincidieron en la necesidad de respetar los derechos indígenas de forma integral y urgieron a tomar medidas colectivas para proteger el ambiente y contemplar los derechos humanos.

“Tenemos que tomar medidas directas no violentas en el terreno y recuperar el poder sobre nuestras comunidades porque nadie lo hará por nosotros”, remarcó Mossett.

El foro de Mujeres Indígenas para la Protección de la Tierra, los Derechos y las Comunidades se realizó en forma paralela con la 16 sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, que comenzó el 24 de este mes y se extenderá hasta el 5 de mayo en la sede del foro mundial de Nueva York.

Traducido por Verónica Firme

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Siete preguntas urgentes sobre el futuro del trabajo http://www.ipsnoticias.net/2017/04/siete-preguntas-urgentes-sobre-el-futuro-del-trabajo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=siete-preguntas-urgentes-sobre-el-futuro-del-trabajo http://www.ipsnoticias.net/2017/04/siete-preguntas-urgentes-sobre-el-futuro-del-trabajo/#comments Thu, 27 Apr 2017 09:02:11 +0000 Baher Kamal http://www.ipsnoticias.net/?p=134578 Crédito: OIT

Crédito: OIT

Por Baher Kamal
ROMA, Apr 27 2017 (IPS)

Las transformaciones que se suceden en todo el mundo en el ámbito del trabajo están alterando la conexión entre el empleo, el desarrollo personal y la participación comunitaria. Se calcula que para 2030 se necesitarán más de 600 millones puestos laborales nuevos, solo para mantenerse a la par del crecimiento demográfico. 

Eso equivale a unos 40 millones de empleos por año. También existe la necesidad apremiante de mejorar las condiciones de 780 millones de mujeres y hombres que trabajan pero no ganan lo suficiente para salir de la pobreza de apenas dos dólares por día."Nos enfrentamos al doble reto de reparar los daños causados por la crisis socioeconómica mundial y de generar empleos de calidad para las decenas de millones de nuevos participantes en el mercado de trabajo cada año": Guy Ryder.

Sobre estos temas principales, que afectan principalmente al presente y al futuro de la juventud, y en particular a los grupos más vulnerables, como las mujeres, los migrantes, las comunidades rurales y los pueblos indígenas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea siete preguntas clave.

  • ¿Cómo gestionarán las sociedades estos cambios?
  • ¿Unirán o separarán a las economías industrializadas, emergentes y en desarrollo?
  • ¿De dónde vendrán los empleos del mañana y cómo serán?
  • ¿Cuáles son los retos y oportunidades que enfrenta la juventud en su transición al mundo laboral?
  • ¿Cuál es el camino para lograr un crecimiento inclusivo sostenible para las generaciones futuras?
  • ¿Cuáles son las nuevas formas de la relación laboral y en qué medida esta seguirá recibiendo muchas de las protecciones que se otorgan actualmente a las trabajadoras y los trabajadores?
  • ¿Qué iniciativas podrán revitalizar las normas e instituciones existentes o crear nuevas formas de regulación que puedan ayudar a enfrentar los retos actuales y futuros de la gobernabilidad?

Estas preguntas fueron prioritarias en el simposio El futuro del trabajo que queremos: Un diálogo global, organizado por la OIT en su sede en Ginebra los días 6 y 7 de este mes.

¿Por qué?

En todo el planeta, en economías en distintas etapas de desarrollo, se están produciendo cambios profundos en la naturaleza del trabajo, indica la OIT, y agrega que numerosos y diversos factores los explican, como el cambio demográfico y el climático, la innovación tecnológica, la variación en los patrones de prosperidad y pobreza, la creciente desigualdad, el estancamiento económico y el carácter cambiante de la producción y el empleo.

“Las transformaciones que presenciamos ahora nos desafían a imaginar el futuro del trabajo a largo plazo para dirigir esta evolución hacia la justicia social. La creciente ansiedad generalizada acerca de si el futuro producirá una mayor polarización dentro y entre los países trae urgencia a esta tarea”, destacó la OIT.

Reconociendo la urgente necesidad de comenzar a recabar la experiencia mundial para hacer que el futuro del trabajo sea el que queremos, la OIT presentó la Iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo.

El simposio giró en torno a cuatro “conversaciones centenarias”: trabajo y sociedad, empleos dignos para todos, organización laboral y producción, y la gobernanza del trabajo. El evento reunió en Ginebra a pensadores y actores internacionales que están a la vanguardia de los debates sobre la temática.

Se dedicó un período extraordinario de sesiones a debatir las perspectivas y opiniones de los jóvenes, incluidos los representantes de los interlocutores sociales, en el futuro del trabajo que habrán de experimentar.

El crecimiento económico decepciona

“Nos enfrentamos al doble reto de reparar los daños causados ​​por la crisis socioeconómica mundial y de generar empleos de calidad para las decenas de millones de nuevos participantes en el mercado de trabajo cada año”, declaró el director general de la OIT, Guy Ryder.

El crecimiento económico continúa decepcionando, tanto en los niveles como en el grado de inclusión, explicó. “Esto pinta un panorama preocupante para la economía global y su capacidad de generación de empleos suficientes. Y mucho más para trabajos de calidad”, agregó.

La “persistencia de niveles elevados de formas vulnerables de empleo combinadas con una clara falta de progreso en la calidad del empleo – incluso en los países donde las cifras globales están mejorando – son” alarmantes”, se quejó Ryder.

La publicación de la OIT Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2017 prevé que las formas vulnerables de empleo – es decir, los trabajadores familiares contribuyentes y los trabajadores por cuenta propia – se mantendrán por encima de 42 por ciento del empleo total, equivalente a 1.400 millones de personas.

De hecho, casi la mitad de los trabajadores en los países emergentes tienen formas vulnerables de empleo, llegando a más de 80 por ciento del total en los países en desarrollo, señaló Steven Tobin, economista principal de la OIT y autor principal del informe.

En consecuencia, se prevé que el número de trabajadores con empleos vulnerables crezca en 11 millones por año, siendo el sur de Asia y África subsahariana las regiones más afectadas.

Mientras tanto, se prevé que la tasa global de desempleo aumente ligeramente de 5,7 a 5,8 por ciento este año, lo que equivale a 3,4 millones más de desempleados, según un nuevo informe de la OIT.

En 2017 habrá poco más de 201 millones de desempleados en todo el mundo, con un aumento adicional de 2,7 millones previstos para 2018, ya que el crecimiento de la fuerza de trabajo superará la creación de empleo.

El desempleo es serio en América Latina, el Caribe y África subsahariana

Los autores del informe advierten que los desafíos del desempleo son particularmente serios en América Latina y el Caribe, donde las cicatrices de la reciente recesión tendrán un importante efecto residual en 2017, así como en África subsahariana, que también pasa por su menor nivel crecimiento en más de dos décadas.

Por el contrario, el desempleo debería disminuir en 2017 entre los países industrializados, de 6,3 a 6,2 por ciento. Pero el ritmo de la mejora se está desacelerando y hay signos de desempleo estructural entre los países ricos.

Tanto en Europa como en América del Norte el desempleo de larga duración sigue siendo alto en comparación con los niveles previos a la crisis y, en el caso de Europa, sigue aumentando a pesar de las tasas de desempleo.

Otra tendencia clave que destaca el informe es que la reducción de la pobreza laboral está disminuyendo, lo que pone en peligro las perspectivas de erradicación de la pobreza, como se establece en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.

Se prevé incluso que el número de trabajadores que ganan menos de 3,10 dólares por día aumente en más de cinco millones en los próximos dos años en los países en desarrollo.

Traducido por Álvaro Queiruga

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Fallan modelos de protección a los periodistas en América Latina http://www.ipsnoticias.net/2017/04/fallan-modelos-de-proteccion-a-los-periodistas-en-america-latina/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fallan-modelos-de-proteccion-a-los-periodistas-en-america-latina http://www.ipsnoticias.net/2017/04/fallan-modelos-de-proteccion-a-los-periodistas-en-america-latina/#comments Wed, 26 Apr 2017 18:14:36 +0000 Daniela Pastrana http://www.ipsnoticias.net/?p=134570 El fotógrafo mexicano Rubén Espinosa coloca una placa en honor de Regina Martínez, el 28 de abril de 2015, en la plaza central de Xalapa, la capital del sureño estado de Veracruz, para conmemorar los tres años del asesinato de la periodista. En julio de ese año, Espinosa fue asesinado también. Crédito: Roger López/IPS

El fotógrafo mexicano Rubén Espinosa coloca una placa en honor de Regina Martínez, el 28 de abril de 2015, en la plaza central de Xalapa, la capital del sureño estado de Veracruz, para conmemorar los tres años del asesinato de la periodista. En julio de ese año, Espinosa fue asesinado también. Crédito: Roger López/IPS

Por Daniela Pastrana
MÉXICO, Apr 26 2017 (IPS)

El reportero mexicano Cecilio Pineda Brito cubría temas de narcotráfico en una región del sureño estado de Guerrero, conocida por el control que ostentan en ella los grupos criminales.

En septiembre de 2015 había sufrido un atentado y su condición de “altísimo riesgo” lo hizo beneficiario del mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que existe en México desde diciembre de 2012. 

Le asignaron medidas de protección, que básicamente consistían en rondas policiales.  Le ofrecieron irse a un refugio en Ciudad de México. Se negó.

En octubre de 2016, los responsables del mecanismo decidieron quitarle la protección; cinco meses después, Pineda Brito se convirtió en el primer periodista asesinado en 2017 en el país puntero en violencia contra la prensa en el continente.“Además de México, Honduras, Brasil y Colombia, ahora la situación en Paraguay y Venezuela, especialmente, han marcado el deterioro de la libertad de prensa en la región”: Ricardo González.

Después del asesinato de Pineda Brito, el 2 marzo, siguieron seis semanas de terror en que fueron asesinados tres periodistas más, mientras otros dos fueron víctimas de graves atentados con armas de fuego en diferentes puntos de este país de 118 millones de personas.

El asesinato más impactante fue el ocurrido el 26 de marzo, de Miroslava Breach, una periodista con una larga y sólida trayectoria que enviaba información al diario La Jornada desde el norteño estado de en Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, y que cubría información política.

Pero el de Pineda Brito puso en evidencia la ineficacia de los mecanismos institucionales para la protección de los periodistas que existen en la región. 

Este último año ha quedado claro el fracaso del modelo de protección estatal exportado de Colombia a México y recientemente a Honduras”, dijo Ricardo González, oficial de Protección y Seguridad de la organización internacional Artículo 19, con su base central en Londres y dedicada a la defensa de la libertad de expresión.

“Los casos de periodistas asesinados en México que estaban bajo protección de diferentes mecanismos del Estado, así como la renuncia de la Fundación para la Libertad de Prensa a participar en la evaluación de casos en el mecanismo colombiano son cosas que deben preocupar”, insistió en diálogo con IPS.

Para González, la ausencia de un sistema de justicia y reparación hacen del modelo un instrumento “ineficaz, además de financieramente insostenible”.

Los números de México le dan la razón: según el último informe de Artículo 19, de las 427 agresiones registradas en 2016 a los medios y a los periodistas,  99,7 por ciento no tuvieron castigo.

Mientras,  la  Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión solo ha conseguido que tres casos hayan concluido en una sentencia a los agresores.

La mayor parte de las agresiones  fueron contra periodistas que trabajan en medios pequeños fuera de la capital del país y al menos la mitad fueron cometidas por agentes del Estado.

En contraparte, el mecanismo federal de protección mantiene medidas a 509 personas (244 son periodistas y el resto defensores de derechos humanos).

Además, pese a que los riesgos lejos de disminuir, crecen, el gobierno y el Congreso legislativo le eliminaron los recursos para la protección, así que desde enero, el mecanismo funciona con los remanentes de un fideicomiso cuyas  reservas de aproximadamente 9,5 millones de dólares se terminarán en septiembre.

Para Artículo 19, la imparable violencia contra de la prensa sigue siendo uno de los principales retos en toda la región y un punto de reflexión cuando el 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión.

“Además de México, Honduras, Brasil y Colombia, ahora la situación en Paraguay y Venezuela, especialmente, han marcado el deterioro de la libertad de prensa en la región”, dijo González.

Fallan modelos de protección a los periodistas en América Latina

Mapa de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, difundido el miércoles 26 de abril por Reporteros sin Fronteras, donde Cuba (puesto 173) y México (147) son los peor situados de América Latina, mientras Uruguay (25) y Chile (33) aparecen como los mejores en el ranking de 180 países analizados. Crédito: RSF

En el mismo sentido, la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2017 de Reporteros Sin Fronteras, publicada este miércoles 26, alerta sobre la inestabilidad política y económica registrada en varios países de América Latina, donde los periodistas que investigan temas que afectan a los intereses de dirigentes políticos o del crimen organizado suelen ser agredidos, perseguidos, asesinados.

“RSF lamenta el pernicioso y continuo deterioro de la situación de la libertad de prensa en América Latina”, dijo Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF, en la presentación de la Clasificación.

“Frente a una amenaza multifacética, con frecuencia los periodistas deben autocensurarse, incluso exiliarse, para sobrevivir. Esta es una situación intolerable en países democráticos”, agregó.

El informe de RSF destaca el caso de Nicaragua, país que “experimentó la mayor caída registrada en la Clasificación”, pues la prensa independiente y de oposición, la controvertida reelección de Daniel Ortega estuvo marcada por múltiples casos de censura, intimidación, acoso y detenciones arbitrarias. Bajó 17 puestos, para situarse  en el 92.

También considera “otro caso preocupante” el de México, que en 15 años ha caído del lugar 75 al 147 y por sus condiciones de peligro se encuentra situado  entre Siria y Afganistán.  “México sigue gangrenado por la corrupción y la violencia del crimen organizado”, dice el informe.

De hecho, es el segundo país latinoamericano peor clasificado, después de Cuba, en el puesto 173, tras perder dos puntos, entre los 180 países analizados.

A nivel regional,  los mejor situados en el ranking son Uruguay (puesto 25, perdiendo cinco), Chile (puesto 33, perdiendo dos) y Argentina (puesto 50, subiendo cuatro).

Se sofistican los medios de control

A pesar de todas las amenazas y riesgos, el periodismo independiente está avanzando en la región. En 2016, la organización Sembramedia creó el primer directorio de medios nativos digitales en América Latina que suma más de 500 plataformas independientes.

Pero del mismo modo, los medios de control de la prensa independiente están en “plena sofisticación”, destacó González.

El acoso judicial, laboral y en Internet, así como la censura indirecta vía el control de la publicidad estatal son las herramientas que gobiernos y grupos políticos y económicos utilizan de manera cada vez más recurrente en toda la región.

En México, el caso más emblemático es el de la periodista Carmen Aristegui, quien fue despedida junto con su equipo de investigación de MVS radio tras la publicación de una investigación sobre corrupción que involucra al presidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, hay otros casos aún más increíbles, como la orden de un juez de que se aplique exámenes psicológicos al politólogo Sergio Aguayo, después de la publicación en diversas columnas periodísticas de información documentada sobre masacres en el estado de Coahuila que involucraban al ex gobernador Humberto Moreira.

La organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, ha documentado que el gobierno y los 32 estados en que se divide este país federal,  gastan en promedio unos 800 millones de dólares anuales para comprar espacios en los medios de comunicación y difundir anuncios institucionales.

Otra organización mexicana de defensa de los derechos digitales, R3D, documentó que varios gobiernos regionales compraron programas de Hacking Team, una empresa italiana de tecnología de información, que vende herramientas  de espionaje, bloqueo, control e intrusión a gobiernos y empresas en páginas digitales, redes sociales y servicios de correo electrónico

Según R3D, en México la intimidación y la vigilancia en línea han aumentado durante la presidencia de Peña Nieto

El patrón se repite en otros países de América Latina, donde las agresiones no solo no se han detenido, sino que van en aumento y ahora presentan nuevos retos.

“En el último año hemos visto como los riesgos de la violencia que antes estaban reservados a temas como el narcotráfico, ahora son enfrentados por quienes cubren temas relacionados con migración y tráfico de personas, además de ambientales y defensa comunitaria de la tierra frente a industrias extractivas”, dijo González.

Otro foco rojo está en la cobertura de asuntos fronterizos. “La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha tenido un efecto bastante negativo en términos de libertad de prensa, tanto interior, como internacional, en toda la región”, insistió.

Editado por Estrella Gutiérrez

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Kenia busca evitar la violencia electoral controlando a la prensa http://www.ipsnoticias.net/2017/04/kenia-busca-evitar-la-violencia-electoral-controlando-a-la-prensa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kenia-busca-evitar-la-violencia-electoral-controlando-a-la-prensa http://www.ipsnoticias.net/2017/04/kenia-busca-evitar-la-violencia-electoral-controlando-a-la-prensa/#comments Wed, 26 Apr 2017 18:05:05 +0000 Justus Wanzala http://www.ipsnoticias.net/?p=134571 En Kenia, los medios y los periodistas son señalados como responsables de la violencia postelectoral que se desató entre 2007 y 2008 y que adoptó un carácter étnico. Crédito: Justus Wanzala/IPS.

En Kenia, los medios y los periodistas son señalados como responsables de la violencia postelectoral que se desató entre 2007 y 2008 y que adoptó un carácter étnico. Crédito: Justus Wanzala/IPS.

Por Justus Wanzala
NAIROBI, Apr 26 2017 (IPS)

En el marco de las próximas elecciones generales de Kenia, previstas para el 8 de agosto, la Autoridad de Comunicaciones de este país africano divulgó las pautas de cobertura electoral que rigen a los medios y a los periodistas, instalando dudas sobre si el gobierno busca controlar la información.

Las medidas, divulgadas el 28 de febrero, obligarían a los periodistas a guardar todos sus apuntes y grabaciones durante seis meses y a asegurarse de que los invitados de los programas de radio y televisión no realicen declaraciones de odio sobre personas o grupos étnicos.

Luego, el 7 de marzo, las autoridades de los medios de comunicación suscribieron otro código de cobertura electoral, diseñado esta vez por el Consejo de Medios de Kenia (MCK), con la colaboración de la Comisión Electoral y de Circunscripciones. El primer organismo se encarga de proteger la independencia de los medios y reforzar los estándares de profesionalismo.“Considerando que la mayoría de las empresas de medios son propiedad de políticos influyentes y personas con vínculos de poder, queda por ver si quienes incumplan, terminan en la justicia”: Kennedy Epalat.

La iniciativa del MCK también requiere que las organizaciones de medios se ajusten a los principios del periodismo responsable de ser sensibles a la preservación de la paz y proteger la objetividad durante los comicios.

Kenia ya sufrió la violencia postelectoral entre diciembre de 2007 y enero de 2008 por diferencias sobre el resultado que terminó con 2.000 personas muertas y unas 3.000 desplazadas de sus hogares. Entonces se responsabilizó a los medios de no contribuir a contrarrestar los enfrentamientos, los que adoptaron un carácter étnico.

El episodio tuvo consecuencias en las elecciones de 2013, que transcurrieron en paz, pero en las que se cuestionó a los medios por ser demasiado tímidos. Muchos observadores criticaron que la cobertura no contempló algunos problemas delicados que atravesaba el país.

Pero no todo el mundo piensa que las actuales pautas son contraproducentes.

El periodista Dennis Odunga, del Daily Nation, opinó que el cumplimiento de las normas seguirá siendo un desafío mientras prevalezca la impunidad. Pero las pautas de la Autoridad de Comunicaciones de Kenia (CAK) solo procuran recordar que se espera que los medios promuevan una cobertura justa de acuerdo con ciertos estándares periodísticos.

“Por ejemplo, guardar apuntes y grabaciones no es nada nuevo en los medios del mundo. Es una norma que aplicamos cuando trabajamos con temas sensibles, como artículos de investigación”, observó.

Es posible monitorear el discurso de odio en los medios impresos y electrónicos, observó. Y en el caso de la radio y la televisión, los conductores deberían controlar la situación y apurarse a interrumpir a los invitados que pretendan usarlos como plataforma para fomentar disputas étnicas, aunque es una medida que debe aplicarse con decoro, precisó.

“La libertad de expresión y el acceso a la información no son absolutas (en la Constitución)”, apuntó. “Pero siendo una entidad gubernamental, debemos de estar en guardia frente a la posibilidad de que haya malicia en algunas de las normas, en especial en la programación, que puede afectar el ingreso de fondos a las empresas de medios”, observó.

El equilibrio en la cobertura electoral podría no ser más que una utopía, pues los medios actúan en función de sus propietarios y de intereses editoriales, resumió.

Angela Koki, de la CAK, dijo a IPS, en representación del director general, Francis Wangusi, que la Ley de Información y Comunicación de 1998 le otorga el poder de dictar un código que fije estándares para el tiempo y la forma en que deben transmitirse los programas de radio y televisión.

La CAK preparó un Código de Programación y un procedimiento de Gestión de Reclamaciones para usar en la regulación de los servicios de transmisiones de radio y televisión.

“La consulta se hizo de acuerdo con la Constitución y la consolidación de insumos; los documentos finales se publicaron y entraron en vigor el 1 de julio de 2016”, recordó.

Koki precisó que en el marco de su mandato, la CAK solo le recuerda a las empresas las disposiciones normativas ya existentes en relación con el uso responsable de las transmisiones de radio y televisión antes, durante y después de las elecciones.

“La cobertura de las elecciones y de los partidos políticos se encuentra en la sección nueva del Código de Programación y requiere que las radiodifusoras ofrezcan una cobertura equilibrada y oportunidades a los partidos políticos y a los candidatos, entre otros estándares”, precisó.

En lo que respecta al exceso de normas y regulaciones, Koki explicó que el mandato de la CAK es regular a las empresas a las que les otorga licencia y no se extiende a los profesionales ni a las prácticas periodísticas.

El MCK es el regulador y el encargado de velar por la buena práctica profesional y por las responsabilidades de los trabajadores de los medios, añadió.

“El requisito para guardar las grabaciones por un año y el de demorar siete segundos una transmisión en vivo como para gestionar el contenido no deseado antes de que salga al aire se aplica a las empresas, no a los periodistas”, aclaró.

Además, coincidió con Odunga en que el Código de Programación es un documento vivo que debe revisarse cada dos años, por lo que urgió a los periodistas a realizar aportes para mejorarlo cuando se haga otro llamado a consultas.

Por su parte, el subdirector ejecutivo del MCK, Victor Bwire, coincidió, y mencionó que el organismo solo se refirió a la necesidad de implementar del Código de Programación, e indicó que el de la CAK se creó de forma participativa.

“No son nuevas, solo las actualizamos para incluir cuestiones relacionadas con la sensibilidad de género y otros asuntos emergentes como noticias falsas”, indicó.

“El objetivo es garantizar una cobertura electoral justa y profesional. La medida procura la adherencia a los estándares, como sucede con temas de cambio climático y negocios; si acaso, cada empresa tiene su propia política”, añadió.

Pero el editor de noticias Kennedy Epalat, de la Kenya Broadcasting Corporation, dijo que la iniciativa de la CAK responde a la idea de que los medios contribuyeron a la violencia postelectoral de 2007-2008, y en especial las emisoras locales de radio.

En lo que respecta a los invitados, Epalat opinó que los productores deben evitar invitar a aquellas figuras conocidas por propagar discursos de odio. Además, los conductores deben dar pautas a los invitados sobre cómo actuar y cómo no, aunque no son medidas fáciles de implementar.

“En 2004, puse a un parlamentario en la lista de personas que no podían participar en mis programas de radio porque atacaba al presidente cuando hablaba sobre delincuencia y corrupción, incluso cuando ya le había dicho que evitara el tema”, relató.

“Dos meses después, ese parlamentario fue nombrado ministro adjunto de Información y Radiodifusión y le pidió a mi emisora que le reservara una hora por semana que utilizaría para explicar la política gubernamental”, añadió.

“La gente que consultas quizá no quiera dar información tan libremente como si los entrevistara alguien de su propia comunidad. Tienden a confiar más en alguien de su propio entorno con la información, en especial en cuestiones sensibles”, opinó Epalat, al ser consulta por el impacto de las nuevas pautas de cobertura para las elecciones generales de este año.

Las dificultades se agravarán si quienes cubren los comicios no están capacitados ni conocen las nuevas normas. Y al igual que Odunga, le preocupa el tema de la impunidad.

“Considerando que la mayoría de las empresas de medios son propiedad de políticos influyentes y personas con vínculos de poder, queda por ver si quienes incumplan, terminan en la justicia”, apuntó.

En lo que respecta a los periodistas, opinó que como el MCK suscribió un memorando de entendimiento con la comisión electoral sobre la cobertura periodística, mientras cumplan las normas y apliquen el sentido común, teniendo en cuenta el caos de los otros comicios, no tienen nada de qué preocuparse.

Traducido por Verónica Firme

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