Presión regional puede ser clave en crisis paraguaya
Por Natalia Ruiz DíazASUNCIÓN, 25 jun (IPS) - La comunidad internacional, en especial la de América del Sur,
puede jugar un papel decisivo en la crisis abierta en Paraguay
por la destitución de Fernando Lugo de la Presidencia y la
investidura en su lugar del ahora exvicepresidente, Federico
Franco.Sobre la llegada de Franco a la Presidencia se cierne un
halo de críticas y adhesiones. El no reconocimiento de su
gobierno por parte de los países vecinos le abre un difícil
escenario local e internacional.
Mientras en la sede presidencial, en Asunción, Franco
presentaba este lunes 25 a su gabinete, Lugo –depuesto
mediante juicio
político el viernes 22– anunciaba uno paralelo, de
carácter político, para fiscalizar las acciones del nuevo
gobierno.
Ambos hechos se registraron en un escenario regional no
menos importante.
Argentina retiró a su embajador en Paraguay y Venezuela hizo
lo propio, además de suspender sus envíos de petróleo.
Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay llamaron a
consultas a sus respectivos representantes y el Mercado
Común del Sur (Mercosur) resolvió no invitar al nuevo
gobierno paraguayo a su próxima cumbre, que se celebrará
este jueves 28 y el viernes 29 en la occidental provincia
argentina de Mendoza.
Para Franco, los países vecinos se extralimitaron porque,
según sostiene, la sucesión se verificó dentro de lo que
establece la Constitución.
Lugo fue sometido a un juicio político por mal desempeño de
sus funciones, a iniciativa de una mayoría parlamentaria
opositora, en medio de fuertes cuestionamientos sobre el
cumplimiento del debido proceso. La Cámara de Diputados
actuó como parte acusadora y el Senado como tribunal
inapelable.
Las acusaciones fueron cinco: responsabilidad penal y
política por la muerte de 17 campesinos y policías el 15 de
este mes en un desalojo de tierras en Curuguaty; la firma
sin consulta al parlamento de un protocolo de compromiso
democrático del Mercosur que restringiría la soberanía
nacional; incapacidad para frenar la ola de inseguridad
pública; instigación y facilitación de invasiones de fincas
y celebración de un mitin partidario en un cuartel militar.
Si bien todo se procesó en menos de 24 horas, sin espacio
suficiente para el debate y la legítima defensa, Lugo acató
el fallo, alegando que lo hacía para evitar hechos de
violencia. Casi de inmediato el Senado juramentó en su
reemplazo a Franco, quien debe completar el mandato, que
concluye en agosto de 2013.
El expresidente estimó más tarde que se trató de un golpe
jurídico parlamentario que ocasionó un quiebre institucional
y exteriorizó sus deseos de estar presente en la reunión del
Mercosur para dar su versión de los hechos ante los
mandatarios del bloque, conformado por Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay.
"Uno de los actores más importantes en esta coyuntura es la
comunidad internacional, porque el país es muy vulnerable",
dijo a IPS la politóloga Milda Rivarola. Hay muchas formas
de asfixiar económicamente a Paraguay por su mediterraneidad
y su debilidad institucional, dijo.
Paraguay es el socio más pequeño del Mercosur, responsable
de apenas 0,7 por ciento del producto interno bruto (PIB)
del bloque, que se conforma con 80 por ciento de Brasil,
17,8 por ciento de Argentina y 1,5 por ciento de Uruguay.
Si se definieran sanciones, estas permitirían transparentar
quién es quien detrás del gobierno de Franco, apoyado por
los grandes hacendados y por el gremio empresarial e
industrial.
"Estos sectores son soberanos como el Estado, ellos apoyaron
el juicio político, pero si se dan sanciones económicas no
querrán pagar los costos", argumentó.
El exobispo católico Lugo ganó las elecciones de 2008,
respaldado por una alianza de movimientos y fuerzas de
izquierda y por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA),
segundo más importante de este país.
El PLRA le retiró su apoyo, tras cuatro años de gobierno en
el que ocupó cuatro ministerios, y se acopló al juicio
político promovido por el opositor Partido Colorado,
desbancado del poder por Lugo luego de seis décadas que
incluyeron la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
"El PLRA retiró su apoyo porque no daba más, intentamos
convencerlo a Lugo de la necesidad de cogobernar, pero
siempre fue terco y su entorno también", dijo a IPS el
diputado Enrique Salyn Buzarquis, nuevo ministro de Obras
Públicas y Comunicaciones.
El caso de Curuguaty fue
la gota que colmó el vaso, dijo Buzarquis en referencia al
principal motivo de la base acusatoria.
El 15 de junio murieron 11 campesinos sin tierra y seis
policías durante el desalojo de la finca Morombí, en
Curuguaty, en el noreste del país.
Hasta ahora no hay datos claros sobre cómo ocurrieron los
hechos. Sectores contrarios a Lugo sostienen que fueron los
campesinos los culpables de la masacre, en tanto que fuentes
cercanas al exmandatario hablan de infiltrados que
ocasionaron una emboscada.
Las tierras de esa finca figuran a nombre de la compañía
Campos Morombí SAC y Agropecuaria, perteneciente al
empresario Blas N. Riquelme, miembro del Partido Colorado.
Pero eran reclamadas como propiedad del Estado por la
Procuraduría General y por el Instituto Nacional de
Desarrollo Rural y de la Tierra.
También la Comisión Verdad y Justicia, que funcionó entre
2003 y 2008 para investigar violaciones a los derechos
humanos en la dictadura de Stroessner, sostuvo que esas
tierras habían pasado a manos del Estado, sujetas a la
reforma agraria.
"Esto generó en una crisis grave en el campo, que ningún
gobierno pudo resolver y que Lugo tampoco mostró señales
reales" de solucionar, sostuvo Rivarola. En su opinión, lo
más probable es que la masacre nunca se esclarezca.
El problema de la tierra es el principal foco de conflicto
que afronta Franco.
"El compromiso es tratar de regularizar la tenencia de
tierras en esa zona, por lo menos dar inicio a un catastro
para ordenar la situación", explicó el novel ministro
Buzarquis.
El senador Sixto Pereira, del Partido Popular Tekojoja,
aliado de Lugo, dijo a IPS que Paraguay vivió un golpe a su
proceso democrático, "promovido por las cúpulas partidarias
para defender a la oligarquía poseedora de tierras mal
habidas".
Las pruebas del complot son los argumentos poco consistentes
de la acusación y el tiempo en que se desarrolló el juicio,
indicó.
La politóloga Rivarola cree que hubo ceguera de Lugo y de su
entorno ante la dimensión de la crisis que se gestaba, y
también del parlamento, que no ponderó las consecuencias
internacionales que puede soportar el país por lo ocurrido. (FIN/2012) Envíe sus comentarios | © Reproducir este artículo
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