Vivir y sufrir en las calles mexicanas
Por Emilio GodoyMÉXICO, 31 oct (IPS) - Organizaciones no gubernamentales de México se preparan para presentar
este viernes 2 de noviembre ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos una denuncia por maltrato gubernamental y "limpieza social"
contra miles de personas en situación de calle en varias ciudades del
país. Entre los casos citados por los denunciantes se encuentran las
norteñas Tijuana y Ciudad Juárez, fronterizas con Estados Unidos,
donde, aseguran, los indigentes y trabajadores callejeros son
llevados extramuros por agentes policíacos.
Esa práctica se repite, con variantes, en la occidental Guadalajara,
que cuenta con un programa de reordenamiento urbano que aleja a los
indigentes del centro de la ciudad, y en la propia Ciudad de México,
donde son desalojados del barrio histórico y obligados a permanecer
bajo puentes, viaductos o avenidas elevadas, con lo cual agravan su
grado de vulnerabilidad.
El común denominador de esas acciones es la violación de los derechos
de las poblaciones callejeras, segmento para el cual el saliente
gobierno nacional mexicano del conservador Felipe Calderón carece de
políticas específicas. Sin embargo, sí abundan medidas de limpieza
social contra esos colectivos, según activistas.
La sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "va a
hacer que el Estado dé una respuesta apropiada y que se abra un
proceso de largo aliento que permita que las violaciones a los
derechos humanos se atiendan y sean parte de una agenda pública",
declaró a IPS el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la
Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez.
El activista, cuya coalición aglutina a 73 organizaciones no
gubernamentales que promueven el respeto a los derechos de la
infancia y la aplicación de políticas públicas para ese segmento
poblacional, estará presente en la audiencia de este organismo
especializado del sistema de la Organización de los Estados
Americanos.
Las estadísticas oficiales sobre niños, niñas, jóvenes y adultos que
viven o trabajan en las calles de las grandes ciudades mexicanas
presentan deficiencias.
Uno de esos datos es del Instituto de Asistencia e Integración
Social, dependiente de la Secretaría (ministerio) de Desarrollo
Social de la Ciudad de México, que registró el año pasado 3.467
hombres y 547 mujeres en esa situación, a partir de los concurrentes
a sus albergues.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales estiman que podría
haber entre 15.000 y 30.000 personas solo en calles de la capital
mexicana, con más de ocho millones de habitantes y donde se aprecia
diariamente a niños, adolescentes, adultos y hasta ancianos dedicados
a limpiar parabrisas, vender golosinas y cigarros o directamente
pedir limosna.
Esta realidad es emergente de la pobreza que, pese a los varios años
de crecimiento económico, afectaba a 52 millones de los 112 millones
de habitantes a fines de 2010, según la última medición divulgada por
el estatal Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social. Hasta entonces, 11,7 millones eran indigentes.
Casi 23 por ciento de ellos estaban entonces en la indigencia, según
datos
La Ciudad de México "es un caso paradigmático, pues se erige como una
urbe de vanguardia que respeta los derechos humanos, pero se
caracteriza por la limpieza social", sentenció ante IPS el activista
Luis Enrique Hernández, director de la organización no gubernamental
El Caracol, que trabaja desde 1994 con poblaciones en la calle y que
será parte de la misión a Washington.
La estatal pero autónoma Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF) de México define esta práctica como "el retiro de
personas non gratas de ciertos lugares, sin que medie justificación
legal alguna (…) solo por su condición de vida en la calle".
Redim y la Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras solicitaron la
audiencia especial en la Comisión, a la que también están convocadas
las secretarías de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Social, así
como el gobierno izquierdista de la Ciudad de México.
En la cita, las organizaciones denunciarán la situación vivida en
nueve urbes mexicanas, en las que, aseguran, se violan derechos a la
integridad personal, a la igualdad y a la no discriminación, a no ser
sometido a trata de personas, al debido proceso, a la libertad y a un
proyecto de vida.
Las personas en situación de calle suelen padecer el acoso de
funcionarios del gobierno citadino o de policías para retirarlos de
sus sitios de trabajo o de alojamiento, afirman.
La CDHDF ha recibido al menos 65 quejas por abusos contra los
sectores mencionados desde 2009.
"Ha habido pequeñas acciones o programas temporales, pero que no
resuelven la ausencia de una política pública", dictaminó Pérez.
Los activistas, como Pérez y otros, han sufrido amenazas por su
labor, por lo cual también pedirán a la Comisión que se tomen medidas
especiales de protección para ellos, indicó Hernández.
El gobierno capitalino de Marcelo Ebrard, del izquierdista Partido de
la Revolución Democrática, se prepara para ejecutar el Sistema
Informático de las Poblaciones Callejeras, que le permitirá hacer un
seguimiento de la atención prestada a esos grupos, y el Protocolo de
Atención Multidisciplinaria de Primer Contacto para Poblaciones
Callejeras.
Pero expertos critican el diseño de esos instrumentos.
"El Protocolo es un paliativo. Debió ser un producto del
reconocimiento de experiencias exitosas de las organizaciones. ¿Por
qué no se convocó a las poblaciones callejeras como sujetos
activos?", cuestionó Alicia Vargas, directora general del no
gubernamental Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social y
quien también asistirá a la audiencia.
En sus observaciones finales al informe mexicano de 2006 sobre el
cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño de 1990, el
comité respectivo expresó su preocupación por "el elevado el número
de niños de la calle".
También criticó "que no se hayan realizado investigaciones
comparativas, y que no se hubieran adoptado suficientes medidas para
prevenir este fenómeno y proteger a esos niños".
"En particular, el Comité lamenta la violencia de que son objeto
estos niños y niñas a manos de la policía y de otras personas",
expresó ese ente, integrado por 18 expertos independientes para
supervisar el cumplimiento de ese tratado.
Tras la audiencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
analizará la información de las partes y emitirá recomendaciones para
el Estado mexicano.
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