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MÉXICO, 7 nov (IPS) - La futura legalización para fines recreativos de la producción, distribución y consumo de marihuana en dos estados de Estados Unidos abre la puerta al debate de las políticas antidrogas en ese país y en México, así como la coordinación entre ambos de esa estrategia, advierten especialistas.

"La opción menos mala es la legalización. Tendrá un impacto sobre el diseño de la prohibición, pues va a haber un efecto cascada, vamos a ver un cambio muy pronto", dijo a IPS el investigador Jorge Chabat, del estatal pero autónomo Centro de Investigación y Docencia Económicas, de México.

En un referendo coincidente con las elecciones del martes 6 en las que fue reelecto el presidente Barack Obama, los votantes del noroccidental estado de Washington y del central Colorado dieron el sí al levantamiento, por primera vez en Estados Unidos, de la prohibición de producir, distribuir y vender marihuana.

Una consulta similar en el también noroccidental estado de Oregon resultó negativa, mientras que en Massachusetts, en el otro extremo del país, los votantes aprobaron por mayoría legalizar la marihuana para uso terapéutico.

Así, la Regulación y Legalización de la Marihuana o Iniciativa 502 permitirá en Washington la producción, posesión, envío y distribución de cannabis para mayores de 21 años.

Establece, además, la emisión de licencias a agricultores para la siembra de la hierba, que será comercializada en tiendas especiales, y la creación de un impuesto de 25 por ciento a la venta, cuya recaudación será destinada al fondo general estadual, a presupuestos locales, a la prevención de abusos de sustancias y a la investigación, educación y salud.

En Colorado, donde ya se permite el uso medicinal de la marihuana, la Enmienda 64 propone tratarla igual que las bebidas alcohólicas, de modo que los mayores de 21 años podrán poseer, comprar y consumir esa droga. También prevé la penalización para quien conduzca un vehículo bajo sus efectos y para los menores de 21 años que sean encontrados distribuyendo esa droga.

En 17 estados de Estados Unidos y en el capitalino distrito de Columbia ya se permite el consumo de cannabis con fines medicinales, pero la ley federal de Control y Prevención Comprensiva del Abuso de Drogas de 1970, con alcance a todo el país, continúan calificando de ilegal su producción, posesión y uso.

México mira con interés

"La legalización no resuelve el problema, porque la cocaína genera las ganancias mayores. Hay que enfocarlo como un tema de política exterior, porque México no tiene un problema de consumo, sino que el que lo tiene es Estados Unidos", explicó a IPS el académico Jorge Javier Romero, del Departamento de Política y Cultura de la estatal Universidad Autónoma Metropolitana.

Unos 30 millones de los 312 millones de habitantes de Estados Unidos consumen anualmente unas 3.700 toneladas de marihuana, cuyo valor en el mercado minorista va de los 15.000 millones y 30.000 millones de dólares, según el informe "Si los vecinos legalizan", elaborado por Alejandro Hope y Eduardo Clark, del no gubernamental Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El estudio detalla que, de ese consumo, entre 40 y 67 por ciento proviene de México, de donde las mafias traficantes captan unos 2.000 millones de dólares por la comercialización de cannabis, que se produce mayoritariamente en estados del oeste y del sur de este país.

México es un emblema de los errores del enfoque represivo contra las sustancias prohibidas, respaldado por Washington, sostuvieron los expertos consultados por IPS.

Aplicado desde diciembre de 2006 por el entonces flamante presidente Felipe Calderón, el programa de lucha contra las drogas sacó a las calles a miles de soldados. Pero entre los resultados negativos cuando se termina el mandato de este gobierno conservador se cuentan la muerte de más de 90.000 personas, la desaparición de 10.000 y otras 250.000 desplazadas de sus hogares, según datos de organizaciones de derechos humanos y recuentos periodísticos.

El epílogo de las consultas públicas en los estados de Washington y Colorado "sería el choque estructural más importante que ha experimentado el narcotráfico en una generación" y "transformaría los términos de la discusión sobre las drogas", remata el análisis del IMCO.

El gobierno estadounidense de Obama puede apelar el resultado de los referendos ante los tribunales, pero aún no se ha pronunciado al respecto.

"Incluso si solo un estado dispusiera la despenalización, la decisión reverberaría a lo largo del hemisferio, donde el debate sobre la política antidroga se ha abierto dramáticamente", señala el análisis "Tomando la iniciativa sobre la marihuana legal", de John Walsh, asociado a la no gubernamental Oficina de Washington sobre América Latina.

"El nuevo gobierno (de México) podría copiar lo que harían" en los estados referidos, planteó Chabat, en referencia a Enrique Peña, del aún opositor Partido Revolucionario Institucional, quien asumirá la Presidencia el 1 de diciembre.

Peña ha hablado de cambiar la estrategia contra el crimen, sin aclarar cuál será el nuevo rumbo de ese plan.

El estudio del IMCO estima que las organizaciones criminales mexicanas perderían 36,5 por ciento del mercado de Washington, lo cual equivale a una disminución anual de 1.372 millones de dólares, mientras que la reducción en Colorado llegaría a 37,9 por ciento, con un total de 1.425 millones de dólares.

Los más perjudicados por la medida serían el Cartel de Sinaloa, considerado el más poderoso en México y con ramificaciones en América del Sur y el occidente europeo, y Los Caballeros Templarios, dos de las mafias que se disputan el envío de drogas ilegales a Estados Unidos.

Es necesario revisar "el papel de México como dique", que Estados Unidos le ha impuesto "como baluarte para detener el trasiego", sostuvo Romero, para quien "hay que quitarle los ingresos al narcotráfico y eso se da con la regulación".

El IMCO recomienda al gobierno mexicano no legalizar la producción y comercialización de marihuana mientras no haya una definición en la potencia vecina del norte en cuanto a la legislación federal, lanzar programas de desarrollo alternativo en las zonas de cultivos y vigilar el potencial tráfico a la inversa, es decir de Estados Unidos a México.

La legalización de la producción y venta en Colorado y Washington tomará tiempo, pues ambos territorios deben erigir la infraestructura requerida durante el primer semestre de 2013.

El texto de Walsh advierte que "las consecuencias del voto estatal a favor de la legalización dependerán de su aplicación real, y eso, a su vez, de cómo responderá el gobierno de Obama a la acción estadual y a las especificidades del nuevo diseño regulatorio".(FIN/2012)

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