Etiopía asfixia a organizaciones de derechos humanos
Por Ed McKennaADDIS ABEBA, nov (IPS) - Etiopía da señales contradictorias al mundo. Casi en simultáneo a ser
elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una
importante organización alemana cerró su oficina en este país africano
en protesta contra un entorno político restrictivo.Si lo que califica a un país para formar parte del Consejo son sus
antecedentes en materia de derechos humanos, no habría que haber
designado a Etiopía, cuya situación en este sentido es "desastrosa",
dijo a IPS el director de la organización no gubernamental también
llamada Consejo de Derechos Humanos (HRCO, por sus siglas en inglés),
Endalkachew Molla.
Etiopía, junto con Kenia, Gabón, Costa de Marfil y Sierra Leona, fue
elegida el 12 de este mes para integrar el Consejo de la ONU
(Organización de las Naciones Unidas) por un período de tres años a
partir del 1 de enero de 2013.
En la misma semana, la organización alemana defensora de los derechos
humanos Fundación Heinrich Böll (HBF) decidió cerrar su oficina
etíope en protesta contra las restricciones en esta nación del Cuerno
de África. La clausura es la de más alto perfil ocurrida hasta ahora
en Etiopía.
La entidad, que lleva el nombre del ganador del premio Nobel de
Literatura en 1972, promueve la democracia y los derechos humanos y
tiene 30 oficinas en el mundo.
"Ya no podemos llevar a cabo nuestra misión, de trabajar juntos con
los socios locales por la democracia, la igualdad de género y el
desarrollo sostenible", dijo Barbara Unmüßig, directora de HBF, en un
comunicado divulgado el 7 de este mes.
Unmüßig hizo referencia a las restricciones planteadas por la
controvertida ley de organizaciones no gubernamentales aprobada en
2009 y conocida como la "Proclama de Organizaciones y Sociedades
Benéficas".
Esta norma restringe el trabajo, las operaciones y el financiamiento
de organizaciones de derechos humanos en Etiopía. Prohibe que
cualquiera de ellas reciba más de 10 por ciento de su financiamiento
de fuentes extranjeras.
A causa de esta ley, la oficina de HBF, que abrió sus puertas en
2006, fue obligada a reducir sus áreas de trabajo, dejando de
promover la democracia y la igualdad de género para dedicarse
principalmente al área ambiental, según el director de la
organización en el país, Patrick Berg.
Otras leyes limitantes en Etiopía
Entre otras leyes aprobadas luego de 2005 figuran la Proclama de los
Medios de Comunicación y la Proclama Antiterrorista, lanzadas en 2008
y 2009 respectivamente.
Estas leyes han generado enojo por su lenguaje amplio y ambiguo.
Ahora, las protestas pacíficas y el disenso en general pueden
considerarse terrorismo, y si los medios informan críticamente pueden
ser acusados de "alentar el terrorismo".
Hasta la fecha, 11 periodistas han sido condenados por delitos
relacionados con el terrorismo en Etiopía, en el marco de la Proclama
Antiterrorista.
"Tenemos permitido enseñar a las mujeres a hacer artesanías, pero no
ayudarlas a reclamar sus derechos constitucionales. Nuestro mandato
es alentar un debate político inclusivo, pero la ley actual vuelve
eso imposible", dijo Berg a IPS.
Además, una reciente reglamentación de la ley estipula que, como
máximo, el 30 por ciento del presupuesto de una organización no
gubernamental puede dedicarse a costos administrativos. Berg estudió
la definición de "costo administrativo" y se alarmó al descubrir que
era suficientemente amplia para abarcar la mayoría de los costos en
que incurría su entidad.
"De la noche a la mañana, nuestro trabajo central de producir y
diseminar información y de brindar espacio para el diálogo público es
visto como una tarea administrativa. No hay manera de cumplir con
estas reglas sin cambiar quiénes somos. No estamos dispuestos a hacer
eso", dijo Berg.
En 2009, la HBF había aceptado trabajar bajo las restricciones con la
esperanza de llegar a un acuerdo con el gobierno etíope que
restableciera plenamente el alcance del trabajo de la organización.
Sin embargo, luego de tres años de negociaciones infructíferas, la
fundación finalmente decidió cerrar.
La Proclama de Organizaciones y Sociedades Benéficas se ha vuelto
notoria por permitir la interferencia del gobierno, así como la
vigilancia y la participación directa en el manejo y las operaciones
de las organizaciones.
Actualmente hay casi 3.000 organizaciones no gubernamentales
internacionales en Etiopía. De ellas, 400 han sido alertadas sobre
los riesgos de operar contra las normas y regulaciones.
La importancia de preservar los derechos humanos en países como
Etiopía fue enfatizada por el vicesecretario general de la ONU, Jan
Eliasson, quien dijo a IPS que "los cuatro pilares cruciales de un
mundo posterior a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2015 son
la paz, el desarrollo, el imperio de la ley y los derechos humanos".
"Si uno de estos pilares es débil, entonces toda la estructura lo
es", agregó.
El portavoz del gobierno de Etiopía, Bereket Simon, explicó a IPS que
"el propósito de la ley de las organizaciones no gubenramentales es
limitar la intervención extranjera, para habilitar mejor a los
ciudadanos a participar en la vida política".
Según él, el reciente nombramiento al Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas "da al gobierno más energía para buscar la
democracia y los derechos humanos en Etiopía".
Sin embargo, Endalkachew cree que restringir la participación
extranjera en los derechos humanos crea una lógica inconsistente con
la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada en 1948 por la
ONU.
"Los derechos humanos no conocen fronteras, son universales. Es una
agenda para todos los seres humanos. ¿Por qué los derechos humanos en
Etiopía tienen el mismo acceso ilimitado a los recursos que la
agricultura y la infraestructura?", planteó.
En diciembre de 2009 fueron congeladas las cuentas bancarias de HRCO
y de la Asociación de Abogadas Etíopes (EWLA), tras aprobarse la
Proclama de Organizaciones y Sociedades Benéficas, pese a que habían
recibido todo su financiamiento extranjero antes de existir esa
norma.
La EWLA había brindado asistencia legal gratuita a unas 17.000
mujeres. En 2011, la organización efectivamente dejó de funcionar.
En octubre, Amnistía Internacional y Human Rights Watch protestaron
contra la decisión de la Suprema Corte de Etiopía de mantener el
congelamiento de bienes de HRCO equivalente a 500.000 dólares.
El alcance y la capacidad de HRCO fueron severamente restringidos por
la ley de 2009. De 12 oficinas pasaron a tener tres, de 60 miembros
pasaron a tener 12, y han tenido que cerrar sedes en todo el país.
Según Endelkachew, el deterioro de los derechos humanos en el país se
origina en el malestar civil que se suscitó luego de las elecciones
de 2005, gracias a las cuales muchos miembros de la oposición
llegaron al poder.
(FIN/2012) Envíe sus comentarios | © Reproducir este artículo
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