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SINGAPUR, 20 dic (IPS) - La primera huelga en 26 años en esta populosa ciudad-estado impuso una reflexión sobre los bajos salarios y el destrato que reciben los trabajadores inmigrantes.

Alrededor de 1,3 millones de trabajadores son extranjeros en este país con cuatro millones de habitantes y que es uno de los más ricos del mundo, con un ingreso promedio de 56.532 dólares al año por persona, según el Informe de Riqueza Mundial 2012, del Banco Citi Private y de la compañía inmobiliaria Knight Frank.

Pero los inmigrantes están muy lejos de esa cifra promedio de ingreso. Los 171 conductores chinos de autobús, que hicieron huelga pidiendo licencia médica el mismo día el 26 y 27 de noviembre, ganan el equivalente a 980 dólares al mes. Protestaron por cobrar menos que sus colegas malasios y singapurenses, al tiempo que reclaman días de descanso adecuados y alojamiento apropiado.

El gobierno, conocido por sus políticas favorables al sector empresarial y por su intransigencia hacia las protestas laborales, actuó con rapidez acusando a cinco conductores de violar las leyes que prohíben las huelgas, cancelando permisos de trabajo y deportando a 29 trabajadores.

Desde entonces, uno de ellos fue condenado a seis semanas de cárcel y cuatro salieron bajo fianza y comparecieron el miércoles 19 ante la justicia para una audiencia previa al juicio.

"No podemos permitir que los trabajadores chinos carguen con la culpa solo por reclamar un empleo justo", escribió Vincent Wijeysinghe, sindicalista y miembro del opositor Partido Democrático de Singapur, en un blog que se volvió viral. "Tampoco podemos aceptar su castigo cuando todos los procesos existentes en nuestro nombre les niegan el derecho básico de ser escuchados", añadió.

El ministro interino de Trabajo, Tan Chuan Jin, dijo tras la huelga: "Al hacerse cargo del asunto por cuenta propia, los conductores claramente traspasaron un límite".

También declaró ilegal la huelga porque el transporte público es un servicio esencial y porque el empleado está obligado a informar sus acciones con 14 días de antelación. Con ese argumento, los trabajadores fueron detenidos y acusados de violar la legislación nacional.

El economista Walter Edgar Theseira, de la Universidad Tecnológica de Nanyang, dijo en entrevista con Yahoo Singapur que la huelga y sus consecuencias demostraron las "graves vulnerabilidades posibles" por la gran dependencia de este país de trabajadores extranjeros mal remunerados.

En vez de ofrecer salarios más altos para seducir a los singapurenses para empleos no calificados, ofrecen sueldos apenas aceptables para atraer a trabajadores de Bangladesh, Birmania, China y Filipinas creando condiciones laborales muy similares a las de esos países, añadió.

John Gee, presidente de la organización de defensa de los derechos de trabajadores inmigrantes Transient Workers Count Too, dijo a IPS que el conflicto entre los conductores chinos y la empresa de transporte SMRT, en parte propiedad del gobierno, lleva por lo menos seis meses.

"Los trabajadores pueden haber violado las leyes, pero hay que tener en que cuenta que pueden haber sido provocados", apuntó.

Dos cuestiones salieron a la luz con la huelga. Una, la diferencia de salarios que se pagan por la misma tarea según el país de origen del trabajador; la otra, la considerable tarifa que los agentes de colocación cobran por encontrarles un empleo en Singapur.

Varios conductores dijeron a un periodista de Straits Time que pagaron más de 25.000 yuan (unos 4.000 dólares) a los agentes chinos que les consiguieron el trabajo aquí.

La empresaria Elsie Kwok defendió la discriminación salarial. "Contraté numerosas muchachas de Filipinas, Indonesia, Birmania y China como asistentes de ventas. Hay diferencias de formación y de actitud en el trabajo. Así que es justo pagar menos a unos que a otros", dijo a IPS.

Pero Gee no está de acuerdo. "El gobierno siempre dijo que deja que el mercado regule los salarios. Los empleadores siempre arguyen esto (para discriminar). Pero tiene que ver con estereotipos nacionales", explicó.

Al ser consultada por IPS, una portavoz del Congreso Nacional de Sindicatos (NTUC) respondió: "Los trabajadores inmigrantes deben recibir un salario justo y razonable de acuerdo a la tarea que desempeñan y acorde a su calificación y experiencia".

"Una forma más sostenible es mejorar la calidad de los trabajadores extranjeros para cubrir mejor la oferta y la demanda y poder mantener la competitividad", añadió.

El vice primer ministro Tharman Shanmugaratnam alertó este mes que Singapur hacía frente a un "mercado laboral permanentemente apretado" y que las empresas deben apuntar a aumentar la productividad para mejorar el crecimiento. El desempleo de Singapur es de 1,9 por ciento, uno de los más bajos del mundo.

Wijeysinghe indicó a IPS que por la estrecha relación del NTUC con el gobierno, aquél "parece defender más a este último y a las corporaciones que a los trabajadores".

El gobierno aprobó leyes para poner un límite al monto que cobran los agentes de colocación, pero el problema no se puede resolver sin iniciativas bilaterales, y las autoridades "se niegan sistemáticamente a trabajar de forma bilateral, responsabilizando al sistema de agencias de los países" de origen, explicó.

Muchos defensores de los trabajadores sostienen que es el elevado costo de colocación de las agencias, que cobran en el país de salida y en el de llegada, que hace que los trabajadores sean apáticos respecto de la discriminación y trato injusto que sufren.

"Cuando los trabajadores extranjeros vuelven a su país en forma prematura, muchos se encuentran peor de lo que estaban antes de irse" debido al pago a las agencias de colocación, indicó Gee. "Se necesita un acuerdo regional al respecto que sea aplicable", apuntó.

Además dijo que los expatriados deben sindicalizarse en organizaciones independientes.

"Si los conductores chinos estuvieran sindicalizados, un dirigente podría negociar con los jefes y discutir los problemas sin mencionar al trabajador, así este no podría ser expulsado", añadió.

Según la legislación de Singapur, un empleador puede cancelar de forma unilateral un permiso de trabajo y enviar a la persona a su país en 48 horas. (FIN/2012)

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