Laberinto legal encierra a la marihuana en México
Por Emilio GodoyMÉXICO, ene (IPS) - Los consumidores de marihuana se hallan atrapados en una maraña legal
plagada de contradicciones en México, donde el código penal permite el
uso del cannabis pero persigue su producción, distribución y venta. "Basta de criminalizar inocentes. Se permite el consumo de marihuana,
pero no se dice dónde adquirirla. Y quien la produce o transporta es
un criminal", señaló a IPS el académico Enrique Carpizo, de la
Facultad de Derecho de la pública Universidad Nacional Autónoma de
México.
La legislación mexicana permite la tenencia de cinco gramos de esa
hierba para consumo personal.
La marihuana es la droga ilegal más consumida en este país
latinoamericano con casi 117 millones de habitantes, seguida por la
cocaína y las sustancias inhalables, establecen datos de la Encuesta
Nacional de Adicciones 2011, elaborada por la Secretaría (ministerio)
de Salud.
Esa medición encontró una prevalencia anual de 1,8 por ciento en
el consumo de todas las sustancias, de las cuales la hierba,
popularmente llamada "mota" en México, representa 1,2 por ciento, y
la cocaína 0,5 por ciento.
El documento refiere que el grupo de edad más afectado por el
consumo de marihuana está en quienes tienen entre 15 y 19 años, con
57 por ciento del total. También resalta que su uso llega a comenzar
antes de los 11 años.
La misma encuesta muestra que México no presenta un problema agudo
de consumo de psicotrópicos, aunque ellos tengan atrapado el país en
una situación de violencia, porque su territorio es punto neurálgico
de su producción y tráfico hacia Estados Unidos, el mayor mercado
mundial de drogas ilícitas.
"Tenemos que proteger a los jóvenes y los adolescentes" en materia
de consumo, planteó a IPS la directora general del Instituto Nacional
de Psiquiatría, María Medina-Mora.
En su investigación "Epidemiología de las adicciones con énfasis
en la marihuana", la experta corroboró el aumento de la
disponibilidad de cannabis entre 2008 y 2011 y la duplicación de su
uso de 1988 a 2011. Pero no halló evidencia de que su consumo sea un
trampolín para el consumo de las llamadas drogas "duras", como la
cocaína.
La Ciudad de México, cuya población supera los 20 millones de
personas al sumar el área metropolitana, es una muestra
representativa de los problemas legales que enfrentan los
consumidores de cannabis.
La Ley General de Salud de del Distrito Federal, asiento de la
capital del país, obliga a sus autoridades a combatir el comercio
minorista de drogas y la Primera Encuesta de Usuarios de Drogas
Ilegales en la Ciudad de México de 2012 mostró que casi 67 por ciento
de los entrevistados fue extorsionado por autoridades para no ser
denunciados.
En el plano nacional, la guerra contra los cárteles de las drogas,
principalmente de cocaína, traumatizó a la sociedad mexicana y marcó
al gobierno del conservador Felipe Calderón (2006-2012), con un saldo
de 100.000 personas muertas, 25.000 desaparecidas y 240.000
desplazadas de sus hogares.
Su sucesor, Enrique Peña Nieto, del tradicional Partido
Revolucionario Institucional, no ha concretado cómo será su
estrategia contra las mafias del narcotráfico desde que asumió el
cargo el 1 de diciembre. Pero sí dio señales claras de su rechazo a
la legalización de la producción, distribución y venta incluso
minorista del cannabis.
El 11 de este mes, México fue el único país latinoamericano que no
aprobó la concesión a Bolivia de la no proscripción del mascado de
hoja de coca, una práctica ancestral en ese país. Esa dispensa
facilitó su reincorporación a la Convención Única sobre
Estupefacientes, que desde 1961 veta su manufactura y tráfico
ilícito.
Pero el gobierno mexicano tendrá que afrontar nuevas realidades de
despenalización de la marihuana entre sus vecinos. En Estados Unidos,
los estados de Colorado y de Washington pasaron a permitir su
producción, traslado y venta, mientras Guatemala planea el comercio
controlado de cigarrillos de la hierba en determinadas zonas del
país.
"México se ha mantenido al margen de ese debate por razones
ideológicas. Pero ahora debe discutir la regulación, debe tomar una
decisión informada que respete los derechos humanos y la salud",
sostuvo Carpizo.
Este país es signatario de otros dos acuerdos internacionales,
además de la de estupefacientes: la Convención sobre Sustancias
Psicotrópicas, de 1971, y la Convención de las Naciones Unidas contra
el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas,
de 1988. Los tres tratados establecen barreras a desmantelar la
estrategia prohibicionista.
En Estados Unidos, unos 30 millones de sus 312 millones de
habitantes consumen anualmente unas 3.700 toneladas de marihuana,
cuyo valor en el mercado minorista va de los 15.000 millones a los
30.000 millones de dólares.
Así lo establece el informe "Si los vecinos legalizan", elaborado
por Alejandro Hope y Eduardo Clark, del no gubernamental Instituto
Mexicano para la Competitividad (Imco).
El estudio detalla que, de ese consumo, entre 40 y 67 por ciento
proviene de México, productor de esta droga y de anfetaminas, además
de ser el tránsito de cocaína, procedente mayormente de Colombia.
Las mafias del narcotráfico obtienen unos 2.000 millones de
dólares anuales por la comercialización de cannabis, producida en el
occidente y sur del país, mientras que la cocaína les reporta 2.419
millones, indica el Imco.
"La regulación del consumo de marihuana podría bajar los precios y
eso nos lleva a cómo podríamos regular una política vía impuestos.
¿Cómo ha manejado el problema el sector salud? ¿Qué ventajas tendría
definir el fenómeno como un problema de salud?", se preguntó Medina-
Mora.
La encuesta sobre el consumo recomienda que "los datos muestran la
necesidad de reforzar las acciones desarrolladas para reducir la
demanda de drogas". "Si bien el consumo en general se ha
estabilizado, es importante ampliar la política de prevención y
tratamiento y dirigir más acciones hacia la población adulta joven",
apunta.
"La ley intenta hacer una distinción entre consumidores y
‘narcomenudistas’ que posiblemente esté destinada al fracaso, sin
percibir que la policía lo viene haciendo hace tiempo de manera
práctica y lucrativa: consumidores son los que pagan y
‘narcomenudistas’ son los que se niegan a ser extorsionados",
escribió el columunista Gustavo Fondevila, en el diario Reforma.(FIN/2013) Envíe sus comentarios | © Reproducir este artículo
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