Cuando la corrupción impacta en el ambiente de Argentina
Por Marcela ValenteBUENOS AIRES, feb (IPS) - Dos escándalos de corrupción, uno de ellos originado en España, alertan
sobre la reiterada relación en Argentina entre el uso de inversiones
irregulares, el aprovechamiento espurio de proyectos de mejoras
ambientales y planes que contribuyen al deterioro de los recursos
naturales.La organización Transparencia Internacional considera que el cambio
climático, los bosques y el agua son tópicos claves para detectar casos de
corrupción, sobre todo en países en desarrollo donde los recursos naturales
son abundantes y los económicos escasos.
La justicia española investiga un caso de corrupción que involucra a Luis
Bárcenas, gerente y posterior tesorero del gobernante Partido Popular (PP)
entre 1993 y 2009. El escándalo tiene un capítulo argentino, estrechamente
vinculado con el avance sobre los bosques nativos que deberían ser
protegidos.
Uno de los propietarios de La Moraleja, un establecimiento agrícola de
30.000 hectáreas en la noroccidental provincia de Salta, es el español Ángel
Sanchís, tesorero del PP entre 1982 y 1987 y en la mira de la justicia de su
país por sus estrechos nexos con Bárcenas.
La justicia española informó en enero que Bárcenas tenía al menos una cuenta
por 29,8 millones de dólares en Suiza, de la que según filtraciones de la
investigación se desviaron fondos a una empresa vinculada con La Moraleja y
se sospecha que también llegaron a la propia finca, aunque la familia
Sanchís lo desmintió.
También el mes pasado, el responsable de bosques de Greenpeace España,
Miguel Ángel Soto, relató que en 2004 Sanchís pidió a la organización que
avalara su proyecto de forestación con maderas exóticas en Salta y ofreció
"una gratificación" a cambio.
Soto señaló que Sanchís le explicó que su finca en Argentina solo tenía
12.000 hectáreas productivas y que, por ello, quería deforestar y producir,
a cambio, maderas "nobles", como cerezo, teca y caoba. Pero el área era de
alto valor de conservación, según la organización.
Greenpeace de Argentina estaba en ese momento haciendo una intensa campaña
de defensa de los bosques nativos en Salta, donde la expansión de la soja y
otros cultivos arrasaba con los bosques y con la supervivencia de pueblos
originarios de esa zona.
La acción de la organización ambientalista había comenzado con la denuncia
de la venta de una reserva provincial en Pizarro, una localidad cercana a La
Moraleja. El entonces gobernador de Salta, el derechista Juan Carlos Romero,
quien visitaba con frecuencia la finca, consideraba que la reserva estaba
deteriorada.
Hecha la ley...hecha la trampa
La denuncia por desmontes derivó finalmente en la promulgación, en noviembre
de 2007, de la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de
los Bosques Nativos, donde se establece que cada provincia, mediante un
ordenamiento territorial, define áreas de alto, mediano o bajo valor de
conservación, señaladas como roja, amarilla y verde, respectivamente.
Hernán Giardini, encargado de la campaña de Greenpeace, dijo a IPS que La
Moraleja está en una zona de transición entre el bosque chaqueño, al este, y
la selva de Yungas, al oeste, con especies de ambas regiones.
"Queda muy poco del bosque de transición en Salta y, justo cuando terminaba
la gestión de ese gobierno provincial y la ley ya se había aprobado, se
quintuplicaron los permisos de desmonte", incluso en La Moraleja, que es
toda zona roja, denunció.
Según pudo constatar Greenpeace, los propietarios del establecimiento rural
obtuvieron permisos para el desmonte de 5.900 hectáreas en diciembre de
2007, días después de la sanción de la ley que lo prohíbe. Ese mismo año se
autorizó la deforestación de 435.000 hectáreas en esa provincia.
Las cifras están contenidas en el informe de Monitoreo de Deforestación en
los Bosques Nativos de la Región Chaqueña Argentina, publicado a fines de
2012 por la no gubernamental Red Agroforestal Chaco Argentina. En ella se
indica que en Salta se talaron dos millones de hectáreas de bosques nativos
entre 1976 y 2012.
"Los datos nos señalan que la Ley de Bosques no tuvo un impacto
significativo para una disminución en la tasa de desmontes en Salta en los
años inmediatamente posteriores a su sanción", concluye el reporte. También
remarca que el más afectado es el departamento de Anta, donde se sitúa La
Moraleja, que representa 40 por ciento de la deforestación de la provincia.
Giardini explicó a IPS que él nunca pudo comprobar versiones que sugerían
que Romero emitía los permisos a cambio de dinero, pero sí pudo certificar
la aceleración de los permisos cuando la norma era ya una decisión tomada.
Romero gobernó Salta por tres períodos consecutivos (1995-2007) y
actualmente es senador nacional. Pertenece al ala del gobernante Partido
Justicialista enfrentada con la presidenta, Cristina Fernández, que lidera
el sector centroizquierdista Frente para la Victoria.
Cuenca contaminada por la justicia
Otro caso emblemático que involucra la corrupción en el deterioro del
ambiente es el del proyecto de saneamiento de la cuenca del río que recorre
64 kilómetros desde el noreste de la provincia de Buenos Aires, donde se
llama Matanza, hasta servir de límite con la capital argentina, donde pasa a
denominarse Riachuelo.
"La corrupción debe ser tomada como una fuente más de contaminación de la
cuenca Matanza-Riachuelo", indicó a IPS el activista Andrés Nápoli, de la
Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
La Corte Suprema de Justicia dictaminó en 2006 el saneamiento de la cuenca,
la más contaminada de Argentina, la mitigación de los daños y la mejora en
la calidad de vida de los vecinos que viven en las riberas del afluente que
desemboca en el Río de la Plata.
Para avanzar con ese plan se creó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo,
con representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 14 distritos de
la provincia homónima y del gobierno nacional.
Las organizaciones ambientalistas sostienen que el plan logró mejoras
generales, aunque aún restan numerosas medidas para cumplir con la
sentencia.
Pero a fines de 2012 llegó la decepción, cuando el diario Página/12 informó
sobre presuntos actos de corrupción del juez Luis Armella, encargado de
ejecutar la sentencia de la Corte.
La publicación sostenía que familiares del magistrado crearon empresas que
se beneficiaban de contratos de obras de saneamiento sin licitación,
alegando su urgencia.
La Corte desplazó a Armella y dividió las competencias entre dos nuevos
jueces: Sergio Torres y Jorge Rodríguez. La Auditoría General de la Nación
ratificó las denuncias mediante una investigación independiente, mientras
que el Consejo de la Magistratura investiga si Armella debe ser destituido
como juez.
"Fue un sorpresa para nosotros y un gran costo para la credibilidad lograda
con la intervención de la Corte", indicó Nápoli. La cuenca tiene el estigma
de contaminación, desidia y corrupción, y ahora la actuación irregular de
Armella parece confirmar ese destino, dijo.
Nápoli recordó, por ejemplo, que el Banco Interamericano de Desarrollo
otorgó en los años 90 un préstamo de 250 millones de dólares para un
anterior plan de saneamiento del Riachuelo y que ese dinero "no tuvo ningún
destino" salvo el de incrementar la deuda pública de Argentina.
Greenpeace Argentina puso sal en la herida, cuando el domingo 3 lanzó una
campaña para denunciar que la contaminación de la cuenca de Matanza
Riachuelo se mantiene en niveles iguales a los de cinco años atrás y la
toxicidad de su agua sigue siendo muy alta.(FIN/2013) Envíe sus comentarios | © Reproducir este artículo
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