Suiza ante laxos controles a mercenarios
Por Ray SmithBASILEA, Suiza, feb (IPS) - El gobierno suizo presentó un proyecto de ley para regular la
industria
militar privada, pero críticos sostienen que es inútil.El 24 de marzo de 2010 fue incluida una nueva empresa en el
registro
comercial de Basilea. Su nombre era Aegis Group Holdings AG.
Pocos
meses después, el 2 de agosto, se señaló que el grupo había
tomado
control sobre Aegis Defence Services Ltd., con sede en
Londres.
Aegis se describe a sí misma como "una empresa líder" en el
área de
"la seguridad privada y el manejo de riesgos". Como tal,
brinda
servicios en todo el mundo, incluidos países devastados por
guerras,
como Iraq y Afganistán.
La reubicación de la compañía tomó por sorpresa al gobierno,
y también
al público. Se prevé que más empresas militares privadas se
mudarán a
Suiza intentando sacar provecho de la estabilidad política
del país,
los bajos impuestos y su imagen pacífica y neutral.
Las compañías militares privadas no difieren legalmente de
ningún otro
proveedor de servicios de seguridad, y las firmas activas en
zonas de
conflicto son difíciles de identificar en el registro
comercial. El
Departamento Federal de Justicia y Policía estima que en el
país
operan 20 de esas empresas.
Suiza tiene una larga historia de enviar agricultores pobres
como
mercenarios a campos de batalla europeos. A fines de la Edad
Media,
los cantones suizos asumieron el rol de mediadores. El
declive del
negocio de los mercenarios empezó en el siglo XVIII y
finalizó con la
introducción de la Constitución federal suiza en 1848. A
partir de
1859, ya no estuvo permitido combatir en campos de batalla
extranjeros.
Desde entonces, la "neutralidad" se convirtió en un elemento
fundamental de la política exterior de Suiza y, de un modo
mitológico,
en una pieza clave de su identidad colectiva. Muchos vieron
la llegada
de Aegis como una amenaza a la neutralidad del país.
Los políticos suizos impulsaron la creación de un nuevo
marco legal
para el registro y la extensión de licencias a empresas de
seguridad
privadas. Josef Lang, entonces consejero nacional y una de
las
principales figuras del Grupo para una Suiza Sin Ejército,
reclamó una
prohibición nacional para las compañías militares privadas.
La ministra de Justicia, Simonetta Sommaruga, anunció el 23
de enero
una "prohibición a las compañías mercenarias". Dijo que
Suiza ya no
serviría como base para actividades que violaran los
derechos humanos.
Pero lo que se anunció como una "prohibición" resultó ser
una
regulación inútil.
El proyecto de ley prevé la notificación y prohibición de
ciertas
actividades, pero no de las compañías de seguridad privadas
en sí
mismas. Prohibe que firmas o grupos empresariales con sede
en Suiza
"participen directamente en hostilidades dentro de un
conflicto armado
en el exterior".
En pocas palabras, "esto significa que la nueva ley permite
a las
llamadas compañías de seguridad actuar dentro de conflictos
armados en
el exterior y participar indirectamente en las
hostilidades", dijo
Josef Lang.
"Cualquiera que piense que en el fragor de la batalla
alguien puede
diferenciar entre participación ‘directa’ e ‘indirecta’ no
tiene idea
de cómo son las batallas actuales", agregó.
Ulrich Petersohn, investigador del Centro para los Estudios
sobre
Seguridad, dijo que, en el derecho internacional, la
definición de
"participación directa en hostilidades" es vaga y está
sujeta a
debate.
"¿Y dónde termina la autodefensa?", preguntó. "Obviamente,
hay una
zona en penumbra".
Petersohn también planteó un dilema realista: "¿Qué se
aplica cuando
es atacado un complejo militar custodiado por personal de
compañías
militares privadas?".
El nuevo proyecto de ley también prohibe a esas empresas
"realizar
cualquier actividad que aliente a cometer violaciones serias
a los
derechos humanos". Al respecto, Lang preguntó: "¿Acaso eso
significa
que está permitido alentar violaciones leves a los derechos
humanos?".
El político del Partido Verde cree que la ley no puede
obligar a Aegis
a irse de Suiza. "Ellos simplemente prometerán no participar
directamente en hostilidades en zonas de conflicto, y no
hacer nada
para alentar violaciones serias a los derechos humanos". No
está claro
cómo pueden las autoridades suizas controlar las actividades
de los
mercenarios en el terreno.
Albert A. Stahel, director del Instituto de Estudios
Estratégicos con
sede en Wädenswil, cerca de Zurich, cree que es posible que
se reduzca
el atractivo que presenta Suiza para las empresas militares
privadas,
pero que las que ya están presentes en el país no serán
limitadas.
"El Consejo Federal debería haber propuesto a priori una
prohibición
clara a las compañías militares privadas, declarando
claramente que no
toleramos a ninguna empresa que participe en guerras", dijo
a IPS.
Petersohn tampoco ve que estén por imponerse limitaciones
legales
significativas para Aegis. "Sin embargo, el arma más afilada
del
proyecto de ley es que se puede presentar demandas en base a
sospechas".
Las empresas están ansiosas por evitar la publicidad
negativa, y esto
puede ponerlas bajo presión, sostuvo Petersohn.
Lang citó como ejemplo la estricta regulación de Noruega.
"En vez de
prohibir ciertas actividades prácticamente indefinibles,
sería más
factible aplicar un criterio más controlable. Las empresas
noruegas no
tienen permitido ingresar armas a otros países", dijo.
En el plano internacional, Suiza, junto con el Comité
Internacional de
la Cruz Roja, lanzó un proceso que condujo, en 2008, al
Documento de
Montreux. Este texto intergubernamental firmado por 44
estados
contiene una compilación de buenas prácticas, pero no es
legalmente
vinculante.
Inesperadamente, la ley propuesta por el gobierno suizo no
adhiere a
las buenas prácticas sugeridas. El Documento de Montreux
promueve
medidas para garantizar la transparencia en autorizaciones
como la del
control por parte de los órganos parlamentarios. El proyecto
suizo
deja fuera toda medida de transparencia.
No obstante, de aprobarse, la ley obligaría a las compañías
militares
privadas que operan en Suiza a firmar el Código de Conducta
Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad
Privada
(ICOC-PSP, por sus siglas en inglés), un marco
autorregulatorio que
han firmado 592 de este tipo de empresas.
Según Stahel, este enfoque es inútil, porque no hay
mecanismo para
imponer sanciones. Petersohn tiene esperanzas de que esos
códigos
puedan conducir al desarrollo de normas que impliquen cierto
grado de
obligatoriedad.
El ICOC-PSP es funcional principalmente a la imagen de sus
empresas
firmantes, y mantiene a distancia a otros proveedores de
servicios.
Petersohn enfatizó que las violaciones al código de todos
modos corren
el riesgo de dar lugar a campañas de denuncia.
El parlamento suizo debatirá el proyecto de ley, pero no se
espera que
lo vuelva más severo. "Se dio un paso en esa dirección. Sin
embargo,
el vaso todavía está apenas medio lleno", dijo Stahel.
(FIN/2013) Envíe sus comentarios | © Reproducir este artículo
|
