Agricultores cameruneses logran justicia con fruta seca
Por Monde Kingsley NforDOUALA, Camerún, mar (IPS) - Los fruticultores de Njombe, un pueblo de la región Litoral, en la
costa sur de Camerún, aprendieron una lección de vida cuando fueron
expulsados de sus tierras, que fueron concedidas a una compañía
internacional.En 1998, 34 agricultores perdieron 70 hectáreas ocupadas por
Plantation de Haut Penja (PHP), subsidiaria de la compañía francesa
Compagnie Fruitière, a la que el gobierno arrendó 4.500 hectáreas de
tierras para cultivar bananas.
Pero en 2003, gracias a la asistencia y los préstamos de la
organización Red de Lucha contra el Hambre (Relufa, por sus
siglas en francés), los fruticultores pudieron comprar tierras
cultivables en Njombe.
La organización también les proporcionó fondos para comprar
fertilizantes y químicos, y ayudarlos a crear una cooperativa llamada
Grupo de Iniciativa Común (CIG) Esperanza.
Bika Sadi es uno de los agricultores que ha cultivado banana, piña y
papaya en su nuevo terreno y vende a la fábrica de fruta seca creada
por Relufa en 2009.
"Vendemos nuestros productos a precios fijos al proyecto de fruta
seca. Un kilogramo de papaya fresca cuesta menos de 20 centavos en el
mercado, pero la fábrica lo compra a 31 centavos", dijo Sadi a IPS.
"Y un kilogramo de banana y piña cuesta 10 centavos en el mercado, y
la cooperativa lo compra a 24", añadió.
La iniciativa, llamada proyecto Fruta Justa, vende piñas, papaya,
bananas y mangos secados en horno. La propuesta surgió de los intentos
fallidos de los agricultores de obtener una indemnización por la
pérdida de sus tierras.
Los agricultores presentaron una demanda contra PHP en el alto
tribunal de Wouri, en Douala, en 2005. Tras cinco audiencias y tres
años, ambas partes llegaron a un acuerdo por fuera de la justicia.
Pero la compañía solo pagó 28.000 dólares de los 120.000 prometidos en
2008. Al año siguiente nacía Fruta Justa.
El envoltorio en el que se vende el producto aclara las circunstancias
del nacimiento de la empresa: "Fruta Fresca es cultivada por
cameruneses expulsados de sus tierras por una compañía trasnacional
para extender sus plantaciones. La fruta se cultiva y cosecha en un
ambiente justo y cuidadoso del ambiente y se distribuye por medio del
comercio justo".
El fruticultor Daniel Mahatma gestiona el proyecto, que cuenta con 10
empleados en la pequeña planta de procesamiento construida por Relufa.
"Los empleados ganan 2,50 dólares diarios por cinco horas de trabajo,
lo que representa un ingreso modesto para los jóvenes que tienen el
resto del día para otras actividades", dijo Mahatma a IPS.
El producto elaborado es embasa y distribuye a supermercados, hoteles
y aeropuertos.
"También vendemos el producto a posibles compradores a través del
comercio justo y de exposiciones agroganaderas", dijo Michelle Danleu,
vendedora y responsable de marketing de Fruta Justa.
Las ganancias se reinvierten en el proyecto para financiar la segunda
etapa.
"Fruta Justa también puede contar la historia de otros agricultores
marginados de Camerún", dijo el coordinador de Relufa, Jaff Bamenjo a
IPS.
"Nos preocupa la nueva ola de inversiones agrícolas y el impacto
negativo sobre la producción local de alimentos, así como el acceso de
las comunidades rurales a las tierras", añadió.
Según el informe "Apoyo a la Política de Inversiones. La Inversión
Extranjera Agrícola," publicado por la Organización para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2012, la inversión extranjera
directa estuvo por debajo de los 113 millones de dólares de los años
90, pero alcanzó 337 millones en 2009.
No hay cifras oficiales sobre las inversiones extranjeras en
agricultura, pero ese documento señala que 48 por ciento de la
población depende de esta actividad para vivir.
Al Ministerio de Agricultura y Desarrollo aún le preocupa la gran
cantidad pequeños agricultores expulsados de sus tierras por grandes
plantaciones.
"Los grandes cultivos tienen consecuencias negativas, no solo en la
producción y el suministro local de alimentos, sino que afectan la
economía de la localidad en la que están", dijo a IPS la inspectora
Collette Ekobo, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
"Además de que muchos agricultores fueron expulsados de sus tierras,
la mayoría tampoco pueden acercarse a la plantación industrial por
temor a que puedan robarse algo", añadió.
La tarea de Ekobo implica evaluar los servicios agrícolas, la
productividad rural y el desarrollo del sector, y tiene autoridad para
representar la opinión del Ministerio.
"Las quejas de agricultores expulsados son abrumadoras en las regiones
Litoral y Suroeste, donde se ubican la mayoría de las plantaciones",
puntualizó, aunque no pudo dar cifras de la cantidad de damnificados.
El actual sistema de tenencia de la tierra "no protege los intereses
de la población local, que usan terrenos de sus antepasados", añadió.
El sistema camerunés no simplifica la obtención de títulos de
propiedad. Además es un trámite largo y costoso.
La ordenanza 74/1, de 1974, sobre la tenencia de la tierra, estipula
que la posesión privada debe contar con título de propiedad y estar
registrada. El resto es considerado territorio del Estado, que incluye
áreas desocupadas, no registradas, tierras comunitarias, las que se
poseen por derecho consuetudinario, asentamientos informales y zonas
de pastoreo.
Samuel Nguiffo, del Centro de Ambiente y Desarrollo, dijo a IPS que
esa complejidad hace que la mayoría de los agricultores no tengan
documentos oficiales de sus tierras tradicionales.
"Las concesiones a las grandes compañías no respetan el derecho
consuetudinario ni tenencias informales. Las leyes y las instituciones
existentes no protegen los intereses" de pequeños agricultores,
remarcó.
Un comité del Ministerio de Propiedad Estatal y Tenencia de la Tierra
revisa el sistema actual con vistas a presentar un proyecto de reforma
al parlamento. Pero organizaciones locales se quejan de que el proceso
no es participativo.
Nguiffo dijo que existe la convicción de que las inversiones
extranjeras crean más empleos que la pequeña agricultura, pero, según
él, no hay pruebas de ello.
"Si las comunidades recibieran apoyo en forma de acceso a la tierra,
capital y asistencia técnica crearían más empleos y riqueza, y
contribuirían a un desarrollo nacional más sostenible que el promovido
por las grandes compañías", arguyó.
Finalmente, el 16 de enero, PHP accedió a pagar el resto del monto
acordado a los pequeños agricultores de Njombe. Se desconocen las
razones de su cambio de actitud, pero se especula que el contenido de
la etiqueta pudo incidir en su decisión.
"La condición impuesta por la compañía para pagar el monto restante
fue que elimináramos el mensaje del envoltorio de la fruta seca, a los
que los agricultores accedieron", indicó Bamenjo.(FIN/2013) Envíe sus comentarios | © Reproducir este artículo
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