Impuestos ilegales financian a soldados y rebeldes en la RDC
Por Taylor Toeka KakalaGOMA, RD Congo, mar (IPS) - Denise Mambo, residente de Kitshanga, en la oriental provincia de Kivu
del Norte, en la República Democrática del Congo (RDC), se dirige a sus
campos y se detiene ante una cuerda que se interpone en su camino."Nadie puede pasar este cordel si no paga el ‘lala salama’", explica a
IPS un sargento del ejército congoleño conocido por el sobrenombre de
Django.
El "lala salama" (duerme en paz, en swahili), es un impuesto ilegal
exigido por el ejército y los rebeldes en los campos de batalla de las
orientales provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur, Maniema, Alto
Katanga y, particularmente, la región de Ituri, en el noreste.
Inicialmente, "lala salama" era el nombre de un programa transmitido
en 2000 por Radio Liberté, desde Kisangani, en el noreste de la RDC.
El programa era producido por un grupo político aliado con Uganda,
país que acusó a Ruanda y a sus representantes en la RDC de alimentar
el conflicto en suelo congoleño.
Ahora "lala salama" se refiere más a dinero que a ideología.
Cada persona que se dirige a trabajar sus tierras debe pagar un dólar
o el equivalente a dos o tres kilos de sus cosechas a los uniformados
en esos puestos de control informales. A este tributo ilegal a veces
se le llama "contribución a la seguridad".
"A veces el ejército y la milicia combaten solo para controlar un
mercado o un camino que lleva a los campos", dijo Jean Ngoa, líder
tradicional de la localidad de Kitshanga, en diálogo con IPS.
Los grupos armados también recaudan en los mercados un impuesto
paralelo al exigido por las autoridades. Los gravámenes van de los 20
centavos a los 10 dólares, dependiendo de la cantidad de la mercancía
de cada vendedor.
Este dinero es recolectado los días de mercado, generalmente dos por
semana.
Desde que en 2009 fracasó el programa de integración de exrebeldes al
ejército congoleño, la población civil se convirtió en una de las
principales fuentes de ingresos de las fuerzas del gobierno, los
grupos insurrectos y las milicias ruandesas.
Aquel fracaso derivó en la insurgencia del Movimiento 23 de Marzo en
abril de 2012.
Hoy, diversas milicias pululan en las cinco provincias del este de la
RDC, y miles de civiles han sido víctimas de saqueos, violaciones y
asesinatos, según Juvenal Munubo, parlamentario de Walikale, en Kivu
del Norte, y miembro del Comité de la Asamblea Nacional para la
Defensa y la Seguridad.
"Los civiles son víctimas de una insoportable explotación financiera",
dijo a IPS.
El general François Olenga fue designado jefe de Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas de la RDC en noviembre de 2012, luego de que un
informe de la Organización de las Naciones Unidas acusara a su
predecesor, Gabriel Amisi, de venderle armas a rebeldes.
Olenga reconoció la ineficiencia del ejército e intentó darles
seguridad a sus tropas. "Personalmente me aseguraré de que cada
soldado reciba su paga", prometió al asumir.
Aunque los jefes del ejército destacan que el salario promedio de un
uniformado se incrementó de 10 a 60 dólares mensuales entre 2006 y
2013, los soldados insisten en que la paga es insuficiente e
irregular.
Los civiles se convirtieron en la presa más fácil para recaudar
impuestos ilegales. "Si tenemos suerte, podemos recolectar 60.000
dólares para pagarles a 1.000 hombres, oficiales incluidos", dijo a
IPS el capitán George Sakombi, del regimiento número 810 en Masisi, en
Kivu del Norte.
"Estamos en un ejército sin paga alguna", dijo por su parte a IPS el
teniente coronel Vianney Kazarama, portavoz del M23, que tomó control
de Goma en noviembre de 2012.
El impuesto "lala salama" estimuló la formación de milicias. En Kivu
del Norte, por ejemplo, el número de grupos armados pasó de 12 a 25
desde 2008, según organizaciones de la sociedad civil. En Kivu del
Sur, creció de 11 a unos 20.
Bajo anonimato, un maestro de otra localidad de Kivu del Norte,
Kashuga, dijo a IPS que su aldea fue atacada 12 veces entre abril y
julio de 2012 por las fuerzas armadas congoleñas, por la rebelde
Alianza de Patriotas para un Congo Libre y Soberano, y por el grupo
insurgente M26.
Este último, es una nueva organización armada que demanda la plena
implementación del acuerdo de paz de marzo de 2009 entre el gobierno y
la organización rebelde Resistencia Patriótica Congoleña, que ahora es
un partido político.
"Cuando tomó control de Kashuga, el M26 obligó a cada persona mayor de
13 años a pagar 1.200 francos congoleños (poco más de un dólar)",
indicó. El impuesto se llama "rengera buzima", que significa
"protección de vida" en kinyarwanda, la lengua local.
A diferencia del "lala salama", que no ofrece comprobante de pago, "la
milicia M26 fue a campamentos de desplazados, escuelas e iglesias a
obligar a todos que presentaran sus recibos de ‘rengera buzima’",
contó.
(FIN/2013) Envíe sus comentarios | © Reproducir este artículo
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