BOGOTA, 30 abr (IPS) - En la desaparición del jefe paramilitar colombiano Carlos Castaño ”tiene que haber algún grado de responsabilidad de la fuerza pública”, dijo a IPS Eduardo Carreño, jurista de derechos humanos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Castaño salió de escena el viernes 16, luego de una balacera en Urabá, noroccidente de Colombia, y hasta ahora se desconoce su paradero aunque este viernes tomó fuerza la versión de que habría sido asesinado.

”Lo importante es determinar quién y en qué circunstancias realizó el ataque, pues Urabá es una región totalmente militarizada y paramilitarizada”, dijo Carreño respecto de la presencia simultánea de ejército y derechistas paramilitares, aglutinados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

”Los indicios que señalan una coordinación constante (entre paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado) son abrumadores”, dijo la semana pasada la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.

Carlos Castaño, uno de los hombres más cercano a esos vínculos, se esfumó seis días antes de que la Corte Suprema de Justicia iniciara el estudio de su extradición a Estados Unidos, donde se lo reclama para juzgarlo por narcotráfico.

El territorio colombiano es escenario de una guerra civil en la que se enfrentan guerrillas izquierdistas, en armas desde hace cuatro décadas, derechistas paramilitares y Fuerzas Armadas. En los últimos años, el combustible principal del conflicto pasó a ser el narcotráfico.

La desaparición de Castaño ”es sumamente grave”, considerando los crímenes que reconoció haber cometido en el libro ”Mi confesión”, publicado en 2002, sostuvo Carreño.

Castaño admitió la autoría intelectual de gran cantidad de asesinatos, atentados y masacres, y los justificó ”diciendo que se trataba de combatientes de la guerrilla. Pero en los procesos está demostrado que las ejecuciones fueron contra personas en total indefensión, que eran civiles”, dijo Carreño a IPS.

EL CASO MAPIRIPAN

Un botón de muestra fue la masacre de la sudoriental localidad de Mapiripán, en julio de 1997, que estudia la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde fines de enero. Carreño, por el Colectivo de Abogados, representa a la parte civil en ese proceso.

Luego de un fallido intento, el 20 de abril (por inasistencia del defensor de un paramilitar involucrado en el caso), la justicia colombiana citó nuevamente para este lunes al general retirado Jaime Alberto Uscátegui, entonces comandante de la 7 brigada del ejército, acusado de falsedad intelectual y, por omisión, de homicidio agravado y secuestro agravado.

La matanza ocurrió en una aldea por entonces de 1.000 habitantes en lo que era el epicentro cocalero del sudoriente, en la región de Orinoquia, con presencia histórica de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), alzadas en armas cuatro decenios atrás..

Doscientos paramilitares de las AUC -unos 50 enviados en avión por Castaño desde Urabá- tomaron Mapiripán y, entre el 15 y el 20 de julio, clausuraron los accesos por río y tierra y, lista en mano, arrancaron de sus casas a civiles desarmados. De los 49 muertos, sólo han sido identificados ocho.

Leonardo Cortés era por entonces juez de Mapiripán y la única autoridad estatal que permaneció en el pueblo, pues todos los funcionarios de la administración local se habían marchado con sus familias ocho días antes.

Desde su ventana vio cómo varios vecinos eran conducidos por los paramilitares a las instalaciones del matadero municipal y escuchó los gritos y súplicas que emanaban de ese lugar, convertido en centro de torturas.

Las víctimas eran colgadas vivas de los garfios destinados a las reses, y allí les cortaban las extremidades con una motosierra.

La seguridad de esa región estaba a cargo de Uscátegui, quien alega inocencia y dice haber descubierto cómo sucedieron las cosas, pero pide un precio por guardar silencio: que la fiscalía allane pronto un final del juicio que le sea favorable.

Una advertencia equivalente han repetido los jefes paramilitares ante los intentos del presidente Alvaro Uribe de desarmar a los grupos que dirigía Castaño: ”Ni un día de cárcel, ni en Colombia ni en el exterior”, pues varios de ellos tienen pendientes procesos en Estados Unidos por narcotráfico.

Las investigaciones demostraron que se facilitó el paso y se ayudó logísticamente a los paramilitares para que llegaran a Mapiripán. Castaño fue condenado en ausencia a 40 años de prisión a mediados de 2003.

Por coordinar la operación, también fue de 40 años la condena contra el coronel Lino Sánchez, entonces comandante de la brigada móvil 2 del ejército, con asiento en San José del Guaviare, a cuatro horas por carretera de la aldea. El sargento Juan Carlos Gamarra recibió una pena de 22 años de prisión y otro suboficial, 32 años.

El día en que comenzó la matanza, el juez Cortés logró comunicarse por teléfono con el entonces mayor Hernán Orozco, comandante del batallón Joaquín París, quien además fue informado por la Inteligencia de su fuerza.

Orozco solicitó a su superior, Uscátegui, que protegiera a los habitantes con la brigada móvil 2, dotada de helicópteros artillados, centenares de soldados comandados por el coronel Lino Sánchez, y a cinco minutos de vuelo de Mapiripán.

El refuerzo nunca llegó, y más tarde Orozco fue ”amenazado por el paramilitarismo y por los oficiales de la fuerza pública que son responsables de estos hechos”, afirmó Carreño.

Ahora, Orozco está exiliado y protegido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras el juez, blanco de advertencias para que alterara las denuncias, también optó por el exilio.

Según Castaño, sus hombres habían matado guerrilleros. Pero el abogado Carreño asegura que las víctimas eran opositores del alcalde y su equipo, que habían denunciado su corrupción.

”Las personas ejecutadas eran liberales o de la Unión Patriótica”, mientras la administración local pertenecía al Partido Conservador, precisó.

En Barrancón, 35 kilómetros al oeste de Mapiripán, está la Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército.

Mientras se perpetraban las muertes, transcurrían allí las sesiones finales de un curso sobre planificación y toma de una decisión militar en la infantería liviana, dictado por boinas verdes del grupo 7 de las Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses. El coronel Sánchez actuaba como alumno aplicado.

Pero tres semanas antes de la masacre, Sánchez había propuesto al comandante de la Base Antinarcóticos que facilitara el acceso de los paramilitares al Guaviare, pues ”luchaban contra un enemigo común y tenían la posibilidad de dar una lección a la guerrilla” de las FARC, señala la sentencia condenatoria del coronel.

Antinarcóticos se negó a cooperar con Sánchez, pero sólo denunció la propuesta seis meses después, por presión de los investigadores.

Los despavoridos sobrevivientes ”salieron de Mapiripán por río, por carretera y por avión”, relató Carreño, reconstruyendo los hechos para IPS.

Nadie regresó. Según Carreño, la aldea es habitada hoy por ”gente que no es de la región”.

LO QUE SABE USCATEGUI

En una conversación cuyo contenido fue filtrado el 29 de marzo a la revista bogotana Cambio, Uscátegui, ahora detenido, manifestaba a un interlocutor no identificado que era inocente, que no pensaba quedar solo como responsable de la matanza y que, si hablaba, sería el peor escándalo del país, y podría llevar al cese de la ayuda militar estadounidense a través del Plan Colombia antinarcóticos.

La justicia ha mantenido en secreto información ”porque no conviene que salga a la luz pública”, agregaba Uscátegui.

Gamarra, uno de los condenados en 2003, era jefe de inteligencia del batallón Joaquín París. Uscátegui fue mucho más explícito que la sentencia al describir el contenido de 300 archivos digitales cifrados y guardados en un computador del sargento, ahora preso.

”Los panfletos que entregaron las autodefensas en la masacre de Mapiripán los hicieron en ese computador, en el batallón París. Igual hicieron con los panfletos que entregaron ocho meses después en Puerto Alvira” en la misma región, donde se cometió una matanza similar, afirmó Uscátegui.

En el computador ”también estaban las planillas de pago mensuales, las nóminas de todo el frente Guaviare de las AUC, que eran 93 hombres y mujeres con los alias, sus cargos y lo que devengaban”, añadió el general retirado.

Uscátegui mencionó en su conversación telefónica un elemento clave: ”el vínculo con los paramilitares no sólo era en el Guaviare, sino que venía desde el Urabá antioqueño”, bajo jurisdicción del general Rito Alejo del Río cuando gobernaba Antioquia el ahora presidente Uribe.

Uscátegui reveló que, tras la matanza, la brigada móvil 2 y el batallón París no persiguieron a los asesinos. Y la brigada hizo ”una operación gigantesca, aplastó a las FARC y colocó un colchón de aire o de seguridad para que se salieran los 'paras'” (paramilitares) de la zona.

”El Ejército no sólo tiene vínculos, no sólo no los combatió, sino que combatió a las FARC para que no golpearan a los paras por habérseles metido en su territorio”, aclaró el militar. ((FIN/2004)

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