BOGOTA, 21 may (IPS) - Partirá este sábado una comisión verificadora hacia el septentrional desierto colombiano de La Guajira, hogar de los indígenas wayúu, para esclarecer denuncias sobre crueles ataques a niñas, niños, mujeres y hombres de esta etnia cuyo territorio se sitúa a ambos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela.

Una denuncia anónima del 3 de mayo, firmada por ”Indígenas wayúu Alta Guajira”, dio cuenta de un asalto de escuadrones de la muerte, el 18 de abril, contra la aldea de Bahía Portete, de 580 indígenas, en el que se cometieron torturas y desaparición de niños, violación de adolescentes, asesinato de mujeres y hombres y desmembramiento de los cuerpos de las víctimas.

El comunicado, redactado en un mal español (la lengua de esta etnia es el wayunaiki), señalaba que los atacantes destruyeron el cementerio que alberga a los antepasados del pueblo, según la tradición wayúu, el lugar sagrado que prueba la propiedad sobre el territorio.

”Vamos a verificar sobre el terreno y a levantar un informe mucho más amplio”, dijo a IPS Luis Evelis Andrade, del pueblo emberá y presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que convocó a la creación de la comisión.

Según la ONIC, en la jornada de abril fueron muertos 14 indígenas (al menos seis eran mujeres) y otros 30 fueron desaparecidos, entre ellos cuatro niñas y un niño previamente torturados para obligarlos a decir dónde estaban sus padres.

La denuncia de los wayúu de Bahía Portete, que terminaba clamando en mayúsculas ”NO NOS DEJEN SOLOS”, pedía el viaje de una comisión, a la que reclamaba buscar ”personas nativas que los lleven al verdadero lugar de los hechos y que no los engañen”.

El texto agregaba que los indígenas no habían denunciado los crímenes ante ninguna autoridad ”ya que tenemos miedo que nos sigan acribillando”.

Diversas autoridades están de acuerdo en que es apresurado cuantificar las víctimas del ataque mientras no haya claridad sobre los hechos.

La comisión que constatará la denuncia está integrada por la ONIC, la Defensoría del Pueblo, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), un diputado venezolano perteneciente a la etnia wayúu y varias organizaciones indígenas regionales.

Mientras se redactaba esta nota, Andrade descartó la participación de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior ”No es concebible que esté matándose gente así en un pueblo mientras el gobierno de alguna manera da a entender que eso no tiene importancia”, dijo en referencia a lo que consideró falta de reacción gubernamental.

Tras la denuncia anónima, un inmediato llamado de ”acción urgente” de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres, advirtió que si las autoridades no actuaban aceleradamente, los derechistas paramilitares podrían matar a quienes se habían llevado secuestrados.

AI reportó el 7 de mayo ocho muertos y numerosos secuestrados, mientras hasta el 10 de mayo las fuentes oficiales habían constatado solamente el asesinato de una mujer y la muerte de un anciano por inanición.

AI también se refería al desplazamiento masivo de medio millar de indígenas que habían desocupado Bahía Portete y la vecina aldea de Puerto Nuevo, ahora poblados fantasmas y saqueados.

Según AI, habitantes de Bahía Portete habían recibido amenazas recientes de paramilitares.

Un grupo paramilitar local está atacando a los wayúu para que abandonen la zona, según la Coordinación Nacional de Derechos Humanos de la Policía Nacional, ”ya que la región es de vital importancia para la salida de estupefacientes por los diversos puertos naturales sobre el litoral” en el mar Caribe, dice un documento policial.

La policía tampoco descarta que en el origen del masivo ataque a los civiles haya ”diferencias personales” entre los indígenas y los paramilitares.

La acción urgente convocada por la ONIC el 10 de mayo advirtió que ”la comunidad indígena wayúu se ha visto forzada al desplazamiento de sus territorios ancestrales por la acción de elementos pertenecientes a grupos paramilitares, que quieren apoderarse y controlar su territorio”.

La ONIC señalaba ”la indolencia de las autoridades locales y nacionales”, en el primer caso atribuida al ”poder que ostentan los autores de esta masacre, quienes representan los intereses de los grupos que quieren controlar el puerto de Bahía Portete”.

La organización indígena acusó a las autoridades locales de La Guajira ”de tener conocimiento previo sobre su ocurrencia” (de la masacre), y de no haber tomado medidas para que Estado y gobierno cumplieran ”con sus funciones de defensa de la vida e integridad del pueblo wayúu”.

La Defensoría del Pueblo habló de ”enfrentamientos” entre ”miembros de un grupo armado ilegal e integrantes de las comunidades indígenas”, y la Presidencia expidió un comunicado de 56 palabras, informando que la Fiscalía establecería ”la veracidad de las denuncias” y las Fuerzas Armadas tomarían ”las medidas necesarias para la protección de esa comunidad”.

El lunes se efectuó una reunión del gubernamental Consejo de Seguridad, pero no trascendieron las decisiones adoptadas.

El pueblo wayúu comprende unas 150.000 personas, que representan 18 por ciento de la población indígena colombiana, conformada por 81 etnias en este país de 43 millones de habitantes.

En su territorio ancestral, la península de La Guajira sobre el mar Caribe y el Golfo de Venezuela, hay ricos yacimientos de gas cedidos recientemente a la petrolera estadounidense ChevronTexaco.

También allí está situada Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, explotada por una alianza de las principales corporaciones carboníferas incluyendo la compañía estadounidense Drummond.

Los wayúu son un pueblo guerrero. En tiempos de la colonización, lograron adquirir armas europeas a cambio de perlas para enfrentar el exterminio de los conquistadores españoles.

Los expertos atribuyen a esa condición el hecho de que se haya preservado como la segunda etnia más numerosa de Colombia después del pueblo paés, otro de legendaria tradición de resistencia.

Los indígenas suelen ser blanco de ataques de los actores armados en la guerra civil colombiana de cuatro décadas, en la que se cruzan derechistas paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las guerrillas izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Ejército de Liberación Nacional, narcotraficantes y fuerzas de seguridad del Estado.

Según la Organización de las Naciones Unidas, las AUC son el grupo armado que ha perpetrado la mayoría de los ataques contra civiles desarmados desde mediados de los años 90.

De acuerdo a otro comunicado anónimo mostrado por la ONIC a IPS, y firmado por ”Resistencia wayúu”, los ataques fueron perpetrados por narcotraficantes. La denuncia identifica a 10 de ellos por sus nombres, algunos miembros de la misma etnia, aunque de distinto clan.

El texto también señala que la Alta Guajira, donde está Bahía Portete, ”es el centro de operaciones para almacenar y enviar drogas hacia el exterior”.

”Resistencia wayúu”, que justifica su anonimato en que ”los indígenas que han denunciado han sido desplazados y asesinados”, señala también por sus nombres a dos miembros locales de la fuerza pública como cómplices de los hechos y advierte que recurrirá a la guerrilla si el gobierno no toma cartas en el asunto, ”ya que nos sentimos huérfanos desamparados”.

”Nadie quiere dar la cara. A nosotros todo nos ha llegado por vía anónima”, comentó Andrade. El líder indígena ha tratado de trasladar a Bogotá a algunos de los aterrorizados sobrevivientes que escaparon a la vecina Venezuela, ”para que denuncien, pero no se atreven”.

Mientras la ONIC gestionaba la conformación de la comisión, el 13 de mayo -católico Día de la Virgen de Fátima venerada por paramilitares y narcotraficantes- el gubernamental comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo firmaba un acuerdo con la cúpula paramilitar.

En ese acuerdo, los paramilitares se comprometieron a un cese completo de hostilidades, a cambio de que el Estado garantice protección a sus jefes en un área de 308 kilómetros cuadrados, de donde podrán salir sólo con salvoconductos.

Si el acuerdo se cumple, el gobierno no perseguirá judicialmente a los líderes paramilitares y por lo tanto no aprobará extradiciones pedidas por la justicia de Estados Unidos contra varios de ellos por cargos de narcotráfico.

”Los wayúus dicen que Restrepo dijo en Santa Fe de Ralito (sede de las negociaciones con los paramilitares en el septentrional departamento de Córdoba) que era la guerrilla la que estaba atacando a los wayúu, pero allí (en Bahía Portete) no hay guerrilla”, dijo el presidente de la ONIC. (FIN/2004)

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