CARACAS, 28 oct (IPS) - La ofensiva sin precedentes del Servicio de Administración Tributaria de Venezuela contra la evasión impositiva alcanzó al histórico diario regional El Impulso, que debió salir de circulación por un día disparando la alarma de entidades defensoras de la libertad de prensa.

El Impulso, fundado en 1904, es el principal diario en el agroindustrial centro-oeste de Venezuela y su propietario, Juan Manuel Carmona, es directivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y conocido opositor del presidente Hugo Chávez.

La SIP, que considera a Venezuela un sitio donde las libertades de expresión y de prensa están "seriamente amenazadas", es a su vez calificada de "letrina" por el vicepresidente de este país, José Vicente Rangel, quien sostiene que editores de diarios integrados a esa organización colaboraron con las peores dictaduras latinoamericanas en los años 70 e inicios de los 80.

El Impulso recibió el miércoles una multa de 13.000 dólares y la orden de cerrar, tanto sus oficinas administrativas como la edición del diario durante una jornada, como sanción "por irregularidades observadas en los libros de compraventa y en facturas", indicó la funcionaria que aplicó la medida, Selma Rondón.

Según los administradores del diario, el Servicio de Administración Tributaria de Venezuela (Seniat) el castigo fue por defectos de forma en facturas emitidas hace dos años.

Pero José Vielma, jefe nacional del Seniat, retrucó que la entidad que dirige fiscaliza mensualmente a periódicos y emisoras y subrayó que la medida de cierre de El Impulso "estuvo apegada a la ley y no tiene trasfondo político alguno".

"Esperamos que sea el último medio de comunicación social que clausuremos de aquí a 2030, porque la idea es no cerrar medio alguno", agregó Vielma.

A comienzos de este mes fueron cerrados durante algunas jornadas los diarios Nueva Prensa, El Diario de Guayana, El Progreso y El Expreso, en el sudoriental estado de Bolívar, por orden del Seniat, que también ordenó clausuras temporales de operaciones de las emisoras de esa zona Bolivariana 104.3 y Alegre 101.5

En el caso de El Impulso, "es una represalia política, porque el diario ha asumido una posición clara y nada favorable al gobierno de Chávez, sostuvo Carmona.

"Acabo de presentar un informe ante la SIP en defensa de la libertad de expresión, y escribo editoriales en los que asumo una posición firme ante las políticas gubernamentales", sostuvo el propietario de esa publicación.

"A todas luces se trata de un exceso. Si hubo irregularidades tributarias pudo proceder una multa, incluso considerable, por parte del Seniat, pero el cierre de un medio debería ser la última medida aplicable", dijo a IPS Andrés Cañizález, del Instituto Prensa y Sociedad, basado en Lima y dedicado a temas de comunicación en la región.

Según Cañizález, "se le envía a los medios una señal de que, si tiene un problema, no sólo ha de pagar lo que debe, sino que puede ser cerrado". "Las sanciones deberían usarse con un criterio que no coarte el libre flujo de información", apuntó.

"No es lo mismo cerrar un medio de comunicación que una zapatería en un mercado de Caracas o de Barquisimeto, porque se afecta el derecho de los ciudadanos a informarse, así sea por un día, y eso es más claro en casos como El Impulso, que es el principal medio de comunicación impreso en la región centrooccidental" del país, agregó Cañizález.

El Colegio de Periodistas de Barquisimeto deploró el cierre porque, "aunque momentáneo, afecta y genera conmoción pública, y lesiona derechos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales". En un comunicado, la entidad se declaró "alerta ante este mal precedente".

Portavoces del gobierno venezolano se han ufanado del clima de libertad de prensa en el país, con la mayoría de los medios de comunicación privados sosteniendo una línea editorial adversa a Chávez y sus políticas, y han puesto como ejemplos que no hay ningún periodista preso ni se ha clausurado medio periodístico alguno.

Durante el golpe de estado que desalojó a Chávez del gobierno el 12 y el 13 de abril de 2002, un gobernador regional militante de oposición ordenó cerrar la televisora del Estado, y el alcalde opositor de Caracas, un año después, cerró durante algunos días una pequeña televisora comunitaria que se identificaba con el oficialismo, Catia TV.

Hace unos meses, Conatel, el organismo que dirige las telecomunicaciones, clausuró otra emisora comunitaria, Radio Alternativa de Caracas, mientras decide si puede seguir ocupando la frecuencia que utilizaba o se la entrega a un operador privado.

El Seniat, por otra parte, ha hecho reparos e impuesto multas por varios millones de dólares a emisoras de televisión con línea editorial de oposición que durante el lock out empresarial y huelga sindical, en 2002 y 2003, difundieron gratuitamente publicidad de las fuerzas opositoras que presionaban por la renuncia de Chávez o un referendo sobre su mandato presidencial.

El organismo tributario desarrolla una ofensiva inédita contra evasores de impuestos, su plan "Evasión Cero", con recaudaciones de tributos que desbordan los estimados fiscales y alcanzó este jueves a Pdvsa Gas, una filial de la empresa petrolera estatal Petróleo de Venezuela SA, multada con 70.000 dólares y el cobro de deudas por 233 millones de dólares.

El caso El Impulso disparó alarmas fuera de Venezuela y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se declaró "preocupada por el cierre". "Los procedimientos administrativos y tributarios nunca deben ser utilizados para silenciar las críticas y las informaciones", dijo en Washington su relator para la libertad de expresión, el argentino Eduardo Bertoni.

Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, condenó la clausura del diario y dijo que "se trata de una impertinencia cerrar un medio de comunicación por una supuesta irregularidad desde hace tantos años". ((FIN/2005)

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