BUENOS AIRES, dic (IPS) - El acceso a la justicia es un derecho humano garantizado en la legislación argentina. Pero la falta de dinero o de tiempo inhibe muchas veces a los sectores más pobres y vulnerables de llegar a los tribunales a presentar una querella.

"Es un problema grave en Argentina. Los pobres no tienen tiempo ni dinero para contratar abogados y el sistema los deja afuera", alertó a IPS el abogado Ezequiel Nino, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

La Constitución asegura a todos los habitantes del país el derecho de peticionar ante las autoridades y consagra además la garantía del "debido proceso", es decir la potestad de ser oído por un juez imparcial y de contar con un abogado defensor.

Pero eso se cumple sólo para el caso de estar imputado en una causa penal. Si lo que se busca es presentar una demanda o querella el sistema exige el pago de una tasa ûsalvo excepciones-- y requiere un profesional patrocinante a quien hay que pagarle honorarios.

La tasa de justicia es de 70 pesos (unos 25 dólares) y, si lo que se reclama es llevar adelante un "recurso de queja" ante la Suprema Corte de Justicia por una sentencia que viola un derecho constitucional debe hacerse un depósito de 1.000 pesos (333 dólares).

"El Estado debería proveer asistencia jurídica a todos, del mismo modo que brinda servicios en hospitales o escuelas. Sin embargo, lo hace de manera muy limitada a través de defensores de pobres, ausentes y menores", explicó Nino.

Argentina tiene más de 37 millones de habitantes y la pobreza afecta hoy a casi 40 por ciento de ellos. Ante esta magnitud, las defensorías, que son escasas, se volcaron casi por completo a representar a menores o ausentes. "No hay un sistema estatal de atención para pobres", remarcó el letrado.

Para suplir en parte esa ausencia, diversas organizaciones sociales se dedican a brindar servicios de asesoría y representación legal gratuita. Pero según explicó a IPS la abogada Daniela Lovisolo, de ACIJ, están concentrados en la capital del país.

Agrupaciones que trabajan en derecho de interés público, iglesias, organizaciones de mujeres, universidades estatales y colegios de abogados ofrecen voluntariamente este tipo de servicios, aunque el acceso está limitado a sus zonas de influencia.

Lovisolo coordina el Centro de Apoyo Legal Comunitario de ACIJ en la localidad de Moreno, en la zona oeste del área metropolitana de Buenos Aires y con unos 500.000 de habitantes, de los cuáles la mitad viven en la pobreza o en la indigencia. Sólo un tercio tiene agua potable y 12 por ciento sistema de cloacas.

Los tribunales más cercanos a Moreno están a 60 kilómetros de distancia. Por eso, la apertura del centro legal, que funciona junto a otras organizaciones de la sociedad civil, fue recibida como una bendición por los pobladores del lugar.

El centro consiguió llevar adelante numerosos reclamos de los vecinos, no mediante demanda, sino simplemente a través de gestiones administrativas en las que se pide que se garanticen derechos básicos, como por ejemplo el de la educación.

En noviembre, el centro acompañó una petición de los vecinos para que el municipio pavimente las calles de acceso, construya veredas y coloque luminarias en la Escuela Rural número 5 "El Vergel", a la que asisten unos 300 niños.

La petición, que fue cumplida por el municipio, se basó en que los días de lluvia los caminos de tierra en esa zona se vuelven intransitables y 70 por ciento de los alumnos no puede llegar al centro educativo.

No obstante, en otros casos las organizaciones van más allá de los reclamos y presentan verdaderas demandas para exigir que se respeten derechos contemplados en la constitución nacional y las leyes pero que se violan cotidianamente.

Después de cuatro años de trámite, un juez federal de Argentina hizo lugar hace un mes a una demanda de ACIJ "para que cese el trato discriminatorio" contra los usuarios del servicio de trenes de la línea Sarmiento, que une Buenos Aires con Moreno.

La firma concesionaria del servicio es la empresa Transportes de Buenos Aires (TBA), que administra también el ramal Mitre, que une la capital argentina con el norte del área metropolitana. Los usuarios pagan el mismo pasaje, pero el servicio es muy distinto en calidad.

Los pasajeros del Sarmiento, una línea que recorre la periferia más pobre de Buenos Aires, viajan hacinados, sin aire acondicionado, en vagones viejos, con los asientos y los vidrios rotos. Las formaciones ferroviarias se detienen muchas veces por roturas y se cancela el servicio.

En cambio, la línea Mitre, que cubre un área residencial y pintoresca de los suburbios de la capital donde viven sectores de mayor poder económico, goza de vagones limpios, asientos sanos, aire acondicionado, sitios para que viajen personas discapacitadas y posee baños en condiciones higiénicas.

"Hay que empujar para subir y si te caes te pisan", contó a IPS un empleado bancario que viaja desde hace 35 años por la línea Sarmiento desde su casa al empleo todos los días de semana. "Hasta los animales viajan mejor que nosotros", se lamentó el hombre.

Una enfermera que viajaba en el mismo tren contó a IPS que no es raro que las mujeres deban subir por las ventanas. "Los hombres tienen fuerza para empujar, pero nosotras o subimos por la ventana o nos quedamos abajo" en el andén, aseguró

"La desigualdad y el maltrato al que son sometidos los usuarios del Sarmiento respecto del Mitre revela un tratamiento secundario y peyorativo hacia los pasajeros de condición social más pobre", estableció el juez en su sentencia.

La empresa TBA y los organismos del Estado encargados de supervisar los servicios de transporte apelaron el fallo. Pero Nino confía en que la demanda llegue en el mediano plazo hasta la Corte Suprema de Justicia y siente un precedente.

"Si se comprueba el daño será la primera vez en América Latina que una acción colectiva por discriminación generada en la condición socioeconómica llega a esa instancia y se imparte justicia para los más pobres y vulnerables", advirtió.

Nino sostuvo que para los estados es mucho más fácil responder a las demandas de derechos civiles y políticos que a los económicos y sociales, porque "los primeros no dependen de las asignaciones presupuestarias y los segundos sí".

Pero el recurso de la acción colectiva, que es relativamente nuevo en este país, podría derribar el muro que hoy margina a los más necesitados de justicia.

Si acaso la demanda prospera, ACIJ ya tiene iniciadas otras causas por trato desigual en el servicio de recolección de residuos en barrios de clase alta y baja de la capital, y otras contra la provisión de agua, gas y electricidad a los usuarios. ((FIN/2005)

Envíe sus comentarios al editor