AGRICULTURA-BOLIVIA
Gobierno retomará reforma agraria
Por Franz ChávezLA PAZ, 7 mar (IPS) - El gobierno boliviano de Evo Morales busca reencauzar y
agilizar la reforma agraria para revertir la concentración de tierra en
pocas manos, la especulación, el tráfico y la transferencia de propiedades a
extranjeros.
"El nuevo gobierno tiene la legitimidad democrática necesaria para
encarar medidas de profunda reforma agraria, previo reordenamiento de las
instituciones encargadas de redistribuir la tierra, que fueron ocupadas por
connotados representantes del 'agropoder' empresarial y terrateniente", dijo
a IPS el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo
Rada.
Desde su despacho en el Palacio de Gobierno, Rada conduce la difícil
tarea de reorganizar una casi paralizada reforma agraria, frente a la
influencia del gran negocio agropecuario radicado en la región oriental de
Santa Cruz.
Morales anulará decretos aprobados por sus predecesores Gonzalo Sánchez
de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), Hugo Banzer (1971-1978 y 1997-2001) y
Carlos Mesa (2003-2005) porque su contenido retrocede al pasado autorizando
la concentración de la tierra, explicó Rada.
La ley 1.715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, fue promulgada el
18 de octubre de 1996 con el fin de materializar la distribución justa de la
tierra, un anhelo consagrado en leyes, pero postergado durante décadas en
Bolivia.
En nueve años, el Estado boliviano sólo regularizó bajo esa norma 14
millones de hectáreas, o sea 13,1 por ciento de las 107,2 millones de
tierras destinadas a la producción agropecuaria y explotación forestal,
según los últimos datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). A
ese ritmo harán falta 66 años más para culminar una tarea interferida por
intereses económicos y políticos, según analistas.
En octubre de este año culminará el plazo concedido por la ley para
regularizar propiedades comunales (de los pueblos originarios) y de
producción, pero a pesar de que se han invertido 74 millones de dólares, con
la asistencia financiera de organismos internacionales, el proceso parece
detenido.
"A esta ley le faltó voluntad política para aplicarse, pero ahora se
espera una decisión radical, firme y apegada a la norma", dijo a IPS el
presidente de la no gubernamental Fundación Tierra, Miguel Urioste.
La legislación establece procedimientos para eliminar el latifundio
improductivo y revisar y actualizar el derecho propietario de todas las
tierras de pequeños poseedores y de grandes empresarios, recordó el experto.
La llegada a la Presidencia del líder indígena y campesino Evo Morales el
22 de enero ha despertado sentimientos de reivindicación de comunidades
originarias que reclaman el desalojo de empresarios y ciudadanos brasileños
y paraguayos que, presuntamente, son propietarios de extensas zonas en la
frontera norte y nororiental con Brasil.
La legislación boliviana prohíbe a ciudadanos extranjeros poseer
propiedades en una franja fronteriza de 50 kilómetros, lo que alienta a
organizaciones indígenas y campesinos a reclamar que esas tierras sean
expropiadas en su beneficio.
El diputado del gobernante e izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS),
Isaac Ávalos, informó que unas 600.000 hectáreas han sido ocupadas
ilegalmente, y el ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Hugo
Salvatierra, anunció la recuperación de propiedades concedidas al margen de
la ley.
Fiscales, autoridades de migración y policías están movilizados por orden
gubernamental con la finalidad de verificar denuncias sobre la presencia
ilegal de ciudadanos extranjeros en esa franja fronteriza, en particular en
las provincias Germán Bush y Ángel Sandoval, del departamento oriental de
Santa Cruz.
Esta puede ser una prueba de fuego para el gobierno de Morales, que
obtuvo en las urnas el respaldo de 53,7 por ciento de sufragios.
Según Rada, el gobierno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, "restablecerá
la soberanía en zonas invadidas por ciudadanos extranjeros y lo haremos de
manera decidida".
En el terreno diplomático, el gobierno expondrá el problema al presidente
brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, solicitando su cooperación para evitar
ventas ilegales de tierras y el tráfico de recursos naturales como oro,
madera y otros disponibles en la Amazonia boliviana.
Al iniciar su mandato de cinco años, Morales expresó su interés de
promover una justa distribución de la tierra, y puso de ejemplo a aquellos
propietarios que poseen una vaca para pastar en 50.000 hectáreas.
La semana pasada, Morales hizo un llamado a los grandes terratenientes
para que compartieran sus tierras ociosas con campesinos pobres, pero al
mismo tiempo señaló que estaba de acuerdo con la toma violenta de fincas,
promovida por el Movimiento Sin Tierra (MST).
Morales garantizó a los empresarios el reconocimiento estatal a predios
productivos de 1.000 a 5.000 hectáreas destinados a una función económica y
social.
La reforma agraria de 1953, nacida de la revolución de 1952, fue afectada
por corrupción y la presión de grupos de poder. Para 1996 se habían
entregado 55 millones de hectáreas a terratenientes, y 45 millones de
hectáreas a los campesinos, según un estudio de la Fundación Tierra.
Por esta desigual distribución, la entidad encargada de otorgar
concesiones de tierra fue intervenida en 1992. En 1996 fue reemplazada por
el INRA, creado por la ley 1.715. Pero ese nuevo organismo no logró mejorar
el desempeño del anterior.
En 2000 nació el MST, inspirado en el Movimiento de Trabajadores Rurales
Sin Tierra de Brasil, y su primera acción fue la toma de una extensa
propiedad denominada Pananti, en el departamento sureño de Tarija. Pero la
experiencia terminó el 9 de noviembre de 2001 con la muerte de seis
campesinos por acción de un escuadrón ilegal formado por los terratenientes.
Desde este martes hasta el viernes se discuten los problemas de la
tenencia de la tierra en la segunda Conferencia Internacional sobre Reforma
Agraria y Desarrollo Rural de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), que se celebra en la ciudad brasileña
de Porto Alegre.
Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), tan sólo 100 familias poseen 25 millones de hectáreas, mientras dos
millones de familias campesinas sólo tienen acceso a cinco millones de
hectáreas.
De la población boliviana de 8,2 millones, según el censo de 2001, tres
millones viven en zonas rurales.
Pero las medidas administrativas no darán el punto final a los problemas
de la tierra. Urioste estima que será la Asamblea Constituyente, que se
instalará en agosto de este año, le encargada de examinar la cuestión de la
propiedad de la tierra y los recursos naturales como los bosques, el agua,
el aire, los minerales, el petróleo y el gas.
"Esos serán los temas principales del debate y, en particular, sobre el
derecho propietario de la tierra que según la Constitución pertenece al
Estado y no a una región, sector social o empresarial", dijo Urioste.
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