PENA DE MUERTE-CUBA: Opositores piden moratoria jurídica
Por Patricia GroggLA HABANA, 24 jun (IPS) - Opositores moderados en
Cuba exhortaron al gobierno de Fidel Castro a que
declare una moratoria jurídica de la pena muerte
y anunciaron el pronto inicio de una campaña de
sensibilización pública sobre el tema.
La máxima pena no se ha vuelto a aplicar en
este país desde el fusilamiento, en abril de
2003, de tres secuestradores de una embarcación
de pasajeros en la que se proponían emigrar en
forma clandestina a Estados Unidos.
"El momento es propicio para pasar de esa
moratoria 'de hecho' a la 'jurídica'", dijo este
sábado a IPS Manuel Cuesta Murúa, quien aclaró
que hablaba como activista de la Coalición
Diálogo Pro Derechos y no como portavoz de Arco
Progresista, que aglutina a grupos cercanos a la corriente socialdemócrata..
Ambas agrupaciones son firmantes de una
declaración divulgada el 19 de este mes a raíz
del inicio de las sesiones del Consejo de
Derechos Humanos, órgano sustitutivo, a partir
de este año, de la Comisión de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) que estuvo a cargo de esos temas durante 60 años.
Cuba es uno de los 47 miembros de ese nuevo
órgano, con lo cual, según el comunicado
opositor, adquirió el compromiso de "revigorizar
el avance efectivo de los derechos humanos en todo el mundo".
"Es en ese contexto que, entre otras
peticiones, hacemos esta exhortación relacionada
con la pena capital", explicó Cuesta.
Las demandas incluyen una amnistía para todos
los presos por motivos políticos y la promoción
de mecanismos nacionales que impulsen el
ejercicio y respeto de los derechos humanos.
El gobierno cubano sostiene que posee una de
las hojas más limpias en materia de derechos
humanos y rechaza todo señalamiento que se le
haga sobre el tema, incluidas las varias
resoluciones en su contra aprobadas en la hoy extinta Comisión de la ONU.
La Habana tampoco reconoce a los grupos
opositores y los acusa invariablemente de
"mercenarios al servicio de imperio (Estados Unidos)".
Pero, según Cuesta, las autoridades están
cobrando "conciencia" de que la ocasión es
oportuna para avanzar en el tema de la pena de
muerte, aunque primero "se deben convencer de que
la justificación de mantenerla por razones de
seguridad nacional, ya no funciona".
Recordó al respecto la situación de los
salvadoreños Raúl Ernesto Cruz León y Otto René
Rodríguez Llerena, sentenciados a la pena máxima
por terrorismo en 1998 y cuyos casos aún se
encuentran pendientes de apelación ante el Tribunal Supremo.
Ambos estuvieron involucrados en atentados con
bombas contra instalaciones turísticas de Cuba,
en uno de los cuales murió el joven italiano Fabio Di Celmo.
"No haber aplicado esas condenas es admitir
que la pena de muerte no es disuasoria contra
actos de esa gravedad", afirmó Cuesta, quien
estimó que su país no debería "emular" en esta
materia con Estados Unidos, donde se aplica esa
sanción en varios Estados de la Unión.
El activista anunció que Diálogo pro Derechos
Humanos iniciará en noviembre una campaña que
incluirá debates ciudadanos para sensibilizar a
la población, con la idea de extender
gradualmente las discusiones a todo el país.
"Ése sería el paso previo a la recolección de
firmas de personas que estén de acuerdo con
elevar ante la Asamblea Nacional (parlamento
unicameral) esta demanda de moratoria jurídica", explicó Cuesta.
Las ejecuciones de 2003 rompieron la
moratoria de hecho que venía aplicando Cuba desde
2000, pero el propio presidente Fidel Castro no
desestima la posibilidad de que a largo plazo
desaparezcan para siempre del código penal cubano.
"Pienso que avanzamos hacia un futuro, en
nuestro país, en que estemos en condiciones de
abolir la pena capital", dijo el mandatario en
una extensa entrevista concedida al intelectual y
periodista francés Ignacio Ramonet.
Una edición en español de más de 700 páginas
de esa entrevista comenzó a ser distribuida en
Cuba en mayo pasado. El volumen contiene
numerosas referencias del gobernante al poco
debatido tema del máximo castigo en este país caribeño.
Castro indicó que aún no se abolió la pena
porque este país vive "una época muy compleja",
"el pueblo no está preparado totalmente" y hay
"problemas de opinión" cuando se trata de
crímenes muy graves cometidos por delincuentes comunes.
"Creo que tendrá que pasar algún tiempo antes
de que se aplique una definitiva supresión de la
pena capital para cualquier tipo de delito", dijo
el gobernante, y aclaró que "no hay un compromiso de moratoria definitiva".
El Código Penal cubano establece en su
artículo 29 que la "sanción de muerte es de
carácter excepcional y sólo se aplica por el
tribunal en los casos más graves de comisión de
delitos para los que se halla establecida".
Al mismo tiempo, la ley estipula que esa
condena "no puede imponerse a los menores de 20
años de edad ni a las mujeres que cometieron el
delito estando encinta o que lo estén al momento
de dictarse la sentencia". En la
práctica, ninguna mujer fue ejecutada desde 1959.
Mientras, la legislación obliga a la
apelación de oficio ante el Tribunal Supremo de
la República, el cual deberá confirmar o no la
sentencia. En caso de ratificarla, pasa a
aprobación definitiva del Consejo de Estado, que tiene la última palabra.
De acuerdo con la Comisión Cubana de Derechos
Humanos y Reconciliación Nacional, no reconocida
aunque tolerada por las autoridades, en este país
hay cerca de 50 personas sentenciadas o expuestas a la pena máxima.
(FIN/2006) Envíe sus comentarios al editor |
