AMBIENTE-ARGENTINA
La hora del Riachuelo
Por Marcela ValenteBUENOS AIRES, 7 jul (IPS) - La fétida cuenca del
Riachuelo, símbolo de la máxima contaminación en
Argentina, parece cercana a un destino mejor.
Entidades como la Corte Suprema de Justicia
habían intimado a las autoridades a sanear sus
ríos, y este viernes la flamante secretaria de Ambiente asumió el reto.
La abogada Romina Picolotti, nueva titular de
la Secretaría, se comprometió a tomar en sus
manos el problema de la cuenca Matanza-Riachuelo
y anticipó que pediría al Congreso legislativo la
"urgente declaración de emergencia ambiental" de
sus ríos, a fin de acelerar los programas de
saneamiento y la erradicación de industrias contaminantes.
"Los vientos parecen favorables, sólo
esperamos que se cumpla con las acciones que se
recomiendan", dijo a IPS Alfredo Alberti,
residente en la zona del Riachuelo y presidente
de la Asociación de Vecinos del barrio de La
Boca, una organización que ha denunciado la
contaminación de esta cuenca que bordea la capital argentina.
En las últimas semanas, la Auditoría General
de la Nación advirtió sobre el riesgo
de "catástrofe sanitaria" por esta "verdadera
cloaca" que es la cuenca. En la zona viven 3,5
millones de personas y hay instaladas unas 3.500
empresas, muchas de las cuales vierten sus
residuos al río en el que también desaguan líquidos cloacales sin tratamiento.
La Auditoría halló múltiples contaminantes en
las aguas, como metales pesados, residuos de
hidrocarburos, agroquímicos, además de conexiones clandestinas de cloacas.
Poco después, la Defensoría del Pueblo de la
Nación emitió su segundo informe sobre la cuenca
--el primero había sido en 2001-- en el que
alertó de graves riesgos para la población y
exhortó al gobierno a actuar sin más dilaciones,
pues desde el reporte inicial no hubo avances.
Pero fue el fallo de la Corte Suprema de
Justicia, el 20 de junio, el que marcó un hito en
la historia del derecho ambiental de este país, y del castigado Riachuelo.
El dictamen fue en respuesta a una demanda por
contaminación de un grupo de familias al Estado
nacional, provincial y municipal, y contra 44
empresas situadas en la ribera del Riachuelo.
Los demandantes viven en la zona de la
desembocadura, que es la de "mayor degradación"
de la cuenca, según la Auditoría. Allí "el daño a
la vida acuática es total", emanan "burbujas de
gas metano" y flotan restos de barcos, chatarra y
residuos de todo tipo, señalaba aquel informe.
El máximo tribunal intimó a las autoridades
de las tres jurisdicciones a presentar un plan de
saneamiento de la cuenca en 30 días contados
desde la fecha del fallo. Además, exhortó a las
empresas cuestionadas a informar sobre lo que
vierten al río, y a entregar sus respectivos estudios de impacto ambiental.
Finalmente, la Corte convocó a todos a
presentarse a una audiencia pública para el 5 de
septiembre. La sentencia, sin precedentes en la
materia, marcó un camino de solución para el
problema de fondo y derivó las demandas
individuales de cada vecino afectado a tribunales de primera instancia.
Luego del fallo, las autoridades anunciaron el
traslado "inmediato" de 12 empresas químicas
situadas en la desembocadura del río, el área más crítica.
Ahora el compromiso fue asumido por la
flamante responsable de la política ambiental del
gobierno de Néstor Kirchner, cuya gestión no
dependerá ya del Ministerio de Salud sino
directamente de la Jefatura de Gabinete, la
institución con más poder en el Poder Ejecutivo,
después del primer mandatario.
Picolotti, una abogada procedente de una
organización ambientalista, juró este viernes
como secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, y en sus primeras afirmaciones ante
la prensa anticipó que pediría al Congreso la
"urgente declaración de emergencia ambiental" de la cuenca Matanza-Riachuelo.
La cuenca tiene 64 kilómetros desde que nace
en la provincia de Buenos Aires hasta la
desembocadura en el Río de la Plata, y marca el
límite sur entre la capital y la provincia del
mismo nombre. Picolotti aseguró que debería
aplicarse un plan de saneamiento, desplazar
industrias y trasladar a la población en riesgo.
La funcionaria prometió que el Estado "actuará
contra las empresas que contaminen" e impondrá
las condiciones de radicación de cada nueva
industria. Pero admitió que para eso se debe
centralizar la gestión de la cuenca, un
movimiento que las organizaciones de vecinos y de
ambientalistas reclaman sin éxito desde hace años.
Actualmente la cuenca es administrada por una
unidad ejecutora sin poder efectivo para actuar
en una zona que abarca múltiples jurisdicciones.
Alberti explicó que una iniciativa que se
discutirá la semana próxima en el Congreso pide
crear un comité de cuenca al que las
jurisdicciones le deleguen su poder de policía.
Los vecinos tienen gran expectativa en la
gestión de Picolotti, una abogada experta en
derecho ambiental que representaba hasta ahora a
los vecinos de la nororiental ciudad de
Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. Esos
pobladores rechazan la instalación de dos plantas
de celulosa en Uruguay sobre el río homónimo que comparten ambos países.
"El nombramiento de Picolotti al frente de la
Secretaría agrega un eslabón más a una cadena que
nos llena de esperanzas", remarcó Alberti.
"Primero fue el informe de la Auditoría --un
organismo público independiente del gobierno--,
luego la Defensoría, más tarde la Corte, y ahora
esta designación con mayor rango para el área", enumeró.
Para el activista sólo faltaría un compromiso
directo del presidente. Kirchner había prometido
en Gualeguaychú que la cuestión ambiental sería
política de Estado y reclamó ante la Corte
Internacional de Justicia, con sede en La Haya,
el cese de la construcción de las dos fábricas de
celulosa en territorio uruguayo, por los daños
que podrían causar al río Uruguay.
El tribunal de La Haya se expedirá el jueves
13 sobre el pedido argentino de una medida
cautelar que suspenda la construcción, aunque
podría demorar varios años en fallar sobre el
tema de fondo: si Uruguay violó o no el tratado
bilateral que obliga a ambos estados a informar
acerca de actividades o industrias en torno al río compartido.
Acerca del Riachuelo, Picolotti sostuvo que
"es una situación muy dramática que afecta a
cinco millones de argentinos, y debemos encontrar
la manera de abocarnos en forma prioritaria a este tema".
Sin embargo, Alberti advirtió que "tenemos
mucho temor de que todo quede en palabras. La
actual unidad ejecutora de los proyectos de la
cuenca depende del Ministerio de Planificación
Federal, y nadie dijo que a partir de ahora
pasará a la órbita de la Secretaría de Ambiente".
Por eso "no sabemos si guiarnos por las promesas de Picolotti".
Respecto de la decisión este mes del Comité de
Gestión Ambiental del Polo Petroquímico Dock Sud
de obligar a 12 compañías químicas a abandonar la
zona, Alberti la consideró "promisoria" si bien
"hay que esperar que se concrete".
En 2003, Kirchner y el gobernador de la
provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, habían
acordado poner en marcha los traslados de las
industrias más contaminantes, pero han pasado
tres años y las firmas continuaron operando y
haciendo más inversiones, subrayó.
Alberti también consideró "valiosísimo" que se
proyecte trasladar a 350 familias pobres del
asentamiento irregular Villa Inflamable, situado
en Dock Sud. La zona es la más crítica por la
vulnerabilidad de la población, la falta de agua
potable y saneamiento, y la contaminación concentrada de la cuenca.
El Comité de Gestión Ambiental, que está
integrado por autoridades ambientales del
gobierno nacional y provincial y del municipio de
Avellaneda, donde están las industrias químicas,
apuntó al problema más urgente. De Villa
Inflamable son las familias que hicieron la
demanda que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.
(FIN/2006) Envíe sus comentarios | © Reproducir este artículo
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