Crédito: Partido Aprista Peruano

LIMA, 20 ene (IPS) - Perú considera desacatar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena indemnizar a familiares de 41 presos ejecutados en 1992. Su intención, según activistas, es anticiparse a una posible condena por un asesinato de 1989, durante el primer gobierno del presidente Alan García.

La sentencia dictada el 28 de diciembre por la Corte obliga al Estado peruano a pagar más de dos millones de dólares a las familias de los presos, acusados de terrorismo y asesinados por las fuerzas de seguridad en un supuesto motín durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).

El tribunal con sede en San José también ordenó rendir tributo a los fallecidos, entre quienes figuran fundadores de Sendero Luminoso, organización maoísta que desató una cruenta lucha armada que tuvo sus instancias culminantes entre 1980 y los primeros años 90.

Alan García, cuyo mandato comenzó el 28 de julio, cuestionó el fallo no sólo por el pago de las indemnizaciones sino también por el homenaje que se le debe extender "a quienes mataron a miles de peruanos", apuntó.

Según la sentencia, la finalidad del operativo ordenado por Fujimori fue la ejecución extrajudicial de varios presos, utilizando como excusa un supuesto motín carcelario en el Penal de Canto Grande.

Muchos de los que se rindieron y se entregaron fueron asesinados con balazos en la cabeza y en el pecho, a corta distancia, según informes de autopsias a los que tuvo acceso IPS. Este tipo de heridas son evidencia de ejecución.

El secretario general del gobernante Partido Aprista Peruano (PAP), Mauricio Mulder, anunció luego de reunirse con el presidente García que su administración consideraba desacatar el fallo del tribunal interamericano.

Ése sería, según organizaciones de derechos humanos, el primer paso para desconocer luego la sentencia de otro caso con resolución pendiente en la Corte, referido a la muerte de un sindicalista durante el primer gobierno de García (1985-1990).

Se trata del asesinato, el 13 de febrero de 1989, de Saúl Cantoral, secretario general de la Federación de Mineros y Metalúrgicos del Perú, organización entonces enfrentada con el gobierno.

El crimen es atribuido al "Comando Rodrigo Franco", grupo paramilitar compuesto por militantes apristas a las órdenes de Agustín Mantilla, ex ministro del Interior, ex secretario de organización del PAP y ex secretario de Alan García.

Junto a Cantoral mataron a su pareja, Consuelo García, que dirigía una organización de asistencia a las esposas de los trabajadores mineros.

A pesar de testimonios de ex miembros del Comando Rodrigo Franco y de las evidencias acumuladas, el PAP siempre ha negado relación con el grupo paramilitar.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación, que realizó la investigación oficial sobre la violencia política entre 1990 y 2000, señaló que el Comando intervino en el secuestro y la ejecución de Saúl Cantoral, y que Mantilla usó instalaciones e información del Ministerio del Interior para las actividades del grupo.

El ex presidente de la Comisión y actual director ejecutivo del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica, Salomón Lerner, pronosticó que el gobierno de García tratará de desconocer la jurisdicción de la Corte para esquivar el acatamiento de un posible fallo desfavorable contra su primer gobierno por el caso Cantoral.

Aunque "no se puede tener certeza" sobre los futuros pasos del gobierno, "pero si camina como pato, luce como pato y hace ruidos como pato, debe ser un pato", ironizó Lerner.

"Todo apunta a que esa es la intención", según el experto, hay una relación directa entre el rechazo del gobierno a la sentencia" sobre la masacre de Canto Grande y "la inminencia del fallo" por el homicidio del sindicalista.

Pero "el eventual retiro de Perú de la jurisdicción de la Corte sería una respuesta poco inteligente", pues no evitaría una sentencia adversa por el caso Cantoral. En esa eventualidad, "otros casos de violaciones de derechos humanos no ingresarían a la Corte, pero sería una victoria pírrica para el gobierno", explicó.

"En realidad, García saldría perdiendo porque la medida afectaría su intención de lograr acuerdos comerciales con Europa y otros bloques económicos" cuyos gobiernos han incluido el respeto de los derechos humanos "como requisito para continuar con los tratados comerciales", sostuvo.

"Ojalá que el gobierno reflexione y cambie de postura", auguró Lerner

Como parte de la ofensiva gubernamental, los legisladores oficialistas presentaron una acusación constitucional contra el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien, según ellos, no defendió adecuadamente al Estado peruano ante la Corte Interamericana por la matanza de Canto Grande.

El parlamento considerará la iniciativa oficialista la próxima semana.

"Voceros del Ejecutivo y del Congreso (legislativo) han manifestado la intención de sacar al Perú del sistema judicial interamericano con la pretensión de desconocer el fallo sobre el caso Cantoral", dijo a IPS el director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos, Francisco Soberón.

El primer gobierno de Alan García "ha sido responsable de muchas violaciones de derechos humanos", aseguró Soberón. "No se trata sólo del asesinato de Saúl Cantoral."

El activista recordó que "la Corte de San José supervisa el cumplimiento de un fallo que obliga al Estado peruano a sancionar a los responsables del asesinato de 300 presos en el penal de El Frontón, en junio de 1986, y que relaciona a García y a su actual primer vicepresidente, el ex almirante Luis Giampietri".

"Esa es la razón de la voluntad de salir del sistema judicial interamericano. Es una voluntad de impunidad", afirmó Soberón.

Pero Mulder, el secretario general del PAP, negó que el gobierno de García pretenda evitar la jurisdicción de la Corte Interamericana. "No existe la intención del gobierno ni del APRA de retirarnos de la Corte. Ésa no es la intención; ése es un tema que no se ha planteado", dijo el dirigente a IPS.

Pero también reconoció que el gobierno y su partido evalúan no acatar la sentencia por el caso de la matanza de los 41 presos en Canto Grande. "Pensamos en desacatar esa sentencia porque estamos completamente en desacuerdo", dijo.

Mulder admitió que la discusión sobre "retirarnos o no de la jurisdicción de la Corte" se procesará "una vez que consigamos la aprobación del referéndum" por el proyecto de ley que prevé la pena de muerte para condenados por terrorismo, archivado por el Congreso.

Para David Lobatón, del Intituto de Defensa Legal, son ésas, precisamente, las señales de que el gobierno de García buscaría desacatar las resoluciones de la Corte.

"Uno puede estar a favor o en contra de la sentencia, puede discrepar con algunos aspectos del fallo, pero los voceros del gobierno no pueden decir: 'Vamos a incumplir la sentencia.' Perú se sometió voluntariamente a la competencia de la Corte Interamericana", manifestó Lobatón.

"Y, es verdad, el objetivo sería desconocer el próximo fallo sobre el dirigente Saúl Cantoral, asesinado por el Comando Rodrigo Franco", agregó.

Mauricio Mulder contradijo las investigaciones oficiales y le aseguró a IPS que fue Sendero Luminoso, y no un grupo paramilitar, el responsable del asesinato del líder minero.

Consultado por IPS, el miembro de la Corte Interamericana Diego García Sayán, de nacionalidad peruana, se excusó por su función de comentar la actitud del gobierno de Alan García hacia el tribunal. Sin embargo, se refirió al alcance de una eventual retiro de la juridiscción de la Corte.

"La tendencia del debate político interno en Perú no tiene por qué significar que el Estado vaya a renunciar a un compromiso asumido solemnemente y sostenido durante tantos años, como es ser parte de un tratado de derechos humanos", explicó García Sayán.

"No es un asunto que pueda dejarse de lado por la coyuntura política. Justamente, los tratados de derechos humanos están diseñados para estar inmunizados de ese riesgo", sostuvo el magistrado.

Los estatutos de la Corte indican que el Estado que desee retirarse del organismo "debe dar un preaviso de una año. Por eso es muy fácil entrar y ser parte de un tratado de derechos humanos, pero es muy difícil salir de él", concluyó García Sayán. (FIN/2007)

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