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BEIJING, 16 mar (IPS) - El parlamento de China aprobó este viernes una histórica y controvertida ley de propiedad privada, la cual deja a más de la mitad de la población rural sin derechos sobre las tierras que trabajan.

Como legado de la colectivización maoísta de la década del 50, cuando los terratenientes fueron duramente perseguidos, los 750 millones de campesinos de China no pueden ser propietarios de sus tierras. El dueño es el Estado, que se las arrienda.

Además no tienen casi alternativa en caso de que un funcionario local se las reclame para otros usos, un problema frecuente para el que la nueva normativa no aporta solución.

"¿Cómo puede aprobarse una ley que no puede aplicarse a casi 60 por ciento de la población del país?", se preguntó Wen Tiejun, experto en asuntos rurales de la Universidad Renmin de Beijing.

"Lo único que muestra" la norma "es que la brecha entre el campo y la ciudad permanecerá por mucho tiempo más en China", apuntó.

Esa diferencia salta a la vista en la periferia de pujantes ciudades, en donde los campesinos pueden apreciar la riqueza acumulada por sus compatriotas urbanos mientras ellos no logran avanzar.

El auge de la construcción en Beijing antes de los Juegos Olímpicos de 2008, que la capital prepara con orgullo, es considerada la causa por la que miles de personas pierden sus tierras.

Mientras el aeropuerto capitalino se amplía y moderniza para recibir a unos 60 millones de viajeros al año, los campesinos de los alrededores se quedan sin tierras, no reciben las compensaciones correspondientes.

Además, temen verse obligados a terminar pagando por las modestas viviendas que las autoridades locales les prometen.

La nueva ley de propiedad es un hito para la economía planificada, cuyos fundamentos se desintegran rápidamente. Pero, en principio, sus disposiciones beneficiarían solo a los propietarios de inmuebles de las ciudades.

Este sector de la población creció mucho desde que el gobierno dejó de otorgar viviendas en la década del 90, como parte del sistema de bienestar socialista "para toda la vida".

La norma que consagra por primera vez el derecho a la propiedad privada desde que se instauró el comunismo en 1949 establece que ésta "debe ser protegida por la ley y su usurpación, saqueo o destrucción ilegal por cualquier entidad o persona quedan terminantemente prohibidos".

El hecho no deja de ser significativo en un país que se sigue diciendo comunista pese a que la nueva norma no modifica la supremacía del Estado en la materia.

Técnicamente, la tierra le sigue perteneciendo al Estado, pero en las ciudades se la puede comprar y vender bajo contratos de arrendamiento de entre 50 y 70 años.

En cambio, en el campo los agricultores sólo adquieren derechos de usufructo por periodos determinados, no títulos que se puedan comprar o vender. Pero ni en ese lapso los campesinos pueden usar las tierras como garantía de préstamos para invertir o aumentar la producción.

Ninguna otra ley causó tanto debate y controversia desde 1949 como ésta. Pero el aspecto de la reforma que más malestar provoca es que ignora a los campesinos, la mayoría de los más de 1.300 millones de habitantes del país.

La palabra "ideología" resonó en siete exposiciones de legisladores acerca de la ley y en más de 100 reuniones de trabajo del Congreso Nacional del Pueblo, el parlamento chino.

Izquierdistas de la vieja guardia atacaron la normativa por alejarse de los fundamentos marxistas de este país comunista y volcarse al capitalismo. También les preocupa que la norma abra paso a un proceso de enajenación de bienes estatales, como privatizaciones.

El economista marxista Gong Xiantian, opositor a la norma, sostuvo que la ley socava los cimientos de la economía socialista basada sobre la propiedad estatal.

Las autoridades abrieron un prolongado --e infrecuente-- debate público al respecto. El proyecto revisado incluye extensos párrafos acerca de la supremacía del "sistema socialista" y de "la propiedad estatal".

Pero el principal problema es que la ley no protege los derechos de los agricultores, para quienes la expropiación de tierras es el motivo de reclamo más frecuente.

La falta de respuestas y las injustas compensaciones suelen alimentar la convocatoria y la violencia de las cada vez más frecuentes protestas callejeras, según varios investigadores.

Las autoridades "no deben hacer oídos sordos a los reclamos de los agricultores", alertó un experto en la materia.

Un solo reclamo puede propiciar un acto público de enormes proporciones e incluso provocar disturbios, declaró el director de la Oficina de Asuntos Económicos y Financieros del gobierno central, Chen Xiwen.

El Ministerio de Seguridad Pública indicó que en 2005 hubo 87.000 protestas masivas, 6,6 por ciento más que en 2004 y 50 más que el año anterior. Más de 65 por ciento de las manifestaciones en las zonas rurales se atribuye a problemas por la expropiación de tierras.

El propio primer ministro Wen Jiabao consideró el asunto como el "problema central" de los campesinos de su país.

El año pasado, Wen prometió duros castigos para quienes confisquen tierras en forma ilegal. Pero la situación no ha cambiado desde entonces. Casi 200.000 hectáreas al año son expropiadas para fines industriales, según cifras oficiales.

***** + ECONOMÍA-CHINA: Se busca modelo de desarrollo sustentable (http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=40313) (FIN/IPS/traen-vf-mj/ab/rdr/ap ip lb pr/07) (FIN/2007)

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