MÉXICO, 29 mar (IPS) - El caso de una anciana indígena mexicana violada presuntamente por soldados y luego muerta abre un abismo de desconfianza ante a la estatal Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el gobierno y las Fuerzas Armadas, que niegan la existencia del ataque.

"Nos parece que se quiere dejar todo en la impunidad, lo que es inaceptable. Lamentamos sobremanera que el gobierno esté dando tantas muestras de sometimiento al poder militar", dijo a IPS Adrián Ramírez, presidente de la no gubernamental Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.

La indígena de la etnia nahua Ernestina Ascensio, de 73 años, que se dedicaba al pastoreo de ovejas y labores de hogar, murió el 25 de febrero en el municipio rural de Soledad Atzompa, unos 450 kilómetros al este de la capital, en el estado de Veracruz, Golfo de México. En esa zona muy pobre hay un destacamento militar con unos 100 integrantes.

Según los familiares de Ascensio, antes de expirar sostuvo que varios militares la habían atacado. Sus dichos fueron respaldados en un primer momento por fiscales de Veracruz que, tras examinar el cadáver, afirmaron que había sufrido una agresión sexual que le desgarró la vagina y el ano y que mostraba además fractura de cráneo y cadera.

En una versión opuesta, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, declaró este jueves que tras exhumar el cadáver y practicar una segunda autopsia, quedó claro que la indígena nunca fue violada y que falleció por un cuadro de desnutrición y perforación intestinal.

"No sé si hay intención de proteger a los culpables o qué, pero esta información de la CNDH es muy grave, pues no parece estar sustentada", señaló Ramírez.

"Lo que ha pasado en este caso confronta a las autoridades con los indígenas y la sociedad", expresó el activista.

Vecinos y autoridades de la zona donde vivía Ascensio, un municipio de mayoría indígena con unos 17.000 habitantes dispersos en 66 kilómetros cuadrados, se declararon indignados por la versión de la CNDH y por la postura del presidente Felipe Calderón, quien aún antes de que se informara el resultado de la segunda autopsia aseguró que la muerta no había sido violada.

Los habitantes de Soledad Atzompa emitieron este jueves un comunicado en el que denuncian que la CNDH miente y una carta abierta a Calderón en la que le demandan justicia y que no se proteja a los culpables.

El caso está sembrado de dudas. Poco después del incidente, el subprocurador (vicefiscal) de Veracruz, Miguel Mina, declaró que la primera autopsia confirmó que la indígena sufrió "violación por la vía anal y por la vía vaginal" y que en el cuerpo de la víctima "se encontraron laceraciones y desgarres" producto de tal agresión.

Luego, la Secretaría (ministerio) de la Defensa Nacional informó en un comunicado que "peritos especialistas llevan a cabo el dictamen pericial en materia forense consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre que se toman del personal militar".

Sin embargo, la cartera pidió luego a los medios de comunicación descartar ese comunicado y en su lugar entregó otro en el que afirmó que sobre el caso no encontró evidencia de que su personal hubiera atacado a Ernestina Ascensio.

"Respetamos las conclusiones de la CNDH y las otras versiones, pero todo esto nos crea grandes dudas e interrogantes", dijo a IPS Isabel Uriarte, del grupo humanitario Agustín Pro Juárez.

Esta organización, vinculada a la orden católica de los jesuitas, visitó la zona del incidente y entrevistó a familiares de la indígena y a sus vecinos, quienes afirmaron que la víctima aseguró haber sido atacada por militares.

Según Uriarte, las posturas de la CNDH, de los militares y del presidente Calderón "enrarecen las investigaciones".

"Nosotros hacemos votos para que la procuraduría (fiscalía) de Veracruz, que es la que está investigando el caso, no se deje llevar por una u otra versión, sino que profundice, valore y emita un veredicto fundado para encausar a los responsables, si los hay" señaló Uriarte.

Antes de conocerse los resultados de la segunda autopsia patrocinada por la CNDH, la Secretaría de Defensa indicó que "grupos desafectos a este instituto armado en reiteradas ocasiones han puesto en tela de juicio las acciones que realiza en beneficio de la sociedad mexicana y en este caso en particular delincuentes que utilizaron prendas militares perpetraron el crimen".

Pero tal crimen no existió, según Calderón y la CNDH.

La cercanía de Calderón con las Fuerzas Armadas alimenta las suspicacias. Miles de soldados han sido desplegados en el país para combatir a las bandas de narcotraficantes. Pero en la zona de los hechos no se reporta presencia de estos delincuentes.

El mandatario, que alababa constantemente el papel de los militares, ordenó semanas atrás aumentos de salarios a todos los soldados, incluidos algunos sospechosos de haber cometido violaciones a mujeres indígenas, que no se han aclarado.

El grupo Agustín Pro Juárez tiene expedientes de al menos otros siete casos. Se trata de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, agredidas sexualmente en 2002, y de Francisca Santos, Victoriana Vázquez y de las hermanas Ana, Beatriz y Celia González, violadas en 1994. (FIN/2007)

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