QUITO, 25 abr (IPS) - La popularidad del presidente de Ecuador, Rafael Correa, crece al ritmo de otra crisis institucional, que tiene a mal traer al parlamento y a los tribunales Constitucional y Supremo Electoral, mientras se preparan las elecciones para integrar la Asamblea Constituyente.

El nuevo terremoto político, que incluye el pedido este miércoles de asilo político en Colombia de seis legisladores destituidos, convulsiona a los ecuatorianos sólo 10 días después de la consulta que viabilizó la Asamblea Constituyente, en la que casi 82 por ciento de los votos por el "Sí" le dieron un categórico apoyo a Correa, poco más de tres meses después de asumir el cargo.

El Tribunal Constitucional (TC) dispuso el lunes la restitución de 50 de los 57 diputados removidos el 7 de marzo por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en respuesta afirmativa al recurso que habían presentado los afectados.

Como se esperaba y alegando que habían expirado sus funciones, los miembros del TC fueron, a su vez, destituidos en la víspera por una sesión plenaria del Congreso legislativo, integrado ya hace tres semanas como titulares por los 57 suplentes de los representantes removidos por el TSE, que permite completar así los 100 escaños de este parlamento unicameral.

Los 57 diputados destituidos argumentan persecución política al no permitírsele por parte de la policía su ingreso al edificio donde sesiona el Legislativo, luego de lo cual se instalaron en un hotel de Quito.

El vicepresidente del Congreso, Jorge Castro, quien asumió en reemplazo de uno de los destituidos, presentó una denuncia penal contra sus pares en desgracia por el delito de atentado contra el Estado.

Horas mas tardes, seis de ellos viajaron a Colombia tras denunciar que había una orden de prisión en su contra, supuestamente emitida por una fiscal "presionada por el gobierno" de Correa.

Alfonso Harb, Alfredo Serrano y Luis Torres, del derechista Partido Social Cristiano, y Fernando Aguirre, Silka Sánchez y Gloria Gallardo, del también opositor Partido Renovador Institucional Acción Nacional, solicitaron asilo este miércoles en Bogotá, acompañados por el legislador del país anfitrión.

Los miembros del TC son nombrados por el Congreso cada cuatro años, en consonancia con la asunción de un nuevo mandatario, y son elegidos de ternas presentadas por diferentes instancias gubernamentales y no gubernamentales.

Sin embargo, en los últimos años se han violado los procedimientos, ya que a cada salida intempestiva de un presidente se reestructuró el TC de acuerdo a las fuerzas mayoritarias en el parlamento.

Tras el derrocamiento en abril de 2005 del presidente Lucio Gutiérrez, se renovó el TC y quedó conformado hasta el martes con una mayoría vinculada a los partidos de derecha, hoy en la oposición.

El presidente Correa se defendió de las acusaciones de los legisladores que ahora buscan asilo en Colombia, al desmentir cualquier tipo de presión con legisladores.

Aunque no se había efectivizado ningún pedido de prisión preventiva contra los representantes destituidos, el mandatario pidió a los jueces no caer en una actitud de ese tipo, que sólo serviría para colocar a los destituidos en "papel de víctimas" que, según él, es lo que buscan

En la rueda de prensa para analizar sus 100 días de gobierno, convocada en la noche de la víspera, Correa dijo sentirse feliz porque la población ha recuperado su protagonismo y que el amplio apoyo popular le compromete más con el proyecto de cambio estructural del país que prometió en campaña.

El mandatario volvió a señalar que su propuesta está dentro del llamado socialismo del siglo XXI, enunciado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sin demasiada explicación del contenido.

Correa, sin embargo, aclaró que ese planteo "difiere (...) del socialismo tradicional", aunque puso énfasis en la necesidad de retomar el rol protagónico del Estado para impulsar la producción nacional.

"Nuestra propuesta tiene una acogida cada vez mayor, porque no se trata (...) de estatizar los medios de producción", afirmó.

"¿A quién se le puede ocurrir eso en el siglo XXI?", se preguntó. La propuesta de Chávez y Correa "se diferencia del socialismo tradicional en muchas cosas, (por ejemplo) en (evitar los) grandes errores que en nuestro criterio cometió, como no entender las complejas relaciones sociales y tratar de encasillar el avance de la sociedad en leyes simplistas", argumentó.

Según Correa, el socialismo tradicional nunca tuvo una concepción del desarrollo antagónica a la del capitalismo, ya que en los dos sistemas pasaba por la modernización y la industrialización.

"Es necesario buscar una nueva concepción de desarrollo, la armonía con la naturaleza, desarrollo con lo local, que la gente viva feliz, pero no en la opulencia", explicó.

"En lo que sí coincidimos con ese socialismo tradicional es en la importancia de la acción colectiva, y en superar esas falacias que dicen que el individualismo y la competencia es el motor de la sociedad, que es la barbaridad más grande de la historia de la humanidad, y el mundo todavía lo cree", sostuvo.

A criterio de Correa, el Estado ha tenido un importante papel en el desarrollo, porque es la representación institucionalizada de la sociedad para que se aplique la acción colectiva.

"Aquí (en Ecuador) hubo gente que quiso destruir el Estado y algunos nos quieren llamar estatistas", cuestionó.

"Lo que queremos hacer es volver público al Estado, porque también se lo ha privatizado", apuntó.

"La supremacía del trabajo sobre el capital es una de las características del socialismo del siglo XXI, también en coincidencia con el socialismo tradicional", agregó, tras acotar que también propone la supremacía de las sociedades sobre el mercado.

Mientras Correa hacía esas declaraciones, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, informaba que las elecciones para conformar la Asamblea Constituyente se realizarán el domingo 30 de septiembre y la instalación de esa máxima instancia será 10 días después.

Para la gran mayoría de los ecuatorianos, la Asamblea Constituyente es la única opción de reinstitucionalizar un país que vive desde hace 11 años una endémica crisis política. (FIN/2007)

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