QUITO, 31 ago (IPS) - La participación de las poblaciones locales en el manejo de los bosques ayuda a detener la deforestación y a lograr un ambiente sustentable, uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, señalaron asistentes al VI Congreso Latinoamericano de Derecho Forestal Ambiental que se realiza en la capital de Ecuador.

Estudios en Ecuador demuestran que la participación de las comunidades hace que se obtenga mayor y mejor distribución de ingresos a nivel forestal, dice Marco Romero, del Servicio Forestal Amazónico ecuatoriano, en el documento "Diálogos sobre Derecho Forestal Ambiental en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú", distribuido en el Congreso.

"Ecuador tiene gran cantidad de bosques, pisos altitudinales y áreas en protección importantes, millones de hectáreas declaradas como bosque protector, bosques productivos. Sin embargo, las áreas de bosque son aquéllas donde se encuentran los mayores índices de pobreza", afirmó Romero.

Para que el sector forestal pueda contribuir a mejorar las condiciones de vida, las personas necesitan tener acceso al recurso, de modo que consideren el bosque como una fuente permanente de trabajo.

"Adicionalmente, se debe desarrollar un trabajo activo para que su aprovechamiento sea ordenado, toda vez que el patrimonio de un finquero (hacendado) es su finca, y dentro de éste el bosque", afirmó Romero.

Pero el funcionario se quejó de que el Estado no promoviera "el aprovechamiento legal de madera para los finqueros", creando incentivos "para un aprovechamiento legal y ordenado".

Por su parte, Ignacio Bustos, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), asegura en el mismo documento que es necesario fomentar una "forestería participativa" que, según él, "influye en la sostenibilidad y hasta en la gobernabilidad", porque involucra a la comunidad en el desarrollo.

Existen experiencias de participación y educación forestal que se deberían reproducir, como la escuela de técnicos forestales que hay en Quito, los Espacios de Diálogo Forestal, que involucraron a diferentes actores vinculados a los bosques y acciones piloto de las comunidades, como veedoras en el control de la tala, añadió.

Miguel Ángel Castro, de la Asociación de Derecho Forestal Ambiental de Bolivia (Adefabo) aseguró que la legislación en su país ha contribuido a los Objetivos de Desarrollo del Milenio promoviendo la participación de las comunidades y disminuyendo la pobreza.

Una de las metas contenidas en los Ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptados por la comunidad internacional en 2000, establece la necesidad de asegurar la sustentabilidad del ambiente, mediante la preservación de la cubierta boscosa de los países y el aumento de las áreas protegidas, entre otras medidas.

"Existe un proceso de inclusión de actores sociales al uso y aprovechamiento de los recursos forestales, al incorporarse las comunidades indígenas en unidades comunales forestales (UCF), y otros usuarios en agrupaciones sociales del lugar (ASL), así como la generación de pequeñas y medianas empresas", afirmó Castro.

Según investigaciones de la Adefabo, los resultados alcanzados son importantes ya que si bien se ha reducido el área forestal, 80 por ciento del empresariado maderero es de pequeñas y medianas empresas.

Con el antiguo marco legal, existían 22 millones de hectáreas en manos de grandes empresas forestales. En la actualidad esa extensión se redujo a 4,8 millones de hectáreas, mientras hay 4,2 millones bajo control de los nuevos actores organizados en ASL, UCF y otras formas, dijo.

En 1996, el aporte del sector forestal al producto interno bruto era de 2,1 por ciento, en 2005 pasó a 3,3 por ciento y se estima que llegará a cuatro por ciento en 2010.

En las memorias del Encuentro Nacional Peruano de la Red Latinoamericana de Derecho Forestal realizado en la ciudad de Lima en noviembre del año pasado, y compiladas por Rodrigo Arce, se aseguró que "el rol del derecho" es volver operativos "los acuerdos sociales en la dirección del manejo sostenible, su contribución a la erradicación de la pobreza, garantizar la sostenibilidad ambiental y favorecer alianzas para el desarrollo".

El derecho forestal engloba una visión construida por los diferentes actores sociales, caso contrario "termina siendo funcional al statu quo". Puede haber procesos de manejo forestal "absolutamente legales pero a todas luces ilegítimos", aseguran las memorias.

Algunos de los participantes se mostraron contrarios a comercializar el bosque como propusieron otros presentes como forma de erradicar la pobreza de las comunidades rurales.

Gran parte de los participantes aceptaron que las particularidades de cada país determinan un manejo forestal diferente, pero destacaron la importancia de la participación de la sociedad civil en todos los procesos.

Natalia García, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destacó que existe una interrelación entre cada uno de los objetivos del milenio, una plataforma para abatir la desigualdad y la pobreza en todo el mundo.

"Es importante hablar de los valores fundamentales del desarrollo: la libertad, igualdad, solidaridad, respeto a la naturaleza y la responsabilidad común", argumentó.

Los nuevos retos de la gestión forestal en esta región, la incidencia de la pobreza y el modelo de desarrollo en los bosques, la paradoja de las comunidades nativas pobres pero ricas en recursos naturales son algunos de los temas tratados por los más de 200 participantes llegados de 15 países latinoamericanos.

El VI Congreso Latinoamericano, que se realiza en Quito desde el martes hasta este sábado, fue organizado por la Red Latinoamericana de Derecho Forestal.

La entidad se autodefine como una red multidisciplinaria de profesionales y organizaciones dedicada a estudiar este campo del derecho e impulsar su aplicación efectiva, ofreciendo y promocionando espacios de debates, proyectos, estudios científicos y doctrinales.(FIN/2007)

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