AMBIENTE-ARGENTINA: ¿Privatizar para proteger?
Por
Marcela Valente *
BUENOS AIRES, mar (IPS) - El inmenso
humedal Esteros del Iberá, en el noreste
argentino, es objeto de una polémica entre
intereses conservacionistas y empresariales, con
actores privados y públicos repartidos en los dos bandos.
La punta del iceberg de esas tensiones
apareció este mes, cuando el Superior Tribunal de
Justicia de la provincia de Corrientes ordenó
demoler de inmediato un terraplén de 27
kilómetros construido sin estudio de impacto
ambiental por empresarios forestales en la Reserva Natural Esteros del Iberá.
La reserva, creada en 1983, está conformada
por 13.000 kilómetros cuadrados de lagunas poco
profundas, bañados, pastizales, selvas y palmares
que son hábitat de 125 especies de peces, 40 de
anfibios y 60 de reptiles, además de 344 de aves.
También allí viven mamíferos como el
aguará-guazú (Chrysocyon brachyurus), voz guaraní
que significa "zorro grande", y dos especies en
peligro de extinción: el lobito de río (Lontra
longicaudis), pariente de la nutria, y el venado
de las pampas (Ozotoceros bezoarticus), un tipo de ciervo sudamericano.
Pero cerca de 60 por ciento de la reserva está
en manos privadas y 90 por ciento de esa porción
corresponde a suelos no inundables. Sus
propietarios se dedican a la ganadería, la
forestación y el cultivo de arroz y pasturas. El
40 por ciento restante, bajo dominio público, está bajo agua.
Esto ha provocado que los productores estén a
la defensiva por temor a que se restrinja la
actividad económica y a que los ecologistas
reclamen el fortalecimiento del control estatal
de una zona única, dinámica y frágil.
Pero en el bando de los ambientalistas milita
The Conservation Land Trust (conocida por la
sigla CLT) una organización fundada en 1992 por
el millonario estadounidense Douglas Tompkins,
que está adquiriendo tierras en la zona con el
declarado fin de donarlas al Estado y ampliar el área protegida de Iberá..
"Ya se adquirieron 130.000 hectáreas, pero no
se van a donar hasta que no se garantice la
preservación", dijo a Tierramérica la bióloga
Sofía Heinonen, directora del Proyecto de
Conservación de los Esteros de CLT. "Esperamos
hacerlo en menos de 20 años", añadió.
Mientras, CLT fomenta actividades para crear
conciencia en la población local y fortalecer a
las instituciones que deben controlar la reserva.
En ese marco, apoyaron la acción judicial
iniciada en 2005 por un poblador contra la construcción ilegal del terraplén.
Bruno Leiva, oriundo del Paraje Yahaveré,
denunció a la empresa Forestal Andina por
construir una muralla de un kilómetro sobre los
esteros, sin estudio de impacto ambiental. La
justicia ordenó derribarlo, pero el proceso de
apelaciones siguió y la obra también.
"La zona es muy baja y el terraplén hace que
no haya agua o que se inunde mucho más que
siempre", explicó Leiva a Tierramérica. "En el
paraje somos 14 familias y si no me hubiera
presentado yo, lo habría hecho cualquier otro
porque nos están acorralando", aseguró.
Cuando el litigio llegó al máximo tribunal
que falló este mes, el terraplén tenía ya 27
kilómetros de extensión. El Instituto Correntino
del Agua y el Ambiente (ICAA), con poder de
control y policía en la reserva, nunca le puso freno.
"Desde 2005 reclamábamos al ICAA que
acreditara la existencia de un estudio de impacto
ambiental por el terraplén y nunca lo hizo", dijo
a Tierramérica la abogada patrocinante de Leiva,
Patricia Mc Cormack, que trabaja como asesoría jurídica de CLT.
Por eso Mc Cormack ha denunciado también a
los funcionarios de esa entidad por incumplimiento de sus deberes de control.
El dictamen fue celebrado por las fundaciones
Proteger, Vida Silvestre y Ambiente y Recursos Naturales, entre otras.
La abogada prepara más litigios contra otros
terraplenes sin estudios de impacto ambiental y
contra productores arroceros por contaminación del humedal.
"Toman agua de las lagunas sin permiso de uso
y sin abonar cánones obligatorios, y no están
sometidos al control del ICAA pese a que utilizan
químicos que afectan la calidad del agua", aseguró.
Las estrategias de CLT son resistidas por
Iberá Patrimonio de los Correntinos, una
organización de productores agropecuarios que
acusan a Tompkins de llevar a cabo la
"extranjerización" de las tierras de Iberá.
"Trabajé 14 años en la Administración de
Parques Nacionales, y decidí incorporarme a CLT
porque conozco el antecedente de la donación que
hizo Tompkins de Monte León", dijo Heinonen, en
referencia a 62.000 hectáreas que el filántropo
compró y donó, en la austral provincia de Santa Cruz.
"Nada indica segundas intenciones en el
esfuerzo de Tompkins. Su conducta fue demostrada
en la donación que hizo posible la existencia del
Parque Nacional Monte León", dijo a Tierramérica
el titular de la Fundación Proteger, Jorge
Cappato, activa en toda la región litoral, extremo nororiental de Argentina.
"La actividad agropecuaria y forestal en esa
región debe responder a un ordenamiento territorial", añadió Cappato.
El problema es que algunas empresas "quieren
utilizar el lugar para terminar plantando soja o
eucaliptos dentro de la reserva y eso no se puede permitir", finalizó.
*La autora es corresponsal de IPS. Publicado
originalmente el sábado 15 de marzo por la red
latinoamericana de diarios de Tierramérica.
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