Crédito: Franz Chávez

LA PAZ, 24 ene (IPS) - La guerra contra el latifundio y las influyentes firmas agroexportadoras emprendida por el gobierno boliviano de Evo Morales tendrá una instancia clave este domingo, cuando los ciudadanos decidan, junto al nuevo texto constitucional, el máximo de hectáreas que deberán tener las unidades productivas.

En Bolivia, donde 67 por ciento de los casi 10 millones de habitantes viven en la pobreza, las familias campesinas apenas cuentan en promedio con 24 metros cuadrados de terreno para cultivos, mientras un solo empresario, como el estadounidense Ronald Larsen, posee 6.777 hectáreas en el oriental departamento de Santa Cruz, equivalente a unos 7.530 canchas de fútbol.

Esa desigualdad hace que la política de tenencia de tierras sea un cóctel explosivo.

Los 3,8 millones de votantes convocados para este domingo deberán decidir sobre la superficie máxima, si 5.000 o 10.000 hectáreas, que el Estado reconocerá como propiedad individual para actividades productivas. Con ello revisará si las haciendas actuales cumplen una función económica y social, antes de subdividirlas para entregarlas a familias pobres.

Bolivia, enclavada en el centro de América del Sur, contiene en su territorio cadenas montañosas, valles fértiles y llanuras tropicales de vasta riqueza natural. Más de 30 millones de hectáreas de tierras han sido legalizadas y queda por revisar el estado jurídico-técnico de 52 millones, explicó a IPS el secretario general del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan de Dios Fernández.

La misión no es fácil y así lo demuestra la escaramuza librada en los predios de Larsen, donde el personal a su servicio recibió a balazos a una comisión del INRA, en noviembre, cuando ésta se disponía a revisar la situación legal de la propiedad.

Analistas políticos consideran que el tema de las tierras es el centro del conflicto político que afronta el gobierno izquierdista de Morales, quien se manifiesta dispuesto a distribuir tierras a pueblos originarios, campesinos sin tierra y familias pobres.

Fernández explicó a IPS los motivos que llevan al gobierno a fiscalizar a fondo las posesiones de inmensas extensiones de tierra en manos de privados.

IPS: ¿Qué lleva al gobierno a reformar la legislación sobre tierras y cuál es el fundamento del planteo?

JUAN DE DIOS FERNÁNDEZ: Ha sido una demanda social muy fuertemente planteada en 50 años y el nunca se dio respuesta estructural y definitiva en este tema. Lo que pasó entre 1953 y 1996 es que el Estado distribuyó 60 millones de hectáreas de tierras, menos de 20 millones de las cuales fueron a parar a campesinos e indígenas y el resto se distribuyó entre empresarios del oriente del país.

Un grupo pequeño concentraba 80 por ciento de tierra productiva y un grupo muy grande de campesinos e indígenas el resto.

Tenemos al empresario (Osvaldo) Monasterios con más de 100.000 hectáreas, mientras en el departamento de Chuquisaca hay predios de 24 metros cuadrados. ¿Y cómo se resuelve esto? Las personas que menos tierras tienen son los más pobres de este país y viven en el área rural.

IPS: ¿Cuáles son los mecanismos técnicos y legales para alcanzar una justa distribución?

JDF: Uno es el cambio de la estructura de la tierra, a partir del saneamiento, la regularización del derecho propietario, la identificación de tierras fiscales, la devolución de la tierra que no cumpla la función económica y social en el caso de los medianos empresarios. Y luego entregarlas para los que no tienen.

IPS: ¿Cuáles serán las nuevas dimensiones para determinar el latifundio de acuerdo a la realidad boliviana y el deseo de distribuir tierras?

JDF: Creo que llegamos a esta reforma con una visión clara. En la vieja Constitución se considera latifundio después de las 50.000 hectáreas, aunque no está definido claramente. Ahora, en cambio, el hecho de definir la dimensión (entre 5.000 y 10.000 hectáreas) marca una referencia para una política.

Es un proyecto que respeta las propiedades individual, comunitaria y colectiva. Es un valor importante que tiende a generar seguridad ante un escenario donde la oposición ha promovido desconocer el proceso. Dijeron que les vamos a quitar (la tierra) y que la repartiremos a campesinos de zonas altas sin dejar nada al sector productivo.

IPS: ¿Cuál es la experiencia práctica y los resultados obtenidos tras la gestión del INRA?

JDF: En agosto se controlaron las tierras del norteño departamento de Pando y, en principio, 98 por ciento de las propiedades estaban demandadas como privadas, pero cuando finalizamos el proceso apenas hemos reconocido como tales 25 por ciento y otro 25 por ciento que se habían distribuido entre campesinos e indígenas. La mitad restante es tierra fiscal de reservas naturales y parques.

IPS: ¿Hay un vínculo entre la inadecuada distribución de la tierra con una élite política a la que este gobierno combate?

JDF: Gran parte de las 40 millones de hectáreas fue entregada en pago de favores políticos a grupos de interés, como prebenda. Por ley no se puede recibir más de una parcela, pero hubo gente que recibió dos y hasta tres.

IPS: ¿En qué plazo pueden lograr disminuir la pobreza por esta vía?

JDF: Tenemos cuatro años más para concluir el blanqueo de tierras. La titulación genera seguridad jurídica que, en el caso de propiedades comunitarias, permitirá acceder a créditos, y participar de los procesos productivos.

Hay que entender el contexto político de Bolivia. Una cosa es la Revolución Cubana o la revolución boliviana de 1952, donde se cambia la estructura del Estado por la fuerza de las armas y se construye una nueva institucionalidad.

En ese contexto, se pueden quitar las tierras porque no hay un Congreso y (los revolucionarios) tienen la fuerza y el poder. Pero en un escenario de revolución democrática como la que impulsa este gobierno, no podemos hacer eso.

Un pilar central de la institucionalidad de un país es garantizar la seguridad jurídica. Si tienes una propiedad adquirida de buena o mala manera, que es superior a 5.000 ó 10.000 hectáreas no puedo quitártela con retroactividad. Eso sería atentar contra el propietario y estaríamos rompiendo las reglas de juego de esta sociedad.

Este gobierno no lo va a hacer. Pero hay un tema que es el más importante. En la nueva constitución esta explícito que nosotros vamos a verificar el cumplimiento de la función económica y social (de la tierra) cada dos años. Con este proceso vamos a poder recuperar las tierras fiscales y limitar el latifundio improductivo.

IPS: ¿Si la nueva constitución es ratificada este domingo, podrán ejecutar los procesos de reversión en las grandes propiedades?

JDF: Yo creo que sí. Si eso implica el uso de la fuerza, lo haremos como ya lo hicimos antes. Estamos conscientes de los problemas y conflictos que implica regularizar el derecho de propiedad de la tierra.(FIN/2009)

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