NUEVA YORK, ene (IPS) - Organizaciones médicas denuncian que una sección del manual que el ejército de Estados Unidos usa para sus interrogatorios aún permite emplear tácticas que pueden constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes bajo el derecho estadounidense e internacional.

De todos modos aplauden las recientes órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama prohibiendo la tortura y otras duras prácticas en interrogatorios. Esas órdenes fueron dirigidas a todas las secciones del gobierno, incluida la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Pero Médicos por los Derechos Humanos (PHR, por sus siglas en inglés), organización sin fines de lucro galardonada con el premio Nobel, pide al grupo de tareas designado por el presidente reevaluar las políticas de interrogatorios y traslado de prisioneros para revocar la polémica sección --el Apéndice M-- y consultar con organizaciones de derechos humanos como parte del proceso de revisión.

"La técnica de ‘separación’ permitida por el Apéndice M puede sonar inocua, pero en realidad permite el uso de privación del sueño, privación sensorial y aislamiento", dijo a IPS el director de la oficina de PHR en Washington, John Bradshaw.

"Separación" es la palabra que utiliza el Manual para hablar del aislamiento.

"Particularmente cuando se las usa de modo combinado, estas técnicas equivalen a tortura psicológica. El gobierno de Obama debe cerrar este vacío en el Manual de Campo del Ejército eliminando el Apéndice M, que deja la puerta abierta a la tortura", opinó Bradshaw.

Los expertos legales coinciden. "El anuncio del presidente Obama en cuanto a que Estados Unidos no se comprometerá en la tortura es elogiable. Pero el castigo o trato cruel, inhumano o degradante también viola la ley estadounidense, tal como fue especificado por tres tratados que hemos ratificado", dijo a IPS la presidenta del Sindicato Nacional de Abogados, Marjorie Cohn.

"El nuevo gobierno no debería usar el Manual de Campo del Ejército como el estándar de oro para los interrogatorios, dado que el Apéndice M sanciona técnicas, incluidas el aislamiento y la privación prolongada del sueño, que equivalen a trato cruel, inhumano o degradante", agregó.

PHR también exigió a Obama y al Congreso legislativo "autorizar inmediatamente a una comisión no partidaria para investigar la autorización, justificación legal e implementación del régimen de tortura psicológica y física del gobierno de (George W.) Bush (2001-2009)".

Agregó que "cualquier mecanismo de responsabilización debe incluir a un subgrupo encargado de investigar la participación de profesionales de la salud en el abuso a detenidos".

PHR también urgió a Obama a poner fin al empleo de psicólogos y otros expertos en interrogatorios. "El uso continuado de consejeros en la ciencia del comportamiento viola la ética médica y subvierte las tradiciones de las profesiones que sanan. Cualquier procedimiento actualmente en práctica que involucre a profesionales de la salud en interrogatorios que quebranten la ética médica deberían estar prohibidos", dijo el presidente de PHR, Frank Donaghue.

El hecho de que el gobierno anterior utilizara como arma a las profesiones vinculadas a la salud "para infligir daño a los detenidos constituye un crimen de guerra en sí mismo", sostuvo Donaghue.

"Pese a todo lo que se reveló hasta ahora sobre abusos cometidos por profesionales de la salud, persisten muchas preguntas, entre ellas si habrá alguna responsabilización por las groseras violaciones de la ética médica y la ley", agregó.

"El deseo de dar vuelta la página en los últimos siete años de abusos y torturas a detenidos por parte de las fuerzas estadounidenses es comprensible", dijo, pero señaló que "Obama, el Congreso y las profesiones de la salud no habrán cumplido su obligación ante la Constitución y la ética médica si acordamos solamente una reforma sin responsabilización", dijo Donaghue.

Otros profesionales de la salud están adoptando posiciones similares. Uno de los más manifiestos, el psicólogo Jeffrey Kaye, destacó que el Apéndice M "continúa permitiendo el uso del aislamiento sobre los llamados ‘combatientes ilegales enemigos’".

"Luego que explotó el escándalo de (la prisión iraquí de) Abu Ghraib, el gobierno de Estados Unidos quiso esconder o prohibir todos los tipos de tratos que se volvieron notorios debido a la exposición de la prensa, entre ellos las revelaciones en torno al ‘waterboarding’ (submarino). Redujeron su programa de torturas al modelo determinado por el manual de Kubark (nombre en clave) de la CIA, de comienzos de los años 60", expresó a IPS.

El "waterboarding" es una técnica similar al "submarino", muy utilizado por las dictaduras latinoamericanas en los años 70 y 80, y consiste en una simulación de ahogamiento durante los interrogatorios.

"Ellos tergiversaron el significado de las Convenciones de Ginebra según su voluntad, a fin de implementar este programa de interrogatorios coactivos, usando el Manual de Campo del Ejército y el Apéndice M como su principal dispositivo", dijo Kaye.

"Este programa depende de la producción de regresión psicológica usando una combinación de confinamiento solitario, fatiga, privación del sueño, privación sensorial y sentimientos de temor para producir una dependencia para con el interrogador. Estas técnicas, permitidas por el Manual de Campo del Ejército e implementadas con la asistencia de médicos y especialistas en la salud del comportamiento, como los psicólogos, son totalmente antiéticos en relación a la ley existente, y equivalen a torturas y/o trato cruel e inhumano de los prisioneros", agregó.

"En muchos sentidos, el aislamiento es la esencia del abuso a los detenidos estadounidenses. Todo lo demás viene a continuación. El aislamiento puede causar un serio deterioro mental en muchos individuos", sostuvo Kaye.

"Este deterioro puede tener lugar en un plazo de días, bien por debajo del periodo inicial de 30 días permitido por el Apéndice M. Estos 30 días pueden ser seguidos por periodos adicionales, si se obtiene la aprobación adecuada", añadió.

Aunque lo prohíbe ostensiblemente, el Manual también permite la privación sensorial, señaló. "Como último recurso, cuando la separación física de los detenidos no es viable, pueden utilizarse anteojos o vendas de ojos y orejeras como método conveniente para generar una percepción de separación", dijo.

En el único reconocimiento que hizo el gobierno de Bush de haber infligido tortura a un prisionero, hace poco una alta funcionaria del Pentágono reveló a The Washington Post que una combinación de técnicas permisibles usadas sobre un detenido de Guantánamo, más la intensidad y duración de estas técnicas, ponía seriamente en peligro la salud del prisionero y constituía tortura.

La funcionaria se negó remitir el caso a las autoridades de la Comisión Militar de la prisión estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba.

Durante el gobierno de Bush, varias importantes organizaciones médicas llamaron al presidente a poner fin a la participación de los profesionales de la salud en interrogatorios a detenidos.

La Asociación Médica Estadounidense (AMA, por sus siglas en inglés) adoptó una resolución oponiéndose a la "participación de médicos en la tortura o trato inhumano o castigo de individuos en relación a la detención y encarcelamiento".

Otras organizaciones, como la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, la Asociación Psicológica Estadounidense y la Asociación de Enfermeros Estadounidenses, adoptaron posiciones similares.

Sin embargo, hay amplia evidencia de que cierto personal médico militar participó en torturas y abusos a los detenidos. Por ejemplo, algunos informes señalan que los llamados Equipos de Consejeros de Ciencia del Comportamiento incluyeron a personal médico que era consciente del abuso a prisioneros pero no lo reportó o documentó adecuadamente.

Y también, que los interrogadores tuvieron acceso a antecedentes médicos confidenciales de los detenidos, que hubo profesionales de la salud que participaron directamente en el desarrollo e implementación de abusivos planes de interrogatorios, y que médicos, psiquiatras y psicólogos pueden haber facilitado los abusos al dar a los interrogadores información sobre la salud mental y las vulnerabilidades de los detenidos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja describió lo que observó en junio de 2004 en Guantánamo como "una flagrante violación de la ética médica".

(FIN/2009)

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