AMBIENTE: Petróleo enturbia el Perú amazónico
Por Milagros Salazar, enviada especial BAGUA, Perú, jun (IPS/IFEJ) - "Ahora se van a ir
los peces", dijo el indígena awajún Luis
Umpunchi, entre una veintena de personas reunidas
alrededor de un oleoducto roto en la comunidad de
Jayais, en la norteña región peruana de Amazonas.
Todos observaban preocupados el derrame.
Algunos tocaban el líquido negro, que se mezclaba
con el lodo formado por la lluvia.
"Ese petróleo llega al río Marañón, en cuyas
riberas están nuestros cultivos", agregó Antonio
Chu Pumpunchig, que estaba cosechando plátanos
cuando se enteró de la rotura de una de las
tuberías del Oleoducto Norperuano, operado por la
empresa estatal Petroperú y con varias estaciones de bombeo en Amazonas.
La Estación Número 6, precisamente, fue
tomada a inicios de este mes por indígenas de la
provincia de Bagua como parte de las protestas
contra leyes que amenazan sus territorios, y fue
uno de los epicentros de violentos choques en los
que murieron 24 policías y por lo menos 10
civiles, aunque los nativos afirman que los decesos serían muchos más.
Las poblaciones más afectadas por el derrame
están en las cuencas de los ríos Cenepa y Nieva.
Pero los nativos que viven más cerca de ciudades
como Bagua, capital provincial, también temen que
sus ríos puedan contaminarse, como le sucedió al
pueblo achuar, asentado en el río Corrientes de
la vecina región de Loreto, en el extremo
nororiental del país, donde opera la empresa argentina Pluspetrol.
Trabajadores de Petroperú que llegaron a
Jayais para limpiar el derrame se negaron a
informar sobre la causa de la rotura de la tubería, tendida sobre una quebrada.
Las familias amazónicas viven de la pesca, la
caza en los bosques, el cultivo de plátano, maíz
y cacao en las riberas de los ríos y de yuca en
la montaña, además de la venta de productos
agrícolas. En las carreteras, los comerciantes
les compran el ciento de plátano a tres soles (un
dólar), para luego venderlo en los mercados a 12 (cuatro dólares).
"No es que reclamemos porque somos salvajes,
sino porque vivimos de estos recursos. La tierra
es nuestra madre y el bosque nuestra despensa
para alimentar a nuestras familias", insistió Umpunchi.
Lo más probable es que parte del crudo
derramado llegue al río Chiriaco y luego termine en el Marañón, explicó.
Más de 70 por ciento de la Amazonia peruana
ha sido repartida en concesiones para inversiones
de hidrocarburos entre 2003 y 2008, sostuvo en
marzo un informe de la organización no
gubernamental Derecho, Ambiente y Recursos
Naturales (DAR), a partir de datos oficiales.
Para promover la inversión privada en la
selva, el gobierno de Alan García aprobó una
decena de decretos legislativos en el marco de la
implementación del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos, que encendieron inusitadas
protestas indígenas en 2008 y este año.
Ante la tragedia de este mes, el gobierno
retrocedió parcialmente y el Congreso derogó dos de las normas cuestionadas.
EXTRACCIÓN EN LA MIRA
Los pueblos awajún y wampí, que habitan
Amazonas, se sienten amenazados por las
actividades minera y petrolera, asentadas en las
cabeceras de sus cuencas, en áreas protegidas y
casi siempre en zonas muy vulnerables, lo que da
pie a disputas por recursos como el agua y la
tierra entre empresas y pobladores.
"Ésta es mi casa, aquí vivieron mis abuelos y
es lo que quiero que mis hijos hereden", dijo a
esta periodista Julia Esamat, de 53 años, una
awajún de la aldea de Wawas, en el distrito de Chiriaco.
"Nosotros hemos salido (adelante) solos, sin
el Estado. Ahora no pueden venir las autoridades
a quitarnos lo que es nuestro", aseguró.
Hay cerca de 60 concesiones petroleras, 15 de
ellas aprobadas de manera irregular,
superponiéndose a 12 áreas protegidas en 10
regiones del país. Entre ellas aparece la zona
reservada Santiago Comaina, de Amazonas, según el informe de DAR.
En el lote 116 de Santiago Comaina tiene un
permiso de exploración la empresa francesa Maurel
& Prom. Para acceder a la zona, la compañía firmó
un acuerdo con los presidentes de las
federaciones nativas de la provincia de
Condorcanqui. Pero, por no haber consultado a sus
comunidades, esos líderes fueron destituidos por
sus bases, señaló el diario La República en mayo de 2008.
Además, en Amazonas se han autorizado
proyectos de exploración de oro y uranio en la
Cordillera del Cóndor, en el límite con Ecuador.
Según organizaciones nativas de la cuenca del
Cenepa, esas concesiones fueron transferidas de
modo irregular a la empresa Dorato Perú,
subsidiaria de la canadiense Dorato Resources.
En una nota de prensa de noviembre de 2008,
Dorato Resources afirmó que había adquirido todas
las acciones de la minera peruana Afrodita. Esa
transacción se habría realizado mediante Afrodita
y compradores de fachada, según el abogado Marco
Huaco, de la organización no gubernamental Racimos de Ungurahui.
De acuerdo con Huaco, el proyecto viola el
artículo 71 de la Constitución, porque para
autorizar una inversión extranjera en la
frontera, el Poder Ejecutivo debe emitir un
decreto supremo que la declare de "necesidad pública", lo cual no se hizo.
Además, se habría infringido el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo, de
1989, que exige la consulta previa a las
comunidades locales sobre actividades económicas
que afecten sus medios de vida.
La Organización de Desarrollo de las
Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc),
una de las cuatro entidades indígenas de
Amazonas, presentó en abril tres denuncias sobre
el caso ante la Dirección de Concesiones Mineras.
Las autoridades contestaron que desconocían
la participación de la empresa canadiense, que
las concesiones fueron otorgadas a personas
naturales y jurídicas de nacionalidad peruana y
que investigarían las denuncias, señaló Huaco, asesor de la organización.
La Odecofroc también llevó el caso de la
Cordillera del Cóndor ante el relator especial de
las Naciones Unidas sobre los derechos y las
libertades de los pueblos indígenas, James Anaya,
que estuvo en Bagua el 18 de este mes.
En el documento entregado a Anaya, al cual
accedió esta periodista, se señala que el
proyecto afecta a 9.636 indígenas del Cenepa,
porque se ubica en la cabecera de los principales
ríos tributarios del Marañón y atraviesa el
protegido Parque Nacional Ichigkat Muja,
reconocido por el gobierno por su altísima "vulnerabilidad ecológica y humana".
En varios expedientes de titulación de
derechos a favor de peticionarios mineros, el
Instituto Nacional de Recursos Naturales
reconoció la imposibilidad de realizar actividad
minera en el territorio awajún, afirma el documento entregado a Anaya.
"Si se realiza la minería en esa zona,
significaría la extinción parcial de este pueblo
amazónico", declaró Huaco para este artículo.
Los líderes indígenas llevarán el caso ante
el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial de las Naciones Unidas, al
asesor especial para la Prevención del Genocidio
del foro mundial y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
* Este artículo es parte de una serie producida
por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en
inglés de Federación Internacional de Periodistas
Ambientales) para la Alianza de Comunicadores
para el Desarrollo Sostenible
(http://www.complusalliance.org). Publicado
originalmente el 27 de junio por la red
latinoamericana de diarios de Tierramérica.(FIN/2009) Envíe sus comentarios al editor |
