COLOMBIA: Conflicto aurífero en la Cordillera Central
Por Helda Martínez, enviada especial CAJAMARCA, Colombia, jul (Tierramérica) - En una
zona protegida de la Cordillera Central de
Colombia chocan planes de explotación aurífera
con el interés de agricultores, activistas y
autoridades ambientales de preservar bosques y recursos hídricos.
Un movimiento conformado por 25
organizaciones no gubernamentales
internacionales, nacionales y locales reclama al
Estado que ponga freno a las tareas de
exploración que desarrolla la empresa minera
trasnacional AngloGold Ashanti, con sede en Sudáfrica.
La compañía, que trabaja en la zona desde
2006, espera la autorización para concluir las
exploraciones de un yacimiento situado en el
municipio de Cajamarca, en el centro-occidental
departamento de Tolima, enclavado en la Reserva Forestal Central.
La Ley Segunda de 1959 demarcó esta reserva
con el fin de garantizar la protección de una
franja de 1,5 millones de hectáreas que discurre
de norte a sur en el centro-oeste de Colombia,
pasando por 10 departamentos, entre ellos Tolima.
En esta área se encuentran recursos acuíferos
claves, como la llamada estrella hídrica del
Tolima, una zona de 160 nacientes de agua, y la
cuenca del río Coello, así como los ecosistemas
que los sustentan: páramos, bosques de niebla y
zonas forestales protectoras y productoras, según
la Corporación Autónoma Regional del Tolima
(Cortolima), máxima autoridad ambiental del departamento.
En la última década, la empresa obtuvo
autorizaciones para explorar en 27 sitios del
Tolima, 15 en la zona rural de Cajamarca,
otorgadas por el Instituto Colombiano de Geología
y Minería del Ministerio de Minas y Energía. En 2006, descubrió el yacimiento.
En diciembre de 2007, la corporación anunció
que la riqueza explorada en La Colosa --estimada
inicialmente en 12,3 millones de onzas de oro--
la convertían en uno de los 10 mayores yacimientos auríferos del mundo.
En enero de 2008 la empresa contrató a 400
trabajadores e intensificó las tareas de
exploración, tomando muestras de agua y tierra
con 74 perforaciones de "hasta 700 metros de
profundidad", dijo a Tierramérica el activista
Evelio Campos, coordinador de la organización no
gubernamental Ecotierra de Cajamarca.
En febrero de ese año, la directora de
Cortolima, Carmen Sofía Bonilla, solicitó la
intervención del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial para que ordenara la suspensión del proyecto.
Por ley, la cartera ambiental debe conceder
un permiso a las actividades productivas en zonas
protegidas, llamado "sustracción de área", que
consiste en delimitar un terreno donde no haya
más que pastos y rastrojos para trabajos básicos
que no afecten las especies protegidas, explicó Bonilla.
Ese permiso no había sido solicitado por la
empresa, así que la petición de Bonilla fue aceptada.
"En febrero de 2008 se suspendieron los
trabajos por orden del ministerio", dijo a
Tierramérica el estudiante de economía Cristian
Frasser, de la Universidad del Tolima y miembro
de la no gubernamental Conciencia Ambiental.
Pero en mayo de este año la compañía
formalizó un pedido para operar en 515 hectáreas
con el fin de determinar la viabilidad económica
y ambiental del proyecto, y el Ministerio de
Ambiente se lo concedió sólo para una superficie de 6,4 hectáreas.
La contratación de trabajadores se ha
reducido a no más de 30, pero es imposible
obtener datos precisos porque la información
sobre el proyecto está restringida y el acceso a
la mina permanece resguardado por el ejército.
La Colosa se encuentra a 5,5 kilómetros en
línea recta del casco urbano de Cajamarca, y a 35
kilómetros al oeste de Ibagué, la capital departamental.
En Cajamarca viven unas 25.000 personas, la
mayoría campesinas. Unos pocos se dedican al
comercio, instalado en torno de la plaza central
del casco urbano, paso obligado entre el centro y
el oeste del país, por su proximidad con la carretera Panamericana.
La zona rural es de algo más de 500
kilómetros cuadrados y abarca todos los pisos
térmicos de la montaña, en los que prosperan,
según las temperaturas, cultivos de café, frutas
y hortalizas como la arracacha (Arracacia
xanthorriza), una especie de tubérculo comestible apto para suelos fríos..
Ese desarrollo agrícola corre peligro si las
autoridades dan luz verde a la actividad minera, afirman los críticos.
A la campaña contra La Colosa se sumaron la
organización católica Pax Christi Holanda, y
parlamentarios de diferentes tendencias
políticas, la Procuraduría General de la Nación y
el procurador ambiental y agrario de Ibagué, Diego Alvarado.
En una audiencia pública celebrada en
febrero, Alvarado sostuvo que "el oro de La
Colosa se encuentra diseminado en las rocas, en
concentraciones de pocos gramos por tonelada, lo
que exige que la explotación sea intensiva y a
cielo abierto, con graves perjuicios para la región".
Ese modo de producción consiste en extraer
enormes cantidades de roca, que deben ser luego
sometidas a un proceso químico conocido como
lixiviación, que precipita el oro, separándolo del resto de los minerales.
"Para la lixiviación se utilizará cianuro,
por lo que es imposible creer que esta actividad
sea compatible con el uso del suelo en zonas de
reserva forestal, si el cianuro contamina el agua
del subsuelo", observó Alvarado.
Un estudio ejecutado por el hidrogeólogo
estadounidense Robert Moran, contratado por Pax
Christi, estimó que se necesitaría "un metro
cúbico de agua por tonelada de mineral procesado
por segundo" para lavar el oro.
"Si estiman procesar entre 20 y 30 millones
de toneladas de mineral al año, significaría
entre 630 y 950 millones de metros cúbicos de
agua por año. O entre nueve y 24 billones de
metros cúbicos durante la vida de la mina, que se
calcula entre 15 y 25 años", anotó Moran en su informe.
Ese consumo acabaría con el agua que alimenta
"el acueducto de los cultivos, con 400 kilómetros
de canales que riegan arroz, sorgo y algodón en
el centro y el sur del departamento, y que provee
a cinco acueductos municipales", dijo a
Tierramérica la activista Paola Robayo,
estudiante de ingeniera forestal en la Universidad del Tolima.
Las autoridades deberían decidir entre
suspender la autorización de exploración, y por
consiguiente cerrar el paso a la explotación
futura, o cambiar la denominación de la reserva
forestal de modo que se permitiera intervenir el área sin restricciones.
"Sabemos de la influencia de la AngloGold
Ashanti en países de alta corrupción como
Colombia, por lo que no nos extrañaría que
acabaran por cambiar la legislación", dijo el activista Campos.
El mes pasado, el presidente de la filial en
Colombia, Rafael Hertz, dijo a la prensa que en
julio se conocería la decisión del ministerio.
Mientras tanto, la empresa lleva a cabo en la
zona inversiones de carácter social. "Pintan
casas, pavimentan calles y hacen donaciones a
escuelas y colegios", dijo Campos. También
patrocinó el Festival Folclórico de Ibagué, que
se celebra durante dos semanas en el mes de junio.
Paradójicamente, esa fiesta popular sirvió de
ámbito para que los críticos distribuyeran
folletos y expusieran pancartas contra La Colosa.
* Este artículo fue publicado originalmente el 4
de julio por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
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