LIMA, 7 jul (IPS) - El inicio de una huelga de 72 horas convocada desde este martes por sindicatos y organizaciones sociales de Perú contra la política económica del gobierno de Alan García, tuvo gran convocatoria en el centro y sur del país.

Este miércoles y el jueves otras regiones del país se sumarán a paros de actividades, bloqueos de vías de tránsito, marchas y manifestaciones. El Poder Ejecutivo ofreció unos 20 soles (6,6 dólares) como incentivo a quienes asistieran a sus lugares de trabajo.

La manifestación se desarrolla en medio de una seria crisis del gobierno, que forzó al mandatario a adelantar para esta semana la renovación de su gabinete, prevista inicialmente para el 28 de julio.

Las autoridades desplegaron una intensa campaña mediática para convencer a la ciudadanía de que la convocatoria era alentada por supuestas organizaciones terroristas con la única finalidad de fomentar "el odio y la violencia entre los peruanos".

Las movilizaciones se concentraron este martes en las sureñas Puno, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, regiones andinas donde la candidatura de García no consiguió mayoría en los comicios presidenciales de 2006.

Un sondeo publicado el lunes por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica de Perú, indica que la aprobación de la gestión presidencial cayó 11 puntos porcentuales tras los violentos choques del 5 de junio entre policías e indígenas que dejaron por lo menos 34 muertos en el provincia amazónica de Bagua, norte del país.

La popularidad de García cayó de 36 por ciento a 25 por ciento, marcando uno de los peores momentos de su gestión de casi tres años.

Los indígenas llevaban dos meses bloqueando carreteras e instalaciones petroleras en protesta por decretos que consideraban lesivos de sus derechos al territorio.

La protesta de esta semana fue convocada por el Frente Nacional por la Vida y la Soberanía, un colectivo que reúne a la Confederación General de Trabajadores (CGTP), la Confederación Campesina del Perú, la Confederación Nacional Agraria, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana y la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería.

También forman parte del Frente la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), responsable de las movilizaciones indígenas, la Unión de Frentes Regionales del Perú, el Partido Nacionalista Peruano y el Partido Comunista del Perú-Patria Roja.

El dirigente en Perú de la regional Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, Miguel Palacín, afirmó que la medida de lucha es contra el paquete de leyes aprobadas por el gobierno para adecuarse a los términos del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos.

Dos de esas normas fueron derogadas el mes pasado por el parlamento, luego de los hechos de Bagua, y otras dos habían tenido el mismo destino en 2008.

"También exigimos el cambio de modelo económico que fomenta la concesión de recursos naturales en territorios que pertenecen a las comunidades indígenas", explicó Palacín a IPS.

"Otro punto importante es la protesta contra la política de criminalización de la protesta social", añadió. "El gobierno ha desatado una persecución contra todo quien rechaza la política económica", sostuvo.

El presidente de Aidesep, Alberto Pizango, se asiló en Nicaragua cuando el gobierno de García lo acusó ante la justicia por promover el levantamiento indígena en Bagua.

Este martes, otros dos líderes indígenas, los hermanos Servando y Saúl Puerta, del pueblo awajún, solicitaron asilo ante la embajada de Nicaragua luego de que se les abrió proceso judicial por su presunta responsabilidad en la violencia de Bagua.

La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, ha dicho que en las movilizaciones populares hay infiltración de sectores afines al presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

"No existe infiltración chavista ni de ningún otro tipo", dijo a IPS la presidenta de la CGTP, Carmen Sifuentes. "Dicen que hay infiltración terrorista, lo que también es falso. El gobierno, desesperado por el crecimiento de la protesta social, pretende desprestigiar a las organizaciones... El gobierno sí está infiltrado por los intereses de las empresas trasnacionales que se lucran con nuestros recursos", añadió.

El Poder Ejecutivo sostuvo que la huelga ha resultado un completo fracaso. "Si es un fracaso, si los gremios no representan a nadie, ¿por qué ofrece 20 soles a los trabajadores que asistan a sus centros de labores? El gobierno miente al pueblo", replicó Sifuentes.

En Puno, los manifestantes bloquearon carreteras e interrumpieron las vías de acceso a la vecina Bolivia, reclamando la derogación de la Ley de Recursos Hídricos porque, alegan, abre la puerta a la privatización del agua.

En la central región de Huánuco, los campesinos dedicados al cultivo de coca entorpecieron el tránsito en la carretera Fernando Belaúnde Terry y efectuaron marchas.

En la sureña Arequipa, el transporte público estuvo restringido, impidiendo o complicando la concurrencia al trabajo.

En la sureña provincia de Huamanga, manifestantes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho interrumpieron el tránsito por la Vía de los Libertadores, la más importante de la zona.

Se sumaron a la manifestación la Federación de Mercados de Ayacucho, la Federación de Clubes de Madres, la Asociación de Transportistas y la Federación de Trabajadores. Ayacucho es una de las regiones más pobres del país y reclama al gobierno central un trato preferente en materia de inversión social.

En la sudoccidental Ica, sobre el océano Pacífico, los algodoneros cortaron el tránsito de la carretera principal en protesta contra la Ley de Recursos Hídricos.

Para este miércoles organizaciones de otras regiones andinas y amazónicas preparan sus acciones. En la sureña Cuzco, maestros, trabajadores de construcción civil y empleados estatales anunciaron que se sumarán a la protesta.

Incluso la empresa que administra el ferrocarril de Cuzco a Machu Picchu anunció que este miércoles no se ofrecerá el servicio habitual.

Sin embargo, el ministro de Trabajo, Jorge Villasante, señaló que la protesta fue rechazada por los trabajadores que asistieron a sus labores sin problemas, aunque reconoció que en algunas regiones tuvieron dificultades.

"El Perú ha trabajado hoy con normalidad", señaló Villasante. "La jornada de protesta no ha prendido entre los trabajadores como esperaban los organizadores".

El Ministerio de Defensa autorizó a las Fuerzas Armadas a respaldar a la policía en la contención de las manifestaciones y en el desbloqueo de las carreteras.

La cartera recordó que la interrupción del tránsito u otras formas de impedir actividades públicas son delitos penados con prisión.(FIN/2009)

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