CARACAS, 21 jul (IPS) - La OEA y su secretario general, el chileno José Miguel Insulza, han quedado en medio del vendaval político, diplomático e ideológico que recorre América desde que el 28 de junio un golpe cívico-militar depuso al presidente de Honduras, Manuel Zelaya.

Seis décadas después de creada, la OEA (Organización de los Estados Americanos), sigue sometida a la presión de probar su utilidad, la eficacia de documentos clave, como la Carta Democrática de la que se dotó en 2001, y el valor de que los países latinoamericanos y caribeños compartan una organización regional con sus vecinos ricos del Norte, Estados Unidos y Canadá.

También se muestra como escenario para probar una nueva política de Washington con sus vecinos del sur, el empuje de la alianza izquierdista Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), y las dotes como mediador del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, ganador del premio Nobel de la Paz en 1987 por su incidencia en la pacificación de América Central.

En medio, Insulza ha enfrentado con dureza a las autoridades impuestas en Honduras, con Roberto Micheletti como reemplazante espurio de Zelaya, y en el éxito de esa línea reside, en buena medida, la posibilidad de ser reelegido en junio de 2010.

El propio Insulza ha planteado la necesidad de reajustar la Carta Democrática a la luz de lo ocurrido en Honduras, pues el texto "tiene limitaciones", como una vaga definición de lo que es "una grave ruptura del orden constitucional y democrático", y pueden invocarlo con facilidad los gobiernos, pero no otros sectores de la sociedad.

Precisamente sobre esa base, autoridades estaduales y municipales de Venezuela, opositoras al presidente Hugo Chávez, tocaron esta semana las puertas de la sede de la OEA en Washington para denunciar "graves violaciones a la Constitución" por parte del gobierno nacional.

"Lo que queremos es que la OEA no llegue a Venezuela cuando sea demasiado tarde", dijo a nombre del grupo el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien efectuó este mes una huelga de hambre de cinco días hasta conseguir que Insulza escuchara sus denuncias de "acoso político, judicial y presupuestario" del poder central frente a las regiones.

La OEA se pronunció de modo rápido y unánime contra el golpe de Estado en Honduras, el mismo día 28 de junio, cuando Zelaya fue sacado en la madrugada de su residencia por un centenar de militares y puesto en un avión con destino a Costa Rica.

Esa resolución inspiró acciones similares de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y del Movimiento de Países No Alineados, y exigió el "retorno incondicional" de Zelaya a la Presidencia de su país.

Insulza acompañó reuniones de ALBA (Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, San Vicente y Granadinas y Venezuela) y del Sistema de Integración Centroamericana (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) que exigieron la inmediata reposición de Zelaya en el gobierno y reclamaron de la OEA medidas "contundentes" que la hicieran posible.

Una dosis de "realpolitik" llegó con la réplica del gobierno de facto, de retirar a Honduras de la OEA y luego suspendida por ésta, una segunda con el frustrado retorno de Zelaya respaldado por presidentes latinoamericanos y el propio Insulza y una tercera cuando Estados Unidos tomó partido por el diálogo entre los contendores para encontrar una salida pacífica y consensuada.

"Vimos entonces a una América Latina impotente, que al cabo de una década de cambios políticos internos y de nuevas búsquedas de integración e independencia respecto de la potencia del Norte, para avanzar en la solución de una crisis en un país relativamente pequeño no tiene más remedio que pedir, casi rogar, la actuación del órgano interamericano y, todavía peor, de la potencia hegemónica", observó a IPS el analista político Fausto Masó.

Washington intervino, pero con la carta de impulsar la mediación de Arias y su hoja de ruta para solventar la crisis, la cual comienza con devolver la Presidencia a Zelaya, a lo que se opone Micheletti.

Este desaire al plan de Arias hizo que la secretaria de Estado (canciller) estadounidense Hillary Rodham Clinton hiciese una "dura llamada" a Tegucigalpa, con amenaza de cortar las ayudas y comprometer las relaciones en el largo plazo.

El Consejo Permanente de la OEA ha apoyado la gestión de Arias e incluso su último plazo de 72 horas que finaliza este miércoles para que se logre una solución. Si no, la alternativa puede ser derramamiento de sangre, la guerra civil, han dicho Arias e Insulza.

El escritor peruano-español Mario Vargas Llosa, al expresar apoyo a Arias, postuló que "la OEA, mientras menos intervenga mejor, dada la pertinaz inutilidad de esta institución que tiene, además, la nefasta propiedad de volver también inútiles a sus secretarios generales, incluso a los que, como Insulza, parecían más despiertos".

El ex candidato presidencial estadounidense John Kerry, hoy titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que "el problema que percibió el Congreso fue que la OEA y sus líderes principales hicieron gestos algo precipitados en relación con Honduras, que pudieron haber disminuido la capacidad de esa organización de mediar con eficacia".

"La OEA no debe olvidar que su rol es resolver crisis en favor de la democracia. Parece haber una mejora en este momento", alentó el representante del gobernante Partido Demócrata.

La pugna ideológica aumenta y líderes del ALBA, como el presidente Raúl Castro, de Cuba, Evo Morales, de Bolivia, Daniel Ortega, de Nicaragua, y Chávez, de Venezuela, han acusado a "sectores reaccionarios de Washington" de haber organizado el golpe hondureño.

Esos líderes izquierdistas han exculpado al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pero a cambio le han exigido medidas más fuertes frente a la dictadura de Micheletti y respecto del alto mando de las Fuerzas Armadas de Honduras, así como desmontar la base militar que el Comando Sur de la potencia del Norte mantiene en ese país.

Chávez se ha distanciado de la mediación de Arias, pues critica que se haya dispensado un trato igualitario a Zelaya y Micheletti.

Analistas políticos, entre ellos Elsa Cardozo, profesora de posgrado en Estudios Internacionales en universidades venezolanas, han dicho a IPS que el "ALBA, y en particular Chávez, buscan que la OEA devuelva el poder a Zelaya y, de no hacerlo, alegarán la inutilidad de ese organismo para buscar que la región se desmarque de él".

Desde 2007, cuando empezó a recibir reclamos de órganos hemisféricos por la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión en Venezuela, Chávez ha planteado públicamente su disposición a que Caracas se retire de la OEA.

Venezuela "podría salirse de la OEA y convocar a los pueblos de este continente a que nos liberemos de esos viejos instrumentos y formemos una organización de pueblos de América Latina, de pueblos libres", dijo Chávez en mayo después de enviar "al cipote" (al diablo) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que produjo un informe adverso a su gobierno.

Editorialistas de diarios estadounidenses y algunos grandes de América Latina han planteado que el desenlace de la crisis en Honduras impulsará o detendrá el llamado "modelo chavista" y las propias autoridades del gobierno de facto hondureño, así como carteles en las marchas de quienes las apoyan, justifican sus actos como de contención al líder venezolano.

Para analistas como Adam Isacson, del Centro de Política Internacional en Washington, la aparición de una fractura como esa y la necesidad de darle entonces más fuerza a la OEA "es lo que ha llevado a Insulza a buscar más protagonismo con la promoción de un debate que actualice la Carta Democrática" interamericana.

También, opina el polemista neoliberal peruano Álvaro Vargas Llosa, hijo del escritor, influye la noción de que, aunque Estados Unidos hace de "gran elector" en la designación del secretario general de la OEA, contarán para la reelección de Insulza los muchos votos que pueden arrastrar no sólo el ALBA sino Petrocaribe, el esquema de cooperación petrolera de Venezuela con sus vecinos.(FIN/2009)

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