BOLIVIA: Castaña amazónica a precios de explotación
Por
Franz Chávez LA PAZ, oct (Tierramérica
) - Bolivia es el primer
exportador mundial de nuez de Brasil sin cáscara,
un nutritivo fruto abundante en los bosques
nativos de la húmeda y cálida zona amazónica.
Pero en ese paraíso, sus recolectores viven un infierno.
Los bolivianos la llaman simplemente castaña,
pero la Bertholletia excelsa no forma parte del
género de especies de la castaña europea. En
América del Sur se la conoce como nuez de Brasil
o castaña de Pará, entre muchos otros nombres tradicionales.
Es un alimento rico en selenio y otros
minerales, en proteínas, carbohidratos y aceites.
Representa 30 por ciento de la riqueza forestal
amazónica en los norteños departamentos de Pando
y Beni, limítrofes con Brasil. De hecho, su
recolección constituye la principal actividad
económica local, tras la caída del caucho a mediados de los años 80.
Pero el precio competitivo del producto
boliviano entraña un alto componente de
explotación de familias pobres, niños y adolescentes.
Esa es la advertencia de un estudio impulsado
por el Ministerio de Trabajo, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el
holandés Instituto Humanista de Cooperación al
Desarrollo (Hivos) y elaborado por el Centro de
Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).
La recolección de castaña coloca en situación
de extrema vulnerabilidad a los trabajadores y a
sus familias, afirma ese estudio.
La pobreza, la exclusión de los derechos
laborales legales y una explotación "cruel"
imperan en la recolección de castaña en el norte
amazónico boliviano, según el investigador del Cedla, Bruno Rojas.
En la temporada 2008, que se extiende desde
noviembre a marzo, la recolección de castaña
movilizó a unas 17.000 personas en Pando, dijo Rojas a Tierramérica.
Las exportaciones del alimento generaron en
el mismo período 75 por ciento del movimiento
económico de la región. Datos del Instituto
Boliviano de Comercio Exterior señalan que las
ventas externas alcanzaron 80 millones de dólares
y crearon empleo para 30.000 personas, incluyendo
el procesamiento y transporte.
Bajo la modalidad de trabajo "a destajo",
cada trabajador percibe entre 11 y 17 dólares por
una caja de 23 kilogramos de frutos, lo que
demanda entre 12 y 14 horas de labor.
Es una retribución escasa por esta centenaria
actividad, porque obliga al trabajador a emplear
más de las ocho horas estipuladas por la
legislación laboral, y va más allá, pues debe
incluir en la faena al resto de su familia.
En la temporada de recolección del año
pasado, los empresarios provocaron una caída
artificial del precio de la caja de 23 kilogramos
de 17 dólares a sólo tres, dijo a Tierramérica la
secretaria de comunicaciones de la Confederación
de Pueblos Indígenas de Bolivia, María Saravia.
Esta práctica es común entre los empresarios
y comerciantes mayoristas, para "disminuir sus
obligaciones con las familias recolectoras y
luego ignorar el pago de saldos adeudados durante la zafra", explicó.
Algunos pueblos indígenas que obtuvieron el
reconocimiento gubernamental de sus tierras
pueden obtener mejores precios y entregar sus
productos a quienes ofrecen un mejor pago, pero
los asalariados y dependientes que llegan desde
regiones lejanas deben someterse a la imposición de los mayoristas, agregó.
"Ésta es una lucha permanente por un cambio
de vida para las familias castañeras", expresó la dirigente.
Según Rojas, "cuanto más se produce, más se
quebranta la forma legal de trabajo". Familias
enteras se desplazan en los tupidos bosques,
libradas a su suerte frente a los peligros de la
selva, las enfermedades y las largas distancias
que deben recorrer con el fruto recolectado a cuestas.
"No tienen seguro médico o contra accidentes,
no aportan al seguro social de largo plazo y
están desprotegidos por las leyes laborales y por
un Estado débil que carece de efectividad para
hacer cumplir las normas a los empresarios", resumió el investigador.
Silvia Escóbar, coordinadora del estudio e
investigadora del Cedla, dijo a Tierramérica que
"muchas veces la ley se negocia, cuando en
realidad se tiene que cumplir. Se necesita un
Estado que haga aplicar la ley y no un Estado que
lleve a la conciliación de partes para la aplicación de la ley".
Sesenta por ciento de las personas empleadas
en la cosecha y procesamiento de la castaña son
de origen urbano, y 40 por ciento restante
pertenecen a áreas rurales de Beni, Pando y del
extremo norte del departamento de La Paz.
La zona productora de castaña es un bosque
húmedo, situado a una altura media de 300 metros
sobre el nivel del mar y con temperaturas de
entre 30 y 38 grados. Los árboles, de hasta 50
metros, cubren el territorio atravesado por ríos,
dijo a Tierramérica el coautor del estudio, Wilson Rojas.
Por su topografía y las condiciones del
suelo, la zona no es apta para la ganadería o
para cultivos como el arroz y los tubérculos, agregó.
Los recolectores de hoy son sucesores de los
antiguos peones que laboraban en la extracción de
castaña, algodón y caucho, los productos de mayor
demanda internacional a inicios del siglo XX.
La explotación de estas materias primas en
los años 20 y 30 impuso modos de explotación
laboral de servidumbre y semiesclavitud. Además
de recolectar caucho y castaña, los trabajadores
eran obligados a labores gratuitas en los hogares
y haciendas de grandes terratenientes, recordó Bruno Rojas.
En esas zonas amazónicas imperaba entonces
una economía precapitalista. Hoy, pese a los años
transcurridos, la recolección de la castaña aún
no está legislada para proteger de modo
específico los derechos laborales de sus trabajadores.
Según el Ministerio de Trabajo, hasta 2007 se
empleaban 2.600 niños y niñas y poco más de 2.000
adolescentes en la recolección, mientras en la
fase de procesamiento del producto lo hacían 450 niños y 1.400 adolescentes.
En el proceso de quebrado, pelado y selección
de la castaña, dos de cada tres niños de la zona
trabajan cinco días a la semana entre las dos y
las siete de la mañana, y "los que tienen suerte
van a la escuela a las ocho, sin dormir, sin
comer y se quedan dormidos en las clases",
describió el representante de Unicef en Bolivia, Gordon Jonathan Lewis.
"Hagamos algo. Es una obligación y es un
deber", dijo a manera de desafío al gobierno
boliviano en la presentación del informe, a mediados de septiembre.
Deben adoptarse decisiones oportunas para
erradicar el trabajo infantil en los bosques y en
las barracas donde se clasifica el producto, del
cual Bolivia apenas consume dos por ciento,
mientras 98 por ciento es exportado a Europa,
Estados Unidos y Asia, entre los mercados más importantes, según Escóbar.
Durante décadas no ha cambiado la forma de
trabajo manual, que requiere el uso hábil de un
machete y una caja para cargar los frutos, que
puede pesar hasta 46 kilogramos, señaló.
El ministro de Trabajo, Calixto Chipana,
prometió considerar los hallazgos de este informe
en el Plan Nacional de Erradicación Progresiva
del Trabajo Infantil que forma parte del proceso
de reformas a la legislación laboral.
Bolivia tiene 1,5 millones de niñas y niños
de entre siete y 13 años de edad. Unos 116.000 de
ellos laboran en diferentes actividades. El
gobierno desea crear una "lista de trabajos
prohibidos para los niños", dijo Chipana.
* Este artículo fue publicado originalmente el 3
de octubre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
(FIN/2009) Envíe sus comentarios al editor |
