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MANAGUA, dic (IPS) - Finalmente, los homosexuales de Nicaragua van a tener quien les defienda, con el nombramiento de una procuradora especial para la diversidad sexual, que atenderá los derechos humanos de un colectivo estimado en medio millón de personas.

La nueva procuraduría comenzó a operar este mes y responde al "derecho universal de reconocer a los ciudadanos y ciudadanas en su condición de personas con diversidad sexual, sus deberes y derechos constitucionales, que deben ser respetados", dijo a IPS el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Omar Cabezas.

La designada para el nuevo cargo es María Samira Montiel, una joven abogada con una década de activismo en el movimiento lésbico de esta nación centroamericana, que ha alcanzado notoriedad por sus denuncias de abusos y discriminaciones contra el 10 por ciento de la población con identidad sexual diversa.

Nicaragua tiene una población oficial de 5,7 millones, es el segundo país más pobre de América Latina, después de Haití, y posee una cultura social fuertemente influenciada por la Iglesia Católica, pese a que constitucionalmente el país es laico. Hasta 2008, además, la homosexualidad era considerada un delito penado con cárcel.

Montiel dijo a IPS que su agenda como funcionaria pública al servicio de una minoría cultural, va a trascender aspectos como la promoción del matrimonio entre personas del mismo sexo o la adopción de hijos por parejas homosexuales, dos prácticas ilegales en la actualidad.

"Mi agenda va más allá de cosas específicas. Voy a denunciar las prácticas de abusos y las discriminaciones institucionales contra los gay, lesbianas, transexuales, bisexuales y cualquier otra persona que se siente vulnerada en su identidad sexual", precisó.

La activista señaló que desde el cargo público recién creado impulsará, entre otras cosas, la aprobación de políticas para garantizar el acceso al sistema de salud pública, establecer normas para el respeto a los derechos laborales de la comunidad y el cese de hostilidades desde las distintas tribunas escolares del sistema público.

"Toda la vida hemos vivido en un mundo de desprecio y violencia, ya es hora que se acabe esa discriminación y que la sociedad no solo nos acepte, sino que nos reconozca y respete nuestros pensamientos", dijo Montiel.

Institucionalmente en el país existen tres grupos lésbicos, cuatro organizaciones de hombres por la diversidad sexual y toda una red de personas identificadas con el movimiento gay y los derechos humanos de esa comunidad.

Ellos están organizados en el Grupo Estratégico por los Derechos de la Diversidad Sexual, que integran el movimiento lésbico Safo, el Instituto para la Defensa de los Derechos Humanos de la Homosexualidad, la Asociación Nicaragüense de los Transexuales y el Centro de Estudios Internacionales.

Las organizaciones homosexuales estiman que 10 por ciento de la población tiene una orientación sexual diversa, con base en estudios poblacionales europeos que han establecido esa norma y lo que en el caso nicaragüense se traduce en al menos medio millón de personas que integran el colectivo.

En la actualidad el colectivo realiza un estudio denominado "Una mirada a la diversidad sexual en Nicaragua", con el apoyo de la embajada de Noruega. Sus resultados parciales, dados a conocer en Managua, revelan que en el país existe una profunda cultura del rechazo y desprecio a las parejas convivientes del mismo sexo.

El estudio, cuyos resultados completos se publicarán en enero, determinó que la discriminación y la homofobia se practican en las instituciones públicas y privadas, así como en las escuelas y en los núcleos familiares.

La totalidad de personas con opciones sexuales diferentes indicó que sufre discriminación en todos los centros de estudios, desde la primeria a la universidad.

Al menos 12 por ciento de quienes habían reconocido su identidad sexual, han sido víctimas de violencia física. Otros aseguraron haber abandonado sus centros de estudios por no soportar la discriminación a que fueron sometidos tras asumir su condición como gays, lesbianas o transexuales.

Un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, realizado antes del nombramiento de Montiel, determinó que las instituciones del Estado más denunciadas por maltrato y discriminación contra esos colectivos son la Policía Nacional, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.

En el sector de salud, la discriminación la perpetran médicos generales, especialistas, personal auxiliar y hasta guardas de seguridad, que la mayoría de veces tratan de mala manera a los usuarios identificados plenamente con una opción sexual no tradicional.

Además, se resalta que más de la mitad de quienes asumieron su atracción por personas del mismo sexo, ha debido soportar el rechazo de su propia familia. A muchos, sus propios padres los han echado a la calle y familiares cercanos han ejercido violencia física contra ellos.

Los resultados parciales del informe de los colectivos homosexuales subrayan que el conjunto de iglesias denominadas cristianas tiene un papel protagónico en la discriminación a sus integrantes. Para ellas las relaciones entre personas del mismo sexo son "una aberración" en variados planos.

Ello, pese a que el colectivo de personas con identidad sexual diversa, se caracterizan por sus expresiones y sentimientos arraigados de espiritualidad, detalla el informe. "A pesar del rechazo que hay de parte de las distintas iglesias y religiones, de líderes católicos o evangélicos, la comunidad no ha perdido la fe en Dios", establece el estudio.

De hecho, los representantes de diferentes confesiones religiosas fueron los primeros en rechazar el nombramiento de una funcionaria especial para defender los derechos de los homosexuales.

El Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua, que aglutinan al segundo grupo religioso más numeroso del país después de la Iglesia Católica, emitió el día 4 una Carta Pastoral donde manifestó su especial "preocupación por la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos de la Diversidad Sexual".

El reverendo Mario Espinoza, líder del Consejo, expresó que "la Iglesia Evangélica no está de acuerdo con la creación de esa Procuraduría, porque dará rienda suelta a lo inmoral. El homosexualismo o lesbianismo está condenado por la Biblia, es un pecado grave ante los ojos de Dios".

La Iglesia Católica utilizó la celebración de las misas dominicales en sus templos, para llamar a las familias nicaragüenses a rechazar "las prácticas sodomitas" y respetar el "mandato divino del matrimonio entre hombre y mujer".

Pero no todo han sido críticas por la decisión, al contrario. Activistas de derechos humanos, organizaciones feministas, promotores de la campaña contra el VIH-sida y otras organizaciones sociales aplaudieron el nombramiento de Montiel y lo calificaron como un paso hacia el respeto a los derechos humanos y a la tolerancia social.

Bayardo Izabá, del Centro Nicaragüense para la Defensa de los Derechos Humanos, calificó de "enorme avance" la creación de un despecho especial para atender los derechos de una minoría social.

"La orientación sexual debe entenderse como una condición que ha de estar protegida contra la discriminación. Los Estados no pueden limitar la protección de los derechos humanos en función de la orientación sexual de las personas y eso es el valor de este nombramiento", dijo Izabá a IPS.

Hasta 2008, Nicaragua era uno de los países de América Latina que mantenía la homosexualidad como delito bajo el concepto de "sodomía", con penas de uno a tres años de cárcel.

El Código Penal extendía el delito para quienes promovieran, realizaran o toleraran el concubinato entre personas del mismo sexo.

Centenares de personas en el día de la Lucha contra la Homofobia en países latinoamericanos como Argentina, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Estados Unidos y varias ciudades de Europa, realizaban protestas frente a las embajadas y consulados de Nicaragua para expresar su rechazo al país por penar la homosexualidad.

El nuevo Código Penal nicaragüense, vigente desde el año pasado, establece penas de prisión de seis meses a un año o multas económicas a quienes cometan el delito de discriminación.

Se entiende que es un delito que personas o instituciones impidan o dificulten a otros, el ejercicio de un derecho o una facultad prevista en la Constitución nacional, las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales, por cualquier motivo o condición económica, social, religiosa, política, personal, sexual u otra.(FIN/2009)

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