BOGOTÁ, 8 feb (IPS) - Personal técnico y profesional de la salud y usuarios del sistema sanitario de Colombia se movilizan contra 10 Decretos de Emergencia Social emitidos por el gobierno del presidente Álvaro Uribe el 23 de diciembre.

Según el mandatario derechista, los decretos apuntan a solucionar la grave crisis de la atención de salud en Colombia, marcada a la vez por la privatización y la desfinanciación. Pero los gremios del sector y los pacientes que se movilizaron el sábado consideran que éstos empeorarán aún más la situación.

En 1993 el entonces senador Uribe impulsó la Ley 100 que dio vía libre a la creación de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), de carácter privado.

Hasta entonces, el estatal Instituto de los Seguros Sociales, creado en 1946, asumía como prestador de atención médica y pagador de pensiones de vejez e invalidez.

Desde su promulgación, la Ley 100 ha motivado constantes denuncias por parte de los usuarios, que se suman a pronunciamientos esporádicos de asociaciones profesionales en salud.

"En 16 años de la Ley 100, la posición dominante de los intermediarios aseguradores ha limitado la buena práctica médica, mediante tiempos de consulta reducidos al mínimo, restricciones para exámenes de laboratorio o imagenológicos" que sumados a las "precarias remuneraciones" afectan "la excelencia del acto médico", señaló en un comunicado la Academia Nacional de Medicina (ANM), creada en 1872.

"La ANM se ha pronunciado en diversas ocasiones y ha manifestado su protesta por lo que representa una ominosa y creciente desprofesionalización de la medicina, atrapada en un sistema de aseguramiento de carácter eminentemente comercial", se lee en el texto firmado por su presidente, el médico Gustavo Malagón.

El pronunciamiento de la ANM y la movilización del sábado, convocada por médicos a través de la red social Facebook, responden a medidas consideradas extremas, como la definición de uno de los decretos, el 128, de la "prestación excepcional en salud".

Esto quiere decir que las enfermedades de alto costo serían revisadas por un comité técnico que tendría "la responsabilidad de definir el porcentaje que asumiría la EPS, y la correspondiente a los pacientes, parcial o total, previo análisis de sus ingresos y patrimonio (…)".

En caso de que los pacientes no tengan solvencia, podrán "recurrir a sus cesantías, ahorros pensionales e incluso préstamos bancarios", ha dicho en diversos espacios el ministro de la Protección Social, Diego Palacio.

Para los enfermos sin recursos económicos se creó el Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud (Fonprés). Pero el decreto deja sentado "que éste sólo cubrirá dichos gastos hasta que la plata del Fondo alcance".

El Fonprés funcionaría como cuenta adscrita al Ministerio de la Protección Social, regido por el derecho privado.

Los médicos generales no podrán autorizar citas con especialistas ni prescribir medicamentos que no estén incluidos en una lista ya diseñada. Quienes incumplan la norma se harían pasibles de multas económicas y sanciones.

Esta disposición, que se convirtió en la gota que rebosó la copa, fue discutida por Malagón y Uribe la semana pasada. De esas conversaciones surgió la promesa gubernamental de revisar lo relativo a las sanciones aplicables al personal médico. El mandatario cedió en que la definición estaría bajo responsabilidad de un comité de ética.

Pero esta promesa no soluciona las cuestiones sobre el ejercicio ético de la medicina, asediado por las restricciones, ni la situación de los pacientes, particularmente aquellos con enfermedades de alto costo, advierten quienes se oponen a los decretos.

"Esto hace parte de la política de seguridad democrática de Uribe, y que para los jóvenes representa un futuro cada vez más oscuro", dijo a IPS la dirigente Ivonne Romero, de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, el psiquiatra Rodrigo Córdoba, admitió ante IPS que la pasividad de algunos sectores de la medicina ha sido patente en el pasado.

"Pero llegó el momento", enfatizó Córdoba en la marcha del sábado.

"El clamor de la gente confirma que las sanciones a los médicos pierden peso. Esta es una movilización de la sociedad civil, de todos, pacientes y médicos, gordos y flacos de cualquier estrato social", apuntó el psiquiatra.

"Tenemos que rescatar la salud como un derecho, no como un negocio", agregó.

El líder de la movilización, el médico Pedro Huertas, dijo a IPS que la salud debe volver a las manos de la medicina, "porque hace rato se la tomaron los economistas. Y para ellos, la salud es un gasto del que están sacando beneficios las EPS a costa nuestra".

"Nos limitan la ética, y nos obligan a trabajar en varios lugares para asumir responsabilidades familiares, estudiando para actualizarnos y poder cumplir con el deber social que tenemos, pero todo por nuestra cuenta. Es una situación compleja, a la que ahora se suma que nos tratan como delincuentes", dijo.

La contundencia de la movilización y los gritos que pedían la renuncia de Palacio, llamándolo "ministro de la desprotección", motivaron un pronunciamiento de Uribe el sábado por la tarde.

La culpa es del viceministro de la Protección Social, Carlos Cuervo, "porque no supo redactar los decretos", alegó Uribe durante un consejo comunal, reuniones del gabinete que se celebran en distintos lugares del país.

"Lamento no poder explicarle al país el verdadero alcance de los decretos", se lamentó el presidente. El viceministro Cuervo, enfocado con expresión de sorpresa por las cámaras de televisión, mantuvo silencio.

Tampoco se ha pronunció el ministro Palacio, investigado por supuestas acciones de corrupción como funcionario de Uribe.

En anteriores declaraciones defendiendo los decretos, el ministro había dicho que "la reforma servirá para pagar a las empresas prestadoras de salud unos 251 millones de dólares".

"Hay críticos que saben que las medidas tomadas permitirán que el sistema tenga más dinero para gastar en los pacientes", sostuvo.

El sábado Uribe aseguró que los decretos deberán ser debatidos en el bicameral Congreso de la República. Si fueran aprobados allí, pasarán a la Corte Constitucional que deberá estudiarlos a la luz de la Constitución de 1991. (FIN/2010)

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